La confesión de Mireia Boya

Para mí, el asunto del ‘procés‘ más relevante de la semana ha sido la confesión de Mireia Boya  ante el Tribunal Supremo. Una declaración que puede tener el efecto -creo que lo tiene- de anular cualquier estrategia de defensa de los demás investigados por el Tribunal Supremo.

Los subvencionados digitales acogieron con gran alborozo y alegría que Boya dijese ante el Magistrado instructor de la causa que la declaración de independencia tenía intención de ser efectiva. Sirva como ejemplo, y por todos, este épico artículo de Bernat Dedéu.

La cuestión es que esa firmeza de Mireia Boya choca, por ejemplo, con el recurso de amparo presentado ante el Tribunal Constitucional por Oriol Junqueras (pdf del ARA), en el que se defiende (página 25), que la meritada declaración de independencia “…no fue seguida de actos jurídicos que la materializasen…” (según Boya, a causa de la aplicación del artículo 155 de la Constitución; es decir, que sin dicha aplicación sí que se habría materializado) y no tenía “…otra aspiración de juridicidad que la de ejercer la democracia y la libertad de expresión“.

La cosa es clara: Junqueras quiere salir de prisión y afirma que la declaración de independencia no tenía carácter efectivo alguno, ni era su intención (o sea, que el público secesionista fue engañado, una vez más), mientras que Boya contradice, de forma total y rotunda, a Junqueras.

Si la causa contra Junqueras y demás se sigue porque el Magistrado y el Fiscal creen que sí que había intención de hacerla real, al margen de todo procedimiento, para llegar a controlar todo el territorio catalán, imaginad a quién le van a hacer más caso (además de todo el material incriminatorio que pueda existir en los autos): a Junqueras o a Boya. De libro, claro.

El tema va un poco más allá. Si soy Oriol Junqueras, o su abogado, no estaría muy contento con Boya, a quien sin duda los palmeros subvencionados le han otorgado un papel que nunca tuvo en la película separatista. Esto lo pensaba yo anoche desde mi perspectiva más o menos jurídica: qué papel le correspondía en la “organización”. No podía ser más que muy secundario (si es que tenía alguno de manera efectiva), puesto que, como es lógico, los primeros contra quienes se dirigió la acción penal por rebelión fueron las personas que ostentaban puestos ejecutivos y no una mera diputada que, en la actualidad, ya ni siquiera lo es. Con mucha más gracia, y el mismo ojo clínico, lo ha visto -una vez más- Albert Soler, el periodista de Diari de Girona, en su pieza “La pel·lícula de la Boya“.

Las tres primeras frases son especialmente lapidarias: “La Boya és tan poca cosa que ni sap que és poca cosa, i per tant ignora que la seva citació al jutjat no era contra ella, sinó contra els peixos grossos del procés. Així que, ufanosa, li diu al jutge que tot anava de debò, que res de simbolisme, que totes les maniobres que es van fer durant els deu dies que feren riure el món es dirigien a trencar Espanya. Creia, pobreta, que així mostrava valentia, quan en realitat mostrava idiotesa: la seva declaració servirà per acusar els que de debò importen, i per mantenir a presó els que ja hi són“.

La mezcla entre concepción infantil de la secesión e irresponsabilidad manifiesta del conjunto de personas que se han puesto al frente del ‘procés’ le impidieron darse cuenta de que se ha convertido en la mejor testigo del Fiscal. Porque ya veremos si, el día que toque acusar para ir a juicio (me atrevo a afirmar que lo habrá), a Mireia Boya nadie la acusa de delito alguno y la citan a declarar en calidad de testigo. Os explico la negrita de testigo: un investigado, o acusado, puede decir lo que quiera, sea verdad o mentira; un testigo tiene obligación de decir verdad.

Claro que siempre podría declarar en juicio como testigo y decir que, cuando declaró como investigada, mintió… (obsérvese la ironía ínsita en los puntos suspensivos).

CONCLUSIÓN. La confesión de Mireia Boya ha hundido casi cualquier estrategia de defensa de los principales implicados, como mínimo a la hora de establecer los hechos. La calificación jurídica y si luego son inocentes o culpables, constituyen una cuestión distinta que en su día se dilucidará. Pero los hechos, ay, los hechos han quedado perfectamente fijados con la confesión de Mireia Boya.

Me encanta que los comentarios salgan bien

El asunto ‘procés’ está tan agotado que han de llegar Sentencias de hechos que ahora nos quedan remotos, como los infaustos 6 y 7 de septiembre de 2017, para dotarnos de alguna entrada nueva.

En esta entrada del 6 de septiembre, titulada “Una nulidad de Parlament“, señalaba, de forma algo críptica para quien no siguiera ese día al minuto lo que iba sucediendo en el Parlament, que la tramitación de la Ley del Referéndum era nula porque se saltaban el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries. Como uno de los participantes en el blog, Simón, pidió algo más de concreción, escribí esto en el apartado de comentarios (el 7 de septiembre a las 19:52):

Aclarando un poco la entrada y el laconismo empleado (simplifico, pero lo suficiente):

1. Conforme a la Ley del COnsell de Garanties Estatutàries, determinadas materias que vayan a ser reguladas por Ley siempre pueden ser objeto de dictamen previo. Dos grupos parlamentarios (o un determinado número de diputados) tienen la potestad de pedir su dictamen.

2. Es decir, esta opción de pedir el dictamen, o la obligación de pedirlo, depende de una Ley, la Ley 2/2009, que el Parlament de Catalunya NO se puede saltar, ni que lo acuerden por unanimidad. Es un requisito de formación o elaboración de las Leyes.

3. El Parlament de Catalunya, por decisión de la mayoría de 72 diputados, decidió -y lo mismo con la Ley de Transitoriedad- que se podía saltar el dictamen del Consell y que no hace falta esperar a que transcurra ni siquiera el plazo que tienen los grupos (o el número de diputados necesario) para pedir el dictamen si lo estiman oportuno.

4. Por lo tanto, si te has saltado el dictamen establecido por la Ley 2/2009 y no en el Reglamento del Parlament de Catalunya, o no has respetado el plazo que tienen los grupos para pedir el dictamen, a esa Ley le falta el cumplimiento de un requisito indispensable para su validez.

5. En consecuencia, la Ley aprobada es NULA, incluso con la “legalidad catalana” que afirma Partal que ahora rige en Cataluña.

Ayer, varios medios de comunicación publicaban la noticia, vía Europa Press, de que el Tribunal Constitucional ha otorgado el amparo presentado por el PSC. En resumen, el recurso del PSC versaba sobre la vulneración de derechos del grupo parlamentario socialista al haber sido denegada su petición de dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias. O sea: el asunto dirime si era obligado el dictamen si así lo solicitaba quien estaba legitimado (como el grupo socialista) y si la denegación vulneraba los derechos de la parte recurrente. El TC resuelve en sentido afirmativo y eso es lo que recogen las noticias publicadas. Lo que me interesa ver, por supuesto, es la argumentación utilizada por el TC que, no obstante, ya era conocida en su mayor parte a raíz de la Sentencia que anulaba la Ley del Referéndum.

Así, por ejemplo, el ARA: “El TC anul·la l’acord de la mesa del Parlament que va permetre tramitar la llei del referèndum”. La noticia del ARA es recomendable porque incluye la Sentencia del Constitucional para su descarga (no la enlazo desde aquí). ¿Y qué dice de interesante la Sentencia?

Esto:

  1. la eliminación del trámite parlamentario consistente en la solicitud de dictamen al COnsejo de Garantías Estatutarias sobre la conformidad de la Proposición de Ley del referéndum de autodeterminación a la Constitución y al Estatuto de Autonomía de Cataluña, se realizó fuera de toda previsión del Reglamento del Parlamento de Cataluña y del resto del ordenamiento aplicable“.
  2. Se trata de una garantía creada por el propio Estatuto (…) para cuya concreta ordenación el mismo Estatuto remite a “los términos que establezca la ley” (…) que no es otra que la Ley 2/2009
  3. ..esta Ley legitima para pedir dictamen sobre “la adecuación al Estatuto y a la Constitución de los proyectos y proposiciones de ley sometidos a la aprobación del parlamento, incluidos aquellos tramitados en lectura única
  4. La solicitud de dictamen ha de ser tramitada a través de la Mesa de la Cámara y da lugar, si se admitiera y cursara al Consejo, a la suspensión del correspondiente procedimiento legislativo (…). El Reglamento del Parlamento de Cataluña contempla, adicionalmente, un trámite de enmiendas subsiguiente a estos dictámenes
  5. NINGUNO DE ESTOS TRÁMITES SE OBSERVÓ DURANTE EL PROCESO DE DISCUSIÓN Y APROBACIÓN PARLAMENTARIA DE LA LEY 19/2017 DECLARADA INCONSTITUCIONAL Y NULA“.
  6. …los Acuerdos impugnados han vulnerado el derecho de los recurrentes a solicitar dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias“.

CONCLUSIÓN. Todos vimos lo que sucedió los días 6 y 7 de septiembre de 2017.  Surgieron las tesis más peregrinas posibles para justificar saltárselo todo. Entre ellas, que el Parlamento podía acordar saltarse el Estatuto de Autonomía y la Ley 2/2009.

No es necesario conocer de leyes para llegar a la conclusión de que eso no era posible. Se llama sentido común.

Si, además, somos capaces de clavar los argumentos técnicos -no era especialmente complicado, todo hay que decirlo-, entonces hablamos de doble sentido común.

Me encanta que los comentarios salgan bien.

¿Qué Ley de Enjuiciamiento Criminal habrá consultado?

En este juego ya amortizado llamado ‘Procés’ (no, no está acabado, pero sí amortizado) resulta repetitivo observar que la ignorancia, o la mala fe, siguen poblando las columnas digitales de algunos de nuestros medios favoritos. Así, en plan aleatorio, me he metido en la columna de Pere Martí (fue jefe de prensa de Carles Puigdemont) en Vilaweb, “Culpables abans de ser jutjats“, que es especialmente buena. Como de costumbre, desinformación y explicar una verdad (??????) que no tiene nada que ver con la realidad.

Escribe Martí:

Inhabilitació ‘exprés’. Mentre l’independentisme continua empantanegat per les lluites partidistes, l’estat espanyol accelera la repressió contra els seus dirigents. El ministre de Justícia, Rafel Català, ha confirmat que els dirigents independentistes seran inhabilitats abans de ser jutjats, perquè el Tribunal Suprem els aplicarà llei d’enjudiciament criminal. L’article 384 bis d’aquesta llei estipula que quan el jutge dicta l’ordre de processament per delictes greus com ara ‘terrorisme o rebel·lia’, els processats poden perdre la capacitat d’exercir un càrrec públic. El ministre preveu que el jutge Pablo Llarena tancarà la instrucció al març i aleshores promourà una inhabilitació ‘exprés’. És com si els declarés culpables abans de fer-se el judici.

La confirmació de la mesura, que ja corria per mitjans judicials i periodístics fa dies, evidencia una vegada més que a Espanya no hi ha separació de poders perquè un membre del govern ja sap què farà el Suprem d’aquí a unes quantes setmanes. A hores d’ara potser això ja no sorprèn ningú, però aquesta promiscuïtat entre el poder polític i judicial continua essent escandalosa.

Hemos repetido mil veces que nadie nace sabido y que cualquiera se equivoca. La equivocación es disculpable. La ignorancia y desinformación deliberada, no.

En un comentario de la anterior entrada había apuntado alguna cosa sobre el tema, pero ya que Martí nos desinforma con su entrada, unos breves comentarios sobre los apartados que he destacado en rojo de alarma:

1.Seran inhabilitats abans de ser jutjats, perquè el Tribunal Suprem els aplicarà llei d’enjudiciament criminalQuizás no tenéis ni idea de derecho, pero estoy convencido de que todos habréis llegado a una conclusión: una ley de enjuiciamiento criminal, efectivamente, se aplica a casos criminales, o sea, del ámbito penal. Para Martí, probablemente sea un descubrimiento exótico. Os haré otra revelación: si un Juez no aplica la Ley de Enjuiciamiento Criminal, puede conseguir, como mínimo, dos efectos. El primero, que un Abogado monte en cólera, lo cual es soportable; el segundo, una querella por prevaricación, que es algo mucho más serio.

2.L’article 384 bis d’aquesta llei estipula que quan el jutge dicta l’ordre de processament per delictes greus com ara ‘terrorisme o rebel·lia’, els processats PODEN perdre la capacitat d’exercir un càrrec públic. Soy consciente de que a muchos os aburre leer textos jurídicos, pero os voy a reproducir el artículo 384 bis con una pequeña pista: “Firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará AUTOMÁTICAMENTE SUSPENDIDO en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión.

Sí. Lo habéis entendido. AUTOMÁTICAMENTE vs PUEDEN. A ver, cuando es AUTOMÁTICAMENTE, los Jueces no PUEDEN. Es un efecto que se produce INDEPENDIENTEMENTE de lo que quiera el Juez. No puede nada.

Auto de Procesamiento firme + prisión provisional + delitos bandas armadas, terroristas o rebeldes = suspensión automática.

3.el jutge Pablo Llarena tancarà la instrucció al març i aleshores promourà una inhabilitació ‘exprés’. És com si els declarés culpables abans de fer-se el judici. Me remito al punto 2 anterior: el Magistrado no promueve nada ni “los declara” nada de nada. El “automáticamente suspendido” carece de dificultad interpretativa.

4. A Espanya no hi ha separació de poders perquè un membre del govern ja sap què farà el Suprem d’aquí a unes quantes setmanes. A ver: te procesan en firme, estás en prisión provisional por delito de bandas armadas, individuos terroristas o rebeldes. Y conoces los efectos del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Impresionante. Para Martí, conocer la Ley significa que no hay separación de poderes. Cómo están las cabezas.

CONCLUSIÓN. Hace unos meses, esta clase de artículo me divertía. Ahora, pues mira, volver a leer alguna columna de la onda separatista exactamente con los mismos contenidos de siempre no me da ni una pulsación de más.

Es evidente que Martí no se ha informado. O, si se ha informado, debe haber consultado otra Ley de Enjuiciamiento Criminal. La de España, está claro que no.

[Añado: el artículo 384 bis LECrim existe desde 1988. Fue objeto de recurso ante el TC, que resolvió, por Sentencia de 3 de marzo de 1994, desestimando el recurso contra ese artículo. En cambio, sí que se declaró la inconstitucionalidad del artículo 504bis]

Sobre el Auto del TC

Me lo he estado pensando un poco todo el día y mis anotaciones -ni siquiera conclusiones jurídicas- son las siguientes:

1) Evidentemente, polémica resolución del TC. Se están tocando todos los límites del sistema, con situaciones inimaginables y para las que no existe previsión expresa, lo cual no significa que no pueda existir respuesta.

2) El plazo de 10 días para alegaciones. Nadie puede quejarse porque un Tribunal abra un plazo de alegaciones antes de admitir o inadmitir, dando traslado a cada parte del escrito presentado por el Gobierno y del presentado por los diputados de Junts x Catalunya, así que solución inteligente (y no prevista expresamente por la Ley, eso es cierto).

3) Medidas cautelares. Lo que decía en el punto 1. Polémico y, a la vez, fruto de situaciones inimaginables.
La cita que hacen algunos del artículo 721 LEC (Ley de Enjuiciamiento Civil) y la prohibición de medidas cautelares de oficio es, a mi juicio, errónea.
Y eso porque la Ley de Enjuiciamiento Civil NO ES SUPLETORIA (o no lo es de forma automática) en materia de medidas cautelares.

Artículo 80 LOTC:Se aplicarán, con carácter supletorio de la presente Ley, los preceptos de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en materia de comparecencia en juicio, recusación y abstención, publicidad y forma de los actos, comunicaciones y actos de auxilio jurisdiccional, día y horas hábiles, cómputo de plazos, deliberación y votación, caducidad, renuncia y desistimiento, lengua oficial y policía de estrados.“. No dice nada de las medidas cautelares, así que resulta más que dudoso que pueda esgrimirse el artículo 721 LEC de forma tan clara y directa como he leído.

Así que, como la LOTC (Ley Orgánica del TC) no remite automáticamente a la LEC, la solución pasa, en primer lugar, por intentar llenar la laguna jurídica (no existe previsión expresa de medidas cautelares en caso como el que nos ocupa) mediante el propio texto de la Ley. Por eso creo que se remiten -como apuntaba la crónica de El Confidencial- al artículo 56 LOTC para llenar la laguna. Este artículo, relativo al recurso de amparo, en sus apartados 2 y 3 dice:
2. Ello no obstante, cuando la ejecución del acto o sentencia impugnados produzca un perjuicio al recurrente que pudiera hacer perder al amparo su finalidad, la Sala, o la Sección en el supuesto del artículo 52.2, de oficio o a instancia del recurrente, podrá disponer la suspensión, total o parcial, de sus efectos, siempre y cuando la suspensión no ocasione perturbación grave a un interés constitucionalmente protegido, ni a los derechos fundamentales o libertades de otra persona.

3. Asimismo, la Sala o la Sección podrá adoptar cualesquiera medidas cautelares y resoluciones provisionales previstas en el ordenamiento, que, por su naturaleza, puedan aplicarse en el proceso de amparo y tiendan a evitar que el recurso pierda su finalidad.

La conclusión jurídica es muy clara: si el Tribunal puede acordar medidas de oficio en un recurso de amparo, ¿cómo no va a poder hacerlo en cualquier otro recurso o procedimiento de su competencia?

Recordemos también lo que dispone el artículo 1.1 LOTC: “Uno. El Tribunal Constitucional, como intérprete supremo de la Constitución, es independiente de los demás órganos constitucionales y está sometido sólo a la Constitución y a la presente Ley Orgánica.

4) Obviamente, aparece otra discusión: ¿se trata de medidas previstas en el ordenamiento? Interesante pregunta, pero esto sólo son unas anotaciones y el fin de semana me ha ocupado con vivencias mucho más interesantes y enriquecedoras que el ‘Procés’. Como para romperme la cabeza en un esfuerzo que no suele servir para nada.

5) Dada la urgencia del asunto, no tengo duda alguna de que el TC podía adoptar las medidas cautelares sin escuchar a las partes.

6) Sobre la publicación y ejecutividad del Auto. Se ha publicado la parte dispositiva, es decir, la decisión del Tribunal. Si bien es cierto que toda resolución debe ser convenientemente motivada, lo cierto es que tras la deliberación y fallo, la voluntad del Tribunal ya está formada. Solo falta redactar el contenido concreto de la resolución en cuanto a antecedentes de hecho y fundamentos de derecho, pero la decisión -que ha sido debatida por el Pleno del TC, según se ha informado, por unanimidad- es la que aparece publicada. Pero eso no significa que los puntos de hecho y de derecho no hayan sido debatidos y decididos.

No me voy a extender con esto, pero por las dudas que a algunos parece que les asaltan -probablemente por desconocimiento, que nadie nace sabido- un ejemplo sencillito: Nota del Consejo General del Poder Judicial de 22 de noviembre de 2017 por la que se informa de que “El Pleno de la Sala Primera, de lo Civil, del Tribunal Supremo ha estimado el recurso de casación interpuesto por la entidad bancaria Kutxabank contra una sentencia …“. Más adelante leemos que: “El fallo ha sido comunicado ya a los procuradores de las partes. El texto íntegro de la sentencia se dará a conocer en los próximos días“.

Pues bien, la Sentencia -cuyo fallo se conocía el 22 de noviembre y, según la nota, se había notificado ya a las partes interesadas- se publicó con fecha 14 de diciembre de 2017, como leeréis si clicáis esta nota de prensa del 18 de diciembre.

Así que diferenciemos: 1) La decisión (el fallo publicado); 2) De la redacción concreta, que ha sido también objeto de deliberación y discusión por el Tribunal en sus puntos esenciales de hechos y fundamentos de derecho. Esta forma, llamémosle “diferida”, es poco frecuente, pero no inédita. Si uno busca en las notas de prensa del CGPJ, encontrará más de un supuesto del mismo estilo.

7) La última, que quizás es la más importante y, a mi entender, ha sido bastante obviada: ¿puede alguien que se sustrae a la acción de la justicia y pesa contra él una orden de detención beneficiarse de su huida para obtener nada menos que una investidura?

Conclusión. Hoy no hago conclusiones. Se trata de anotaciones.

Fervor militante

A estas alturas, todos sabéis que que en nuestro ordenamiento constitucional no tiene cabida un modelo de “democracia militante” que imponga no ya el respeto sino la adhesión positiva a la Constitución. Ahora bien, “el planteamiento de concepciones que pretendan modificar el fundamento mismo del orden constitucional tiene cabida en nuestro ordenamiento, pero siempre que no se prepare o defienda a través de una actividad que vulnere los principios democráticos, los derechos fundamentales o el resto de los mandatos constitucionales y que el intento de su consecución efectiva se realice en el marco de los procedimientos de reforma de la Constitución, pues el respeto a los procedimientos es siempre, y en todo caso, inexcusable“.

Resumido: que puedes defender valores totalmente contrarios a la Constitución, pero no lo puedes hacer fuera de los valores y principios fundamentales, así como de procedimiento, que marca la Constitución. O sea: ¿quieres República en lugar de Monarquía? Ningún problema: puedes defender la República. Para conseguirla solo hay que conseguir las mayorías suficientes que permitan ese cambio siguiendo las vías que marca la Constitución, etc.

Lo anterior viene a cuento del fervor militante que destila el independentismo. Evidentemente, el asunto de quién canta o no canta el himno catalán tiene su aquel: se exige cantar ‘Els Segadors’, en clarísima adhesión militante. Por fortuna, la Constitución y el Código Penal permiten pasar olímpicamente del himno español cuando suena y si te estás callado, no pasa nada (si organizas un abucheo general u organizas gestos similares, la cosa cambia porque es otra cosa). Según parece, en Cataluña, si estás callado, sí que pasa. El doble rasero moral aplicado está claro y no merece demasiado debate (doy por descontado que sabéis de qué va la cosa), así que me he fijado en alguna expresión de quienes exigen la militancia.

Pongamos por caso este tuit de Josep Rull.

Muy breve: si, según Rull, “es costumbre“, parece que alude a la siempre polémica fuerza de ley (o como ley) de la costumbre (discusión muy aburrida, me la salto). Unas breves pinceladas de cómo se regula la costumbre en el Código Civil  (común a toda España, sin perjuicio de las leyes particulares de cada Comunidad Autónoma) y el Código Civil de Cataluña:

Artículo 1 del Código Civil:

1. Las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho.

(…)

3. La costumbre sólo regirá en defecto de ley aplicable, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público, y que resulte probada.“.

Artículo 111-1 del Código Civil de Cataluña:1. El derecho civil de Cataluña está constituido por las disposiciones del presente Código, las demás leyes del Parlamento en materia de derecho civil, las costumbres y los principios generales del derecho propio.

2. La costumbre solo rige en defecto de ley aplicable.

Como os digo, parece que Rull alude a la “costumbre” como algo, incluso, con fuerza legal. Algo militante. Algo obligatorio. Bien.

Eso no es lo más interesante. Lo interesante -sí, ya sabéis mi debilidad- es acudir a la sesión constitutiva del Parlamento francés o del Parlamento italiano para comprobar si, como afirma Josep Rull, la imagen es “impensable” en Francia o Italia. Efectivamente, es impensable porque, tras elegir Presidente del Parlamento y acabar la sesión constitutiva, ni siquiera suena el himno de esos países. Pero, bueno, Rull ya lo ha soltado, ha conseguido 2.613 retuits y, además, dice que es “impensable”. Lo clásico del nacionalismo desinformado de derechas (dicho sea de paso: ser de derechas no me parece pecado mortal, pero conviene recordar que el independentismo es poco coherente y de derechas, como muy bien nos recuerda la CUP con esta estrambótica respuesta a Xavier Rius).

Italia. Aquí, el enlace a la sesión constitutiva de la XVII legislatura de la “Camera dei Diputati” italiana, de fecha 15 de marzo de 2013. Los más incrédulos, podéis pulsar donde pone “Seduta di assemblea numero 1 della XVII legislatura” y examinar los tres últimos subapartados, el primero de los cuales es “Presidente della Camera (Insediamento e discorso)”

Francia. Aquí, el enlace al vídeo de la sesión de apertura de la XV Legislatura y elección de Presidencia de la Asamblea Nacional Francesa. No tenéis más que ir al momento en que se levanta la sesión a las 02:19:58.

Estados Unidos de América. El sistema americano es un poco complicado. Y me da igual si acaban o no cantando el himno tras la primera sesión del Congreso, de la Cámara de Representantes o del Senado.  Si es que sí, pues felicidades. Y si es que no, pues felicidades también. Lo que sí me consta es que se hace, me parece que cada día, un juramento a la bandera: “I pledge allegiance to the flag of the United States of America, and to the republic for which it stands, one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.” (¡Oh!, ¡indivisible!; ¡oh!).

CONCLUSIÓN. Tópicos y generalizaciones imaginarias para verbalizar el deseo de la imposición de un régimen fervor militante. ¿Y esto hay que tomárselo seriamente?

Todos los caminos conducen al 155

Esta mañana, Joan empezaba una bromita con el número 155 como “icono” que le he contestado con esta captura:

Las casualidades existen y lo mejor estaba por llegar.  A la hora de comer, con bromitas también, me pasan esta imagen, con indicación de la distancia restante de camino a Barcelona:

Metido en la bromita, me ha hecho recordar otro rótulo, en este caso de la AP-2:

Ahí no acaba la cosa. Quedaba una imagen más:

CONCLUSIÓN. La información estaba ahí. Todos los caminos, claramente, conducen al 155.

Sólo por cambiar de entrada

Este nuevo artículo viene a cuento de que hace más de diez días que no publico nada, “nos comunicamos” vía comentarios y ya hemos superado los cien, así que toca cambiar de página, ni que sea para empezar de nuevo. O sea, que no se trata de ningún artículo, ni del análisis de algo que me haya llamado la atención. Es sólo (yo soy de los que escriben sólo con tilde) por cambiar de entrada.

Eso sí, y por dotar de algo de contenido la entrada, acabo de ver en mi Twitter que @MissAntropia___ enlazaba una noticia de Nació Digital del día 20 de septiembre de 2017, cuyo contenido es casi una declaración de Hechos Probados de una hipotética Sentencia de delito de sedición. Dice así en su titular principal y los dos primeros párrafos, de los que resalto en negrita y rojo unas interesantes palabras:

Els manifestants bloquejaran la Guàrdia Civil si s’endú papers d’Economia

La reacció contra la irrupció de la Guàrdia Civil en quatre conselleries de la Generalitat -Economia, Exteriors, Governació i Afers Socials- ha estat espontània a primera hora del matí, però no ha estat imprevista. Les entitats sobiranistes i els partits porten mesos preparant la resposta a un escenari de repressió de l’Estat, i la moblilització al carrer és la cara més visible d’aquesta estratègia. Les protestes pacífiques estan centrades a la confluència entre Rambla Catalunya i la Gran Via de Barcelona, on hi ha el departament d’Economia, i el pacte al qual han arribat partits i entitats és que els manifestants no deixin sortir la Guàrdia Civil de les dependències de la conselleria si els agents “s’enduen documents, segons fonts consultades per NacióDigital.

En cas contrari, és a dir, si l’institut armat no confisca documentació, l’ordre que es donarà és de deixar passa els agents. Aquestes accions s’han consensuat entre les formacions independentistes i les entitats, que des de primera hora fan costat al departament d’Economia i a les persones detingudes, així com també al personal de la conselleria que ha vist interrompuda l’activitat normal pels escorcolls de la Guàrdia Civil. Els partits estan cridant a la mobilització aquesta tarda per omplir la confluència entre Rambla Catalunya i la Gran Via, i el PDECat i ERC han suspès els actes que tenien previstos per les set.

Después, algunos se extrañan de que estén imputados por sedición.

Gracias, Nació Digital, por su inestimable colaboración en el esclarecimiento de los hechos investigados. Si un día el tema llega a juicio y se dicta Sentencia condenatoria para alguien por los hechos del 20 de septiembre, creo que el relato no diferirá en casi nada.

Nota: el goteo de tonterías del separatismo es elevadísimo. Su calidad, ínfima. No dan ni para una entrada potable y apenas para tres o cuatro comentarios sobre un mismo tema.

I això, qui ho paga?

És indubtable que el separatisme utilitza les institucions al seu exclusiu servei, ignorant tots aquells qui no comparteixen la seva posició. D’exemples n’hi ha molts i ara n’explicaré un d’especialment significatiu -com a mínim per a mi- que exemplifica com el separatisme s’identifica fàcilment amb l’arbitrarietat i, a sobre, ho hem de pagar tots. L’assumpte té especial gràcia perquè el separatisme es postula com a solució moral de tots els problemes.

Situació. 2 de novembre de 2017. S’acorda la presó provisional de vuit exconsellers de la Generalitat.

La data coincideix amb les Festes de Sant Narcís i, com a “mostra de rebuig” per l’entrada a presó dels exconsellers, l’Ajuntament de Girona va acordar, entre d’altres activitats, el tancament de les barraques. Les barraques -concessions per a la venda de beguda i menjar en un espai (La Copa) on es concentra la festa de nit- se sortegen entre les entitats que s’hi presenten i paguen una taxa o cànon (o el nom que rebi, que no ho sé). Evidentment, aquestes entitats esperen obtenir uns beneficis econòmics de l’explotació de les barraques.Evidentment, no existeix cap connexió lògica entre la presó provisional d’uns exconsellers i el tancament de les barraques (ni les atraccions de Fires o els concerts), però la qüestió és que les barraques van tancar. Igualment, cal dir que el castell de focs amb què acaben sempre les Fires des de que tinc memòria també va ser suspès.

Segons publicava DiarideGirona el dia 9 de novembre: “Entitats de les barraques estan molestes amb les suspensions de les Fires“. Val la pena llegir la notícia per adonar-se de l’existència d’una dinàmica molt coneguda i comentada en el blog: que molt pocs, en aquest cas només un, es va atrevir a posar en qüestió públicament la decisió de l’Ajuntament, mentre que d’altres no van gosar d’exposar la seva discrepància.

DiarideGirona ho explicava així: “El dia que es van suspendre els concerts, el dijous, hi va haver una reunió on van ser presents representants de totes les entitats que tenien barraca. Des de l’Ajuntament, la regidora de Fires, Eva palau, i des de fonts properes a la Comissió de la Copa es deixa clar que totes ho van entendre i acceptar. Aí que expliquen que hi va haver alguna veu discrepant que s’oposiva al tancament de les barraques. Segons ha pogut saber Diari de Girona, la que més va deixar clara la seva oposició va ser la del club de bàsquet Santa Eugènia. Segons han explicat algunes entitats, n’hi ha d’altres que van callar però que no acceptaven la decisió municipal de bon grat. «Era això o això. No hi havia opció», expliquen“.

O sigui, més o menys, la clàssica “oferta que no podràs rebutjar, que més d’un i de dos no s’atreveixen a contradir.

I arribem al desenllaç. Avui, dia 1 de gener, DiarideGirona publica la següent notícia: “Girona pagarà 200 euros a cada entitat per la nit que va obligar a tancar les barraques“. I en el cos de la notícia llegim: “En la reunió celebrada dijous, l’Ajuntament va explicar a les entitats que se’ls compensarà amb 200 euros cadascuna pel tancament de la Copa el dia 2 de novembre. El pagament es farà per transferència bancària en un termini de com a molt dues setmanes. Malgrat que es tracta d’una xifra molt inferior a la que acostumen a recaptar una nit habitual de barraques, les entitats ho han acceptat perquè els permetrà almenys cobrir despeses“.

CONCLUSIÓ. Si la decisió de tancar les barraques fos justa i ajustada a Dret, l’Ajuntament no hauria de pagar res. Però no ho era i per això paguen dos-cents euros, que  és una quantitat molt petita. Clar que segurament resulta “suficient” com a “indemnització”, atès que embolicar-se en plets té dos costos inassumibles: el primer, el de l’advocat, que serà més car que la quantitat a reclamar; i el segon, el d’enfrontar-se amb l’Ajuntament quan potser de vegades has de demanar alguna petita ajuda i ara se’t tancarà.

L’Ajuntament, posat a l’explícit servei de la causa separatista. I qui ho paga, tot això?

Ara, només falta saber la indemnització que s’haurà pagat (o pendent de pagar) a l’empresa del castell de focs o, també, als firaires per la paralització de les atraccions. Aquest és el projecte modern de la secessió, el de l’eficiència i seriositat de l’Administració… sempre que estigui d’acord amb els postulats del separatisme.

Las risas se escuchan hasta en Tabarnia

Resulta complicado no decir nada sobre “Tabarnia”. Cada vez que pasa por mi Twitter algún comentario de prohombres subvencionados del separatismo, o a la busca de una subvención, la risa se hace mayor. ¡¡¡Se lo toman decididamente en serio!!!

Aparte del inefable Aleix Sarri, he podido leer tuits de Toni Soler (cuestionando la divisibilidad de Cataluña), Eduard Voltas (diciendo que es un invento de C’s; por favor, qué poco ha leído este señor para enterarse de las iniciativas que hasta hace un par o tres de días apenas pasaban de lo anecdótico, pero estaban allí) o Josep Costa, entre muchos otros. De una forma u otra, el perfil de este tipo de “contestaciones” da por sólida la iniciativa. A mí ya me perdonaréis, pero lo que le veo -al margen de que haya quien la tome verdaderamente por sólida- es mucha ironía, mucha risa y, como se ha repetido sin descanso, mucho poner al separatismo frente a su propia argumentación. Y, sorpresa, desmontarse con suma facilidad. Si no lo veo, no lo creo.

Sobre lo de poner al separatismo ante su espejo. “Casualmente”, acabo de recuperar el libro de Josep Costa. Releo el primer capítulo, en que de forma somera explica las teorías creadas para justificar o dotar de fundamento la secesión. Página 26. Comenta lo siguiente: “…la millor teoria de la secessió serà la que combini els aspectes deontològics, procedimental i conseqüencialistes (…) de totes elles. Per exemple, mentre les teories nacionalistes proporcionen la millor comprensió de les motivacions que impulsen els moviments independentistes, les teories plebiscitàries encerten quan assenyalen que és necessari el vot democràtic d’una majoria dels residents al territori que es vol independitzar, sense tenir en compte la seua identitat nacional. Els defensors de les teories plebiscitàries també tenen raó quan suggereixen que pot ser injust imposar la unitat d’un estat als qui clarament estan a favor de la secessió, atès el caràcter fundacional que té la sobirania popular per als règims polítics contemporanis…“.

Es curioso. Esta clase de argumentos sirven para Cataluña y no sirven para los “tabarneses“. Dígase de paso que, más adelante, Costa se plantea la cuestión de qué pasa en caso de referéndum con zonas en que gana el Sí, otras el No y las divisiones casi infinitas que podrían producirse de tomar la teoria plebiscitaria con todas sus supuestas consecuencias. Pero ese no es el tema.

El tema es que se plantea con más ironía y mala leche que otra cosa el tema de Tabarnia -y ya os digo mi posición: no me lo tomo más que como ironía- y el independentismo se pone a negar uno tras otro todos sus postulados. Si es que es de risa.

Y ahora un poco, solo un poco, de más seriedad. Ha sido suficiente con que personas de alta relevancia pública, como Inés Arrimadas o Albert Rivera, hayan difundido el asunto como para que tome una dimensión muy superior a la que de verdad merecería. Y, con ello, sorprendentemente, se han producido dos fenómenos, de importancia relativa pero significativos: 1) el independentismo “contrarrestando” (jajajaja) la argumentación “tabarnesa” (jajaja); 2) el foco de atención se desplaza hacia un punto alejado del interés informativo que habitualmente marca el separatismo.

Quizás que alguien tome nota y aprenda técnicas de comunicación.

Mientras tanto, acabad de disfrutar leyendo los últimos tuits, comentarios y noticias sobre el tema antes de que vuelva a quedar relegado.

Cites falses amb retard (citas falsas con retraso)

Avui toca una cita falsa amb retard, perquè ja fa dies que està desmentida a Maldito Bulo.  Bé, en realitat crec que la vaig desmentir a Twitter abans que Maldito Bulo, amb la qual cosa s’esdevé encara més encertada la suggerència que en alguna ocasió ha fet l’Abraham, per tal de que el blog es reconverteixi en part cap a aquesta línia del “desmentit professional”. [Per suposat, si vaig comprovar i/o “desmentir” abans que Maldito Bulo la cita falsa que us diré, m’és completament igual. La qüestió és una altra].

Comencem: 10.44 a.m. del dia 21/12/2017, dia de les eleccions. M’arriba aquest Whatsapp d’algun dels molts infiltrats dels que disposo.

Després d’una breu conversa i comprovacions diverses, com per exemple anar a la web de l’Institut Ramon Llull i veure que només s’hi fa referència com a Oficines a l’Exterior les ubicades a Londres, Berlín, Nova York i París, a les 11:11 ja hem arribat a la conclusió de que el contingut (acomiadament dels treballadors del Llull, entitat no política, blablabla) no és cert. Tampoc no trobem cap referència al contingut del missatge del whatsapp a cap mitjà de comunicació ni font fiable (tampoc a les no fiables).

Comprovant una mica més ens trobem que del 2009 fins el 2015 va haver-hi un “Espai Llull“. A partir de l’octubre de 2015 s’integra la representació a l’Alguer a la Delegació de la Generalitat a Itàlia. Ho explica aquesta nota de premsa de la Generalitat del 6 d’octubre de 2015: “Fins ara la representació del Govern a l’Alguer depenia de l’Institut Ramon Llull, que es feia càrrec d’un espai cedit per l’Ajuntament de l’Alguer. A partir d’ara serà el delegat del Govern a Itàlia, Luca Bellizzi, el responsable de la relació del Govern amb aquest territori, que té uns vincles històrics, lingüístics i culturals molt forts amb Catalunya“.

A les 11:18 ja havia trobat aquesta mateixa nota substancialment reproduïda a La Vanguardia, via EFE.

Bé. A aquesta hora ja havíem descobert que, en realitat, a l’Alguer hi havia un “Ofici” de la Generalitat (no una oficina de l’Institut Ramon Llull)  i que aquesta oficina quedava tancada per aplicació de l’article 155 de la Constitució.

La cosa és tan antiga que tant ElPunt com l’ARA es feien ressò del tancament de les delegacions a l’exterior, el dia 1 de desembre!!! Ambdues notícies, via ACN, deien: “El govern espanyol ha acomiadat els treballadors públics de les delegacions de la Generalitat a l’exterior, segons ha pogut saber l’ACN. El personal de les delegacions de París, Londres, Berlín, Lisboa, Viena, Washington, Copenhaguen i Roma perdran la seva feina…“. O sigui, que el dia 1 de desembre els treballadors ja havien estat acomiadats, amb efectes 30 de novembre.

REPETEIXO PER SI ALGÚ NO SE N’HA ADONAT: Tot el personal de les oficines de la Generalitat a l’exterior va ser acomiadat amb efectes 30  DE NOVEMBRE DE 2017. És a dir, 21 dies abans del Whatsapp que us he reproduït i que, curiosament, es difon el dia de les eleccions.

Aquí teniu la carta que van difondre alguns mitjans de comunicació:

El Periódico publicava una notícia el dia 1 de desembre: “Exteriors culpa dels acomiadaments a les ‘ambaixades’ el número dos de Romeva. El Govern central al·lega que Villatoro, secretari general del departament, no va reubicar els 33 empleats locals“. Fins i tot, a la notícia llegim: “Segons fonts d’Exteriors, aquesta mesura dràstica es va prendre després que el secretari general Aleix Villatoro, número dos de Raül Romeva en la Conselleria d’Afers Exteriors, no presentés un pla per reubicar-los en altres organismes catalans (com les oficines comercials d’Acció o l’Institut Ramon Llull, amb seus en diverses ciutats estrangeres).” (el color vermell és meu).

Fins i tot, havíem tingut l’oportunitat de llegir aquesta notícia de Vilaweb del dia 4 de desembre de 2017 en la que, entre d’altres coses, llegim: “Una de les aplicacions de l’article 155 contra l’autogovern de Catalunya va ser el tancament de l’Oficina de la Generalitat a l’Alguer, oberta el 2009 i on es feien activitats de promoció de la cultura catalana. Per recuperar-ho, set ex-batlles de la iutat han enviat una carta al ministeri d’Afers estrangers italià perquè intercedeixi i demani que es restableixi l’oficina“. Ep! 4 de desembre. 4 de desembre. 4 de desembre. Oficina de la Generalitat a l’Alguer.

O sigui: no hi havia cap oficina ni Espai del Llull des de l’octubre de 2015. I el tema de l’acomiadament venia de tres setmanes abans. No és el mateix dir que, en aplicació del 155, s’ha tancat una de les oficines de la Generalitat a l’exterior que dir que s’ha tancat una oficina del Llull (entitat no política, etc, que és el que diu el missatge de Whatsapp) i que, a més, s’ha acomiadat els seus treballadors. I no és el mateix dir que “El Ministerio del interior acaba d’acomiadar…” que explicar que això ve de tres setmanes abans. La manipulació és clara i la intenció també.

Així doncs, una vegada verificat que es tractava d’un altre Whatsapp dirigit a manipular la informació, per tal d’obtenir la màxima difusió possible d’un públic assedegat de notícies que tenen poc a veure amb la realitat, no calia més que seure davant del Twitter, tot esperant que algú piulés un Whatsapp sense font coneguda i sense cap mena de verificació i n’aconseguís el màxim eco.

Fent una cerca a Twitter, sortien set o vuit piulades, gairebé sense repercussió… fins que a les 11:22 arriba el moment desitjat: ni més ni menys que Josep Huguet, qui havia arribat a ser Conseller de la Generalitat en dues etapes diferents, agafa el Whatsapp que li ha arribat, se’l creu de dalt a baix, no verifica res i el difon a Twitter, amb èxit total: ara mateix té més de 8.100 RT’s.

A les 11:25, agafo el meu Twitter, cito la piulada del sr.Huguet i escric això, evidentment sense gaire èxit.

No vaig ser l’únic a fer aquest tipus d’observació, però això no va ser obstacle per tal de que el sr.Huguet mantingués la seva piulada, que ni era certa, ni tenia a veure amb la realitat: un Whatsapp sense cap mena de font ni verificació.

Això sí, Huguet va fer aquesta piulada a les 19:48, “precisant” alguna “petita” incorrecció, la qual va obtenir tres “m’agrada”.

CONCLUSIÓ. No hi havia cap oficina del Llull, com deia el Whatsapp sense verificar difós pel sr.Huguet. Els treballadors que hi hagués a la delegació de l’Alguer no van ser acomiadats el dia 21 de desembre, dia de les eleccions, com deia el Whatsapp del sr.Huguet, sinó amb efectes 30 de novembre.

De fet, el sr.Huguet, que segons diu el seu perfil és “Enginyer i llicenciat en història” va esbombar -amb èxit- un Whatsapp sense cap mena de contacte amb la veritat. Però a ell ja li anava bé. Després, es queixen d’algun adjectiu com fanàtic. O sigui, que més de 8.100 repiulades i vagi-se’n a saber quantes persones ho hauran vist i ens n’hem d’aguantar. I es limita a “corregir” el tema de l’oficina, sense dir res de tot el tema. En fi.

Abans d’ahir, un usuari deia que quan els ciutadans que viuen a Vila-roja o Nou Barris deixin de mobilitzar-se, aleshores, els qui estem en contra de la secessió “fliparem”.

No cal, perquè jo ja “flipo” ara, veient com tot un exconseller de la Generalitat es dedica a publicar en el seu Twitter el primer Whatsapp que li passen. És igual si no hi ha fonts, si hi ha errors enormes o alguna que altra mentida o tergiversació interessada. I més de 8.000 usuaris que ho redifonen (amb prou feines alguns esmenten les “incorreccions”, malgrat l’assumpte ultrapassa, i molt, la simple “incorrecció”).

Bé que lamento haver publicat avui aquesta cita falsa del Whatsapp amb retard i no abans.