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En aquest Blog comento notícies i qüestions relatives al moviment separatista que s’escampa per Catalunya, sovint fonamentat en premisses distorsionades, manipulades o falses.

En este Blog comento noticias y cuestiones relativas al movimiento separatista que se esparce por Cataluña, a menudo fundado en premisas distorsionadas, manipuladas o falsas.

Si no estás de acuerdo con mi opinión, me parece bien. No me molesta que discrepes. Pero no argumentes con disparates.

Si no estàs d’acord amb la meva opinió, em sembla bé. No em molesta que discrepis. Però no argumentis amb disbarats.

17 comentarios en “Perfil

  1. Estoy leyendo muchas cosas sobre la impugnabilidad de la consulta porque no hay acto administrativo. En realidad, el TC ha aceptado recursos contra actos administrativos con fecha indeterminada (que aún no han tenido lugar) sin ningún problema. Es razonable, tarde o temprano se hará un acto administrativo por muy informal que sea y nada repugna más al derecho que la administración intentando escapar del control constitucional y jurisdiccional. Creo que esta es la más reciente y también la más clara. http://tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Auto.aspx?cod=23680

  2. Muchas gracias por el comentario y la valiosa aportación. Eso de que la Administración quiera hacer trampas sonroja bastante. ¿Cómo se llamaba eso? ¿”La huida del derecho administrativo”? (Sí, ya sé que se suele citar con relación a la contratación administrativa, pero le viene que ni pintado)
    Quizás lo hayas visto: el Catedrático de Derecho Constitucional Xavier Arbós ha citado la mucho más antigua STC 158/1988. http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es-ES/Resolucion/Show/SENTENCIA/1988/158
    Saludos y de nuevo gracias.

    1. No la conocía, gracias. Y gracias por el blog. Excelente y desprejuiciada información , además de clara y precisa.

  3. Els conflictes politics, de soberania, etc ….. cal tanta parafernàlia jurídica? s’han de resolre als tribunals? o s’han de resoldre en l’àmbit de la política?. Les lleis són com l’estadística, cadascú pot oposar la seva norma i tots tenir raó….

    1. Las leyes son el único marco posible de la política. No nacen del capricho si no de la necesidad y de la experiencia de que,sin ellas,los conflictos se solucionan por la fuerza. Por eso es tan importante no saltárselas.

    2. Bàsicament, coincideixo amb en Juanmari. Malgrat les apel·lacions, necessàries, a la política, si no es respecta el marc legal, aleshores no calen lleis. Òbviament, és una simplificació i entenc que no vols dir exactament això, però si no tenim regles prèvies i el que fem és canviar-les sobre la marxa o ignorar-les encara tindrem més problemes, perquè hi haurà un gruix important de persones que diran que els estan fent trampes.
      Salutacions i gràcies per participar.

  4. Buenas noches.
    Me gustaría saber si ha podido tratar sobre el alcance del siguiente real decreto que transcribo a continuación y, por lo tanto, su opinión sobre el mismo:

    “Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, por el que se establece la fórmula de juramento en cargos y funciones públicas.
    “Promulgada la Constitución, resulta obligado determinar, de acuerdo con la misma, la fórmula de juramento o promesa para la toma de posesión de cargos o funciones públicas.
    En su virtud, a propuesta del Ministro de la Presidencia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día cuatro de abril de mil novecientos setenta y nueve,
    DISPONGO:
    Artículo primero.
    En el acto de toma de posesión de cargos o funciones públicas en la Administración, quien haya de dar posesión formulará al designado la siguiente pregunta:
    «¿Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo …………….. con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado?»
    Esta pregunta será contestada por quien haya de tomar posesión con una simple afirmativa.
    La fórmula anterior podrá ser sustituida por el juramento o promesa prestado personalmente por quien va a tomar posesión, de cumplir fielmente las obligaciones del cargo con lealtad al Rey y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.
    Artículo segundo.
    Los Vicepresidentes, Ministros y demás miembros del Gobierno prestarán ante el Rey el juramento o promesa en la forma establecida en el artículo anterior, refiriéndolo también a la obligación de mantener secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros.”

    En la parte de “análisis” del BOE no aparece que esté derogado, o modificado por otra disposición. No obstante, yo no he visto en la Constitución ningún texto que permita decir a este real decreto “de acuerdo con la misma”. La cuestión es: ¿Permanece vigente este real decreto? Si la respuesta es NO, ¿por qué no se ha derogado expresamente? Si la respuesta es “SÍ”, ¿Por qué no se hace cumplir con los señores del Parlament y de la Generalitat?

    Que yo sepa, el rey es el único obligado directamente por la Constitución (artículo 61) y los diputados y senadores por los respectivos reglamentos, por mandato del artículo 72 de la Constitución.

    Por su parte, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público indica:
    “Artículo 62. Adquisición de la condición de funcionario de carrera.
    1. La condición de funcionario de carrera se adquiere por el cumplimiento sucesivo de los siguientes requisitos:
    a) Superación del proceso selectivo.
    b) Nombramiento por el órgano o autoridad competente, que será publicado en el Diario Oficial correspondiente.
    c) Acto de acatamiento de la Constitución y, en su caso, del Estatuto de Autonomía correspondiente y del resto del Ordenamiento Jurídico.”….

    Sin el acatamiento de la Constitución, pues, sabemos que ni el rey, ni los diputados, ni los senadores, ni los simples funcionarios, pueden desempeñar sus respectivos cargos. ¿Qué pasa con el Presidente del Gobierno, los presidentes de las CCAA, diputaciones, alcaldías, etc. ¿El Real Decreto 707 /1979 no se les aplica?

    Gracias, y disculpe que no haya visto su nombre para, por lo menos, darle tratamiento de Sr. o Sra.

    José

    1. Hola,
      No he tratado el tema porque una Sentencia del TC del año 1985 dijo que la fórmula del RD de 1979 precisaba de rango legal. Es decir, de una Ley que hubiera pasado por el Parlamento, requisito que no cumple un Real Decreto, por lo que, efectivamente, el RD 707/1979 no sería de aplicación a la toma de posesión de Carles Puigdemont.
      Además, en el caso concreto de Puigdemont, no existe una norma que obligue a una fórmula específica, de modo que podía jurar o prometer el cargo como mejor le pareciera. El RDLegislativo 5/2015 no es de aplicación al caso, mientras que la norma más cercana a lo que usted plantea de fondo es el artículo 108.8 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General: “8. En el momento de tomar posesión y para adquirir la plena condición de sus cargos, los candidatos electos deben jurar o prometer acatamiento a la Constitución, así como cumplimentar los demás requisitos previstos en las leyes o reglamentos respectivos.”
      Sucede, sin embargo, que esto es de aplicación, por ejemplo, al juramento o promesa de la toma de posesión como Diputado del Parlamento de Cataluña. En cambio, para la toma de posesión del cargo de Presidente de la Generalitat ese artículo no es de aplicación (es para “candidatos electos”, no para “candidatos electos que hayan sido escogidos como Presidente de la C.Autónoma”).
      Saludos cordiales y aquí estoy para ayudar en lo que pueda. A veces lo sé, a veces no y otras echo mano de Google. En este caso, lo desconocía, pero siguiendo a un Catedrático de Derecho Constitucional en Twitter (Eduardo Vírgala) el día de la toma de posesión, dio una serie de referencias con las que lo explicaba y pude verificar.
      De nuevo, un saludo.
      El tratamiento es “Sr”, pero con Javier lo arreglamos de manera más sencilla. ;-D

      1. Javier:

        Muchas gracias.

        Antes que nada, como Ud. indica su profesión, yo también le puedo decir que aunque, de la rama técnica, he trabajado en la AGE con reglamentación durante muchísimos años y no he tenido otro remedio que familiarizarme con las cuestiones legales. Es cierto lo que señala respecto de la legalidad de los reales decretos: Todos ellos deben emitirse en el marco de una ley previa. Por eso, precisamente, planteaba la duda, al observar que el Real Decreto solamente mencionaba un supuesto “de acuerdo con la misma” (Constitución), que no parece existir.

        Bueno, pues tal vez alguien debiera indicar esa situación al BOE para que, en el apartado “Análisis”, si no quieren decir expresamente que sea “falto de legalidad” o “derogado”, lo expliquen de la forma que crean más conveniente.

        Y, si me permite:

        Si no leo mal, habría que entender que el artículo 108.8 de la L. O. de régimen Electoral General:

        a) Podría sustituirse por legislación específica de la Comunidad Autónoma de Cataluña, por estar en incluido en el Título I, que no cae bajo la prescripción excluyente de la disposición adicional primera de dicha Ley (Títulos II a V);

        b) La Comunidad Autónoma todavía no ha realizado esa legislación, por lo cual el artículo 108.8 es plenamente vigente.

        En ese caso, seguiría siendo cierto que el señor Puigdemont, para acceder a su escaño de diputado del Parlamente por Girona, SÍ ha tenido que hacer ese acatamiento expreso de la Constitución, al igual que quien después fue nombrada Presidenta del Parlament.

        Aunque sea cierto que, para ser Presidente de la Generalitat o del Parlament ya no haga falta ese acatamiento (Ellos sabrán qué dicen acatar para cumplir con un cargo que deriva de la Constitución Española, como el propio Estatut), esa circunstancia adicional deja de ser relevante, puesto que el acatamiento ya lo tuvieron que realizar.

        Por otro lado, como el President, de acuerdo con el Artículo 67.2 del Estatut “es elegido por el Parlamento de entre sus miembros”, no cabe la posibilidad de que sea nombrado President quien no ostente la calidad de diputado y, por lo tanto, no existe (hoy) riesgo de tener un President que no haya tenido que acatar la Constitución, en un momento u otro.

        En conclusión: Como el señor Mas, el señor Puigdemont ha acatado la Constitución y, en su nuevo cargo de President, no debería actuar al margen de la misma. ¿Me equivoco?

        Saludos cordiales.

        Jose.

        1. Hola de nuevo,

          A veces puedo ser demasiado prolijo en mis explicaciones, por dos motivos: el primero, que no sé los conocimientos del interlocutor (ahora ya sí) y prefiero pasarme de frenada; el segundo, y este es para mí bastante importante y el fundamental, es que muchos lectores del blog no tienen conocimientos jurídicos y a veces no podrían seguir los razonamientos implícitos a la conversación y comentarios que hacemos. Vaya, no se trata de hacer un cursillo en cada comentario, pero si como sucedía con tu pregunta, tiene interés conocer el fundamento técnico-legal y tengo tiempo de contestar, prefiero hacerlo así.
          En cuanto a la conclusión sobre Puigdemont es exactamente así. Al menos yo así también lo entiendo.
          Saludos y participa cuando quieras, que aquí todos los comentarios son bienvenidos.

  5. creo que la Sentencia del TSJC sobre el 9N es correcta, pero porque estaba todo encauzado previamente para que la cosa no pasara de un leve estirón de orejas. Me explico valorando los autos de 28-6-16 y 13-10-16:
    1 – Previamente al juicio se limitan los hechos a enjuiciar a lo estrictamente sucedido tras la notificación por e TC de la suspensión de la convocatoria del 9N. Todo lo anterior (prevaricaciones como una casa de pagès) queda fuera del procedimiento, o bien porque las acusaciones plantearon mal sus pretensiones, o bien porque el Tribunal las limitó al máximo en contra de las acusaciones. Consecuencia: si prevaricó o no Artur Mas antes de que conociera la suspensión de la convocatoria no va ser ni siquiera valorado por el Tribunal.
    2 – Se elimina también del enjuiciamiento el delito de malversación de caudales públicos. El Tribunal argumentó que como toda la contratación fue previa a la notificación de la suspensión (fase que el propio Tribunal excluye del proceso), no procede entrar en consecuencia sobre dicho delito. El Tribunal también vino a fundamentar algo así como: en política, destinar 4’7 millones de euros al 9N a sabiendas de que era ilegal, no es necesariamente malversación de caudales públicos sino simplemente un gasto discutible; no es malversación porque no pretende beneficiar al que lo gasta ni al que lo recibe. Consecuencia 1: Lo contratado con terceros (con independencia de cuando se paga) antes de la suspensión de la convocatoria no va a ser valorado por el Tribunal. Los gastos que asume la administración que no se contratan con terceros posteriores a la suspensión (ej. Mossos d’Esquadra, Anuncios en medio de comunicación, etc), el Tribunal directamente hace como si no existieran. Consecuencia 2: Las penas de prisión y de restitución de lo gastado (mucho dinero) no podrán sostenerse en el juicio por la acusación.
    3 – Celebrado el juicio, el Tribunal tenía dos delitos a enjuiciar encima de la mesa: Desobediencia (pena máxima prevista 2 años de inhabilitación) y Prevaricación (máximo 10 años de inhabilitación). El Tribunal fundamenta que la condena por desobediencia que estima ya subsume al de prevaricación (el que desobedece una orden judicial necesariamente prevarica, es decir, se prevarica -consecuencia- por desobedecer -delito único cometido-), por lo que rechaza poder condenar también por lo segundo. No se plantea al Tribunal condenar por un delito de prevaricación por desobediencia (dando la vuelta, se desobedece desde que uno prevarica, en vez de prevarica desde que desobedece) que hubiera supuesto una pena más grave.

    Efectivamente, quizá la justicia no es igual para todos y a Mas, hasta cierto punto, se le ha hecho un traje a medida.

    1. Me rectifico en parte y pregunto:

      Si un particular sólo puede desobedecer (nunca prevaricar al mismo tiempo), una autoridad no puede desobedecer y además prevaricar? Tiene menos pena la desobediencia de funcionario al TC q la desobediencia de particular a TC, a otro Tribunal o a un guarda de seguridad privado? Y lo dicho, si solo puedes condenar x un delito, no seria el de prevaricacion x ser el q lleva mayor pena?

      1. Esos detalles técnicos de Penal, no los he estudiado. Y tampoco me he leído la Sentencia.
        En abstracto, me suena un poco raro que el delito de desobediencia absorba la prevaricación.

        1. La cuestión es q el Tribunal pasa de valorar la aplicación del art 77 del CP sobre concurso de delitos: cuando unos mismos hechos pueden constituir dos delitos distintos, se debe condenar por el delito más grave.

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