Cristóbal aportaba ayer el enlace al Auto de la cuestión prejudicial sobre el alcance de la inmunidad parlamentaria de Oriol Junqueras. Después de reunir el valor suficiente para leérmelo entero, os he de decir una cosa: en un duelo con Marchena, lo más prudente es huir. Rápido y sin mirar hacia atrás.

Como analizar el Auto desde un punto de vista estrictamente técnico da para un artículo de corte académico bastante aburrido, mejor leer la acertada síntesis práctica de Cristóbal, quien se tomó la molestia de leer el Auto y dejar este comentario en la anterior entrada, que al final complementaré con un apunte mío:

En primer lugar, hay que tener en cuenta que es una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo ante sus pares europeos, no se olvide. Con ello se está Marchena cubriendo las espaldas, como diciendo ‘oigan, tribunales europeos e internacionales, que mi Fiscalía y mi Abogacía del Estado me dicen que no ha lugar a plantear la cuestión prejudicial, pero a pesar de ello miren Vdes. si estamos por el espacio común de justicia europea que estamos dándoles la oportunidad de que fijen criterio ante un caso excepcional como este pero que podría producirse en cualquier momento en otros países’. Pero es que además, creo que con magnífico criterio, aprovecha la oportunidad que le dan las defensas del Junqueras al plantear el recurso de revisión/alzada/súplica o como se llame para dejar claras algunas cosas que no han podido dejar claras antes.

Porque, en segundo lugar, el auto no es solo sobre un tema concreto y específico sobre el momento exacto en que se inicia la inmunidad; en realidad es la excusa para ajustar las cuentas con las euroórdenes, el informe del grupo de trabajo de la ONU o las acusaciones contra el sistema judicial y la democracia en España. En efecto, los párrafos clave del auto son, justamente, el primer antecedente de hecho, donde se hace una descripción magnífica de los hechos de los que se les acusa, aunque dejando claro que esa descripción no deba darse por probada en este momento. Pero el tribunal les está diciendo a sus pares europeos que a ver qué habrían hecho ellos si se les hubiera planteado un caso parecido. Y en los demás antecedentes de hecho se describen con perfecta lógica los intentos exitosos del Junqueras de aprovecharse de la ley española y europea que le protege, presentándose a todas las elecciones habidas y por haber aun a sabiendas de que ya estaba procesado y en avanzado estado de enjuiciamiento, y a sabiendas de que eran esas mismas leyes las que él había abolido con sus actuaciones.

En el fundamento de derecho primero se le deja claro a los pares europeos que el Tribunal Supremo español seguirá el curso procesal pertinente en cuanto a la sentencia y posteriores actuaciones, así es que lo que decidan servirá para unificar doctrina europea, pero sin incidencia en el caso concreto español. En el fundamento de derecho segundo se hace hincapié en el mantenimiento de la prisión provisional por el riesgo de fuga, ya que otros co-partícipes están fugados y, lo que es más evidente aún, siguen estando en el Gobierno de la Generalitat y abogando por la repetición de los mismos hechos graves por los que son juzgados. En el fundamento de derecho 2.2 se pasa revista al famoso dictamen del Grupo de Trabajo sobre Detención Preventiva, contraponiendo sus conclusiones a las del TEDH y a la Comisión de Venecia. En el fundamento de derecho 2.3 se le hacen varios reproches a las decisiones de las partes requeridas en las euroórdenes, y cómo las soluciones adoptadas han incidido muy negativamente en el principio de confianza mutua en que deben basarse las euroórdenes, y más en casos tan extraordinarios como este donde los códigos penales de cada país son fiel reflejo de avatares históricos diferentes en cada país.

En los demás fundamentos de derecho no entro, aunque van en la línea de la decisión del Tribunal de la Unión Europea sobre medidas cuatelares urgentes. Aunque sí merece la pena resaltar la retranca final del Tribunal Supremo cuando dice que, a pesar de que no hay motivo legal para tramitar de urgencia esta cuestión prejudicial, que por favor, que la tramiten de urgencia en beneficio de los derechos del Junqueras, jejeje… Vale por hoy.

Hasta aquí el comentario de Cristóbal y a continuación mi complemento, que se ciñe exclusivamente al fundamento 4.4, en el que se cita la Sentencia del TJUE de 7 de julio de 2005, Le Pen v. Parlamento Europeo, C-208/03 P, apartado 51, y la «la absoluta falta de competencia del Parlamento [Europeo] para cuestionar una vacante de escaño derivada de la aplicación de las disposiciones nacionales«.

Esta Sentencia -que parece bastante útil para valorar la petición formulada por Puigdemont y Comín ante el TJUE dice en sus apartados 50 y 51, que reproduzco enteros:

«50     Así pues, por lo que respecta, primeramente, a la alegación del recurrente basada en la propia letra del artículo 12, apartado 2, del Acta de 1976, que, según él, menciona la obligación del Parlamento de tomar nota de una vacante de escaño derivada de la aplicación de las disposiciones nacionales vigentes en un Estado miembro, dicha disposición, lejos de corroborar la tesis del recurrente, pone por el contrario claramente de relieve la absoluta falta de margen de apreciación del Parlamento en esta materia. En efecto, en esta hipótesis particular, el papel del Parlamento no consiste en declarar la vacante del escaño, sino, como señaló fundadamente el Tribunal de Primera Instancia en el apartado 88 de la sentencia recurrida, simplemente en tomar nota de la vacante del escaño ya declarada por las autoridades nacionales, mientras que en las demás hipótesis relativas, señaladamente, a la renuncia o al fallecimiento de uno de sus miembros, dicha institución desempeña un papel más activo, puesto que ella misma declara vacante el escaño e informa al Estado miembro afectado de dicha vacante.

51     Por lo demás, esta interpretación resulta confirmada por la redacción de otras disposiciones del Acta de 1976, como la de su artículo 11, y la del artículo 7, apartado 1, del Reglamento del Parlamento. Ambos artículos, relativos a la comprobación de las credenciales de los miembros del Parlamento, confieren en efecto a dicha institución la facultad de resolver sobre la validez del mandato de cada uno de sus diputados electos, así como sobre las impugnaciones que se hubieren presentado conforme a lo dispuesto en el Acta de 1976, «con exclusión de las disposiciones nacionales a que dicha Acta remita» (artículo 11 del Acta de 1976) y «salvo las [impugnaciones] fundadas en las leyes electorales nacionales» (artículo 7, apartado 1, del Reglamento del Parlamento). Estas puntualizaciones, que fueron reproducidas, sin ninguna modificación, en el actual artículo 12 del Acta de 1976, modificado por la Decisión 2002/772/CE, Euratom del Consejo, de 25 de junio de 2002 y de 23 de septiembre de 2002 (DO L 283, p. 1), y en el artículo 3, apartado 1, del Reglamento del Parlamento actualmente en vigor (DO 2005, L 44, p. 1), corroboran, pues, claramente, en el estado actual del Derecho comunitario, la absoluta falta de competencia del Parlamento en relación con una vacante de escaño derivada de la aplicación de las disposiciones nacionales.«

En definitiva, que si las disposiciones nacionales determinan que un escaño queda vacante porque así se declara por las autoridades nacionales, el Parlamento Europeo carece de competencia alguna para valorar dicha decisión. Si eso es o no aplicable al caso Puigdemont – Comín y si su contenido anticipa lo que puede llegar a pasar en un futuro, lo dejo a la libre apreciación del lector dispuesto a leer y entender el texto resaltado y no inventarse interpretaciones de lo más peculiar (p.ej: ‘Estrasburg ha estat un èxit‘, perpetrado por Salvador Cot)…

CONCLUSIÓN. Lo dicho. Si tenéis cuestiones jurídicas de alto nivel y os cruzáis con el Excmo. Sr. Manuel Marchena, mejor no juguéis a saber más que él. No sabemos tanto ni de broma.