Archivos Mensuales: octubre 2017

La caída del decorado secesionista

Primera aclaración: abro esta entrada porque la anterior lleva 175 comentarios. No estamos ante un caso de “comentariorragia”, sino en que el asunto es tan absurdo que se presta a todo tipo de comentario. Fijaos en que este hecho confirma “la muerte” de Cita Falsa como tal: entradas de contenido denso generaban comentarios también algo densos y, en consecuencia, menos comentarios. Contenidos absurdos y chorradas diversas como las que vemos y leemos a cada minuto no pueden sino generar un cúmulo de comentarios -me incluyo, por supuesto- de poca densidad. Así que 175 comentarios, en este caso, me parece algo “normal”.

El tema viene indicado: la caída del decorado. Estos años nos hemos reído bastante con escenas del tipo “desde Collserola o el Tibidabo, tomándonos unas cervezas, contemplaremos cómo se hunde el separatismo o cómo arde Roma (el secesionismo) de forma espontánea, sin que tengamos que hacer nada de nada“. Lo anterior es un remake mío a una frase que escribió Alex el año pasado, con notable éxito de público y crítica. SE QUEDÓ CORTO.

La escena pasará a los anales de la Historia: tras (medio) declarar la independencia… los cabecillas se largaron y dejaron abandonados a sus partidarios. Amiguitos, si esto me lo llegan a anticipar mediante un grupo de Whatsapp de corte secesionista, sabéis cuál hubiera sido mi respuesta: “están chiflados; no se lo creen ni ellos“. Si alguien se lo llega a sugerir a Partal hace una semana… jolines, tendríamos escrito un editorial o un tuit de Partal negando rotundamente tal posibilidad del que nos hubiéramos reído hasta el fin de nuestros días.

Que todo era un decorado, ahora caído, y todo era mentira, a los habituales y no habituales del blog con sentido crítico no hacía falta que nos lo explicaran. A casi todos nuestros amigos y conocidos secesionistas, sí. Todos nos hemos visto con amigos, algunos hasta familia, a los que ha sido imposible hacerles ver hasta la verdad más obvia. No nos hacían ni puto caso. Me permito escribir ni puto caso dos veces, ni que sea tachado, porque, aun siendo altamente grosero, es la verdad.

De hecho, a día de hoy, todavía los hay que se resisten a creer lo que ven y se apuntan, una vez más, a la teoría más surrealista que encuentran. Son esos mismos -lo he repetido no sé cuántas veces- que en 2013-2014 decían que estaba todo previsto, que sabían cómo hacerlo y que había que confiar en “ellos”. Este guion se repite cada vez. Me releo algunas entradas, en que especulaba con las supuestas tácticas secesionistas (enlace a ¿Traman algo?, de 1 de julio 2016), y veo que nos hemos intentado tomar en serio, porque el asunto es muy serio, a una panda de irresponsables que han engañado a sus partidarios.  Y todavía quedan bastantes con ganas de seguir siendo engañados.

En fin. Seguid aportando los enlaces a las teorías más locas que os encontréis, que tengo el Whatsapp (vía mi CNI particular) lleno de material con déficit de aceptación de la realidad.

Consideraciones sobre una #realfakeDUI

Aburridos ante la falta de actos efectivos de soberanía de la supuesta nueva República, algunos como Oriol Güell en Twitter se han entretenido en analizar el contenido de la #realfakeDUI; también en el blog de Hay Derecho. Sin necesidad de entrar en matices o disecciones analíticas, tienen sustancialmente razón: se trata de una #fakeDUI.

Y, a la vez que tienen razón, también se equivocan. Por un motivo muy simple: el análisis jurídico que realizan parte de los sólidos fundamentos de un Estado democrático y de Derecho, cuya expresión angular se halla en la Constitución Española, que contiene todos los valores propios de cualquier democracia occidental al uso (sin perjuicio de las mejoras, reformas, adaptaciones, etc; ahora no es el tema).

Pues bien, la #fakeDUI es la expresión de un Parlament de Catalunya que ignoró TODOS Y CADA UNO de los principios correspondientes a un Estado democrático y de Derecho, al margen de cualquier posible homologación con las democracias de nuestro entorno. Recordemos que el Parlament de Catalunya que votó la #fakeDUI es el mismo que promulgó la Llei 19/2017 (la del referéndum), que derogaba la Constitución y el Estatut con este bochornoso texto, destructor de todo principio sobre el que se pueda basar un ordenamiento jurídico que se base en una auténtica Ley: “Aquesta Llei estableix un règim jurídic excepcional adreçat a regular i garantir el referèndum d’autodeterminació de Catalunya. Preval jeràrquicament sobre totes les normes que hi puguin entrar en conflicte, en tant que regula l’exercici d’un dret fonamental i inalienable del poble de Catalunya“.

Si una (escasa) mayoría en el Parlamento catalán fue capaz de destruir el principio de jerarquía normativa y toda consideración de existencia de un Estado de Derecho (democrático, por más señas), ¿qué le impide afirmar que la #fakeDUI era una #realDUI? ¿Es la falta de publicación en el DOGC motivo para creer que no se quiere proclamar -ni que sea como marco mental imaginario- la secesión? ¿Por qué no, si se ignoran los más elementales principios básicos del Derecho?

CONCLUSIÓN. La conclusión más inquietante de este breve texto -podría desarrollarlo más, pero no hace falta- es que en Cataluña se ha pretendido (mañana lunes veremos si todavía se pretende, por la vía de movilizar a gente “con criterio propio” a toque de pito, digo, por Whatsapp) imponer un régimen contrario a los principios básicos de cualquier ordenamiento jurídico democrático y de Derecho. En eso se basa la #realfakeDUI, en hacer pasar por real lo imaginario… si cuela. Como no existe regla alguna basada en Derecho, puedo decir que mis actos son REALES; y, si me interesa, también puedo decir que NO SON REALES.

Por eso, si analizamos los “pasos jurídicos” (por llamarlo de alguna forma) del secesionismo desde la perspectiva jurídica de un Estado democrático liberal, nos “equivocaremos” al cien por cien (para despistados, que no estoy diciendo que Oriol Güell o Ignació Gomá se equivoquen, sino que parten de una base jurídico-legal que no existe como punto de partida del secesionismo).

Hay que analizar esos “pasos jurídicos” [sic] del secesionismo desde otra perspectiva: la inexistencia de un Estado de Derecho. O sea, que NO HAY DERECHO. ¿Que esto molesta a quien, desde su buena fe, abraza la causa secesionista? Pues bien que lo siento: esto no lo escribo para fastidiarle; lo escribo para reflejar la verdad. A las pruebas, una vez más, me remito.

En resumen: una #real (como no existe el Derecho, puedo sostener que es real todo lo que yo diga, aunque sea un estado mental imaginario), #fake (las observaciones de Oriol Güell e Ignacio Gomá), ¿DUI? (¿de verdad ha existido DUI?), cuya única finalidad es evitar el delito de rebelión o sedición.

EDITO: Por la razón de siempre. Publico un artículo, doy un vistazo a la prensa ultrasubvencionada y leo algo que confirma lo escrito. Nada menos que Josep Costa, que en ElNacional perpetra esto: “Qui més qui menys pot tenir un diari oficial. El BOE i el DOGC, per ells mateixos, no tenen cap poder. El poble és qui més mana“. Ahora, que alguien me diga que el proyecto secesionista se atiene a los parámetros estándar de una democracia liberal.

Esperando la hora

Otra jornada estrambótica a cargo de los que, en feliz frase de Salvador Cardús, son responsables de “…la independència més ben preparada de la història mundial, com ja reconeixen tots els observadors internacionals“. Como tuvo poco con semejante disparate, publicado el 12 de septiembre de 2016 (y en su día bien que nos reímos), quizás no tengáis tan presente que repitió frase en este artículo de 24 de octubre de 2016: “…som capaços de fer-ho perquè és la independència més ben preparada de la història“. Suerte que nos quedan las risas.

Para cuando se nos pasen las risas, propongo estudiar en serio el delito de rebelión (artículo 472 del Código Penal) en función de lo que suceda mañana al filo del mediodía o un rato más tarde. No descarto que mañana nos sorprendan con alguna fórmula imaginativa de las suyas, como tampoco descarto una querella por rebelión contra alrededor de 70 diputados del Parlament de Catalunya (Santi Vila ha anunciado su dimisión; veremos si alguien más se baja del tren dirigido al infierno). Por suerte, algunos penalistas estos días han explicado algo del delito de rebelión, así que es posible que, tras asistir atónito a una milagrosa conversión en especialistas sobre la Constitución y el artículo 155, es probable que en los próximos días veamos y leamos a separatistas reconvertidos en especialistas de secano de Derecho Penal y voces desautorizadas del delito de rebelión.

Hablando de infierno. Si se perpetra la secesión, eso es lo que puede llegar. Irresponsables. Y decía el intelectual que era la secesión mejor preparada de la Historia. Si esto es lo mejor que puede dar el secesionismo, queda todo dicho.

Mientras tanto, esperemos la hora.

Y llegó el artículo 155

Poquísimas veces se ha tratado aquí el contenido del artículo 155 de la Constitución y diré la razón: si los expertos en Derecho Constitucional son incapaces de alcanzar un mínimo grado de consenso sobre su alcance y las medidas que permite, cómo voy a ponerme a explicar nada con rigor. Todo lo que uno escriba, salvo respecto de los presupuestos o requisitos para su activación, en que se puede hallar un cierto acuerdo, incluso en abstracto, es discutible.

Si habéis leído a gente seria, creo que existe un consenso unánime en que si no se aplica ahora el 155 de la Constitución, no sé ya cuándo se podría aplicar. Las discrepancias surgen con las medidas y, sobre eso, como digo, no he estudiado lo suficiente.

Como siempre, resulta hartamente gracioso que quienes pretendieron borrar la Constitución y el Estatuto de Autonomía los días 6, 7 y 8 de septiembre de 2017, ahora se pongan, incluso, a explicarnos el contenido del 155 y su alcance: “sólo se pueden dar instrucciones“, decía Cleries en televisión, demostrando -una vez más- que el secesionismo se nutre de la tergiversación.

Vamos a lo práctico: escribía Pedro Cruz Villalón en Revista de Derecho Político, núms. 58-59 (2003-2004):

 El constituyente ha previsto también la que podríamos denominar emergencia territorial, es decir, la eventualidad de una ruptura con el orden constitucional por parte de una Comunidad Autónoma: tanto el precedente de la Segunda República (no digamos de la Primera) como el derecho comparado, singularmente el alemán, sugirían  [sic] elocuentemente esta previsión. Otra cosa es que los términos concretos del artículo 155 CE hayan sido los más adecuados. En su momento la califiqué de «cláusula general», por la indefinición tanto del presupuesto habilitante como de su alcance. A partir de la literalidad del precepto no ha sido posible darle nombre a este instituto, sin que los nombres propuestos por la doctrina hayan calado: es, sencillamente, «el ciento cincuenta y cinco» de la Constitución. Por suerte, se ha impuesto su comprensión como instituto excepcional, habiendo quedado olvidada alguna propuesta de «desdramatización» del mismo. Cuestión distinta es que se comparta la descripción más arriba dada del presupuesto habilitante: esperar a una «ruptura» del orden constitucional podría parecer excesivo: quizá fuera más exacto decir «riesgo inminente de». De cualquier modo, el margen de apreciación que se pone en manos del Gobierno y de la mayoría absoluta del Senado es enorme, tanto en el diagnóstico como en la respuesta. En mi opinión, el 155 se sitúa en el nivel de los estados de excepción y de sitio, con los que en modo alguno es incompatible, pero desde luego en ese ámbito de gravedad“.

No cabe duda alguna de que la gravedad de la situación que ha dado lugar al artículo 155 es extrema y que, incluso, la ruptura del orden constitucional llegó a producirse.

Dicho esto, la aplicación de las medidas concretas propuestas por el Gobierno y su cobertura constitucional… pues parece que es enorme. Enorme quiere decir ENORME, y aquí puede citarse un párrafo de un artículo de Eduardo Vírgala sobre el 155 (salvo enorme interés en la materia, creo que la mayoría podéis vivir sin leerlo; más que nada por ahorraros lecturas áridas) que parece perfecto para alguna de las medidas propuestas: “Se olvida que la coacción estatal si llega a utilizarse algún día será para reconducir la actuación de una Comunidad Autónoma cuyos órganos máximos han estado dispuestos a romper el marco constitucional, por lo que en ese caso difícilmente la situación puede solucionarse con la sustitución en actividades concretas si no [sic; ese si no – sino]con la sustitución total de esos órganos por un tiempo determinado“.

CONCLUSIÓN. A partir de aquí: el Gobierno de la Nación actúa como debe. Qué hará el MHP Puigdemont, habrá que esperar hasta las nueve, en este interminable carrusel en que nos hallamos inmersos.

Edito: Tengo claro que, como escribe Rubén Amón, “El 155 es Historia y es desgarro

Los discursos de Su Majestad el Rey Don Felipe VI

Me parece indiscutible que el discurso pronunciado por S.M. el Rey Don Felipe VI el día 3 de octubre de 2017 marcó un considerable punto de inflexión frente al secesionismo. De manera firme y rotunda, el Jefe del Estado afirmó que desde hacía tiempo “… determinadas autoridades de Cataluña, de una manera reiterada, consciente y deliberada, han venido incumpliendo la Constitución y su Estatuto de Autonomía…“. Particularmente, y supongo que también sucedió para muchos otros, sentí un enorme alivio al comprobar que el Rey expresaba con claridad que los ciudadanos catalanes víctimas del atropello de nuestros derechos no estábamos solos en la defensa de la Constitución y la Ley.

Esto quedará para la percepción de cada uno, pero en mi opinión este discurso -y las pequeñas reacciones personales que generó- contribuyó al éxito desbordante de la manifestación del día 8 de octubre. El tiempo dirá lo importante que fue.

El discurso de hoy, en lo que atañe a la temática que nos ocupa un día tras otro, también tiene su peso: “Señores Presidentes: España tiene que hacer frente a un inaceptable intento de secesión en una parte de su territorio nacional, y lo resolverá por medio de sus legítimas instituciones democráticas, dentro del respeto a nuestra Constitución y ateniéndose a los valores y principios de la democracia parlamentaria en la que vivimos desde hace ya 39 años.

En el blog, nunca hemos alabado a Institución alguna del Estado, si acaso alguna crítica genérica al Presidente del Gobierno o, como mucho, se ha mencionado algún acierto, por lo general sin ni siquiera alcanzar la unanimidad. Poca cosa, porque el enfoque de los temas nos ha llevado habitualmente fuera de una valoración institucional. Es lo que sucede cuando cada cual expone un criterio propio, no el de terceros que se asumen como verdad absoluta.

Pues bien. Hoy, igual que hice el día en que explícitamente dije que iría a la manifestación del 8 de octubre, creo que toca -sin olvidar a Antonio Tajani, por cierto-, por una vez, reconocer en este caso a Su Majestad el Rey Don Felipe VI.

CONCLUSIÓN. Para reconocer los discursos del Rey es indiferente si uno se considera republicano o monárquico. O si, considerándose republicano por una cuestión de coherencia, cree que en este momento histórico la figura más conveniente para España es la de una monarquía parlamentaria: la vida está hecha de contradicciones. No me interesa la posición de cada uno, tampoco la mía.

Es suficiente con tener la seguridad de que el Jefe del Estado ostenta un papel fuerte, sólido y decidido, articulado mediante un discurso basado en el respeto y defensa de los derechos que nos corresponden como ciudadanos.

La Sentencia del TC de la Ley del Referéndum

Con la vorágine actual, han pasado a un tercer o cuarto plano las cuestiones de fondo, las que tienen sustancia y dieron fundamento al blog, como el análisis y comentario de la Sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley del Referéndum. En la actual coyuntura, la cuestión jurídica es secundaria.

No obstante, la Sentencia es tan buena, dura e interesante que vale la pena darle un vistazo rápido para apreciar cómo lo sucedido entre los días 6 y 8 de septiembre de 2017 en el Parlamento de Cataluña (Ley del Referéndum y Ley de la Transitoriedad Jurídica) fue uno de los mayores y más graves ataques a la democracia y al Estado de Derecho que haya visto Europa Occidental.

Qué dice de interesante el Tribunal Constitucional:

1.La primacía de la Constitución.

La Constitución es la norma suprema del Ordenamiento jurídico español y no existe normativa alguna, ni siquiera de carácter internacional incorporada a nuestro ordenamiento, que pueda entrar en contradicción. Os resumo un poco este asunto: entre la doctrina jurídica existe uno de esos debates, a veces bizantinos, en que se discute si los tratados internacionales tienen, incluso, carácter superior a la misma Constitución. Puedo aburriros con veinte páginas o dejarlo aquí, así que mejor aquí y ya sabéis de qué va.

Como bien sabréis, uno de los argumentos que ha repetido el independentismo -y, con él, la Ley del Referéndum- es que como España tiene firmados tratados que aceptan el derecho de autodeterminación, la consecuencia de ello sería que eso forma parte del ordenamiento jurídico interno español y, por lo tanto, Cataluña podría ejercer esa autodeterminación y separarse unilateralmente. Pues no. El TC dice que no. Con argumentos que, además, vienen de antiguo, o sea, que no se los acaba de inventar para que luego el filósofo de turno diga “qué podíamos esperar que dijera el TC”.

En la Sentencia se describe así: “Para ninguno de los “pueblos de España”, por servirnos de las palabras del preámbulo de la Constitución, existe un “derecho de autodeterminación”, entendido, al modo de la Ley 19/2017, como “derecho” a promover y consumar su secesión unilateral del Estado en el que se constituye España (art. 1.1 CE). Tal “derecho”, con toda evidencia, “no está reconocido en la Constitución” [STC 42/2014, FJ 3.b), y ATC 122/2015, de 7 de julio, FJ 5]. Tampoco cabe aducir, como se hace en el preámbulo de la Ley impugnada, que forme parte de nuestro ordenamiento por vía de tratados  internacionales de los que España sea parte (art. 96 CE). Semejante tesis incurre en el contrasentido lógico de pretender que el acto de soberanía del Estado al contraer tales supuestos compromisos hubiera entrañado la paradójica renuncia a esa misma soberanía; la supremacía incondicionada de la Constitución conllevaría la invalidez e inaplicabilidad de esos hipotéticos compromisos [arts. 95 CE y 27.2.c) LOTC; DDTC 1/1992, de 1 de julio, FFJJ 1 y 4, y 1/2004, de 13 de diciembre, FJ 2; SSTC 100/2012, de 8 de mayo, FJ 7; 26/2014, de 13 de febrero, FJ 3; y 215/2014, de 18 de diciembre, FJ 3.a)]. “.

Si alguien no lo acaba de entender, que pregunte. El que diga que “no es verdad”, le recuerdo que ya en 1992 el TC decía: “…el tenor literal y el sentido mismo del art. 95.1, aplicable a todo tipo de tratados, excluyen con claridad el que mediante cualquiera de ellos puedan llegar a ser contradichas o excepcionadas las reglas constitucionales que limitan, justamente, el ejercicio de todas las competencias que la Constitución confiere…“.

Y la declaración 1/2004: “Que la Constitución es la norma suprema del Ordenamiento español es cuestión que, aun cuando no se proclame expresamente en ninguno de sus preceptos, se deriva sin duda del enunciado de muchos de ellos, entre otros de sus arts. 1.2, 9.1, 95, 161, 163, 167, 168 y disposición derogatoria, y es consustancial a su condición de norma fundamental; supremacía o rango superior de la Constitución frente a cualquier otra norma, y en concreto frente a los tratados internacionales, que afirmamos en la Declaración 1/1992 (DTC 1/1992 FJ 1).

Así que, por muchos Tratados que España tenga firmados, en ningún caso pueden contradecir u oponerse al superior rango de la Constitución. Así que, efectivamente, el derecho de autodeterminación como derecho a la secesión NO EXISTE EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL.

2. Sobre los efectos del simulacro de referéndum. 

Esto viene a cuento de que seguro que alguna vez leísteis eso de que “nadie ha declarado ilegal el referéndum“, como justificación de que el referéndum se podía celebrar, obviando la suspensión decretada por el Tribunal Constitucional. Yo lo leí hasta en un artículo del Colegio de Abogados de Girona y un colectivo de abogados (“… amb els que expressaven la seva opinió en un referèndum QUE NO HA ESTAT DECLARAT IL·LEGAL.”).

Veamos qué dice el TC sobre la materia: “… tal referéndum no puede entenderse celebrado en derecho, ni verificada por tanto aquella condición, dada la suspensión de la que fue objeto la Ley 19/2017, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 161.2 CE y 30 LOTC, por providencia de 7 de septiembre de 2017 (antecedente 2 de esta Sentencia). Dicha suspensión fue seguida de otras que, con el mismo fundamento constitucional y legal, afectaron a diversos actos y disposiciones adoptados en ejecución de la Ley impugnada: providencias, todas de igual fecha que la anterior, en las impugnaciones de disposiciones autonómicas 4332-2017, 4333-2017 y 4335-2017. En ellas se suspendieron, respectivamente, la Resolución 807/XI, del Parlamento de Cataluña, por la que se designaron los miembros de la llamada Sindicatura Electoral de Cataluña, el Decreto 140/2017, de 7 de septiembre, del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, de normas complementarias para la celebración del referéndum de autodeterminación y, en fin, el Decreto 139/2017, de 6 de septiembre, de la Generalitat de Cataluña, de convocatoria del repetido referéndum.

A ver: doy por supuesto que, juristas o no, tenéis claro que si un Tribunal ordena la suspensión de la Ley que da soporte al (supuesto) referéndum, tal referéndum no puede celebrarse legalmente. Que, aun así, te digan que se puede celebrar un referéndum SUSPENDIDO, porque no ha sido declarado “ilegal”… [manos a la cabeza – manos a la cabeza – cabezazo sobre el teclado]

3. Si usted quiere revisar el sujeto de la soberanía, revíselo previa reforma constitucional por la vía del artículo 168 de la Constitución. 

Esto es jurisprudencia y doctrina que nos sabemos de memoria, aparte de tremendamente lógica: “Por ello la redefinición de la identidad y unidad del sujeto titular de la soberanía es cuestión que ha de encauzarse a través del procedimiento de reforma previsto en el art. 168 CE, por la vía del referéndum de revisión constitucional (STC 90/2017, FJ 6, también con cita de resoluciones anteriores del Tribunal), pues una Comunidad Autónoma no puede convocar una consulta popular que desborde el marco de competencias propias o incida sobre cuestiones fundamentales resueltas con el proceso constituyente y que resulten sustraídas a la decisión de los poderes constituidos (FJ 4 STC 103/2008 y FJ 3 STC 138/2015)

4. En consecuencia, la Ley del Referéndum es inconstitucional, puesto que excede el ámbito de competencias de la Comunidad Autónoma:

Es pues evidente que la Ley 19/2017 se ha dictado sin soporte competencial alguno y que resulta por ello inconstitucional en su conjunto, pues toda ella se ordena a la regulación y convocatoria de un referéndum singular que resulta ajeno a las competencias estatutarias de la Comunidad Autónoma. “.

5. Empieza lo bueno. La Ley del Referéndum infringe principios esenciales del ordenamiento constitucional.

Destaco lo de “esenciales”:La Ley 19/2017 es, con toda evidencia, inconstitucional y lo es en su conjunto al contrariar, de modo explícito, principios esenciales de nuestro ordenamiento constitucional: la soberanía nacional, residenciada en el pueblo español, la unidad misma de la Nación constituida en Estado social y democrático de derecho, y la propia supremacía de la Constitución, a la que están sujetos todos los poderes públicos y también, por tanto, el Parlamento de Cataluña (arts. 1.2, 2, 1.1 y 9.1 CE).

6. Se trata de una Ley que es un “rechazo a la fuerza de obligar de la Constitución”, que niega el vigente orden constitucional.

Me parece que es difícil ser más claro: “Se trata, también ahora, “de una infracción constitucional que no es fruto, como suele ocurrir en las contravenciones de la norma fundamental, de un entendimiento equivocado de lo que la misma impone o permite en cada caso. Es resultado de un rechazo a la fuerza de  obligar de la Constitución, a la que se contrapone de modo expreso un poder que se reclama depositario (“representante”, en palabras del art. 3.1 de la Ley) de una soberanía y expresión de una dimensión constituyente desde los que se ha llevado a cabo una manifiesta negación del vigente ordenamiento constitucional, un poder que se pretende fundante de un nuevo orden político y liberado, por ello mismo, de toda atadura jurídica”

Atención también a la última frase y la mención a que se trataría de un poder liberado de toda “atadura jurídica”, o sea, la absoluta ausencia del Derecho. Grave no, gravísimo. La derogación del Estado de Derecho por obra y gracia de la Ley del Referéndum.

7. El Parlamento de Cataluña pretendía crear una norma por encima de la Constitución y de cualquier otra normativa existente a su arbitrio.

Esto no es novedad porque era el objetivo declaradamente conocido, con eso de la “legalitat catalana” que todavía está buscando Partal de sus fuentes. Lo que sí es novedad es lo explícito de los términos del TC: “En consecuencia con tal proclamación dispone a su arbitrio sobre la inaplicación o aplicación, según se opongan o no a sus dictados, de leyes orgánicas del Estado (disposición adicional segunda) o incluso, en términos prácticamente universales, de cualesquiera otras normas estatales, autonómicas o locales, sobreponiéndose también a las disposiciones de la Unión Europea, al derecho internacional general y a los tratados internacionales.”

8. Para disgusto del independentismo, los españoles somos ciudadanos libres e iguales, con los mismos derechos en todo el territorio nacional. El (buti)referéndum no persigue sino la quiebra de la igualdad de todos los españoles, con lo que unos pretenden tener más derechos que otros.

Normalmente, intento reducir las citas y elimino las partes de menor interés o enjundia. Lo siento, pero está todo tan bien dicho y escrito que no puedo: “De celebrarse tal consulta en los términos pretendidos, se hubiera agraviado jurídicamente dicha unidad. Aun en el supuesto de que la votación no hubiera implicado la “independencia de Cataluña” (art. 4.4) aquella unidad de la Nación, y la del Estado en que la misma se constituye (art. 1.1 CE), habría quedado cancelada ya de manera irremisible. La Nación en cuya unidad la Constitución se sustenta es la de todos los españoles, como ciudadanos libres e iguales en derechos. Son los únicos que, en hipótesis, podrían ser llamados a decidir sobre la permanencia y el destino del Estado común (art. 168 CE), sin que el poder constituyente del que son titulares únicos siguiera mereciendo ese nombre en el supuesto de que tal decisión se atribuyera a solo una fracción del pueblo español, como pretende la Ley 19/2017. Lo que a todos afecta, es decir, la permanencia o no de ese Estado común en que España quedó constituida, no podría, llegado el caso, sino ser reconsiderado y decidido también por todos [STC 90/2017, FJ 6.a)]; lo contrario entrañaría, con la ruptura de la unidad de la ciudadanía, la quiebra, en términos jurídico-constitucionales, de la Nación de todos”.

Sinceramente, un gran aplauso.

9. Por enésima vez, el TC recuerda que la Constitución es reformable y que el Parlamento de Cataluña tiene a su disposición este mecanismo que JAMÁS ha utilizado (ni lo hará, esto es cosecha del blog, no del TC).

Todas y cada una de las determinaciones constitucionales son susceptibles de modificación, pero para ello es preciso que “el intento de su consecución efectiva se realice en el marco de los procedimientos de reforma de la Constitución, pues el respeto a estos procedimientos es, siempre y en todo caso, inexcusable” (STC 138/2015, de 11 de junio, FJ 4, y jurisprudencia allí citada). Es plena la apertura de la norma fundamental a su revisión formal, que pueden solicitar o proponer, entre otros órganos del Estado, las asambleas de las Comunidades Autónomas (arts. 87.2 y 166 CE). Ello depara la más amplia libertad para la exposición y defensa públicas de cualesquiera concepciones ideológicas…

Este párrafo se opone a otra de las muchas y grandes mentiras que sostiene el independentismo, que podemos escuchar hasta de personas que uno considera inteligentes, como que el independentismo “está criminalizado”. No. Lo que está criminalizado es saltarse la Ley. En España y cualquier país del mundo. En Cataluña se conoce que la cosa va distinta para los nacionalistas.

10. La Ley del Referéndum ha obviado cualquier procedimiento de reforma constitucional y se ha situado al margen del derecho, en perjuicio de la libertad los ciudadanos.

Por el contrario, la conversión de esos proyectos en normas o en otras determinaciones del poder público no es posible sino mediante el procedimiento de reforma constitucional. “Otra cosa supondría liberar al poder público de toda sujeción a derecho, con daño irreparable para la libertad de los ciudadanos” [STC 259/2015, FJ 7; en análogo sentido, SSTC 122/1983, de 16 de diciembre, FJ 5; 52/2017, FJ 5; y 90/2017, FJ 6.b)]. Esto último es, sin embargo, lo que ha consumado el Parlamento de Cataluña al aprobar la Ley  impugnada“.

11. COn la aprobación de la Ley del Referéndum, la mayoría del Parlamento de Cataluña que la aprobó atacó los principios estructurales del ordenamiento constitucional y la configuración de España como estado democrático y de derecho, hasta el punto de minar la propia autoridad del Parlamento catalán.

..el Parlamento de Cataluña se ha alzado frente a la soberanía nacional residenciada en el pueblo español, convocando a una fracción de ese pueblo, en desafío a la unidad de la Nación, a decidir la suerte del Estado común (arts. 1.2 y 2 CE), al tiempo que pretendía “arrumbar la actual posición institucional, conforme al ordenamiento en vigor, de la Comunidad Autónoma” [STC 52/2017, FJ 8.A)], con la consiguiente vulneración, por tanto, del principio constitucional de autonomía (art. 2 CE) y de las determinaciones basilares del propio Estatuto de Cataluña (arts. 1 y 2 EAC), minando así su inmediata fuente de autoridad.

Si tan duro párrafo os parece poco, ahora viene esto: “Estos ilícitos constitucionales y el desconocimiento pleno en que la Cámara ha incurrido de la lealtad constitucional que obliga a todos (…), han deparado, a la vez, un atentado a la consideración del Estado español ‒en el que se integra la Comunidad Autónoma de Cataluña‒ como Estado de derecho y democrático, basado en los principios constitucionales que enuncia el art. 1.1 CE y que son a su vez valores comunes a los Estados miembros de la Unión Europea y en los que ella misma se fundamenta (art. 2 del Tratado de la Unión Europea)

Esperad, que queda tela: “El Parlamento de Cataluña ha pretendido, mediante la Ley 19/2017, cancelar de hecho, en el territorio de Cataluña y para todo el pueblo catalán, la vigencia de la Constitución, del Estatuto de Autonomía y de cualesquiera reglas de derecho que no se avinieran o acomodaran al dictado de su nuda voluntad. No otra cosa supone la apodíctica afirmación tanto de su condición de representante de una “soberanía” inexistente en derecho, como de la supremacía jerárquica de unas normas dictadas sin otra base que la de su arbitrio (art. 3). La Cámara, al obrar de este modo, se ha situado por completo al margen del derecho, ha entrado en una inaceptable vía de hecho (SSTC 103/2008, FJ 4, y 259/2015, FJ 7, así como ATC 24/2017, FJ 9), ha dejado declaradamente de actuar en el ejercicio de sus funciones constitucionales y estatutarias propias y ha puesto en riesgo máximo, para todos los ciudadanos de Cataluña, la vigencia y efectividad de cuantas garantías y derechos preservan para ellos tanto la Constitución como el mismo Estatuto. Los dejan así a merced de un poder que dice no reconocer límite alguno.”

Si queréis, podemos discutir la categorización política del sistema descrito en el anterior párrafo. Yo lo simplifico como dictadura, borrando cualquier rastro de la democracia constitucional y del Estado de Derecho, y nos ahorramos distinciones y matices que nos conducirán al mismo sitio.

12. En este punto 12, donde el correctivo del TC me duele hasta a mí, no hago ningún comentario. Sólo hay que leer:

Un poder que niega expresamente el derecho se niega a sí mismo como autoridad merecedora de acatamiento. Atentado tan grave al Estado de derecho conculca por lo demás, y con pareja intensidad, el principio democrático, habiendo desconocido el Parlamento que el sometimiento de todos a la Constitución es otra forma de sumisión a la voluntad popular, expresada esta vez como un poder constituyente del que es titular
el pueblo español, no ninguna fracción del mismo. En el Estado constitucional no puede desvincularse el principio democrático de la primacía incondicional de la Constitución [STC 259/2015, FJ 4.b)]; lo que tampoco consiente a ningún poder constituido a adoptar decisiones que se pretendan irreversibles o sin retorno para la comunidad política. Precisamente es inherente a la idea de democracia la reversibilidad de las opciones normativas

13. Sobre la tramitación parlamentaria de la Ley y el Pleno de los días 6 y 7 de septiembre. Resumen de lo que dice el TC: la mayoría parlamentaria SE INVENTÓ UN PROCEDIMIENTO.

La proposición que dio lugar a la Ley impugnada se tramitó y aprobó, en efecto, al margen de cualquiera de los procedimientos legislativos previstos y regulados en el RPC y a través de una vía del todo inapropiada (art. 81.3 RPC). De ella la mayoría se sirvió para improvisar y articular ad hoc un insólito cauce en cuyo curso quedaban por entero a su arbitrio las posibilidades de intervención y los derechos del resto de los grupos y diputados.

(…) Lo que la mayoría impuso, propiciado por la Mesa y por la Presidencia de la asamblea, fue la creación de un atípico “procedimiento” para la ocasión, aparentemente a imagen del de lectura única previsto en el RPC (…). Mediante ello se planteó y consumó una arbitraria derogación singular de normas reglamentarias para la ordenación de la legislación y una patente infracción de las específicas previsiones del RPC para su propia reforma (…); previsiones, estas últimas, que garantizan en cualquier ordenamiento parlamentario una reserva de reglamento que es garantía, muy en primer lugar, de los derechos de las minorías

O sea: un procedimiento arbitrario, creado y dirigido con la única y exclusiva finalidad de conseguir los fines perseguidos y socavar todo derecho de los demás grupos y diputados. Lo que se dice ejemplar en lo infractor y en el retrato de la dictadura a la que antes aludía.

14. Algunas consideraciones del TC sobre el procedimiento INVENTADO por la mayoría parlamentaria.

Con el pretendido amparo, por lo tanto, de una regla para la excepcional innovación del orden del día, la mayoría, en definitiva, innovó el RPC mismo y arbitró para el caso no la mera supresión, como sus portavoces dijeron, de uno u otro trámite procedimental, sino un “procedimiento” inédito que concibió e impuso a su conveniencia. Bien se comprenderá que, así las cosas, no es lo más grave, desde el punto de vista de la constitucionalidad, la restricción, mayor o menor ‒aquí desde luego máxima‒ de concretos derechos de los representantes, sino la supeditación y consiguiente degradación de todo derecho al imperio, fuera de norma alguna, de la mayoría“.

Aquí, diría que el TC no habla de dictadura, sino de tiranía de la mayoría, fuera de toda consideración al derecho. Simple distinción sin importancia alguna.

15. Sobre el dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias y el hecho de que la mayoría parlamentaria acordase saltárselo, el TC dice que el Parlamento no podía acordar suprimir la posibilidad de pedirle dictamen.

El dictamen del CGE es una posibilidad prevista en el mismo Estatut de Autonomía y, sobre todo, regulada en una Ley específica, la Ley 2/2009.  Como casi toda la Sentencia, el texto es tan claro que hasta duele:

Se desprende inequívocamente de toda esta ordenación que la solicitud de dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias es, para los grupos y diputados legitimados por la Ley al efecto, una garantía que trae causa del propio EAC y que se incardina como tal facultad, por previsión de la Ley 2/2009 y del RPC, en el curso del procedimiento legislativo. En tanto que garantía en favor de la regularidad constitucional de las iniciativas legislativas y facultad también de los diputados y grupos legitimados al efecto, la posibilidad de pedir dicho dictamen no puede ser suprimida por la Cámara sin merma de la integridad del propio procedimiento legislativo y a la vez de los derechos de los representantes a ejercer esta concreta facultad que la Ley les confiere y que se incorpora a su estatus jurídico-constitucional (art. 23.2 CE). El Pleno, sin embargo, canceló sin más esta facultad, y la consiguiente garantía, en la singular tramitación que dispuso para la proposición de ley “del referéndum de autodeterminación”. Lo hizo por su exclusivo imperio, entre las constantes protestas de diputados miembros de las minorías y pese a la advertencia expresa del propio Consejo de Garantías, órgano que por acuerdo del mismo 6 de septiembre de 2017 recordó al Parlamento, ante solicitudes presentadas por dos grupos parlamentarios, “el carácter preceptivo, en el seno del procedimiento legislativo, de la apertura subsiguiente a la publicación de cualquier proposición de ley del plazo de solicitud de dictamen a este Consell”.

(…) Se sigue de cuanto antecede que en la tramitación parlamentaria de lo que terminó siendo la Ley 19/2017 se incurrió en muy graves quiebras del procedimiento legislativo, que afectaron sin duda a la formación de voluntad de la Cámara, a los derechos de las minorías y a los derechos de todos los ciudadanos a participar en los asuntos públicos mediante representantes (art. 23.1 y 2 CE).

CONCLUSIÓN. Si habéis llegado hasta aquí, felicidades y gracias por la atención. Lo he intentado, pero apenas he podido recortar texto de la Sentencia porque no sobra nada. A la vez, la he comentado relativamente poco y casi me he limitado a destacar algunos puntos en negrita porque me parece que está redactada de forma que se sigue y entiende muy bien. Si alguien no entiende o no sigue algún apartado, no tiene más que preguntar en los comentarios.

Dicho lo anterior: la Sentencia enseña con grandísima claridad cómo la mayoría parlamentaria de JxSí y CUP quisieron dar fin a la democracia, la Constitución y al Estado de Derecho en las infaustas jornadas de los días 6 y 7 de septiembre, que tuvieron su finalización última en la madrugada del 8 de septiembre. El intento de destrucción del orden constitucional y de una democracia perpetrada a la vista de todos, atribuyéndose unos parámetros democráticos que no sólo no existen, sino que son INVENTADOS.

La creación arbitraria de un nuevo sistema, en el que los derechos de los ciudadanos catalanes quedan sometidos a la voluntad del Parlamento, poder omnímodo y sin límite. Esta es la “democracia” que nos trae bajo el brazo el independentismo.  Se jactan cada día de que son más o menos un par de millones los que están de acuerdo con esta destrucción sin límite de la democracia. Qué desastre.

Un paseo por el lado oscuro

En otras ocasiones, he comentado mi capacidad casi legendaria de mimetizarme con el secesionismo y ocultar mi potencial como “enemigo del pueblo” siempre y cuando no salga como tema de conversación el ‘procés’.

Por eso, de vez en cuando, me puedo permitir breves y provechosos paseos por el lado oscuro y proveerme de información, como la “información” que contienen las siguientes capturas de Whatsapp.

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Percepciones personales

En condiciones normales, hoy me habría entretenido en comentar la durísima e importantísima Sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley del Referéndum. El contenido, en muchos pasajes, es extremadamente bueno y duro, como esto: “El Parlamento de Cataluña ha pretendido, mediante la Ley 19/2017, cancelar de hechoen el territorio de Cataluña y para todo el pueblo catalán, la vigencia de la Constitución, del Estatuto de Autonomía y de cualesquiera reglas de derecho que no se avinieran o  acomodaran al dictado de su nuda voluntad. No otra cosa supone la apodíctica afirmación tanto de su condición de representante de una “soberanía” inexistente en derecho, como de la supremacía jerárquica de unas normas dictadas sin otra base que la de su arbitrio (art. 3). La Cámara, al obrar de este modo, se ha situado por completo al margen del derecho, ha entrado en una inaceptable vía de hecho (SSTC 103/2008, FJ 4, y 259/2015, FJ 7, así como ATC 24/2017, FJ 9), ha dejado declaradamente de actuar en el ejercicio de sus funciones constitucionales y estatutarias propias y ha puesto en riesgo máximo, para todos los ciudadanos de Cataluña, la vigencia y efectividad de cuantas garantías y derechos preservan para ellos tanto la Constitución como el mismo Estatuto. Los dejan así a merced de un poder que dice no reconocer límite alguno.“.

Tanto hablar de Turquía y fíjate tú lo que dice el TC. A ver si esto también se lo pasan a la prensa internacional desde el departamento de Exteriores de la Generalitat. Apuesto a que no.

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La respuesta al requerimiento del Presidente del Gobierno

Estos últimos días nos ha quedado la duda acerca de si se ha declarado o no la independencia. La manera resultó calculadamente ambigua y cada uno puede interpretarlo como quiera. En mi opinión, a falta de un documento formal, no la hay (edito para aclarar: con la salvedad de la asunción de poderes por Puigdemont, erigiéndose en Líder Supremo); si acaso, en una sala anexa se perpetró un autogolpe (edito de nuevo) declarando la independencia. Y si la hay, no consta que se haya suspendido. Me puedo equivocar y, de hecho, cada uno tiene su opinión.

Más prudente, el Presidente del Gobierno ha decidido mandar un burofax. Con acuse de recibo y copia certificada, con cuatro folios, puede costarnos al conjunto de los españoles alrededor de 30 euros. Un gasto muy razonable para evitar que se desencadene un desastre multimillonario.

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¿Hubo o no hubo declaración de independencia?

Tomad este artículo como mero ejercicio, porque no se trata de hallarle al tema una respuesta sistemáticamente fundada: carece de sentido. No hay más que escuchar a cualquier independentista decir que “ha sido una jugada maestra” para tirarse las manos a la cabeza y concluir que les cuelan cualquier producto defectuoso sin rechistar. Así que lo que sucedió el 10 de octubre de 2017 en el Parlament carece de sustento y sustancia.

Aunque algunos se lo tomen a risa, el requerimiento de Rajoy tiene todo el sentido: aclare si usted se sitúa o no al margen de la Ley. Nadie mejor para aclararlo que el propio Puigdemont. Así que las respuestas o bravuconadas en plan “¿no lo sabe?” o “¿no se enteró?“, déjenlas para la taberna. La secesión es algo de extrema seriedad y gravedad. Pero esto es algo que no va con el independentismo. Si fuera independentista, esta noche habría salido a dar concierto de cacerola. Se conoce que si no lo mandan Òmnium y la ANC, nadie se mueve.

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