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Una consulta sin fundamento y su (posible) encaje legal (IX): Dolors Feliu

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El libro de Dolors Feliu, «Manual per la independència«, es de lo mejor que he leído en el campo de la literatura secesionista. Abogada de la Generalitat y reconocida jurista, su libro tiene un marcado carácter técnico -no obstante, accesible- que analiza la cuestión con notable realismo jurídico. A mi entender, esas dosis de «realismo» son fruto de que se redacta y publica entre finales de 2012 y principios de 2013 (yo tengo la segunda edición, fechada en abril de 2013) y en ese momento determinadas visiones sectarias todavía no se habían impuesto en personas de perfil más técnico y talante moderado, como sí ha sucedido a posteriori. Desconozco si Feliu se ha radicalizado en su discurso con el paso del tiempo, pero como digo su libro es bastante objetivo. Obviamente, toma partido por una visión del tema que no comparto, pero no por eso la criticaré.

Pese a su relativa objetividad en los apartados técnicos, tampoco me voy a pasar con los elogios, porque Feliu no es inmune a soltar frases del tipo «ens volen aixafar» (literalmente «nos quieren chafar», aunque el sentido en que se dice sería mejor traducirlo como «nos quieren aplastar», para lo cual existe en catalán la palabra «esclafar»), el expolio fiscal, que con la independencia ataríamos los perros con longanizas y otras autojustificaciones -incluso con el tema de la Unión Europea y su posible intervención- al uso propias de la letanía separatista.

Como en este artículo se trata de comentar el posible encaje y propuesta de referéndum de Dolors Feliu, vamos allá, porque es de las pocas propuestas serias, razonadas y fundadas que he encontrado dentro del separatismo. O sea, bastante más elaboradas que el «volem votar».

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Libros: «El derecho a decidir. Una salida para Cataluña y España», de Joan Ridao.

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Vivimos días de una relativa calma en la pulsión separatista. No por ello debemos relajarnos porque en cualquier momento aparecerá un nuevo movimiento, ya sea en forma de lista unitaria, convocatoria electoral o el invento del día.

Así que escribiré sobre el libro de Joan Ridao «El derecho a decidir. Una salida para Cataluña y España«. En principio, este libro debería servir para ilustrar visiones desde el lado declaradamente secesionista que encuentren un encaje razonable a un referéndum. De este modo, debería incluir, al menos una parte, en la serie que he desarrollado estas últimas semanas. Pues no me sirve demasiado.

La razón es que Ridao da por supuesto e indiscutible el derecho a celebrar un referéndum (o una consulta en que se exprese la opinión del cuerpo electoral) como ejercicio innegable del principio democrático. Sin embargo, obvia que este principio democrático lo debe ser con sujeción a la legalidad. Un ejemplo pedestre (y así nos ahorramos valoraciones sobre si es equiparable o no): si el 80% de los ciudadanos andaluces creen que Isabel Pantoja debe salir de prisión, no por ello tiene que salir en libertad. Para que salga en libertad, deberá cumplir determinados requisitos; o, si sale en libertad gracias al principio democrático, previamente tendrá que haberse tramitado la modificación legal oportuna que permita la salida de prisión de la señora Isabel Pantoja, etcétera. A estas alturas, seguimos en nivel infantil con el principio democrático y, por desgracia, Ridao se suma a ello.

Joan Ridao -como una buena parte del secesionismo- nos dice que como una mayoría de catalanes quieren el referéndum (o lo que sea) hay que celebrarlo. El argumento es atractivo y parece imbatible, pero tiene trampa. Deliberadamente, se «olvida» de indicarnos de qué modo llegamos hasta el referéndum: cómo lo convocamos, qué requisitos exigiremos a la convocatoria, etcétera. Mucho principio democrático y poca Ley. O sea, que primero disparo y luego pregunto.

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Mayorías de plastilina y secesión

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Como había comentado en alguna anterior entrada, en las últimas semanas me he centrado en estudiar un poco el tema de las mayorías precisas para una secesión, analizadas desde el enfoque secesionista.

Además de la lógica cuestión del apoyo popular preciso para la secesión, que yo creo que como mínimo debería ser la mayoría absoluta del censo electoral (y eso dando por buena la celebración de un referéndum que cuenta con numerosas objeciones y obstáculos previos), la cuestión nuclear consiste en observar cómo el secesionismo ha rebajado sus exigencias desde sus propios argumentos: se ha pasado de argumentar que existe una «amplia mayoría social», concepto que encierra un apoyo abrumador en porcentaje, a considerar sólo precisa una mayoría absoluta parlamentaria, que requiere una apoyo social muy inferior.

El criterio de la mayoría absoluta del censo electoral puede ser discutible y sobre el mismo se puede debatir todo lo que se quiera, pero el tránsito de un concepto a otro, aunque siempre girando sobre una mayoría muy cambiante, tiene poco margen. Pura manipulación conceptual.

Una consulta sin fundamento y su (posible) encaje legal (VIII): Roberto L. Blanco Valdés

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Retomo la actividad para continuar esta serie, que llega a la parte final. Roberto L. Blanco Valdés es Catedrático de Derecho Constitucional y, de todos cuantos vengo citando, es el que mantiene una posición más restrictiva y beligerante, al menos en lo que yo he leído. En su libro «El laberinto territorial español» (págs.369-371; interesante, aunque a ratos algo plúmbeo. Apabullante y extraordinaria bibliografía, por cierto), Blanco se muestra decididamente en contra del referéndum, ya que el artículo 2 de la Constitución («la indisoluble unidad») supondría un obstáculo de formidable magnitud para la celebración del mismo, que exigiría una previa reforma constitucional.

Aun así, llega a aceptar la posibilidad de encajar el referéndum consultivo en el artículo 92 de la Constitución, que, eso sí, precisaría de una reforma de la Ley Orgánica 2/1980, reguladora de las distintas modalidades de referéndum, para incluir una modalidad de consulta en que se pudiera votar sobre la secesión. Por lo tanto, tenemos a un especialista que, pese a considerar la imposibilidad de celebración del referéndum, es capaz de llegar a admitir un encaje que pasa por una vía ya repetida: la reforma de la LO 2/1980.

No obstante, y a diferencia de todas (o casi todas) las opiniones que hemos visto hasta ahora, Blanco considera que el referéndum debería celebrarse en toda España, ya que así resulta de lo dispuesto en el artículo 1.2 (la soberanía nacional reside en el pueblo español) y, según su punto de vista, debería reformarse si lo que se desea es circunscribir el ámbito territorial de la consulta.

La visión de Blanco es la más restrictiva de todas las examinadas hasta la fecha. Pese a ello, llega a admitir una vía para su celebración. Vía que, para variar, el secesionismo no ha querido contemplar, examinar ni plantear. No se trata sólo de que te rechacen tu iniciativa -como puerilmente se alega a menudo- sino de que la debes plantear por el cauce adecuado -la mayoría de la doctrina considera que la vía del artículo 150.2 CE era inidónea- y con plena lealtad. Nada de eso se cumple por los independentistas. Y, como se demuestra, hasta los menos dispuestos a aceptar un referéndum formulan y plantean caminos aceptables. Pero eso, y por mucho que se quejen, no se ha planteado.

Con esta entrega acabo la muestra de autores que defienden el encaje del referéndum, de una forma u otra, y que en general -y sin querer etiquetar a nadie- apuestan por vías más o menos amplias, cercanas al federalismo, o directamente contrarias a la secesión (en algún caso, es más difícil de ubicar, así que por eso digo en general), pero sin rehusar el debate sobre la cuestión. Creo que de los ocho autores vistos, casi todos son reconocibles para alguien con formación jurídica mínimamente interesado en la materia, y para quien no tenga esa formación, varios de ellos.

Para que no se me pueda tachar de parcial, en los próximos días comentaré la visión de un par de autores que apuestan claramente por la secesión y, como dije, cerraré esta serie.

Una consulta sin fundamento y su (posible) encaje legal (VII): Alberto López Basaguren

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Esta serie empieza a llegar a su final. No tengo claro cuándo se cierra, pero esta es la séptima entrega y la estructura de cada artículo es bastante parecida en cuanto a los fundamentos que nos ofrecen especialistas en Derecho Constitucional o Administrativo. Esta vez os traigo a Alberto López Basaguren, Catedrático de Constitucional que además ha estudiado con bastante detenimiento los procesos de Escocia y Quebec. Como podéis imaginar por el apellido Basaguren, es vasco y, por lo tanto, posee una visión que le puede hacer simpatizar o comprender con mayor facilidad determinadas tesis proclives a la secesión. Esto no significa que sea independentista, puesto que si mal no recuerdo en algún lugar leí que él mismo explicaba que ha evolucionado precisamente desde tesis independentistas a otras en clave federal. Pero no ser independentista no implica negar la posibilidad de un referéndum. Aunque, como desarrollaré en otro artículo, cada vez veo menos razones para celebrarlo (¡ahí va, lo que acabo de escribir!).

Su idea general la podemos encontrar resumida en este artículo –doy las gracias a Juanmari por la referencia– titulado «La Secesión de territorios en la Constitución Española», en el que tras analizar los procesos relativos a Quebec y Escocia (el trabajo es del año 2013) aborda la cuestión española y su focalización en Cataluña. El resumen de las ideas de López Basaguren son las siguientes:

1. El derecho a decidir no existe. A estas alturas, no hace falta desarrollar una idea que se ha repetido en varias ocasiones.

2. Las experiencias de Canadá y Reino Unido respecto a Quebec y Escocia son sus experiencias. Cada país debe de encontrar la acomodación a su sistema constitucional. Es decir, que sin obviar las líneas que puedan haber marcado estos precedentes -y creo que parece más atractivo y enjundioso el camino marcado por el TS canadiense-, cada caso debe de hallar su regulación específica.

3.  Existen serios problemas legales para la celebración del referéndum, no solo derivados del contenido de los artículos 1 y 2 de la Constitución, sino también del propio artículo 92 CE, relativo a esa figura de participación directa.

4. No obstante, propone una interpretación flexible del artículo, requiriéndose siempre y en todo caso la autorización del Estado, que es el competente. Incluso, propone que se incorpore al Estatuto de Autonomía correspondiente un referéndum consultivo (aunque es consciente de que por la premura de tiempos, esto es casi irrealizable).

5. En todo caso, el Estado y la Comunidad Autónoma deberían negociar y acordar los términos del referéndum. Resulta inexcusable ceñirse a la legalidad.

6. Exige una mayoría cualificada parlamentaria que solicite la celebración del referéndum de independencia. No aclara, o al menos yo no lo he sabido ver, qué entiende por cualificada, así que tampoco especularé.

En cuanto a las mayorías de este referéndum, no se pronuncia de manera específica. No obstante, al comentar el tema de Escocia, señala que al que fuera Primer Ministro canadiense en el año 1995 (segundo referéndum en Quebec), Jean Chrétien, le parecía un requisito muy laxo el de exigir solamente mayoría simple.

 7. Finaliza recalcando que un referéndum no es la panacea y que, por contra, genera escenarios de complejidad extrema.

Además de las partes puramente descriptivas y analíticas del trabajo, del artículo de Alberto López Basaguren se puede extraer la crítica hacia un eventual referéndum de secesión, pero sin soslayar que en un futuro se celebre o que llegue a tener un encaje legal y constitucional. Y esta crítica, a veces velada, a veces directa, se vislumbra en algo que en este blog expongo desde hace mucho tiempo y de lo que el secesionismo no quiere ni oír hablar: el respeto al principio de legalidad y la necesaria adecuación de sus pretensiones a las vías legales existentes, y el respeto en su conjunto a los principios que deberían presidir la hipotética celebración del referéndum. No sólo eso, va más allá y apunta las dificultades de todo tipo que implica un referéndum de secesión, cuestión ésta sobre la que, como de costumbre, se suele obviar.

Y hasta aquí llega la exposición de la postura de Alberto López Basaguren, de quien podéis leer este interesante coloquio, este artículo en clave similar a la comentada aquí, y una entrevista en EL PAIS. Sin olvidar otro excelente artículo sobre el referéndum de independencia de Escocia.

En resumen: como es la tónica habitual, y llevamos ya siete opiniones, el consenso es que el derecho a decidir no existe y el referéndum, en los términos legales actuales, no se puede celebrar. Como mínimo, se requerirían determinadas modificaciones y adaptaciones que conformarían un marco que haría posible su autorización. Sinceramente, considero a estas alturas que se ha reunido un peso específico abrumador en contra de las fórmulas simplistas que defienden los secesionistas. No hace falta irse a Madrid, Murcia o Valladolid (lo digo porque sería la típica crítica pueblerina de quien dice que el derecho a decidir existe y que cómo va a venir un señor de Madrid a decirnos lo que se puede hacer o lo que no) para reunir opiniones académicas, muy prestigiosas todas ellas, que sostengan argumentos fundados en Derecho y en sentido común contrarios a un referéndum y, a la vez, capaces de hallarles un encaje.

Bien. Casi cerraré en los próximos días con el Catedrático de Derecho Constitucional Roberto L. Blanco Valdés y, para que no sea dicho, con Joan Ridao -y si alguien quiere facilitarme opiniones jurídicas de nivel y mínimamente desarrolladas en la línea de Joan Ridao- y estaré en condiciones de concluir esta serie.

Una consulta sin fundamento y su (posible) encaje legal (VI): Xavier Arbòs

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Xavier Arbòs es Catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona. No oculta sus preferencias por la fórmula federal y, como es regla general en quienes protagonizan esta serie, ello no obsta a que se muestre favorable a la celebración de un referéndum. Con reglas, por supuesto. De Arbòs podemos leer con relativa frecuencia artículos en prensa, medio que también suele recurrir a él para recabar opiniones, como sucede en el caso del diario EL PAÍS o Diari de Girona. Incluso ha sido invitado por TV3.

Si lo habéis escuchado en radio o seguido por televisión, os habréis dado cuenta de una gran virtud: se explica con una claridad excelsa. Su planteamiento sobre el referéndum de secesión también es claro y con brevedad lo repaso. Como me gusta citar los textos de donde extraigo las ideas de quienes protagonizan este repaso general, hoy será un poco más enrevesado, ya que recurro a varios textos disponibles en línea. Desafortunadamente, uno que sería de utilidad para muchos forma parte de un libro y no se puede consultar -o al menos no lo he encontrado- por Internet. Vamos allá:

1. Arbós considera que el referéndum sería posible por la vía del artículo 92 de la Constitución, lo que implica la previa autorización del Estado, según lo dispuesto en el artículo 149.1.32 CE. En esto, por ejemplo, coincide exactamente con Francesc de Carreras.

2. Para que sea viable el referéndum sería necesaria la reforma de la Ley Orgánica 2/1980, que regula las distintas modalidades de referéndum. El lector recordará que esta propuesta la mantienen otros autores que se han examinado anteriormente, como Eliseo Aja o Joaquín Tornos.

Estas dos premisas, brevemente resumidas, se pueden consultar aquí, extraídas del libro «La participación política directa. Referéndum y consultas populares» (los tres últimos párrafos)

3. Al hilo del anuncio de la pregunta para el 9N, formulada en diciembre de 2013, también se preguntaba qué mínimos de participación habría que exigir y qué había que entender por mayoría clara.

4. Y, como no puede ser de otro modo, reitera que si lo que se pretende es llegar a la secesión, el único medio válido es un referéndum.

El repaso de hoy ha sido un tanto atípico, ya que me he valido de diversos textos y uno de ellos es un resumen de la postura de Arbòs, que como decía al principio resulta sobradamente conocida. Sin embargo, al no poder reproducir el texto, creo que puede aceptarse la referencia.

La conclusión, como de costumbre, es la misma: las vías de encaje de un referéndum dentro de la Constitución pueden ser exploradas y numerosos especialistas así lo admiten. Sin embargo, el secesionismo no lo ha hecho de forma adecuada, básicamente porque busca el NO a su propuesta, que tal y como se plantea es inviable. Ya sé que decir esto no gusta y que automáticamente te dicen que estás en contra de la democracia, que es un problema político y no jurídico, etcétera. Pero o se esfuerzan por formular de verdad una propuesta susceptible de ser examinada -que luego, efectivamente, puede ser rechazada- o por aquí no se avanzará nunca. Tampoco creo que tengan interés.

Y otro día empezaré a comentar la cuestión de las mayorías.

Una consulta sin fundamento y su (posible) encaje legal (V): José María Ruiz Soroa

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Hoy es 9 de noviembre y, por lo tanto, un día especialmente indicado (algunos opinarán que no) para continuar con esta serie. El protagonista es José María Ruiz Soroa, abogado que se ha pronunciado en numerosas ocasiones sobre la cuestión que nos ocupa y con un bagaje intelectual indiscutible. En cuanto a su postura, tiene la virtud de que el documento principal al que me referiré fue elaborado en junio de 2012, antes de que se materializara la posibilidad de un referéndum de secesión.

El documento se llama Regular la Secesión (Una propuesta política para España), disponible en la web de Federalistes d’Esquerres (aunque yo creo que la primera vez que lo leí, lo saqué de otra parte; da lo mismo) y en él, Ruiz Soroa propone:

1. Como cuestión previa, debería existir una Ley que regule el procedimiento a través del cual se articule la voluntad de secesión de una Comunidad Autónoma. Salvando las distancias, algo similar a una Ley de Claridad como la canadiense. A mi entender, la propuesta de Ruiz Soroa es más concreta.

2. El inicio del proceso de secesión requeriría una notificación de la Comunidad Autónoma en cuestión, cuyo acuerdo debería haberse tomado como mínimo por 3/5 del Parlamento o Asamblea Legislativa. En el caso de Cataluña significaría que 81 diputados como mínimo deberían votar a favor del inicio de este proceso de secesión. [Resulta indiscutible que, con carácter previo, esos diputados habrían incluido esta opción en sus respectivos programas o se habrían manifestado abiertamente en este sentido, aunque son consideraciones de las que prescindiremos]

3. Tramitación de la petición en el Congreso, a fin de establecer los términos del referéndum, su autorización por el Gobierno y celebración al amparo del artículo 92 de la Constitución. La pregunta debería cumplir los requisitos de claridad.

4. La pregunta debería ser respondida por la mayoría del censo electoral. Esta cuestión a veces pretende ser soslayada por algunos haciendo mención de qué sucedería en caso de boicot al referéndum y no se alcanzaran unos mínimos de participación. Con esta regla -que, como todas, puede ser objeto de discusión- el problema se desvanece: si se trata de indagar la voluntad mayoritaria del cuerpo electoral, exijamos que la mayoría de ese censo vote sí a la secesión.

5. En caso de resultado negativo, no se puede volver a votar la secesión en un plazo largo, que señala, como propuesta, de 20 años. Con esto se evita riesgos de diversa índole, como estar votando cada cuatro años la secesión hasta que salga por aburrimiento, ya que el NO parte con la desventaja de que el SÍ es irreversible, cualidad de la que no goza el NO. O asegurar que la promoción de un referéndum responde a una voluntad persistente y mantenida en el tiempo, no a cuestiones coyunturales.

6. Obligación de negociar la secesión en justos términos y de buena fe, en caso de victoria del SÍ.

Como el agudo lector habrá observado, la consulta planteada nunca ha tenido el objetivo de cumplir alguno de estos requisitos, ni siquiera el de la mayoría reforzada de los tres quintos. Sí, ya sé que en su momento la declaración de soberanía fue votada por 87 diputados (más de los 3/5) o que la Ley de Consultas lo fue por ciento y pico diputados (incluso, más de 2/3 de la Cámara). Sucede que lo que exige Ruiz Soroa es una iniciativa en la que se explicite la voluntad de secesión. ¿Habrían suscrito esta voluntad los diputados de Iniciativa per Catalunya, los del PSC o, incluso, de Unió? No está nada claro, y menos cuando en sus programas electorales no existía manifestación explícita.

Tampoco se ha clarificado nunca la interpretación del resultado de la consulta ni las mayorías que se perseguían o su cómputo. Y de limitar la promoción de referéndums en el tiempo, como es lógico los secesionistas difícilmente estarán dispuestos a aceptarlo, pese a los costes de todo tipo que tendría la repetición en corto plazo. Como es obvio, la intención es aprovechar cualquier momento en que pueda ganar la independencia, sea coyuntural o no.

El artículo antes citado expone, pues, una propuesta con un grado de concreción que difícilmente volveremos a encontrar en esta serie, afrontando con toda su crudeza el problema. Para el lector interesado, además, incluye una valiosa referencia bibliográfica.

En términos más sencillos, esta misma propuesta la encontramos en este artículo de EL PAÍS de mayo de 2012 (Romper el tabú), y en cuanto a quien quiera profundizar en el conocimiento del perfil de Ruiz Soroa, puede leer esta entrevista de julio de 2014, esta otra de octubre de 2008, o este análisis sobre la sentencia del TC acerca de la declaración de soberanía.

José María Ruiz Soroa, un referente en el análisis de la cuestión y que difícilmente verán ustedes citado entre los fundamentos argumentales jurídicos de la secesión.

Una consulta sin fundamento y su (posible) encaje legal (IV): Francesc de Carreras

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Obligaciones de todo tipo me impiden dedicarle al blog todo el tiempo que me gustaría y, sobre todo, elaborar artículos un poco más profundos y documentados. De momento, es lo que hay.

Hoy sigo con la serie relativa a los juristas, analistas y opinantes de todo tipo que, en contra de lo que pretende hacer creer el secesionismo, se muestran favorables a buscar el encaje legal de un referéndum de secesión. Son muchos más de los que están dispuestos a admitir, bajo el argumento reduccionista del «estás conmigo o contra mí» o el no menos habitual «eres demócrata (sólo si piensas y actúas como yo) o antidemócrata».

Le toca el turno a Francesc de Carreras, Catedrático de Derecho Constitucional, y cuyas opiniones contrarias al nacionalismo y la secesión son notorias. En la categoría de profesionales de su perfil es uno de los más denostados por el nacionalismo por su declarada posición. Sin embargo, eso no impide que admita la posibilidad de tener que celebrar un referéndum, cuya celebración sea factible al amparo de la Constitución. Para eso, propone:

1. Encuadrarlo dentro del artículo 92 de la Constitución. Esto coincide, en parte, con alguno de los demás comentaristas del tema que se ha visto en anteriores capítulos. Es evidente que habría que acabar de perfilar este encuadre, aunque él lo ve factible.

2. Es indispensable la autorización del Gobierno, como no puede ser de otro modo. Y para su desarrollo sería preciso acordar las reglas de ese referéndum, inspirándose en el modelo canadiense resultante tras el dictamen de su Tribunal Supremo de 1998.

Se ha esbozado de manera muy esquemática el pensamiento de Francesc de Carreras, explicado en este artículo de La Vanguardia de 20 de septiembre de 2012 (que conocí gracias a un lector del blog, Juanmari, al que doy las gracias por simplificarme la tarea), más de un año antes de que el President Artur Mas anunciara la fecha y doble pregunta. ¿Le oyeron ustedes al President plantear de verdad y en serio algo parecido? No. Después que no me digan -es parcialmente, sólo parcialmente, cierto- que es todo culpa del inmovilismo del Gobierno.

Llegamos al fin de este cuarto capítulo de la serie. Y nada menos que con Francesc de Carreras, que es alguien beligerante con el nacionalismo y la secesión a la que se pretende llegar, lo cual le suele hacer acreedor de numerosos epítetos de dudoso gusto. Y ¡oh, sorpresa! resulta que también cree que podría celebrarse un referéndum, bajo determinadas reglas pactadas y encauzado por la vía adecuada, no por la vía que interesa al secesionismo.

Llevamos ya cuatro Catedráticos que se muestran partidarios de encontrar un modo de celebrar el referéndum. Y podríamos decir que, en general, la coincidencia está en pedir autorización al Estado, fórmula que se intentó sortear mediante la «delegación» (que aun así, alguno de estos autores podría llegar a admitir, pese a que parece una solución algo forzada, por razones aburridas de explicar en esta entrada que no tiene finalidades teóricas). Todo ello revela, a mi entender, que la Generalitat nunca ha querido concertar de verdad un procedimiento pactado. Pero esto es mi opinión, tan válida como cualquier otra.

Por cierto , si alguien tiene ganas de leer un razonamiento general de Francesc de Carreras, lo puede encontrar aquí (advierto de que es un tostón para quien no tenga conocimientos específicos de Derecho y, aun teniéndolos, contínúa siéndolo), refiriéndose al intento de referéndum del llamado Plan Ibarretxe.

Una consulta sin fundamento y su (posible) encaje legal (III): Marc Carrillo

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Sigo con esta «apasionante» serie dedicada a demostrar la gran cantidad de opiniones autorizadas que se muestran favorables a la convocatoria de un referéndum, o consulta o como se le quiera llamar, pero sometida a reglas previas o necesarias reformas que la habiliten. Hoy le toca el turno a Marc Carrillo, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat Pompeu Fabra.

La postura de Carrillo, como la Eliseo Aja, queda explícitamente reflejada en su voto particular al Dictamen del Consell de Garanties Estatutàries referido a la Ley de Consultas. En su voto, Carrillo defiende:

1. Opina que la Constitución admite una consulta popular referendaria que tenga por objeto evaluar el apoyo de la ciudadanía de Cataluña a una futura reforma de la Constitución en un sentido determinado, aunque siempre requeriría la autorización del Estado.

2. No obstante, reconoce que su opinión choca con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

3. Opina que el objeto de la consulta tiene límites, de modo tal que la consulta no podrá afectar a las competencias del Estado ni, tampoco, a aquellas materias que corresponden a una decisión previa del constituyente. Dicho de otro modo: del resultado de la consulta o referéndum -autorizado por el Estado- no se podría derivar automáticamente la independencia.

En conclusión, y pese a los obstáculos que el mismo Carrillo identifica, llegamos al mismo punto de siempre: otra opinión de categoría que aboga por el referéndum, aunque en primer lugar habría que «despejar» el camino legal que lo posibilitara.

Si examinamos las tres opiniones bajo la óptica secesionista («volem votar», etcétera), todas ellas representan el «NO» maléfico que impide el ejercicio de democracia y toda la panoplia argumental que siempre se repite. Sin embargo, lo cierto es que todos ellos defienden un SÍ, pero… que el secesionismo no quiere siquiera plantearse. Por algo será, y no solamente por el inmovilismo del Gobierno.

Continuará.

Andreu Mas-Colell: No sé qué es un Estado No Independiente

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Una de las muchas cosas que irritan, sin razón, a los partidarios de la secesión es que les digas que se trata de un intento de consulta dirigida a que el resultado sea Sí-Sí. Cuando ello me es cuestionado, una de mis preguntas favoritas es que me expliquen qué significa lo de Estado No Independiente, porque cuando el Presidente de la Generalitat Artur Mas firmó el Decreto de convocatoria del referéndum encubierto, no se explicaba en ese texto. Ni él, ni nadie hasta la fecha lo ha explicado, lo cual conduce a que mi pregunta tenga, por lo general la siguiente respuesta: »                                                  «. En blanco.

Algunos con mayor formación técnica contestan que significa Estado federal, aunque acaban reconociendo que no es en absoluto claro que sea así, ni a qué tipología de Estado federal se refiere (no existe una homogeneidad que haga idénticos a los Estados cuya forma de Estado se basa en el federalismo). O sea, que no se puede explicar qué significa la pregunta. (Por cierto,  otros, demostrando la absoluta confusión sobre la materia, citan el confederalismo. No me extenderé al respecto aquí).

Estas conversaciones o discusiones las podemos situar -a mí incluido- en nivel amateur, pero en el programa Els Matins de TV3 del jueves 23 de octubre tenían a un invitado de nivel Salón de la Fama, nada menos que el Conseller de Economía Andreu Mas-Colell. Y en el transcurso de la entrevista, que se puede ver completa aquí, dice que si le preguntan qué es un Estado No Independiente, él responde que «no lo sé«. Impagable. A continuación, el vídeo con subtítulos (activables en la parte inferior derecha con el signo CC).

Mas Colell en TV3 – No sé qué es un Estado No Independiente

Conclusión. Poco cabe añadir ante una manifestación tan clara. La pregunta es ININTELIGIBLE incluso para un economista a quien se llegó a situar con posibilidades de obtener el Premio Nobel. Aun así, por el secesionismo se defiende la consulta-referéndum-megaencuesta como la quintaesencia de la democracia. ¿A quién quieren engañar con preguntas que no tienen respuesta? Y así todo.