Si el otro día comentaba que el Síndic actuaba contra todos los catalanes que no compartimos la pulsión separatista, hoy toca decir que el Síndic, además de lo anterior, tergiversa y manipula la información.

El motivo lo adelanté en un comentario y era este titular que se lee en la misma página del Síndic: «El síndic comparece en el Parlamento británico para explicar la situación de los derechos humanos en Cataluña«. Como bien sabemos, la conjunción de las palabras «Parlamento británico» (o Westminster) y separatismo nos conducen al APPGCatalonia (enlace para novatos; los demás, ya conocéis de qué va).

Con los pocos escrúpulos característicos del separatismo , leemos: «El síndic de greuges de Cataluña, Rafael Ribó, ha comparecido ante el Parlamento Parlament britànic con la ponencia “La situació dels drets humans a Catalunya: apel·lació al diàleg i a la llibertat”, en la sala Margaret Thatcher, de la Portcullis House de Londres.«

La frase siguiente aclara: «El acto, organizado por The All Party Parliamentary Group On Catalonia (APPC), ha otorgado voz a dos de los testigos excluidos por el Tribunal Supremo en la causa especial sobre el proceso: por un lado, el síndic; y por el otro, Sir Hugh Orde, ex máximo responsable de la policía en Irlanda del Norte y expresidentes de la Asociación de Inspectores en Jefe de la Policía, quien fue el autor de un informe relacionado con el 20-S y el 1-O, en el que concluyó que en ninguna de ambas fechas la multitud mostró intención alguna de ser violenta o de cometer un delito.«

Vayamos por partes para reiterar lo que sabemos: que el Síndic manipula, por no decir algo peor.

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Esta noche, Guest nos ha aportado un valioso y trabajado comentario sobre los éxitos de Puigdemont y su equipo que merece una entrada por méritos propios y que dice así:

Criticar la última ocurrencia de Boye y Cia. parecía un ejercicio estéril, así que he decidido ser productivo y tirar de la hemeroteca.
Voy a hacer un breve recuento de los periplos que Puigdemont y su ejército de abogados han tenido ya con la JEC y lo que ha hecho Europa al respecto.

– Primer periplo, Puigdemont intenta ser investido presidente de forma telemática. La JEC dictamina que eso no es posible, y que el acatamiento ha de ser presencial. El equipo judicial de Puigdemont discrepa, pero finalmente han de atenerse a la realidad y Quim Torra es investido. https://www.elespanol.com/espana/politica/20180129/puigdemont-alega-supremo-no-necesita-autorizacion-investido/280972916_0.html

– Puigdemont afirma que si es eurodiputado tendrá inmunidad desde el momento cero y podrá pisar España sin peligro de ser detenido. Los servicios jurídicos del Parlamento Europeo le desmienten casi de inmediato. https://maldita.es/malditodato/puigdemont-no-lleva-razon-ni-sera-eurodiputado-automaticamente-ni-tendra-inmunidad/

– Puidgemont se querella contra 2 miembros de la JEC por prevaricación, la querella es inadmitida https://www.europapress.es/nacional/noticia-juez-inadmite-querella-puigdemont-contra-dos-vocales-jec-no-ver-indicios-prevaricacion-20190521123238.html

– Puigdemont intenta acreditarse como eurodiputado provisional directamente en la sede del Parlamento Europeo, no se le permite la entrada a ese efecto. Posteriormente consigue entrar como invitado de alguien que sí pudo acreditarse. https://www.lavanguardia.com/politica/20190529/462561694686/parlamento-europeo-no-deja-entrar-puigdemont.html

– El ejército de abogados de Puigdemont impone recursos antes de la proclamación de los eurodiputados electos, exigiendo cosas recogidas en ningún reglamento o ley (¿cómo que la deliberación fuera pública? Agradecería que alguien profundice en este aspecto). No solo se inadmiten los recursos, sino que aparentemente la falta de buena praxis jurídica brilla tanto por su ausencia en los escritos de Boye que el TS ha multado al partido político al que representa Puigdemont por mala fe. https://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2019-06-14/supremo-multa-puigdemont-mala-fe-batalla-legal-escano-europeo_2070646/

– El parlamento europeo se declara no competente para comentar el veto a Junqueras (y me perdonarán uds. el  enlace).

https://www.naciodigital.cat/noticia/182118/eurocambra/es/nega/valorar/decisio/suprem/impedir/junqueras/agafi/acta

En resumen, y citando el enlace de maldita “… Pero las mismas fuentes del Parlamento Europeo nos aseguran que en los procesos electorales europeos, prevalecen las leyes electorales de los estados miembros y, por lo tanto, candidatos y electores se tienen que ceñir a su ley nacional correspondiente”. La misma ley que le impidió al sr. Puigdemont ser investido president le ha impedido acreditarse como eurodiputado. A menos que pase algo muy extraño, es previsible que Europa haga una repetición de dejar a Puigdemont & Cía. en las puertas del Parlamento, o, en todo caso, dejarles tomarse algo en el bar.

CONCLUSIÓN. Muchas gracias, Guest, por el trabajo y el esfuerzo recopilador para acreditar que las jugadas maestras no suelen funcionar.

Si por algo se ha destacado el separatismo y su colonización de las instituciones, organismos y medios públicos ha sido por expulsar toda voz, pensamiento o idea que no comulgue con su objetivo. Dicho de otra manera: las instituciones se utilizan en contra de quienes no compartimos la idea separatista.

Justo en esa línea se inscribe la entrada de hoy y, también, la columna de esta semana de Javier Cercas en ELPAIS (gracias por el enlace, Juan): «Para los políticos separatistas en el poder, los catalanes no somos quienes vivimos y trabajamos en Cataluña, sino sólo quienes, además, son buenos catalanes, fieles a la patria y votan lo que hay que votar. Los demás no somos catalanes, no contamos, no existimos«.

El ejemplo del que me valdré para ilustrar el uso en contra de quienes no estamos por el separatismo es el reciente comunicado – apelación del Síndic de Greuges, de fecha 14 de junio (esta noticia la aportó Juanmari), que lleva por título: «Apelación del Síndic de Greuges al diálogo político, la participación y la libertad«.

Me limito al punto 1 del comunicado, que dice así y cuyos apartados resaltados de color rojo y negrita he destacado:

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Merece la pena repetir que el separatismo es enemigo de la democracia liberal. El asunto de la alcaldía de Barcelona, la posible candidatura de Ada Colau y, quién sabe, los votos de Manuel Valls, nos están dando muchos y claros ejemplos del entendimiento de la democracia por el separatismo: solo vale si gana su opción y solo se aceptan los resultados cuando les favorecen.

En la anterior entrada se han incluido algunos ejemplos por la vía de los comentarios y me ha parecido interesante crear una entrada para perpetua memoria.

Tendremos suficiente con la entrevista a Meritxell Budó en ElPunt, de la que por supuesto hay que recordar la frase de que existe una «operación de Estado» para evitar que la alcaldía corresponda a Ernest Maragall. Os advierto de que el chascarrilo «operación de Estado» ha sido asumido por el separatismo de tal modo que algunos de vuestros amigos os lo repetirán acríticamente; os pido mesura y evitad la risa en su cara, que los hay muy susceptibles. Ni se os ocurra discutir por esto: es inútil.

Reproduzcamos la expresión tal y como aparece en ElPunt, que puede ser repetida sin duda alguna por cualquier separatista que se precie y siga el dictado de sus medios y líderes (?) preferidos: «És clarament una operació d’Estat que té com a objectiu final que la capital de Catalunya no la governi una formació independentista i que no hi hagi un alcalde independentista al capdavant. Davant d’això el que cal de les formacions independentistes és una resposta de país«.

Análisis rápido: 1) Se recurre a la repetida figura del «pérfido Estado», muy en la línea populista característica del separatismo; 2) Si el alcalde no es independentista, nadie más tiene derecho a hacerlo, por mucho que las mayorías legales conformadas sean otras; 3) Como no se acepta la aplicación de la Ley, se «buscará» otra solución; 4) La solución será «de país«, que significa que solo son «del país» los separatistas y los demás, bueno, los demás no se sabe por qué tienen derecho a voto.

Si acertáis a ver algún atisbo de democracia liberal, a continuación os dejo mi móvil para que me lo expliquéis. Pero como no veo, es innecesario que lo publique.

También vale la pena recordar cómo se acepta entre el separatismo, en este caso por entrevistador y entrevistada, los resultados de sus autoplebiscitos:

«Les pròximes eleccions seran plebiscitàries?

En el context polític que estem, totes les eleccions tenen un component de plebiscit.

Hoy leía un artículo publicado por «La Vanguardia» de José Antonio Martín Pallín, titulado «Rebeldes sin armas«, donde, en definitiva, Martín Pallín sostiene la inexistencia del delito de rebelión y una «injustificable e infundada prisión preventiva«, lo cual supone, por extensión, que el exmagistrado considera que no hay delito alguno o, por lo menos, de suficiente gravedad como para acordar prisión preventiva.

El problema de tales aseveraciones de Martín Pallín es que descansan sobre presupuestos totalmente equivocados, lo cual provoca que existan unas enormes diferencias de base conceptual, que se observan desde el primer párrafo.

«He visto y escuchado, en las televisiones internacionales, numerosas informaciones sobre guerras civiles y grupos rebeldes, armados como un verdadero ejército. Ninguna noticia sobre juicios penales por rebelión contra la presidenta de un Parla­mento o los miembros de un gobierno por desarrollar sus funciones políticas«.

Por simplificar y para no enredarnos con cuestiones conceptuales que lo único que hacen, en un caso que todos conocemos hasta la extenuación, es alargar innecesariamente la cuestión: ¿la conducta de la presidenta del Parlamento o de los miembros del gobierno fue la normal dentro de sus prerrogativas, incluso en el caso, nada inhabitual, de que deba ser corregida o rectificada por un Tribunal? ¿O fue una transgresión clara, directa y frontal contra el núcleo fundamental de todo el ordenamiento jurídico, prevaliéndose de su posición institucional, para lograr un fin ilegítimo e ilegal? A estas alturas, se ponga como se ponga quien quiera, no cabe duda de que se trata del segundo caso.

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Es lugar común afirmar que determinadas corrientes del secesionismo -las dominantes del discurso público, por otra parte- practican conductas con cierto aire de intimidación, lo cual abona la tesis de que el secesionismo se presenta bajo una apariencia que no se corresponde con la realidad. El ejemplo más cercano, este conocido tuit de Josep Lluís Alay, más propio de un régimen autoritario (o algo peor) que otra cosa.

En la captura que os he puesto no se ve, pero el hecho que motivó la ira de Alay fue esta frase de Lola García referida a la documentación oficial de Puigdemont: «En cualquier caso, su DNI expira el 3 de febrero próximo, lo que complica esa posibilidad, aunque cuenta con el pasaporte, que caduca el 3 de agosto del 2022.»

Sobre el tuit de Alay, me vienen a la mente varias reflexiones:

1. Alay dice que confirma la información publicada por Lola García. Muy bien por Alay, difundiendo y confirmando información de la documentación oficial de Puigdemont.
2. Alay dice que no sabe que El Confidencial publicó la fecha de caducidad del DNI el 14 DE ENERO DE 2019. Bien por Alay.
3. Alay dice que no sabe que el mismo Puigdemont confirmó la fecha de caducidad de su DNI ante el diario Clarín, en una entrevista publicada el 30 de marzo de 2019, hace poco más de dos meses.De nuevo, bien por Alay.

Sí, claro, en ninguno de los anteriores apartados se ha hecho mención a lo que parece ser un nuevo dato aportado por Lola García, que sería la fecha de caducidad del pasaporte de Puigdemont, ese dato que parece ser confirmado por Alay.

Ese es el punto de debate. Y no, no os voy a sacar jurisprudencia ni argumentos legales a favor o en contra de la difusión del dato. Tampoco voy a argumentar si la libertad de información ampara o no la publicación del dato por parte de una periodista.

Efectivamente, el debate está en si los derechos y las diferencias en el ejercicio de los mismos se resuelven mediante la Ley en una democracia liberal, o si se resuelven con frases que anuncian el advenimiento de una «república» (imaginaria) en que la Ley no existe, dominada por personas que «toman nota» de las ofensas al «jefe«, y que, por supuesto, nada tendría que ver con una democracia liberal. De nuevo, bien por Alay.

CONCLUSIÓN. Si algún día Alay quiere resumir en un tuit la corriente del secesionismo que representa, lo tendrá difícil para superarse.

A estas alturas del día, no hace falta que nos ilustremos más todavía sobre la decisión del TEDH inadmitiendo la demanda de Carme Forcadell y setenta y cinco más contra la suspensión del Pleno del Parlamento de Cataluña de 9 de octubre de 2017, así que vamos con algunos detalles que habréis leído (o llegado por vosotros mismos a esa conclusión).

El primero, que pese a lo que escriba Boye, profesionalmente no es ningún desdoro que se inadmita a trámite una demanda ante el TEDH. Se inadmiten miles. Ahora bien, la inadmisión va acompañada de una motivación suficientemente poderosa (esos miles no necesariamente van acompañados de tanta motivación; hay casos y casos) como para otorgarle una indiscutible importancia.

El segundo, que es tan importante porque el TEDH, entre otros argumentos, señala que:

• No hay motivos para añadir otros a los argumentados por el TC en su decisión de suspensión, que en cuanto al propósito principal era garantizar la protección de derechos y libertades de los parlamentarios en minoría en el Parlamento catalán, ante posibles abusos de la mayoría parlamentaria.
• La decisión de la Mesa de autorizar la celebración de la sesión del 9 de octubre supuso un manifiesto incumplimiento de las decisiones del Tribunal Constitucional de 7 y 12 de septiembre de 2017 (suspensión de la Ley del referéndum y de transitoriedad)
• Era esencial evitar que los parlamentarios en minoría se vieran impedidos -mediante un procedimiento irregular- para ejercer sus funciones específicas.
• Existió una violación indirecta del derecho constitucional de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes.
• Se trató de una necesidad social imperiosa.
• Para que un referéndum pueda entrar bajo el examen potencial del artículo 3 del Protocolo nº1 a la Convención Europea de Derechos Humanos, el procedimiento debe realizarse «bajo condiciones que garanticen la libre expresión de la opinión de la gente sobre la elección del legislativo». Estas condiciones no se cumplen en este caso.

Podríamos destacar otros pasajes, pero está claro lo que dice el TEDH: se lo saltaron todo.

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Es conocido que el independentismo se lleva bastante mal con la Ley. Por eso, en el Parlamento de Cataluña de vez en cuando se ignora la Ley con el más absoluto desprecio a los más elementales principios del Estado democrático de Derecho, que es lo que ha sucedido con el caso Iceta. Primero, un breve repaso de los apartados legales más relevantes, que os podéis saltar si no os interesa, y después la explicación jurídica.

1. Legislación.

A estas alturas, sabréis que el asunto del Senador de designación autonómica se regula en el artículo 69.5 de la Constitución: «5. Las Comunidades Autónomas designarán además un Senador y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio. La designación corresponderá a la Asamblea legislativa o, en su defecto, al órgano colegiado superior de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo que establezcan los Estatutos, que asegurarán, en todo caso, la adecuada representación proporcional.«

Que el artículo 61.a del Estatuto de Cataluña establece que corresponde al Parlamento designar a los Senadores que representan a la Generalitat, conforme a una Ley específica, tal y como indica la Disposición adicional primera del Estatuto.

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En esta fase de dulce apatía, pocas cosas son capaces de alterar la tranquilidad. Mucho mejor, pero sin bajar la guardia porque bien sabemos que el separatismo no descansa.

Así que uno puede fijarse, al azar, en los contrastes. Como el de contrastar el últimamente comentado artículo «White trash«, de Jordi Graupera (de 1 de septiembre de 2012), y «Nuestra buena gente«, de Isabel Llauger (de 12 de mayo de 2019).

He visto por ahí que Graupera decía que se simplificaba su artículo y su pensamiento. Es cierto que él, de inicio, como premisa principal, no introduce el despectivo término white trash (hasta él mismo resalta que es asquerosamente despectivo). Pero, como es habitual en el sector de clásica derecha al que representa, lo asumía, como se deduce sin duda del conjunto de su artículo. Lo interesante del artículo de Graupera es ese «lo que piensan y nunca dicen«, con el que sucede lo mismo que con los artículos de Torra previos a su relevancia pública: la exteriorización de esa línea de pensamiento siempre presente entre quienes se consideran depositarios y guardianes de las esencias, transmitidas por los verdaderos -y únicos- dueños de la tierra.  Así y no de otra forma cabe interpretar párrafos propios del Manifiesto Koiné: «Los inmigrantes de los sesenta fueron utilizados como carne de cañón por el régimen a fin de diluir la cultura catalana, y por la burguesía, como mano de obra barata«.

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Esta tarde me hallaba un tanto entretenido recopilando información sobre la última «iniciativa ciudadana» orquestada por el separatismo ante la Unión Europea para denunciar miles de vulneraciones de derechos en España.  Es positivo que promuevan esta clase de iniciativas, para que todo el mundo se dé cuenta de lo pesados y repetitivos que son.

Según esta información publicada en El Periódico, se trataría de un documento de ciento setenta y siete páginas (si alguien tiene el enlace al PDF, se agradece; no lo he buscado mucho, pero tampoco lo he visto en los medios digitales habituales, aunque tampoco creo que tardemos en tenerlo disponible) que, por su extensión, merece ser desestimada directamente. Si le añadimos que, por motivos sustantivos o de fondo también merece la desestimación, la pesadez y repetición atribuida al separatismo deviene indiscutible.

Porque recordaréis que, en formato menor, una «denuncia de vulneraciones» para «fortalecer el Estado de Derecho» (!!!) ya fue instada por la ANC (y otros, antes o después, que lo mismo da) en octubre del año pasado, con el resultado de declaración de improcedencia (es un enlace al portal de peticiones del Europarlamento, con una breve reseña de la denegación; lo que ahora se presenta por el separatismo es algo distinto a esta «petición» en cuanto a procedimiento, pero en el fondo es lo mismo). La democrática respuesta de la ANC fue la de publicar esta nota según la cual había sido «Censurada la petición de la Asamblea al Parlamento Europeo sobre el estado de los derechos fundamentales en España» [en el original «Estat espanyol»] y atribuía, como de costumbre, la denegación a «presiones españolas«, el clásico argumento del «me ha suspendido porque me tiene manía«. Un cero, pero le tenía manía.

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