Hoy leía un artículo publicado por «La Vanguardia» de José Antonio Martín Pallín, titulado «Rebeldes sin armas«, donde, en definitiva, Martín Pallín sostiene la inexistencia del delito de rebelión y una «injustificable e infundada prisión preventiva«, lo cual supone, por extensión, que el exmagistrado considera que no hay delito alguno o, por lo menos, de suficiente gravedad como para acordar prisión preventiva.

El problema de tales aseveraciones de Martín Pallín es que descansan sobre presupuestos totalmente equivocados, lo cual provoca que existan unas enormes diferencias de base conceptual, que se observan desde el primer párrafo.

«He visto y escuchado, en las televisiones internacionales, numerosas informaciones sobre guerras civiles y grupos rebeldes, armados como un verdadero ejército. Ninguna noticia sobre juicios penales por rebelión contra la presidenta de un Parla­mento o los miembros de un gobierno por desarrollar sus funciones políticas«.

Por simplificar y para no enredarnos con cuestiones conceptuales que lo único que hacen, en un caso que todos conocemos hasta la extenuación, es alargar innecesariamente la cuestión: ¿la conducta de la presidenta del Parlamento o de los miembros del gobierno fue la normal dentro de sus prerrogativas, incluso en el caso, nada inhabitual, de que deba ser corregida o rectificada por un Tribunal? ¿O fue una transgresión clara, directa y frontal contra el núcleo fundamental de todo el ordenamiento jurídico, prevaliéndose de su posición institucional, para lograr un fin ilegítimo e ilegal? A estas alturas, se ponga como se ponga quien quiera, no cabe duda de que se trata del segundo caso.

Aborrezco las comparaciones como método explicativo, pero en este caso una sencilla comparación -salvando todas las distancias- nos da la solución: un Juez que dicta una resolución injusta a sabiendas (delito de prevaricación), ¿está desarrollando sus [normales] funciones jurisdiccionales que pueden ser corregidas por la vía del recurso y eso excluye en todo caso que se le puedan abrir unas diligencias penales por un presunto delito de prevaricación, porque estaba desarrollando «sus funciones jurisdiccionales«? ¿O, aun corregidas esas desviadas funciones jurisdiccionales por vía de recurso, es posible dirigir contra él una acción penal por dictar una resolución injusta a sabiendas? Pues ya me sabe mal, pero J.A. Martín Pallín -quien sin duda pensará que «menudo disparate«- sostiene exactamente en su artículo que no es posible dirigir acción penal contra el prevaricador o cualquier otro infractor cuya acción sea corregible por cauces distintos al penal, si esos cauces son efectivos (por cierto, en el caso que nos ocupa, no lo fueron hasta que se aplicó el 155):

«La reacción del sistema constitucional español, poniendo en marcha los oportunos recursos de inconstitucionalidad, se ajustó a las previsiones propias de una sociedad democrática y consiguió sus objetivos, anulando las sucesivas leyes y actos políticos en los que se apoyaba una hipotética declaración de independencia. El 27 de octubre del 2017, al mismo tiempo que la votación y proclamación truncada de la independencia, el Senado, a instancia del Gobierno, decidió aplicar el artículo 155 de la Constitución, asumió parte de las competencias de la Generalitat y convocó elecciones a las que concurrieron y resultaron elegidos algunos de los que ahora están siendo juzgados por rebelión.

Sorprendentemente el fiscal general del Estado, el 30 de octubre siguiente, pone en marcha una querella por delitos contra las instituciones del Estado, acusando a los políticos y líderes sociales de los delitos de rebelión, sedición, malversación y desobediencia.«

O sea, que como las antidemocráticas iniciativas perpetradas durante septiembre y octubre de 2017 (que tenían su base y origen en múltiples hechos anteriores, etcétera) fueron suspendidas, corregidas o anuladas por el Tribunal Constitucional, que además tuvieron que verse seguidas por la aplicación del artículo 155 de la Constitución ante la inefectividad de las resoluciones dictadas, ya no sería posible considerar, siquiera como posibilidad, la presunta comisión de uno o varios delitos (y ello pese a que resulta incontestable que los acusados ignoraron completamente -por decirlo suave- la suspensión y anulación de «las sucesivas leyes y actos políticos en los que se apoyaba una hipotética declaración de independencia«). Si la base conceptual con la que se trabaja es esa, que la posibilidad de formular un recurso ordinario o extraordinario -por ejemplo, ante el TC- exime de responsabilidad penal al infractor (ignorando las resoluciones del TC en este caso), que actúa a sabiendas y contra toda Ley, habrá que revisar unos cuantos artículos del Código Penal.

CONCLUSIÓN. No es preciso volver a analizar los hechos, realizar disquisiciones jurídicas sobre su alcance jurídico o discutir si Martín Pallín tiene o no razón en su exposición sobre el delito de rebelión. Como de costumbre, es innecesario.

Lo necesario es que los conceptos de base, las premisas a partir de las que formulamos análisis y conclusiones, sean aceptables. Porque si nos inventamos premisas -y sostener que se trataba del «desarrollo de funciones políticas», como si se tratase de un normal ejercicio de esas funciones, es un invento- evidentemente siempre llegaremos al resultado que nos apetezca.

Que todo ello sea un delito u otro, o incluso que no lo sea, es un debate distinto, pero lo que no es aceptable es que la base conceptual se forme obviando la realidad.