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El Parlamento de la arbitrariedad

Es conocido que el independentismo se lleva bastante mal con la Ley. Por eso, en el Parlamento de Cataluña de vez en cuando se ignora la Ley con el más absoluto desprecio a los más elementales principios del Estado democrático de Derecho, que es lo que ha sucedido con el caso Iceta. Primero, un breve repaso de los apartados legales más relevantes, que os podéis saltar si no os interesa, y después la explicación jurídica.

1. Legislación.

A estas alturas, sabréis que el asunto del Senador de designación autonómica se regula en el artículo 69.5 de la Constitución: «5. Las Comunidades Autónomas designarán además un Senador y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio. La designación corresponderá a la Asamblea legislativa o, en su defecto, al órgano colegiado superior de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo que establezcan los Estatutos, que asegurarán, en todo caso, la adecuada representación proporcional.«

Que el artículo 61.a del Estatuto de Cataluña establece que corresponde al Parlamento designar a los Senadores que representan a la Generalitat, conforme a una Ley específica, tal y como indica la Disposición adicional primera del Estatuto.

Que la Ley 6/2010, del procedimiento de designación de los senadores que representan a la Generalidad en el Senado, establece en su artículo 2.1: «1. Pueden designarse como senadores en representación de la Generalidad a los candidatos que cumplen los requisitos de elegibilidad establecidos por la legislación electoral general y la específica de la Generalidad, que acreditan una trayectoria profesional o política relevante y que tienen la condición política de catalanes en los términos establecidos por el Estatuto de autonomía.«. No hay discusión de que Miquel Iceta cumple los requisitos de elegibilidad, acredita trayectoria política relevante y la condición de catalán. Es candidato idóneo.

Que el artículo 4.5 de esa misma Ley dice: «5. El presidente o presidenta del Parlamento propone los nombres de los candidatos a ser designados senadores en representación de la Generalidad. La propuesta debe contener tantos candidatos como puestos a cubrir.«

Que el artículo 5.1 establece: «1. El presidente o presidenta del Parlamento convoca el Pleno y somete a votación la propuesta a la que hace referencia el artículo 4.5«.

Por último, el artículo 174 del Reglamento del Parlamento de Cataluña, en sus apartados 3 y 4, dice: «3. El presidente del Parlamento fija el plazo en que los representantes de los grupos deben proponer sus candidatos. Finalizado dicho plazo, el presidente hace públicas las correspondientes resoluciones y convoca el Pleno del Parlamento para su ratificación.
4. Si es preciso sustituir a alguno de los senadores a los que se refieren los apartados 1 y 3, la persona sustituta debe ser propuesta por el mismo grupo parlamentario que había  propuesto a su antecesor«

2. Interpretación.

Después de tanta Ley, lo primero que hay que tener en cuenta es que la designación de un Senador autonómico no es un acto «soberano» del Parlamento. No es un acto legislativo, del que, en general, sí sería predicable la «soberanía» por irrazonable que nos parezca. Sucede que la designación del Senador viene predeterminada, u ordenada, por la misma Constitución y después en los respectivos Estatutos de Autonomía y leyes de desarrollo.

Si no se trata de un acto legislativo, habrá que buscarle alguna categoría o naturaleza, que de forma un tanto simple diré que se trata de la elección de un candidato cuya presentación la Constitución impone. Es una decisión o acto parlamentario (seguro que los especialistas en derecho parlamentario tienen una categoría concreta), pero no un acto legislativo. El Parlamento de Cataluña no tiene opción a decidir si quiere o no quiere tener un Senador: automáticamente tiene uno y otro más por cada millón de habitantes, que designará (los juristas conocéis la importancia de esta forma verbal, utilizada para indicar que el Rey sancionará las leyes), pues así lo establece la Constitución.

No hace falta enredarse mucho (para juristas, puede dar de sí, para los que no, vamos a ahorrarnos bastante camino) discutiendo sobre si la designación del Senador autonómico es un acto debido, un acto reglado (o casi reglado; los que sabéis de Derecho y en especial administrativo veis por dónde voy) o una potestad discrecional que siempre tendrá como límite la interdicción de la arbitrariedad (artículo 9.3 de la Constitución), que es en definitiva lo que han hecho los grupos parlamentarios: incurrir en arbitrariedad. Normal y habitual en el Parlamento de Cataluña, sí; extraño en un Estado democrático de Derecho, también.

Lo explicaré brevemente. Tampoco lo cojáis al pie de la letra porque el desarrollo llevaría más espacio y la terminología que usaré está sacada a medias del Derecho Constitucional y del Derecho Administrativo y puede resultar insuficiente e inexacta, pero con estos apuntes tendremos suficiente. Tomadlo como el sentido general y principios de la Ley; la naturaleza (jurídica) del asunto dejémosla para los expertos.

Si se trata de un acto debido, como he leído que sostenía Pérez Royo, entonces significa que, ante la propuesta del grupo socialista, el Parlamento de Cataluña solo puede hacer que ratificar al candidato. Para mí, lo que es acto debido es designar a un Senador; pero el Parlamento conserva cierto control -muy poco- sobre la designación.

Si se trata de un acto reglado, significa que el pleno del Parlamento de Cataluña, si acaso, puede controlar que se cumplan los requisitos del artículo 2.1 de la Ley 6/2010, es decir, los requisitos de elegibilidad (que deben haber sido controlados previamente por una Comisión), la trayectoria profesional o política relevante y la condición de catalán. En términos de aplicación práctica, el control sería especialmente sobre la realidad de la «trayectoria profesional o política relevante». En cualquier caso, si se dan los requisitos, estamos ante un acto reglado (o parecido a reglado) y la única decisión posible del Parlamento es la ratificación del candidato propuesto. Si no se hace así, se cae en la arbitrariedad.

Si se trata de un acto discrecional (cosa que rechazo) significa que el Parlamento puede hacer lo que le parezca oportuno, incluso no designar Senador, lo cual es un desatino jurídico, como tantos otros ya cometidos. Como es sabido, la potestad discrecional implica una facultad de opción entre dos o más soluciones igualmente válidas, según la ley, pero como la discrecionalidad no equivale nunca a arbitrariedad, el acto en que se concreta el ejercicio de esa facultad debe ser razonado. Y aquí, por supuesto, la denegación de la designación de Iceta falla estrepitosamente.

Precisamente, hace unos días citaba la STC 206/1992, que abordaba el examen de una decisión parlamentaria sobre un suplicatorio y las facultades revisoras que conserva el Tribunal Constitucional. Salvando todas las distancias, me parece perfectamente aplicable a lo que he explicado, el siguiente fragmento: «De ahí que nuestra exigencia de un «juicio de oportunidad» tuviera un sentido predominantemente material: No se trata tanto de que el Acuerdo adopte una «forma motivada», cuanto de que exista en, o quepa deducir del Acto parlamentario una motivación coherente con la finalidad de la prerrogativa parlamentaria.«

Dicho de otro modo: si la decisión del Parlamento de Cataluña es contraria al sentido material previsto en la Constitución, el Estatuto de Autonomía y la propia Ley que regula el procedimiento de designación de Senadores; si su motivación es ajena a los principios que inspiran tales regulaciones; en tal caso, la decisión del Parlamento de Cataluña ES NULA. Por sí misma y porque, además, vulnera los derechos del candidato y del grupo parlamentario que lo ha propuesto. ¡Ah!, también vulnera los derechos de todos los catalanes, hasta de los independentistas; pero ya no les viene de aquí.

3.CONCLUSIÓN.

Cuando en unos años en los manuales se pongan ejemplos sobre «la tiranía de la mayoría» y conceptos similares de regímenes iliberales y antidemocráticos, serán obligadas las referencias bibliográficas al Parlamento de Cataluña y la mayoría destructiva que ahora mismo desgobierna, superando toda la arbitrariedad imaginable.

Contrastes

En esta fase de dulce apatía, pocas cosas son capaces de alterar la tranquilidad. Mucho mejor, pero sin bajar la guardia porque bien sabemos que el separatismo no descansa.

Así que uno puede fijarse, al azar, en los contrastes. Como el de contrastar el últimamente comentado artículo «White trash«, de Jordi Graupera (de 1 de septiembre de 2012), y «Nuestra buena gente«, de Isabel Llauger (de 12 de mayo de 2019).

He visto por ahí que Graupera decía que se simplificaba su artículo y su pensamiento. Es cierto que él, de inicio, como premisa principal, no introduce el despectivo término white trash (hasta él mismo resalta que es asquerosamente despectivo). Pero, como es habitual en el sector de clásica derecha al que representa, lo asumía, como se deduce sin duda del conjunto de su artículo. Lo interesante del artículo de Graupera es ese «lo que piensan y nunca dicen«, con el que sucede lo mismo que con los artículos de Torra previos a su relevancia pública: la exteriorización de esa línea de pensamiento siempre presente entre quienes se consideran depositarios y guardianes de las esencias, transmitidas por los verdaderos -y únicos- dueños de la tierra.  Así y no de otra forma cabe interpretar párrafos propios del Manifiesto Koiné: «Los inmigrantes de los sesenta fueron utilizados como carne de cañón por el régimen a fin de diluir la cultura catalana, y por la burguesía, como mano de obra barata«.

El contraste. Llega con el delicado artículo de Isabel Llauger, quien sin necesidad de construir artificios conceptuales se explica muy bien: «(…) Y esa misma señora, para que la hambruna no les absorbiera en esa tierra de esperanza, llegó a tener 18 casas dónde fregar suelos; de rodillas, porque a las “señoras” les gustaba más como quedaba ese suelo. Y así consiguió que su niña, huérfana tan “chica”, estudiara y se casara como todas: con un vestido blanco y un opíparo banquete.

Y en esa vida que han construido con esfuerzo y sin concesiones al desaliento están agradecidos con esta tierra. Siendo de cualquier sitio se sienten, porque lo son, también catalanes. Una realidad de gente optimista, modesta y trabajadora a la que la vida no les ha regalado nada. Que han sobrevivido con su esfuerzo y entrega.«

CONCLUSIÓN. Si me dan a elegir a quién prefiero como conciudadano, entre Jordi Graupera e Isabel Llauger, quien aquí suscribe no duda de que Isabel se lleva todos los números.

El de la derecha extrema lo dejo para Adam Majó y su oficina.

EDITO Y AMPLÍO: Para incluir la captura de tres tuits de Numeritos. Destaco especialmente el segundo.

No por mucho repetir te van a hacer caso

Esta tarde me hallaba un tanto entretenido recopilando información sobre la última «iniciativa ciudadana» orquestada por el separatismo ante la Unión Europea para denunciar miles de vulneraciones de derechos en España.  Es positivo que promuevan esta clase de iniciativas, para que todo el mundo se dé cuenta de lo pesados y repetitivos que son.

Según esta información publicada en El Periódico, se trataría de un documento de ciento setenta y siete páginas (si alguien tiene el enlace al PDF, se agradece; no lo he buscado mucho, pero tampoco lo he visto en los medios digitales habituales, aunque tampoco creo que tardemos en tenerlo disponible) que, por su extensión, merece ser desestimada directamente. Si le añadimos que, por motivos sustantivos o de fondo también merece la desestimación, la pesadez y repetición atribuida al separatismo deviene indiscutible.

Porque recordaréis que, en formato menor, una «denuncia de vulneraciones» para «fortalecer el Estado de Derecho» (!!!) ya fue instada por la ANC (y otros, antes o después, que lo mismo da) en octubre del año pasado, con el resultado de declaración de improcedencia (es un enlace al portal de peticiones del Europarlamento, con una breve reseña de la denegación; lo que ahora se presenta por el separatismo es algo distinto a esta «petición» en cuanto a procedimiento, pero en el fondo es lo mismo). La democrática respuesta de la ANC fue la de publicar esta nota según la cual había sido «Censurada la petición de la Asamblea al Parlamento Europeo sobre el estado de los derechos fundamentales en España» [en el original «Estat espanyol»] y atribuía, como de costumbre, la denegación a «presiones españolas«, el clásico argumento del «me ha suspendido porque me tiene manía«. Un cero, pero le tenía manía.

En resumen, que partiendo de la base del escrito de la ANC y lo que se ha publicado sobre la «iniciativa», nos podemos hacer una idea del contenido completo del escrito presentado y las expectativas de éxito que contiene, que son tantas como las de prever, desde el momento de su presentación, que «si las autoridades comunitarias rechazan el registro, Puigdemont ya ha anunciado que recurrirá la decisión ante el Tribunal de Justicia de la UE«.

Así que, por mucho repetir -y menos con ciento setenta y siete páginas- no necesariamente vas a lograr que te hagan caso, que es lo que pretenden, a ver si tienen suerte y algún despistado admite a trámite la iniciativa.

Pero es que no les van a hacer caso. Es imposible. Y lo reconoce, sin darse cuenta, como siempre, la misma ANC. Hace un rato, Juanmari enlazaba una noticia sobre el «Full de Ruta» de la ANC, que yo también estaba analizando esta tarde. Y cuando lees, encuentras apartados como el 136: «Por un lado, hemos aprendido que se ha sobrevalorado la posibilidad del rol de mediación de las instituciones europeas y, con la pujanza de partidos de derecha y ultraderecha en Europa, ahora ya tenemos la certeza que no podemos contar con el apoyo de la Unión Europea democrática«.

O sea que una de dos: 1) O la ANC sostiene que la Unión Europea no es democrática, supuestamente capturada por la derecha y la ultraderecha; o, 2) la ANC sostiene que sus pretensiones nunca podrán ser apoyadas por una Unión Europea democrática.

En el primer caso, no se comprende bien la «iniciativa ciudadana» promovida: ¿una denuncia de «falta de democracia» ante una organización (la UE) que no es democrática? En el segundo caso, resulta obvio decir que es cierto: nunca una Unión Europea democrática apoyará al secesionismo.

CONCLUSIÓN. Son muy pesados. Se repiten. En la Unión Europea deben estar más que cansados de ellos. Por una vez estoy de acuerdo con la ANC: mientras la Unión Europea siga apoyando la democracia, nunca lo hará con el secesionismo. Así que ya pueden ser todo lo pesados que quieran: no les harán caso, con lo que podrán recurrir, una vez más, a eso de que les tienen manía por culpa de las «presiones españolas».

Estoy seco

Por varias vías me llegan observaciones acerca de la falta de actualización de contenidos del blog. La respuesta, por mi parte, consiste en decir que casi todos los temas que había que tratar en el blog con relación a su tema principal ya están tratados.

Y que, en lo que se refiere a la actualidad, los asuntos que surgen se parecen un poco a conversaciones del tipo «¡qué tiempo hace hoy, ¿verdad?«, sea por lo intrascendente, sea porque despiertan poco interés.

Así, cosas como el último «manifiesto» surgido desde Portugal -con influencias separatistas-, que tampoco es que haya tenido un gran alcance, apenas motivan.

¿El juicio? Sí, retazos sueltos, pruebas de la defensa que servirán para la acusación o testigos que fuera de juicio son muy valientes y Marchena los pone en su sitio con un par de frases. Al respecto, aquí tenéis el artículo de Albert Soler sobre la declaración de Donaire («Les cançons d’en Donaire al Suprem«): «…un espera que almenys un policia que de boqueta es vanta de ser un valent soldat per la república, tingui un mínim de dignitat. Que aquell gall no es torni tan de pressa a ulls vista de la mida d’un pollet de granja, que esperi almenys a la segona reprimenda del president del tribunal, que fins el meu fill de nou anys té més valor, que el mosso Donaire es deu posar a plorar si per fires el fan pujar al tren de la bruixa, pobret«. [El artículo será faltón; este fragmento, exacto]

Dicho esto, y por acabar, me ha llegado vía Twitter el enlace a una breve entrevista a Jordi Turull tras el asedio al Parlamento de Cataluña en junio de 2011. Sobre esos hechos, Turull decía que se trató de un «golpe de Estado del siglo XXI encubierto». Aquí, el enlace a toda la noticia y entrevista. Por simplificar, y para quien le interese, he recortado el audio únicamente a la entrevista de Turull; lo del «golpe de Estado» se escucha al final, en el minuto 2:00, aunque el conjunto de lo que dice Turull es casi premonitorio del futuro que estaba por venir.

Quim Torra, el amigo de la acusación

Como recordaréis, la tesis principal mantenida por algunos de los acusados en el juicio consistía en decir que la votación (por llamarla de algún modo) del día 1 de octubre de 2017 carecía de validez y que la declaración de independencia (por llamarla también de algún modo) del 27 de octubre de 2017 era simbólica, una broma.

He comentado otras veces que los mensajes que surgen desde algunas voces secesionistas no suelen ayudar demasiado a la defensa de los enjuiciados. Por eso, resulta inaudito que el Presidente de la Generalitat se apunte a reforzar las tesis de la acusación, que en el fondo sostienen que en tales fechas -entre otros días- se buscaba generar una situación de conjunto que es la que motiva acusaciones tan graves como rebelión o sedición.

Pues bien, aquí tenemos el tuit de Torra asegurando que la votación del 1 de octubre fue válida y que la declaración de independencia del 27 de octubre, también.

CONCLUSIÓN. Pues nada, sigan a lo suyo. Espero que, tras este tuit de Torra, el separatismo eleve un escrito a la ONU o a la justicia europea quejándose porque Torra publica tuits de los que se puede deducir que apoya las tesis de la acusación, incluso una hipotética condena basada en hechos como los que se detallan en su tuit, en contra de la versión ofrecida en juicio por los acusados.

¡Ah!, y después un día se quejará cuando le saquen incriminatoriamente ese «…no hi renunciarem mai…«, que sí, que da risa y pena, pero ahí está escrito por un Presidente.

Por una parte, en juicio, es todo simbólico; fuera de él, es todo de verdad. Lo que hay que leer, Torra como testigo de la acusación.

Algunos hechos relevantes del juicio

Uno de los efectos más visibles del control social en el ámbito secesionista, ejercido con absoluta facilidad por los medios subvencionados, es la absoluta ausencia de percepción de los hechos que suceden a su alrededor. Por supuesto, no sucede con todo el mundo, etcétera, pero es un efecto bastante generalizado.

Y es que, el otro día, en un entorno jurídico, se hacía bastante chanza del Fairy, que si un guardia civil había declarado esto o lo otro y se ignoraba, como hecho más que relevante en el juicio, no solo la frase «si se produce una desgracia, declararé la independencia» pronunciada por Puigdemont, sino todo el conjunto fáctico que se desprende de la declaración de Ferran López y Joan Carles Molinero, que fueron las más relevantes de la semana pasada (resumen de ElConfidencial de la declaración de López, la de Molinero en el enlace anterior), junto con las precedentes de Trapero y demás mandos de Mossos que han declarado hasta la fecha. Así que esta entrada de «hechos relevantes» bien podría titularse «No es un giro inesperado II». Vamos con las diversas cuestiones relevantes que se desprendían de las declaraciones de López y Molinero, junto con las precedentes de Trapero, Castellví y Quevedo.

Primera cuestión. Lo señalé en los comentarios hace unos días y también, entre otros, Xavier Rius («Sí, querían muertos«). Carles Puigdemont, tan dado al uso de las redes sociales, no ha dicho absolutamente nada en contra de la declaración de López y Molinero sobre esa frase «si se produce una desgracia, declararé la independencia«. Ni para desmentirlo, ni para -vía Alonso-Cuevillas o Boye- anunciar una querella criminal o cualquier tipo de demanda civil. ¿Se atenta contra el honor de Puigdemont atribuyéndole una frase como esa y no hace nada? Oh, vaya, parece que la frase es cierta. Recordad que cuando Urkullu declaró como testigo, Puigdemont dijo que no había explicado la integridad de las conversaciones, o sea, que pretendió desacreditarlo. Sorprende su silencio frente a López y Molinero. Si Puigdemont estuviera siempre callado, probablemente no podría haber escrito este primer párrafo. En cambio, siempre tiene una frase por decir o una noticia que retuitear. Nada. Silencio. La frase es cierta.

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La sistemática vulneración de derechos en Cataluña

A estas alturas de blog, las reseñas y comentarios de Sentencias pueden parecer innecesarias, pero no lo son. Sabemos que cualquier día el secesionista de turno nos dirá que la aspiración de su proyecto es «ampliar derechos» (?), que es una forma muy poco romántica de decir que esa aspiración se fundamenta en la sistemática vulneración de los derechos de todo aquel que se oponga al separatismo.

Por eso hay que seguir anotando todas estas Sentencias y tenerlas a mano, para cuando vengan el Mangues de turno o Germà Bel a decirnos que los días 6 y 7 de septiembre fueron la máxima expresión de la democracia.

Los dos casos que nos ocupan hoy son las dos Sentencias por las que el Tribunal Constitucional ha declarado que los acuerdos del Pleno y la Mesa del Parlamento que tramitaron: 1) las leyes del referéndum, y;  2) la transitoriedad jurídica, vulneraron el derecho de participación política del Grupo Parlamentario de Ciudadanos y, por extensión, el de todos aquellos disconformes con las prácticas abiertamente antidemocráticas y antijurídicas perpetradas por la mayoría separatista. Aquí están los enlaces a las notas de prensa (sobre el referéndum y sobre la transitoriedad) y los enlaces a las Sentencias (sobre el referéndum y sobre la transitoriedad).

El contenido esencial de ambas resoluciones remite al de las sentencias 114/2017 y 124/2017, que declararon la nulidad de las leyes del referéndum y de la transitoriedad jurídica, por lo que en sí mismas no aportan grandes novedades respecto a argumentos ya conocidos que, además, también habían sido objeto en parte de un recurso presentado por el Grupo Socialista y que dio lugar a la STC 10/2018. [Aquí, por si alguien quiere recordar o en su día no leyó, la entrada sobre la Sentencia 114/2017, que declaraba la inconstitucionalidad y nulidad de la Ley del Referéndum]

Por lo que se refiere a las Sentencias objeto de esta entrada, que tienen una argumentación y fundamentos prácticamente idénticos, un par de apuntes acerca de las vulneraciones sistemáticas de derechos perpetradas en Cataluña por la mayoría parlamentaria secesionista:

1. Sobre los derechos de los parlamentarios y el procedimiento legislativo, la Sentencia dice que «El derecho de los parlamentarios a ejercer su cargo público (art. 23.1 CE) y el correlativo derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes (art.23.1 CE), pueden resultar vulnerados si no se respetan las normas ordenadoras de los procedimientos parlamentarios y tales normas inciden en aspectos que forman parte de la función representativa (STC 19/2019, de 12 de febrero, FJ 6, y sentencias allí citadas).«

Y con referencia al torticero modo con que se tramitó la Ley ( permitida, por cierto, por Carme Forcadell) «…en la tramitación parlamentaria de lo que terminó siendo la Ley 19/2017 se incurrió en muy graves quiebras del procedimiento legislativo, que afectaron sin duda a la formación de la voluntad de la Cámara, a los derechos de las minorías y a los derechos de todos los ciudadanos a participar en los asuntos públicos mediante representantes (art. 23.1 y 2 CE).
Como este Tribunal ya ha declarado en anteriores pronunciamientos, la adopción de los
acuerdos objeto del presente recurso de amparo determinó la supresión de una serie de trámites en el procedimiento legislativo que condujo a la consideración por este Tribunal de que se había seguido un procedimiento para la aprobación de la ley fuera de toda previsión del Reglamento del Parlamento de Cataluña y que afectó a las facultades que integran el ejercicio de la función legislativa de los recurrentes que forma parte del núcleo de su función representativa parlamentaria».

2. Sobre la escandalosa denegación de traslado de la solicitud de dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias, las Sentencias remiten a otras anteriores y recuerdan que «… la eliminación del trámite parlamentario consistente en la solicitud de dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias se realizó fuera de toda previsión del Reglamento del Parlamento de Cataluña y del resto del ordenamiento aplicable y afectó a una facultad perteneciente al núcleo de la función representativa parlamentaria que se integraba en el ius in officium de los parlamentarios catalanes.«

3. En ambas Sentencias se concluye que se lesionó y vulneró el derecho de los parlamentarios recurrentes «a ejercer las funciones representativas con los requisitos que señalan las leyes (art. 23.2 CE)«

CONCLUSIÓN. Se pongan como se pongan algunos -por lo general, la mayoría- de los seguidores del separatismo, lo cierto es que suelen practicar una sistemática vulneración de derechos. Ese es el proyecto que defienden y no otro.

Aburrimiento y reiteración

Esta mañana escuchaba en Onda Cero, al hilo de la reacción del Ministro de Asuntos Exteriores Josep Borrell, que uno de los comentaristas decía algo así como que desde el constitucionalismo existe como un cierto aburrimiento -o algo parecido- en luchar para desmentir las constantes mentiras y tergiversaciones, que contrasta con la inquebrantable y entusiasta reiteración de las mentiras del separatismo.

Si esto es así, debo decir que coincido plenamente. Yo también estoy aburrido hasta no poder decir más, porque el nivel de degeneración intelectual siempre se supera.

Esto enlaza con algunos de los últimos comentarios de la anterior entrada, relativos al «intelectual brutal» y su apelación a la Constitución de Portugal. Juanmari aportaba esta noticia de Vilaweb, donde se contiene lo siguiente: «Des de Lisboa (Portugal), en un contacte amb la premsa, Torra ha preguntat a Iglesias si està disposat a acceptar el dret a l’autodeterminació de Catalunya tal com reconeix l’article 7 de la Constitució portuguesa.«

Modestia aparte, me permito recuperar la entrada publicada en este blog el día 23 de diciembre de 2013 titulada «La supuesta inclusión del derecho de autodeterminación en las Constituciones, según el independentismo«.

Os reproduzco el apartado 23 de esa entrada, relativo a la Constitución de Portugal.

23. PORTUGAL. Art.7.3

3. Portugal reconhece o direito dos povos à autodeterminação e independência e ao desenvolvimento, bem como o direito à insurreição contra todas as formas de opressão.

Esta cláusula, o muy parecida, ya la hemos visto también en varias ocasiones: se reconoce el derecho de los pueblos, pero terceros pueblos, a la autodeterminación e independencia, pero no dentro del Estado portugués.

Portugal es un Estado en el que podemos reconocer una cultura con valores similares y un Estado netamente democrático. Por lo tanto, resulta interesante aproximarnos un poco a su regulación de algunos aspectos, como la soberanía y la legalidad, reguladas en el artículo 3 de la siguiente manera:

Artigo 3.º. Soberania e legalidade

1. A soberania, una e indivisível, reside no povo, que a exerce segundo as formas previstas na Constituição.

2. O Estado subordina-se à Constituição e funda-se na legalidade democrática.

3. A validade das leis e dos demais actos do Estado, das regiões autónomas, do poder local e de quaisquer outras entidades públicas depende da sua conformidade com a Constituição.”

Por su enorme interés, reproduzco el artículo traducido:

Artículo 3. Soberanía y legalidad
1. La soberanía, una e indivisible, reside en el pueblo, que la ejerce con arreglo a las modalidades previstas en la Constitución.

2.El Estado está sometido a la Constitución y se funda en la legalidad democrática.

3.La validez de las leyes y demás actos del Estado, de las regiones autónomas, del gobierno local y de cualesquiera otros entes públicos depende de su conformidad con la Constitución.

Aunque esto sería objeto de otro estudio, vemos que una Constitución poco sospechosa de injerencias en contra del independentismo proclama la indivisibilidad de la soberanía. Que el Estado está sometido a la Constitución y que se fundamenta en la legalidad democrática.

En relación a la legalidad democrática y la supremacía constitucional, excede el ámbito de estudio de este análisis. Pero precisamente, desde el independentismo se viene sosteniendo que la legalidad cede ante la “ voluntad popular “, que además se quiere dividir. Esta tesis resultaría incompatible con el articulado portugués.

Por otra parte, también se establece que el Estado es indivisible, como fija el artículo 5.3: “3. O Estado não aliena qualquer parte do território português ou dos direitos de soberania que sobre ele exerce, sem prejuízo da rectificação de fronteiras.

Por último, es unitario, conforme al artículo 6: “1. O Estado é unitário e respeita na sua organização e funcionamento o regime autonómico insular e os princípios da subsidiariedade, da autonomia das autarquias locais e da descentralização democrática da administração pública.

En resumen: un Estado con características similares a las de España tiene una regulación con grandes afinidades, proclamando la indivisibilidad de la soberanía y del territorio, la supremacía constitucional y no reconoce el derecho a la autodeterminación en el seno de su derecho interno.

Por cierto, Portugal también fue citado por Mónica Terribas como país que reconoce el derecho a la autodeterminación. Ya nos explicará dónde lo vio, porque la regulación es comparable a la de España.

Resultado: FALSO. Recuento: 1-22

Enlace a la Constituiçao de República Portuguesa«

CONCLUSIÓN. ¿Cómo no voy/vamos a estar aburrido/s si cada cierto tiempo repiten, incansable y deliberadamente, las mismas mentiras de siempre? ¿Cómo no voy a estar HARTO de que «intelectuales brutales» mientan con todo el descaro y la prensa subvencionada les ría las gracias? ¿Cómo no se va a decir luego que se trata de una sociedad ensimismada (esto no es mío, es de Manuel Cruz)? Y, aparte de ensimismada, liderada -es un decir- por un «intelectual brutal» que tendrá mucho de lo segundo, pero nada de lo primero.

Compartiendo iniciativas

A la hora de comer -las 14:21, para ser exactos-, Marsoza pedía si no valdría la pena escribir alguna entrada sobre la carta suscrita por cuarenta y un senadores de la República francesa, cuyo argumentario asume las conocidas tesis separatistas (inventadas) de que se les juzga por «sus opiniones» en el ejercicio de los «mandatos» recibidos de sus electores.

Como explicarles a esos senadores la secuencia completa era demasiado largo, y probablemente ininteligible para ellos, dado el supino desconocimiento demostrado en tan pocas palabras, anoche se me ocurrió enviarles una pequeña misiva, que finalicé y envié a las 23.38 de ayer.

Ya que estamos, compartiré los términos de la pequeña carta que les he enviado a unos senadores que parecen desconocer algunos hechos y datos esenciales de lo sucedido. Por supuesto, la carta podría ser kilométrica, pero entonces sería ilegible para los senadores franceses, así que opté por ser directo y conciso.

La carta decía así (en francés la carta enviada, os ofrezco directamente la traducción):

«Sr. / Sra

He leído atentamente la petición de respeto a los derechos y libertades fundamentales en Cataluña que usted ha firmado.

https://blogs.mediapart.fr/gattolin-andre/blog/240319/pour-le-respect-des-libertes-et-des-droits-fondamentaux-en-catalogne

Con respecto a su firma y su opinión, me gustaría hacerle algunas preguntas:

¿Sabe que en los días seis y siete de septiembre de 2017, la Constitución española fue derogada en Cataluña por la mayoría parlamentaria separatista (72 diputados de 135; el 47,5% de los votos en las elecciones)?

¿Está de acuerdo con la derogación de la Constitución española en Cataluña y los derechos y libertades?

¿Es posible derogar la Constitución de la República Francesa con la única voluntad de una mayoría parlamentaria, sin respetar el procedimiento legal?

¿Puede un sector del pueblo reclamar el ejercicio de la soberanía? ¿Por qué no es posible en Francia? ¿Por qué cree que es posible en Cataluña, por la mayoría separatista?

¿Sabe que el Tribunal Constitucional suspendió el referéndum convocado por el presidente Carles Puigdemont?

¿Y que, a pesar de la suspensión, los miembros del gobierno no suspendieron el referéndum?

¿De verdad cree que los hechos sobre los que le pregunto, y muchos otros que evito para abusar de su amabilidad, son simplemente «opiniones»?

Gracias por su atención.«

[Nota al apartado en rojo. Los dos primeros párrafos del artículo 3 de la Constitución francesa dicen: «ARTICULO 3. La soberanía nacional reside en el pueblo, que la ejerce a través de sus representantes y por medio del referéndum.
Ningún sector del pueblo ni ningún individuo podrán arrogarse su ejercicio«)

Por supuesto, la carta no es tan florida ni completa como merece el asunto, pero dada la premura con que debía ser enviada y lo esquemático de la «carta» francesa, tampoco creo que los senadores hayan manejado información verídica ni completa, así que no resultaba de mucha utilidad pretender ser más exhaustivo o pulir el estilo de la carta.

CONCLUSIÓN. Han pasado casi 24 horas desde que envié mi breve carta. Nadie ha contestado. Ni siquiera para mandarme recuerdos.

Imagino que estarán informándose sobre eso de los días 6 y 7 de septiembre, días que mis infiltrados por otros lares me confirman que los firmantes de manifiestos internacionales desconocían completamente. Si desconocían los días 6 y 7, a saber qué más desconocen todos los demás. A ver si será eso.

Lazos amarillos y lazos blancos

Fijaos si en el blog hay temas «superados» que todo el asunto de las pancartas y los lazos en los edificios públicos no nos ha motivado lo más mínimo. Lógico, si en su día se comentó hasta la extenuación las razones por las que las esteladas no debían monopolizar el espacio público.

No cabe sino reiterar lo democráticamente saludable que resulta que alguien se preocupe de preservar el espacio público que yo también pago, para que no sea monopolizado por los intereses de quienes se consideran los amos del lugar.

Así que para eximirme de mayores razonamientos o desarrollo de ideas que, insisto, tenemos más que asumidas, enlazo el brillante artículo de Juan Soto Ivars en El Confidencial titulado «Lo que simboliza el lazo blanco de Torra«. Como lo de los lazos amarillos lo tenemos muy trillado, me permito destacar algunos conceptos en que se resumiría ese simbolismo según Soto y que el aquí firmante comparte:

  • La necesidad de diferenciación (Soto lo usa en un determinado contexto; creo que es aplicable a muchos más)
  • La creencia de que la calle es tuya.
  • El rival no merece respeto.
  • El otro, para ti, no existe.
  • Complejo de superioridad de proporciones bíblicas
  • A Soto le irrita quién lo pone y sus motivos para hacerlo, porque le está diciendo: «nunca seré tu ‘president’«.

CONCLUSIÓN. Brillante, Juan Soto Ivars.

EDITO: Para solucionar temporalmente algún problema de formato que impide introducir comentarios desde la página web (problemas plugin de comentarios vs formato) y para, a la vez, regocijarnos en la visión de la última astucia de los colonizadores institucionales cuyo objetivo último consiste en hacer el ridículo para que nos riamos a su costa. Lo que pasa es que dan más pena que risa.

No os toméis esta última edición demasiado en serio. Ver a Cardús Jr tampoco ayuda a hacerlo. Con esta artificial solución creo que queda solucionado el problema para todos los que hagáis comentarios directamente a través de la web.