Bajo este nada atractivo título, Teoría y Realidad Constitucional, hace unos días descubrí una revista de Derecho Constitucional cuyo último número (el 37) se dedica a la cuestión catalana. Desde un punto de vista jurídico (o sea, pesadito, aunque a mí esta vertiente del derecho de la secesión se me hace muy amena), intelectual y de fundamento teórico, resulta una publicación muy valiosa porque ahonda en la argumentación jurídica realista de la secesión. Diversos artículos en profundidad, firmados por prestigiosos especialistas (y si no son prestigiosos, sí que son expertos), que reflejan una visión nada amable de la secesión, que tiene muchos requisitos que cumplir y obstáculos a salvar. Todo lo contrario a la versión de la secesión nacionalista, que está tan bien estudiada y preparada, la mejor de la historia, que al cabo de quince días de este magnífico artículo de Salvador Cardús, cambió de guion.

Pero los artículos en profundidad, ya se sabe, no interesan: vende más que Stiglitz diga que, en un determinado contexto, ve «factible» la viabilidad de una Cataluña independiente, aunque no haya estudiado el caso. Con esa frase se quedan más contentos que unas castañuelas y han ganado la secesión. Y si un Catedrático de Derecho Constitucional como Enoch Alberti, bastante permeable a los postulados secesionistas, dice que el derecho a decidir no existe (p.45), tranquilos: yo no lo he leído y vosotros tampoco. («El llamado derecho a decidir, entendido como la capacidad para que la población de un determinado territorio se pronuncie y decida autónomamente sobre su estatuto jurídico-político, a mi juicio no existe hoy en términos estrictamente jurídicos…«)

Cuesta más leer este artículo doctrinal en Teoría y Realidad Constitucional de Jean-Claude Piris, que no será premio Nobel, pero fue asesor jurídico del Consejo Europeo y del Consejo de la UE y Director General de los Servicios Jurídicos del Consejo de la UE de 1988 a 2010. Consejero de Estado Honorario en Francia y diplomático francés ante las Naciones Unidas y director de asuntos jurídicos de la OCDE. Piris no gusta nada entre el secesionismo y no es de extrañar: mantiene todo lo contrario a esa secesión del «pragmatismo» y encima escribe artículos como el que vuelvo a enlazar titulado «LA UNIÓN EUROPEA, CATALUÑA Y ESCOCIA (Cuestiones jurídicas sobre las recientes tendencias secesionistas en los Estados Miembros de la UE)«. Para los que no os apetezca leerlo entero, os cito los puntos a mi entender más relevantes, que son citas literales (las negritas de cada punto son mías) de su trabajo:

1. Sobre las previsiones de los Tratados para una secesión. Es cierto que los Tratados  de la UE serían neutrales respecto a la división de un Estado miembro si se produjera respetando el Estado de Derecho (rule of Law). Bajo la condición de que la división se produjera de forma legal, los Tratados de la UE proporcionarían un procedimiento sobre cómo actuar en cuanto a la adhesión del nuevo Estado.
2. Sobre los efectos de una declaración unilateral de independencia en cuanto al reconocimiento por Estados miembros de la UE. El mismo artículo 4(2) del TUE también impone a la UE la obligación legal de que, en relación con sus Estados miembros, «respetará las funciones esenciales del Estado, especialmente las que tienen por objeto garantizar su integridad territorial». Esta frase es importante en el marco del presente estudio. En mi opinión, implica que los demás Estados miembros no serían legalmente libres para reconocer como Estado a una entidad que está constitucionalmente sometida a la jurisdicción de un Estado miembro. Si tal entidad declarase unilateralmente su independencia, violando la Constitución del Estado miembro afectado, los demás Estados miembros de la UE estarían legalmente obligados a rechazar su reconocimiento. En ese caso, la entidad en cuestión, no reconocida como Estado por los Estados miembros de la UE no estaría habilitada para solicitar legalmente ser miembro de la UE, porque la primera condición para solicitar el ingreso es ser un Estado.
3. Sobre el incumplimiento de la regla del Estado de Derecho para una declaración unilateral de independencia. El artículo 49 requiere que el país solicitante «respete los valores mencionados en el artículo 2». Entre esos valores se encuentra el «Estado de Derecho» (rule of Law); una entidad que se declare a sí misma, de forma unilateral, Estado independiente, vulnerando flagrantemente el Derecho constitucional que le sea aplicable, no cumpliría ese requisito básico. Esto ocurriría, por ejemplo, en el caso de Cataluña, mientras la actual Constitución española no se modifique.
4. La secesión (legal) da lugar a un Estado distinto que no sería automáticamente miembro de la UE. En el caso de que se produjera una secesión de conformidad con el Derecho (nacional, Europeo e internacional), la nueva entidad se convertiría en una entidad jurídica distinta de su Estado de origen desde la fecha de su independencia. No seguiría siendo automáticamente Estado miembro de la UE
5. Cataluña no podría asumir la posición jurídica de España, ni siquiera simultáneamente. Se ha defendido, aunque escasamente, la idea de que ambas parejas de Estados (lo que quede de España y Cataluña, lo que quede del Reino Unido y Escocia) podrían legalmente pasar a ser Estados sucesores y los cuatro podrían seguir siendo Estados miembros de la UE. Sin embargo, tal tesis es jurídicamente incorrecta, tanto en el Derecho internacional como en el de la UE, y no resolvería el  problema de cumplir las condiciones de adhesión a la UE.
6. Un nuevo Estado tiene que pedir la admisión en organizaciones y negociar nuevos tratados. el nuevo Estado creado por la secesión, el cual, al no ser un Estado sucesor, tendría que solicitar ser miembro en esas organizaciones internacionales y negociar nuevos tratados con terceros Estados y organizaciones.
7. El nuevo Estado pasa a ser un tercer Estado. Desde la fecha de su independencia, el nuevo Estado se convertiría en un tercer Estado respecto a la UE y sus Estados miembros, y viceversa. Los Estados miembros de la UE tendrían que reestablecer las fronteras y el control de los flujos de bienes y personas procedentes del nuevo Estado
8. Si no tienes la nacionalidad de un país miembro, dejas de ser ciudadano de la UE. En la fecha de la independencia, parte de los nacionales del nuevo Estado, dado que previamente se beneficiaban de la ciudadanía de la UE, estarían viviendo, estudiando, trabajando o jubilados en Estados de la UE. Del mismo modo, ciudadanos de la UE, nacionales de los veintiocho Estados miembros, estarían viviendo en el nuevo Estado. En esa fecha, los primeros perderían la nacionalidad que tenían antes y se les daría la del nuevo Estado. Teniendo esto presente, como ya no tendrían la nacionalidad de un Estado miembro de la UE, ya no serían ciudadanos de la UE
9. Sobre los derechos adquiridos. El Derecho de la UE no prevé «derechos adquiridos» para ex-ciudadanos de la UE ni establece un «principio de continuidad» de la ciudadanía de la UE.
10. Sobre la pérdida de la ciudadanía de la UE en caso de secesión (y ostentar únicamente la nacionalidad del nuevo Estado). Por lo tanto, desde la fecha de la independencia de Cataluña o Escocia, sus ciudadanos, en ausencia de un nuevo tratado que prevea medidas provisionales, perderían su ciudadanía de la UE y los derechos ligados a ella
11. Más sobre las consecuencias de la unilateralidad y la ilegalidad de la secesión. Si una entidad, unilateral e ilegalmente, declara su independencia violando la Constitución del Estado al que pertenece, los Estados miembros de la UE estarían legalmente obligados a negarse a reconocerla. En caso de que los Estados miembros tuvieran que decidir sobre una solicitud de Cataluña, declararían que no pueden, por razones legales (art. 4(2) del TUE), reconocer a Cataluña como Estado independiente. Una entidad que declare su independencia de forma unilateral en violación de la Constitución nacional que debe defender, incurriría en flagrante incumplimiento del requisito básico de respetar el Estado de Derecho
12. Sobre la necesidad de adhesión y el procedimiento a seguir. Tanto en Cataluña como en Escocia, han afirmado que no sería necesario un acuerdo de adhesión negociado y adoptado por la UE sobre la base del artículo 49. Han argumentado que el artículo 48 del TUE, que es la base legal para adoptar una revisión de los Tratados de la UE, sería la única base legal correcta en el caso de lo que llaman una «ampliación desde dentro». La única base de su argumentación es que el nuevo Estado «ya era miembro de la UE», a pesar de que reconocen que no existía como Estado. Su esperanza política era que un procedimiento basado en el artículo 48 permitiera llegar a resultados más fácil y rápidamente que el procedimiento del artículo 49. No obstante, esto no estaba garantizado de ninguna forma. El artículo 49 del TUE, y no el artículo 48, sería la única base legal correcta, tanto por razones de fondo como por razones de procedimiento.

CONCLUSIÓN. Se puede estar del todo de acuerdo con Piris, en una parte o en nada. Eso sí, quien no esté de acuerdo, que no venga con lo del «pragmatismo» y la «flexibilidad» y argumente jurídicamente en contra de Piris.

Ya es significativo, ya, que frente a un fundado (y criticable, faltaría más) artículo de treinta y pico páginas, con más de ochenta notas a pie de página, algunos prefieran una frase de Stiglitz. Qué fácil es sumarse a una frase y qué difícil argumentar sólidamente contra treinta y pico páginas de criterio jurídico, ¿verdad?