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Dos comentarios sobre el Auto del TC, de nulidad de la resolución 263/XI

actualidad, nacionalismo,

Esta noche leeré con más detenimiento el Auto del TC, pero ya se pueden dejar dos comentarios:

Primer comentario. La nulidad de la Resolución 263/XI y la deliberadamente incorrecta vía elegida por el secesionismo.

«La Resolución 263/XI plasma la voluntad mayoritaria del Parlamento de Cataluña de eludir los procedimientos de reforma constitucional para llevar adelante su proyecto político de desconexión del Estado español y creación de un estado catalán independiente en forma de república, lo que supone “intentar una inaceptable vía de hecho (incompatible con el Estado social y democrático de Derecho que se proclama en el art. 1.1 CE) para reformar la Constitución al margen de ella o conseguir su ineficacia práctica” (SSTC 103/2008, FJ 4 y 259/2015, FJ 7) y contraviene y menoscaba frontalmente los pronunciamientos contenidos en la STC 259/2015 y el ATC 141/2016«

El Constitucional repite, por enésima vez, que el cauce procedimental adecuado para tramitar los objetivos secesionistas es el consistente en promover una reforma constitucional. Una vez más, las fuerzas separatistas han ignorado la doctrina constitucional y apuestan por «la vía de hecho«. Después dicen que exagero cuando hablo de golpe de Estado.

Segundo comentario. Sobre la remisión de un testimonio de particulares a Fiscalía.

En los Fundamentos de Derecho del Auto se dice: «No es competencia de este Tribunal resolver si la conducta de la Presidenta del Parlament es constitutiva de alguna infracción penal, pero sí constatar que las circunstancias antes referidas constituyen un conjunto de entidad suficiente como para trasladarlas al Ministerio Fiscal a fin de que, si lo estima pertinente, promueva el ejercicio de las acciones penales que considere procedentes.«

Y en el punto tercero de la Parte Dispositiva, se dice: «3º) Deducir testimonio de particulares para que el Ministerio Fiscal, si lo estima procedente, ejerza las acciones que correspondan ante el Tribunal competente, acerca de la eventual responsabilidad en que hubieran podido incurrir la Presidenta del Parlamento de Cataluña, doña 56 Carme Forcadell i Luis y, en su caso, cualesquiera otras personas, por incumplir el mandato del párrafo primero del art. 87.1 LOTC en relación con los hechos objeto del presente incidente de ejecución.«

Habréis leído en algún medio digital que el TC abre la vía penal contra Forcadell, o que se erige en «corte penal». Como meridianamente se entiende, el TC le manda las actuaciones a la Fiscalía para que se querelle contra Forcadell si lo considera oportuno. Pero el TC no ha abierto la vía penal ni exhorta a la Fiscalía. A día de hoy, no existe un procedimiento penal contra Carme Forcadell. Fiscalía podría considerar que no hay delito y archivar el expediente que pueda iniciar. Por eso, no son ciertos párrafos como este que leo en Elnacional: «El ple del Tribunal Constitucional ha acordat per unanimitat dirigir-se al fiscal perquè «procedeixi a exigir la responsabilitat penal» contra la presidenta del Parlament de Catalunya, per no acatar les resolucions del TC.«.

Sí que es verdad que el hecho de que un Tribunal deduzca testimonio de particulares y lo remita a Fiscalía es un indicio poderoso de que ese mismo Tribunal considera probable la comisión de un delito. Aun así, por sí mismo, y menos de la manera que lo ha hecho el TC, ello no supone que quede abierta la vía penal, que muy probablemente pronto llegará.

¿Qué dice el Auto del TC sobre el asunto Otegi? (y final)

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El Auto del Tribunal Constitucional, que inadmite a trámite el recurso de amparo interpuesto por Otegi, dice (aquí la nota de prensa) que:

  1. La defensa de Otegi no recurrió en tiempo y forma la liquidación de condena de la pena de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo. La consintió.
  2. Esa liquidación se aprobó por Providencia de 24 de enero de 2013.
  3. Una providencia, firme, dictada por un órgano jurisdiccional penal, no puede ser revisada por la jurisdicción contencioso-administrativa con ocasión de un proceso contencioso electoral.
  4. Cuando la Junta Electoral excluye a Otegi no está haciendo más que cumplir y adecuarse al contenido de una resolución judicial, conforme a lo dispuesto en el artículo 118 de la Constitución: «Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto.«
  5. Y cuando el Juzgado de lo Contencioso confirma la resolución de la Junta Electoral, no hace más que verificar, y validar, que la exclusión de Otegi es conforme al Ordenamiento jurídico. El Juzgado de lo Contencioso no puede revisar la liquidación de condena porque no le corresponde.
  6. En consecuencia, no existe lesión alguna de derecho fundamental, ni por la Junta Electoral, ni por el Juzgado de lo Contencioso, por lo que se inadmite a trámite el recurso de amparo.

El lector que esté en desacuerdo con el Auto (en el blog ya se apuntó en la misma línea que el TC, aquí y aquí; incluso, en los últimos días ya especulábamos en los comentarios con la inadmisión a trámite), justifique en primer lugar la actuación procesal de la defensa de Otegi al no recurrir ni usar los remedios procesales a su alcance para, en su caso, intentar subsanar la supuesta conculcación de sus derechos.

Añado. El título de la Nota de Prensa del TC es suficientemente expresivo: «EL TC INADMITE A TRÁMITE EL RECURSO DE OTEGI PORQUE LA REVISIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE CONDENA, QUE NO RECURRIÓ, CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE A LA JURISDICCIÓN PENAL».

Quien no tenga ganas de leer la resolución entera (no hace falta), pero quiera nutrirse de la fuente, tendrá suficiente con leer los fundamentos jurídicos 2 y 3 del Auto (páginas 8 y 9).

Catalán, Castellano, Escuela y Tribunales (I): las Sentencias del Tribunal Constitucional

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I. INTRODUCCIÓN.

El tema de hoy es el más áspero de todos cuantos he tratado en el blog. Este es un artículo que preparé hace casi dos años, en el punto álgido de las polémicas subsiguientes a varios autos del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que fijaron, para determinados casos, un porcentaje mínimo del 25% de clase en castellano.

La pieza quedó en el archivo por la sencilla razón de que es un tema que suele superar el límite de la absoluta discrepancia entre algunos interlocutores, para instalarse en los epítetos, cosa que me desagrada.

Tras la petición de un amable lector, y aprovechando que el tema ahora está un poco más tranquilo, lo rescato. He intentado minimizar opiniones personales y limitarme a describir lo que han dictaminado en estos años las Sentencias del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo y varios Autos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Es inevitable que mi particular visión pueda influir en la interpretación de estas resoluciones, aunque intento que eso suceda lo mínimo posible, para lo cual cito bibliografía y doctrina de Catedráticos y especialistas en la materia de reconocido prestigio.

Como algún contenido puede estar algo desactualizado -reitero, lo redacté en junio de 2014- las próximas entregas pueden tardar unos días, para comprobar que los postulados que en su día analicé de Sentencias y Autos siguen vigentes. Por lo que superficialmente he seguido, es así. De todos modos, y como es habitual, lo comprobaré.

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Previsibilidad, interpretaciones y el Tribunal Constitucional

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Tras las Sentencias del Tribunal Constitucional de 25 de febrero que anulaban los preceptos más significativos de la Ley de Consultas y la convocatoria inicial del 9N, los comentarios más extendidos han sido aquellos que han hecho hincapié en la previsibilidad de los argumentos del Tribunal, o los que afirman que se ha optado por una interpretación posible, pero la más restrictiva de ellas, como si todo ello tuviera un punto sorpresivo y el TC hubiera podido tomar una decisión distinta.

Lo cierto es que difícilmente el TC iba a resolver de manera diferente a la previsible, por la sencilla razón de que las bases jurídicas sobre las que se resuelven los recursos eran sobradamente conocidas por cualquier interesado en la materia, ya que se contaba fundamentalmente con los precedentes de la Sentencia 103/2008 (Consulta vasca) y la Sentencia 42/2014 (anulación de declaración de soberanía), que de una forma u otra ya esbozaban algunos de los ejes básicos de la Sentencia del TC de 25 de febrero de 2015, que se puede resumir en lo siguiente:

  • El primero, que una llamada al entero cuerpo electoral es un referéndum, aunque eso se quiera disfrazar añadiendo a los jóvenes de entre 16 y 18 años y a un determinado grupo de extranjeros que cumplan determinados requisitos.

  • El segundo, que construir un procedimiento electoral a imitación del ya existente se enmarca, nuevamente, en querer llamar a lo mismo de diferente manera, lo cual no cambia su naturaleza jurídica.

  • El tercero, que el cauce adecuado para la celebración de un referéndum como el que se pretendía no es otro que el de impulsar una previa reforma constitucional.

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Unes reflexions ràpides sobre la suspensió de la Llei de Consultes

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Ja s’ha escrit molt sobre la matèria, però no està de més comentar vàries coses sobre la suspensió de la Llei de Consultes:

1. Es tracta d’una suspensió ex lege. És a dir, que fins i tot encara que els dotze membres del Tribunal consideressin que la Llei és constitucional, han de procedir a la suspensió automàtica de la Llei, donat que així ho estableix l’article 161.2 de la Constitució. Ja es pot dir tot el que es vulgui sobre els membres del Tribunal o fer la valoració del tipus que es desitgi: es tracta d’una suspensió automàtica que TOTHOM sabia i coneixia que es produiria.

2. La celeritat amb la que han actuat el Consell d’Estat, el Consell de Ministres i el propi Tribunal Constitucional no té res d’estrany. Es vol vendre una certa idea del tipus «mira quines presses», però és lògica aquesta celeritat: es tracta d’una Llei de Consultes i una convocatòria que afecta directament les bases del sistema constitucional. Esperar que, davant d’això, es tramiti de forma convencional és pecar d’ingenuïtat. No es tracta d’un conflicte competencial sobre la concessió de determinades subvencions, per entendre’ns, i és evident que es tracta d’una matèria altament sensible, amb importantíssimes conseqüències de tot ordre. Són aquestes potencials conseqüències,  doncs, les que marquen la necessitat d’actuar de forma ràpida.

Aquesta celeritat podria haver estat diferent si la convocatòria fos a quatre mesos vista, però amb un horitzó amb prou feines d’un mes, la urgència del tema és indiscutible.

Alguns -de manera infantil- deien que com era possible que el Consell d’Estat o el Govern haguessin preparat tan ràpid els seus respectius escrits de Dictamen o Recurs. Ens hem de preguntar el mateix en relació als escrits de la Generalitat, que ja estan presentats? Ja us dic que, encara que es mobilitzin uns quants Advocats de la Generalitat i treballin intensament, no es preparen els escrits d’un dia per l’altre. Estaria bé d’abandonar arguments de parvulari quan tots sabem la importància de l’assumpte.

També hi ha qui ha dit que el mateix TC va infringir la seva pròpia normativa en relació a la convocatòria del Ple. No és cert. Només cal llegir els articles 5 i 6 del Reglament, que permeten fins i tot una convocatòria «universal»: si tots els Magistrats estan presents i així ho acorden, es poden constituir en Ple, sense cap altra formalitat. I també, si hi ha raons d’urgència, es pot prescindir del termini de tres dies d’antelació que marca el Reglament. La qüestió és difondre mitges veritats que ningú no es molestarà a comprovar.

3. Les manifestacions convocades per l’ANC. Encara que alguns solen patir d’amnèsia col·lectiva, l’ANC ja tenia convocats els actes davant de les places dels Ajuntaments pel dimarts dia 30 de setembre, com a «inici de campanya». No cal ser gaire llest per sospitar que aquesta era la data que es podia preveure en què materialment fos suspesa la consulta, encara que la suspensió el dilluns va agafar tothom una mica per sorpresa: en el TeleNotícies Nit de TV3  es va dedicar a la suspensió i la consulta amb prou feines dotze minuts i, en canvi, dimarts es va fer un programa especial. Si tan important era la suspensió de la consulta, com és que no es va fer programació especial el mateix dilluns?

D’altra banda, si bé és cert que en tot moviment ha d’haver-hi un fil conductor que el canalitzi, no em deixa de sorprende que un corrent tan potent no fos capaç de generar més que una petitíssima manifestació encapçalada per les CUP el mateix dilluns. Dimarts va haver-hi concentracions relativament nombroses, però tampoc no ens hauríem deixar anar per la lectura optimista que l’acompanyava, ni tampoc per una altra que la menystingui. Les concentracions, en el millor dels casos, van aplegar uns milers de persones. És cert que es tractava d’un dia feiner, les 7 de la tarda i un llarg conjunt de circumstàncies que impedeixen l’existència de concentracions massives, enteses com a desenes o centenars de milers. El més important no és el nombre de persones que hi van assistir, sinó que la mobilització es produeix a toc d’ANC: avui ens concentrem, demà no, avui tots de groc, demà us dic la consigna que heu de repetir. El mèrit per part de l’ANC d’aconseguir tot això és innegable, com també la manca d’espontaneïtat: si l’ANC no hagués convocat concentracions, en quina mesura la gent s’hauria concentrat? Ho comento per allò del bottom-up, que és més aviat tot el contrari, i encobert.

4. La votació d’ahir al Parlament de Catalunya escollint els membres de la Comissió de Control. No hi ha dubte de que la intenció és anar fent, malgrat el que digui el TC. L’argument, per tal de justificar-se, és que es tracta d’un acte preparatori, sense efectivitat fins que no el firmi Artur Mas. Es vol donar una impressió de que es voregen els límits legals, quan probablement s’estan traspassant, de manera que en un futur es podran presentar com a víctimes si s’inicien procediments judicials.

5. Tot això no treu que el Govern del President Rajoy no ha combatut amb eficàcia l’independentisme, com avui diu l’editorial de EL PAÍS. I tampoc no treu que Artur Mas ha seguit tot un camí plagat d’errors que ens han portat fins on som avui. Demà, qui sap.