Escribir sobre derecho, con relación al ‘Procés’, me divierte. Como esta noticia, de hace unos días, que publicaban varios medios: «Advocats barcelonins asseguren en un informe que convocar un referèndum i participar-hi no és delicte«.

Si hay abogados que suscriben un informe con las tesis oficiales del canal de propaganda, seguro que contiene tesis «discutibles». Así que he buscado el informe de la «Comissió de Defensa dels Drets de la Persona i del Lliure Exercici de l’Advocacia» al que hacen referencia los medios y me lo he leído. Como me aburre un poco, dejo solo dos pinceladas (sobre los dos primeros puntos) y un comentario sobre el tercer punto, algo más interesante.

Primer punto del informe: «1.- Convocar un referèndum i participar-hi no és delicte«. No hace falta un informe jurídico para esto, que es sobradamente conocido. Lo que sí puede ser delito, y de ahí los procedimientos abiertos, es ignorar total y absolutamente las resoluciones del TC. Lo demás es propaganda -dicho sea con los debidos respetos para los compañeros que han elaborado el informe y a los solos efectos de defensa- y no análisis jurídico.

Segundo punto del informe: «2. El referèndum de l’1 d’octubre no és il·legal«. Teniendo en cuenta mi opinión sobre el primer punto, queda clara sobre el segundo. No obstante, creo que el lector del blog -incluso sin tener demasiada idea- puede valorar la solidez jurídica del siguiente párrafo: «Més enllà de judicialitzar la política, polititza la justícia i vulnera drets fonamentals vigents al propi Estat«. Yo diría que esto no es muy jurídico y que se lo he oído decir antes a alguien y no era Catedrático de derecho.

Tercer punto del informe: «3. L’abast de les decisions del Tribunal Constitucional:«. Por fin, ahora viene lo interesante: el alcance de las decisiones del Tribunal Constitucional, que seguro resulta ser un tema apasionante.

El informe dice así: «Els proveïts del Tribunal Constitucional del 7 de setembre de 2017 van disposar la suspensió de la Resolució i dels Decrets impugnats amb efectes des del 7-9-2017, suspensió que només vincula a les persones a què es refereix l’article 87 LOTC: “Todos los poderes públicos están obligados al cumplimiento de lo que el Tribunal Constitucional resuelva. En particular, el Tribunal Constitucional podrá acordar la notificación personal de sus resoluciones a cualquier autoridad o empleado público que se considere necesario.”«

Traduzco: dice que las Providencias del TC de 7 de septiembre de 2017 dispusieron la suspensión de la Ley del Referéndum y de los Decretos impugnados con efectos desde el 7 de septiembre, suspensión que sólo vincula a las personas a las que se refiere el artículo 87 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, esto es, los poderes públicos.

A ver, que lo explico de forma rápida y sencilla, para no aburrir: la suspensión de una norma jurídica como la Ley 19/2017, del referéndum de autodeterminación (y lo mismo pasa con las demás normas), subsiguiente a la interposición de un recurso de inconstitucionalidad, produce efectos para las partes del recurso desde la fecha de su interposición y para los terceros desde el día en que el acuerdo apareció publicado en el «Boletín Oficial del Estado». Y terceros somos todos los ciudadanos. Todos sin excepción; incluso los partidarios de la secesión, que también quedan incluidos. No hay distinciones, todos somos iguales.

Así lo dice:

1. La Providencia de 7 de septiembre de admisión del recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del Referéndum, en su punto 3: » Tener por invocado por el Presidente de Gobierno el artículo 161.2 de la Constitución, lo que, a su tenor y conforme dispone el artículo 30 LOTC, produce la suspensión de la Ley impugnada, desde la fecha de interposición del recurso -7 de septiembre de 2017- para las partes del proceso y desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado para terceros«.
2. El Boletín Oficial del Estado publicado el día 8 de septiembre. De modo que los efectos, para todos (los terceros; lo que se llama efecto erga omnes), se produjo a partir del día 8 de septiembre.
3. El Auto del TC 434/1990: «En este sentido, hay que entender que el momento de la interposición de la demanda al que se retrotraen los efectos suspensivos afecta únicamente a las partes del recurso, mientras que para los terceros dicho momento ha de ser a partir de la publicación del acuerdo suspensivo en el «Boletín Oficial del Estado»; todo ello en virtud de la litispendencia de estas pretensiones constitutivas«.
4. El Auto del TC 74/1991, que confirma esa doctrina, tras desestimar un recurso del  Abogado del Estado.
5. Una reflexión pausada, fuera del derecho: ¿cómo la suspensión de una Ley va a vincular a los poderes públicos y, en cambio, no vincula a sus destinatarios directos?En fin.

Repito el texto leído en el informe: «»Els proveïts del Tribunal Constitucional del 7 de setembre de 2017 van disposar la suspensió de la Resolució i dels Decrets impugnats amb efectes des del 7-9-2017, suspensió que només vincula a les persones a què es refereix l’article 87 LOTC«.

Y ahora, reflexionad si la suspensión vincula a todos desde el 8 de septiembre de 2017 o sólo a los poderes públicos.

Lo explicaré lo más fácil que pueda: la suspensión de la Ley tiene efectos PA-RA TO-DOS.

CONCLUSIÓN. Me eximo de comentar nada más que, otra vez, son las tantas. Ahí queda.