Que el confinamiento domiciliario necesita del estado de alarma o de una Ley Orgánica que específicamente así lo prevea es algo sabido y conocido, así que las quejas por el contenido del Auto del Juzgado de Instrucción de Lleida son infundadas.

Solo existe una Ley Orgánica que permita un confinamiento domiciliario general de la población (y con algunos problemas, además) que es la Ley Orgánica 4/1981, de los estados de alarma, excepción y sitio, por lo que la denegación de la autorización para la aplicación de la resolución SLT/1671/2020 era más que previsible. [Para los «nuevos» en el blog, véase la entrada «Un mundo superado por la pandemia» y «Si no se prorrogase el estado de alarma«].

A continuación, unos cuantos comentarios sobre cosas que he oído esta mañana.

1. Las competencias. He oído que, claro, cómo se va a denegar la autorización por una minucia de competencias. Para restringir un derecho fundamental -y con el confinamiento domiciliario se restringen los artículos 17 y 19 de la Constitución- se necesita una Ley Orgánica; no es ninguna minucia. Para meter a alguien en la cárcel, se necesita una Ley Orgánica; para obligarte a estar encerrado en casa cuando «no has hecho nada», creo que es precisa alguna garantía similar. Y si el consenso jurídico, en el mes de marzo, era la necesidad de acudir a la Ley Orgánica 4/1981 (y recordaréis que algunos pedían el estado de excepción), parece claro que lo que debería hacer un Gobierno autonómico que desee una colaboración real es pedir al Gobierno de la Nación que declare el estado de alarma en una parte del territorio de la Comunidad, como permite el artículo 5 de esa Ley 4/1981, que dice:

«Cuando los supuestos a que se refiere el artículo anterior afecten exclusivamente a todo, o parte del ámbito territorial de una Comunidad Autónoma, el Presidente de la misma, podrá solicitar del Gobierno la declaración de estado de alarma«.

No es un «tecnicismo» ni nada complicado. Es muy sencillo y si Torra no lo ha pedido es porque no desea el bien de los afectados por el confinamiento domiciliario, sino obtener un rédito político. Parece claro que, si se solicitase el estado de alarma para la zona de Lérida y alrededores, se accedería a ello. Entonces, ¿por qué no pedirlo? ¿Para evitar su fiscalización? ¿Para convertir a los ciudadanos afectados en meros objetos de la política de Torra?

2. La motivación de la medida. Esta mañana, Basté repetía el tuit de un experto, Daniel Prieto Alhambra, en que se cuestionaba el Auto judicial y se pedía saber «en qué datos se ha basado la Juez» para denegar la medida. Lo cierto es que la pregunta está muy mal formulada y parte de la confianza ciega en la Autoridad, además de no haberse leído el Auto. Lo que hay que preguntarse es «en qué se basa la Administración para acordar la medida» y son estas justificaciones las que después el control judicial valorará. Y lo que dice el Auto es muy sencillo: la Administración ofrece datos vagos, inconcretos y poco definidos. La Juez analiza los datos que proporciona la Administración y dice:

«Además de todo lo expuesto, la proporcionalidad de esta gravísima medida limitativa y
restrictiva de derechos, debe basarse precisamente en la existencia de una grave y
muy importante transmisión comunitaria del virus, en este caso, esta transmisión
aparece en el informe de pasada, y mientras en el anterior informe de situación
epidemiológica se hablaba de un posible transmisión, se utiliza la misma frase y
líneas para ello que en el anterior informe y nos añaden que ahora la transmisión no
es posible sino que existe y puede ser importante. No nos aportan ningún dato más, ni
porqué es importante, si la importancia es extrema y grave, o en base a que datos se
puede determinar la existencia de esta peligrosa transmisión comunitaria, en
definitiva, no existe motivación en datos ni en fundamentos, para establecer esta
afirmación.
Todo ello hace concluir que las medidas pretendidas no sólo no son proporcionales
sino que se basan en datos y expresiones genéricas que hacen que una medida tan
gravosa y restrictiva resulte indiscriminada a la par que desproporcionada, no
habiéndose identificado ni subjetiva ni limitado temporalmente la actuación
administrativa pretendida…«.

Por fortuna, aunque con el tema de la competencia la Juez podía haber dado por cerrado el Auto, resulta que se ha esforzado en dar una respuesta completa. Tan completa que, si os leéis los párrafos anteriores a estos que os he reproducido, a las autoridades sanitarias se les debería caer la cara de vergüenza porque ni siquiera son capaces de aportar unos informes completos y justificados ante la Juez. Pero, ay amiguitos, los tertulianos de cabecera suelen opinar sin tener la más remota idea y, si puede ser, en función de sus colores.

¿De verdad me están diciendo que aceptan un arresto domiciliciario basado en «datos y expresiones genéricas»?

3. La «Juez de Instrucción». He escuchado esta mañana alguna frase despectiva de que ha sido una «Juez de Instrucción cualquiera». Pues resulta que la «Juez de Instrucción» es quien corresponde si pides una autorización de confinamiento domiciliario un domingo por la tarde. Si quieres que lo resuelva un Juez de lo Contencioso te adelantas al viernes por la mañana o lo retrasas al lunes. Pero sucede otra cosa que, amiguitos, a mí no me parece casualidad. La Juez que ha resuelto la denegación del confinamiento es una Juez sustituta, que quiere decir que no es una Juez de carrera, sino una persona (licenciada en Derecho, que ha tenido que acreditar algunos méritos y no me extiendo más en la figura) que está en el cargo temporalmente y con un respaldo infinitamente inferior al del Juez de carrera.

Quiero decir que de ordinario es mucho más fácil para una Administración, o para la Policía, o para el Fiscal, obtener una resolución favorable de un Juez sustituto que de un Juez titular, porque en caso de duda (por ejemplo, decidir la prisión provisional de un delincuente violento) buscará resguardarse un poco y que en el futuro no le echen en cara que su decisión fue errónea (porque lo dejó en libertad y al cabo de tres días mató a alguien). O sea, que no descarto que, además, la Generalidad quisiera aprovechar que la guardia correspondía a una Juez sustituta, cuando ha tenido toda la semana para presentar unas medidas que estaba cantado que se acabarían acordando. Y lo hace el domingo por la tarde. Porque ese era el momento «necesario». Ya. O quizás lo hace porque sabe que en el Juzgado de lo Contencioso lo tendrá mucho más difícil.

4. La dictadura de los médicos. He escuchado también a expertos médicos. El consenso era el confinamiento. De acuerdo. Ahora bien, ¿debe respetar un confinamiento los derechos y libertades de los ciudadanos? Si dejamos la decisión exclusivamente en manos de los médicos, parece que no, porque encierran a la gente y hasta nueva orden, como por otra parte acordaba la Generalidad, como pone de relieve el Auto. Por suerte, vivimos en un Estado democrático y de derecho en que es obligatorio hacer muchos equilibrios y respetar muchos intereses, o afectarlos lo menos posible, antes de imponer cualquier medida.

CONCLUSIÓN. La decisión de la Juez es ACERTADA. Si Torra quiere adoptarla, el camino legal es sencillísimo. Pero no quiere. Habrá que preguntarse, pues, si de verdad pretende el beneficio de los ciudadanos.