I. INTRODUCCIÓN.
El tema de hoy es el más áspero de todos cuantos he tratado en el blog. Este es un artículo que preparé hace casi dos años, en el punto álgido de las polémicas subsiguientes a varios autos del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que fijaron, para determinados casos, un porcentaje mínimo del 25% de clase en castellano.
La pieza quedó en el archivo por la sencilla razón de que es un tema que suele superar el límite de la absoluta discrepancia entre algunos interlocutores, para instalarse en los epítetos, cosa que me desagrada.
Tras la petición de un amable lector, y aprovechando que el tema ahora está un poco más tranquilo, lo rescato. He intentado minimizar opiniones personales y limitarme a describir lo que han dictaminado en estos años las Sentencias del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo y varios Autos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Es inevitable que mi particular visión pueda influir en la interpretación de estas resoluciones, aunque intento que eso suceda lo mínimo posible, para lo cual cito bibliografía y doctrina de Catedráticos y especialistas en la materia de reconocido prestigio.
Como algún contenido puede estar algo desactualizado -reitero, lo redacté en junio de 2014- las próximas entregas pueden tardar unos días, para comprobar que los postulados que en su día analicé de Sentencias y Autos siguen vigentes. Por lo que superficialmente he seguido, es así. De todos modos, y como es habitual, lo comprobaré.