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Una consulta sin fundamento y su (posible) encaje legal (VI): Xavier Arbòs

Xavier Arbòs es Catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona. No oculta sus preferencias por la fórmula federal y, como es regla general en quienes protagonizan esta serie, ello no obsta a que se muestre favorable a la celebración de un referéndum. Con reglas, por supuesto. De Arbòs podemos leer con relativa frecuencia artículos en prensa, medio que también suele recurrir a él para recabar opiniones, como sucede en el caso del diario EL PAÍS o Diari de Girona. Incluso ha sido invitado por TV3.

Si lo habéis escuchado en radio o seguido por televisión, os habréis dado cuenta de una gran virtud: se explica con una claridad excelsa. Su planteamiento sobre el referéndum de secesión también es claro y con brevedad lo repaso. Como me gusta citar los textos de donde extraigo las ideas de quienes protagonizan este repaso general, hoy será un poco más enrevesado, ya que recurro a varios textos disponibles en línea. Desafortunadamente, uno que sería de utilidad para muchos forma parte de un libro y no se puede consultar -o al menos no lo he encontrado- por Internet. Vamos allá:

1. Arbós considera que el referéndum sería posible por la vía del artículo 92 de la Constitución, lo que implica la previa autorización del Estado, según lo dispuesto en el artículo 149.1.32 CE. En esto, por ejemplo, coincide exactamente con Francesc de Carreras.

2. Para que sea viable el referéndum sería necesaria la reforma de la Ley Orgánica 2/1980, que regula las distintas modalidades de referéndum. El lector recordará que esta propuesta la mantienen otros autores que se han examinado anteriormente, como Eliseo Aja o Joaquín Tornos.

Estas dos premisas, brevemente resumidas, se pueden consultar aquí, extraídas del libro «La participación política directa. Referéndum y consultas populares» (los tres últimos párrafos)

3. Al hilo del anuncio de la pregunta para el 9N, formulada en diciembre de 2013, también se preguntaba qué mínimos de participación habría que exigir y qué había que entender por mayoría clara.

4. Y, como no puede ser de otro modo, reitera que si lo que se pretende es llegar a la secesión, el único medio válido es un referéndum.

El repaso de hoy ha sido un tanto atípico, ya que me he valido de diversos textos y uno de ellos es un resumen de la postura de Arbòs, que como decía al principio resulta sobradamente conocida. Sin embargo, al no poder reproducir el texto, creo que puede aceptarse la referencia.

La conclusión, como de costumbre, es la misma: las vías de encaje de un referéndum dentro de la Constitución pueden ser exploradas y numerosos especialistas así lo admiten. Sin embargo, el secesionismo no lo ha hecho de forma adecuada, básicamente porque busca el NO a su propuesta, que tal y como se plantea es inviable. Ya sé que decir esto no gusta y que automáticamente te dicen que estás en contra de la democracia, que es un problema político y no jurídico, etcétera. Pero o se esfuerzan por formular de verdad una propuesta susceptible de ser examinada -que luego, efectivamente, puede ser rechazada- o por aquí no se avanzará nunca. Tampoco creo que tengan interés.

Y otro día empezaré a comentar la cuestión de las mayorías.

Una consulta sin fundamento y su (posible) encaje legal (V): José María Ruiz Soroa

Hoy es 9 de noviembre y, por lo tanto, un día especialmente indicado (algunos opinarán que no) para continuar con esta serie. El protagonista es José María Ruiz Soroa, abogado que se ha pronunciado en numerosas ocasiones sobre la cuestión que nos ocupa y con un bagaje intelectual indiscutible. En cuanto a su postura, tiene la virtud de que el documento principal al que me referiré fue elaborado en junio de 2012, antes de que se materializara la posibilidad de un referéndum de secesión.

El documento se llama Regular la Secesión (Una propuesta política para España), disponible en la web de Federalistes d’Esquerres (aunque yo creo que la primera vez que lo leí, lo saqué de otra parte; da lo mismo) y en él, Ruiz Soroa propone:

1. Como cuestión previa, debería existir una Ley que regule el procedimiento a través del cual se articule la voluntad de secesión de una Comunidad Autónoma. Salvando las distancias, algo similar a una Ley de Claridad como la canadiense. A mi entender, la propuesta de Ruiz Soroa es más concreta.

2. El inicio del proceso de secesión requeriría una notificación de la Comunidad Autónoma en cuestión, cuyo acuerdo debería haberse tomado como mínimo por 3/5 del Parlamento o Asamblea Legislativa. En el caso de Cataluña significaría que 81 diputados como mínimo deberían votar a favor del inicio de este proceso de secesión. [Resulta indiscutible que, con carácter previo, esos diputados habrían incluido esta opción en sus respectivos programas o se habrían manifestado abiertamente en este sentido, aunque son consideraciones de las que prescindiremos]

3. Tramitación de la petición en el Congreso, a fin de establecer los términos del referéndum, su autorización por el Gobierno y celebración al amparo del artículo 92 de la Constitución. La pregunta debería cumplir los requisitos de claridad.

4. La pregunta debería ser respondida por la mayoría del censo electoral. Esta cuestión a veces pretende ser soslayada por algunos haciendo mención de qué sucedería en caso de boicot al referéndum y no se alcanzaran unos mínimos de participación. Con esta regla -que, como todas, puede ser objeto de discusión- el problema se desvanece: si se trata de indagar la voluntad mayoritaria del cuerpo electoral, exijamos que la mayoría de ese censo vote sí a la secesión.

5. En caso de resultado negativo, no se puede volver a votar la secesión en un plazo largo, que señala, como propuesta, de 20 años. Con esto se evita riesgos de diversa índole, como estar votando cada cuatro años la secesión hasta que salga por aburrimiento, ya que el NO parte con la desventaja de que el SÍ es irreversible, cualidad de la que no goza el NO. O asegurar que la promoción de un referéndum responde a una voluntad persistente y mantenida en el tiempo, no a cuestiones coyunturales.

6. Obligación de negociar la secesión en justos términos y de buena fe, en caso de victoria del SÍ.

Como el agudo lector habrá observado, la consulta planteada nunca ha tenido el objetivo de cumplir alguno de estos requisitos, ni siquiera el de la mayoría reforzada de los tres quintos. Sí, ya sé que en su momento la declaración de soberanía fue votada por 87 diputados (más de los 3/5) o que la Ley de Consultas lo fue por ciento y pico diputados (incluso, más de 2/3 de la Cámara). Sucede que lo que exige Ruiz Soroa es una iniciativa en la que se explicite la voluntad de secesión. ¿Habrían suscrito esta voluntad los diputados de Iniciativa per Catalunya, los del PSC o, incluso, de Unió? No está nada claro, y menos cuando en sus programas electorales no existía manifestación explícita.

Tampoco se ha clarificado nunca la interpretación del resultado de la consulta ni las mayorías que se perseguían o su cómputo. Y de limitar la promoción de referéndums en el tiempo, como es lógico los secesionistas difícilmente estarán dispuestos a aceptarlo, pese a los costes de todo tipo que tendría la repetición en corto plazo. Como es obvio, la intención es aprovechar cualquier momento en que pueda ganar la independencia, sea coyuntural o no.

El artículo antes citado expone, pues, una propuesta con un grado de concreción que difícilmente volveremos a encontrar en esta serie, afrontando con toda su crudeza el problema. Para el lector interesado, además, incluye una valiosa referencia bibliográfica.

En términos más sencillos, esta misma propuesta la encontramos en este artículo de EL PAÍS de mayo de 2012 (Romper el tabú), y en cuanto a quien quiera profundizar en el conocimiento del perfil de Ruiz Soroa, puede leer esta entrevista de julio de 2014, esta otra de octubre de 2008, o este análisis sobre la sentencia del TC acerca de la declaración de soberanía.

José María Ruiz Soroa, un referente en el análisis de la cuestión y que difícilmente verán ustedes citado entre los fundamentos argumentales jurídicos de la secesión.

Una consulta sin fundamento y su (posible) encaje legal (IV): Francesc de Carreras

Obligaciones de todo tipo me impiden dedicarle al blog todo el tiempo que me gustaría y, sobre todo, elaborar artículos un poco más profundos y documentados. De momento, es lo que hay.

Hoy sigo con la serie relativa a los juristas, analistas y opinantes de todo tipo que, en contra de lo que pretende hacer creer el secesionismo, se muestran favorables a buscar el encaje legal de un referéndum de secesión. Son muchos más de los que están dispuestos a admitir, bajo el argumento reduccionista del «estás conmigo o contra mí» o el no menos habitual «eres demócrata (sólo si piensas y actúas como yo) o antidemócrata».

Le toca el turno a Francesc de Carreras, Catedrático de Derecho Constitucional, y cuyas opiniones contrarias al nacionalismo y la secesión son notorias. En la categoría de profesionales de su perfil es uno de los más denostados por el nacionalismo por su declarada posición. Sin embargo, eso no impide que admita la posibilidad de tener que celebrar un referéndum, cuya celebración sea factible al amparo de la Constitución. Para eso, propone:

1. Encuadrarlo dentro del artículo 92 de la Constitución. Esto coincide, en parte, con alguno de los demás comentaristas del tema que se ha visto en anteriores capítulos. Es evidente que habría que acabar de perfilar este encuadre, aunque él lo ve factible.

2. Es indispensable la autorización del Gobierno, como no puede ser de otro modo. Y para su desarrollo sería preciso acordar las reglas de ese referéndum, inspirándose en el modelo canadiense resultante tras el dictamen de su Tribunal Supremo de 1998.

Se ha esbozado de manera muy esquemática el pensamiento de Francesc de Carreras, explicado en este artículo de La Vanguardia de 20 de septiembre de 2012 (que conocí gracias a un lector del blog, Juanmari, al que doy las gracias por simplificarme la tarea), más de un año antes de que el President Artur Mas anunciara la fecha y doble pregunta. ¿Le oyeron ustedes al President plantear de verdad y en serio algo parecido? No. Después que no me digan -es parcialmente, sólo parcialmente, cierto- que es todo culpa del inmovilismo del Gobierno.

Llegamos al fin de este cuarto capítulo de la serie. Y nada menos que con Francesc de Carreras, que es alguien beligerante con el nacionalismo y la secesión a la que se pretende llegar, lo cual le suele hacer acreedor de numerosos epítetos de dudoso gusto. Y ¡oh, sorpresa! resulta que también cree que podría celebrarse un referéndum, bajo determinadas reglas pactadas y encauzado por la vía adecuada, no por la vía que interesa al secesionismo.

Llevamos ya cuatro Catedráticos que se muestran partidarios de encontrar un modo de celebrar el referéndum. Y podríamos decir que, en general, la coincidencia está en pedir autorización al Estado, fórmula que se intentó sortear mediante la «delegación» (que aun así, alguno de estos autores podría llegar a admitir, pese a que parece una solución algo forzada, por razones aburridas de explicar en esta entrada que no tiene finalidades teóricas). Todo ello revela, a mi entender, que la Generalitat nunca ha querido concertar de verdad un procedimiento pactado. Pero esto es mi opinión, tan válida como cualquier otra.

Por cierto , si alguien tiene ganas de leer un razonamiento general de Francesc de Carreras, lo puede encontrar aquí (advierto de que es un tostón para quien no tenga conocimientos específicos de Derecho y, aun teniéndolos, contínúa siéndolo), refiriéndose al intento de referéndum del llamado Plan Ibarretxe.

Una consulta sin fundamento y su (posible) encaje legal (II): Eliseo Aja

Tras la primera entrega, con la opinión de Joaquín Tornos, acerca de la falta de encaje del referéndum de secesión y sus posibles soluciones, hoy le toca el turno a Eliseo Aja. Catedrático de Derecho Constitucional, su nombre es familiar para cualquier estudiante de Derecho, ni que sea por el libro «Constituciones y períodos constituyentes (1808-1936)«, escrita junto con Jordi Solé Tura.

Sin más dilaciones, su tesis la encontramos en el Dictamen del Consell de Garanties Estatutàries sobre la Ley de Consultas (pág.124 y siguientes). Aja se pronunció en contra de la constitucionalidad de la Ley. A la vez, realizaba una propuesta de reforma legal, o solución que, a su entender, podría dar cobertura al referéndum de secesión. Por lo tanto, no es contrario al referéndum en sí, sino al modo en que se pretende llevar a cabo. Y entiende que los mecanismos a través de los que se podría alcanzar sería:

1. En primer lugar, propone una reforma (actualización, en los términos por él expresados) de la Ley Orgánica 18/1980, de referéndums, mediante la cual se precisaran términos y modalidades. En términos generales, igual que Joaquín Tornos.

2. La aprobación de la Ley Electoral catalana, que tras 35 años desde la aprobación del Estatuto de 1979 no ha llegado a ser promulgada, por razones de exclusiva responsabilidad del legislador catalán. Con esta Ley se podría establecer reglas específicas para referéndums, variaciones del cuerpo electoral o las garantías del proceso.

En consecuencia, estima que tanto el Estado como la Generalitat -responsabilidad de ambos- deberían aprobar o reformar las leyes necesarias para facilitar un marco jurídico adecuado.

Como en el caso de Tornos: ¿Han oído a secesionistas plantear o admitir alguno de estos marcos? No. Por descontado. La razón principal es que admitirlos implica llevar a cabo unos esfuerzos -políticos, de negociación, jurídicos, de explicación y argumentación- muy superiores a los del «Volem votar«.

Una consulta sin fundamento y su (posible) encaje legal (I): Joaquín Tornos Mas

Una de las censuras habituales frente a la pretensión de consulta secesionista es su falta de encaje legal. Otra, la ausencia de reglas predefinidas. Y aun otra, la falta de honestidad. Hay quien sostiene las tres a la vez, o quien sostiene sólo alguna de ellas.

En esta serie que ahora inicio, que no sé cuántos capítulos llevará, ni cuándo la acabaré, ni su completo contenido, comentaré algo de lo que los secesionistas no quieren oír hablar ni en pintura: la forma de hallar un encaje legal, quizás hasta con propuesta de reglas, que permita un referéndum con el objetivo de la secesión. Por supuesto, me refiero a la gran cantidad de voces que defienden la posibilidad de encajar el referéndum secesionista en la Constitución, sin necesidad de instar una previa reforma constitucional por la vía agravada, o con ella del modo que en particular cada autor defiende, mas en general con la idea de que pueda celebrarse en algún momento. De una forma u otra, su postura pasa por reformas legales o por vías distintas a las utilizadas por la Generalitat de Cataluña o el Parlamento. Se quiera o no, guste o no, numerosos juristas de prestigio aceptan la posibilidad de llevar a cabo un referéndum de secesión, aunque también indican que es preciso acometer reformas que permitan ese referéndum dentro de la Constitución. [A estas alturas, y dado el cariz que ha tomado todo, me temo que ya da lo mismo lo que opinen unos u otros. Aun así, supongo que con paciencia acabaré teniendo una bonita galería de opiniones bien fundadas.]

Por los partidarios de la secesión todo se reduce a «la voluntad del pueblo», «queremos votar» y eslóganes muy efectistas, pero que nada tienen que ver con el Estado de Derecho ni el encaje real y de verdad de esa «consulta». Se niegan a cualquier solución que no sea la suya -que es votar y punto, pese a las múltiples contradicciones y objeciones que encierra esa fórmula tan simple-, y esta es, también, una de las razones por las que el monotema a día de hoy está encallado. Es muy sencillo, y también da fáciles beneficios, echarle la culpa al inmovilismo de «Madrit», como forma de ocultar los propios errores procedimentales -y de garantías- al plantear la pretensión secesionista.

En cuanto a mi posición concreta, rastreable a través de los diversos artículos que he escrito hasta la fecha, la dejaré para el final de la serie. Ahora mismo, lo que me interesa destacar es que una enorme cantidad de voces autorizadísimas han quedado silenciadas porque al secesionismo el debate no le interesa: o le das la razón, o no la tienes. Y como no la tienes, te silencio o no te hago caso, aunque te llames Tornos, Carrillo, Aja, Arbós y otros que iremos viendo en las próximas semanas.

Dejo todas estas consideraciones y paso al primer capítulo, que protagoniza Joaquín Tornos Mas, abogado y Catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Barcelona. Es el primero porque hace unos días lo entrevistó Josep Cuní en su programa 8aldia y me hizo recordar esta idea que había dejado aparcada y ahora desarrollo. Seguir leyendo Una consulta sin fundamento y su (posible) encaje legal (I): Joaquín Tornos Mas

Una consulta poc democràtica

Oblidem per un moment els múltiples motius pels quals no es pot celebrar la consulta, el primer d’ells perquè es tracta d’un referèndum encobert. Oblidem també els múltiples subterfugis amb què se li pretén donar cobertura i cenyim-nos al contingut material del Decret de convocatòria de la consulta. Malgrat que els promotors de la consulta no fan més que repetir la paraula democràcia, una breu anàlisi demostrarà que democràtica no és la paraula que millor lliga amb consulta:

1. Què és un Estat no independent? Aquesta interrogació ha estat recurrent des del mateix moment en què es va anunciar per Artur Mas la doble pregunta. Els més entregats a la causa repetien que, tot i que pogués ser cert que pecava d’indefinició, això quedaria resolt en el Decret de convocatòria. Per descomptat, brilla per la seva absència l’explicació del significat d’Estat no independent, la qual cosa suposa una crida a votar quelcom d’inconcret. El Decret de convocatòria i els seus annexos són la «Llei» de la consulta, de manera que el concepte no pot quedar al lliure arbitri de tercers, que és el que aquí succeeix. En cas de victòria del SI-NO, ningú podria interpretar amb exactitud el que significa, sinó que cadascú tindria la seva pròpia versió, ja que no es donen orientacions del tipus d’implementació que tindria aquesta opció. Poc democràtic.

2. Qui guanya la votació? Tots recordem també que una altra de les qüestions a resoldre era la manera en què es formularia el còmput de vots. Com es concreta l’opció guanyadora queda en el complet oblit: sí que es determina que en la publicació de resultats s’indicarà el nombre de vots obtingut per cada opció, inclòs el vot en blanc, i el nombre de vots vàlids i nuls, però no s’indica en la convocatòria com s’arriba a la conclusió sobre quina és l’opció guanyadora i, per tant, el tipus de mandat (no ens enganyem, no es demana l’opinió, i això de consultiu és poc menys que una entelèquia en aquest cas) que s’ha expressat en la votació. Poc democràtic.
L’article 8 de la Llei de Consultes diu que els poders públics que l’han convocat s’han de pronunciar sobre la incidència del resultat en l’actuació pública sotmesa a consulta en el termini de dos mesos a partir de la seva celebració. És a dir, que el Govern de la Generalitat pot fer el que prefereixi: si l’opció més votada té un quaranta per cent de suport, pot considerar que s’ha d’actuar en funció d’aquest resultat, encara que ni tan sols compti amb majoria absoluta. En qualsevol cas, la convocatòria no ho aclareix. De manera més completa, l’absència de sistema electoral ja ha estat analitzada per José Fernández-Albertos.

3. Els estrangers també decideixen el futur polític de Catalunya? Seguim aquí el raonament principal en què es fonamenta la consulta: es demana l’opinió (encara que tots sabem que en realitat es tracta d’una participació política encoberta) per implementar un resultat polític, la independència, en el cas que aquesta fos l’opció guanyadora. Crida l’atenció que, per decidir sobre qüestions de sobirania, s’atorgui dret a vot a qui no tindria -almenys, a priori- dret a la nacionalitat catalana en el moment de crear-se un hipotètic nou Estat. A més, els estrangers no poden votar en eleccions generals ni autonòmiques -sí a les municipals en cas de ciutadans comunitaris o si hi Acord de reciprocitat-, pel que és sorprenent que se li atorgui l’oportunitat de votar sobre el futur polític de Catalunya – encara que s’ hagi de sol·licitar específicament- a qui no té dret a fer-ho per les vies legals: ni més ni menys que se li atorga vot per iniciar una reforma constitucional d’Espanya a qui amb tota probabilitat en el cas d’una secessió de Catalunya no podria votar la seva Constitució. En aquest cas, no és que sigui poc democràtic, és que es tracta d’una altra de les vestidures del frau en què consisteix la consulta. Per cert, en el substancial, aquesta qüestió va ser comentada per persones tan poc sospitoses d’oposar-se a la consulta com Vicent Partal o Carles Boix.

4. Una campanya de quaranta-dos dies per decidir la independència? Si la campanya s’inicia el diumenge 28 setembre i finalitza (això és pura teoria) a les zero hores del nou de novembre, la campanya informativa es desenvoluparia en tan sols quaranta-dos dies. La Llei de Consultes diu que la votació s’ha de celebrar entre els trenta i els seixanta dies naturals a partir de l’endemà de la publicació del decret de convocatòria. Una qüestió tan important com decidir el futur polític de Catalunya, un creu que almenys hauria de merèixer el termini màxim, però segons sembla deu ser que el resultat és ja molt clar i la fase d’informació, innecessària. Amb això queda clara la baixa qualitat de la democràcia deliberativa i participativa a la qual s’apel·la, doncs ni tan sols es molesten a aparentar un interès en què hi hagi discussió argumental entre les diverses posicions que caben en el marc teòric de la consulta. Poc democràtic.

De manera breu, s’han esbossat diverses de les objeccions que se li poden oposar a la convocatòria del referèndum encobert, al marge fins i tot de les qüestions constitucionals i legals que impedeixen la seva celebració. Seria bo que els que s’arroguen l’exclusivitat de la legitimitat democràtica fossin capaços de donar una resposta honrada, encara que potser no és possible, a quatre interrogants per a aquesta consulta plantejada de manera tan poc democràtica.