Anda la cosa revuelta por la convocatoria de la Junta de Portavoces por parte de la Presidenta del Parlament. Desde una perspectiva puramente objetiva, todo el lío se origina por las prisas de Junts pel Sí y la CUP. Eso no tiene vuelta de hoja, se ponga como se ponga quien quiera.

Si el Reglamento del Parlament concede un término de ocho días para constituir el grupo parlamentario, los promotores de la resolución sabían que, sin necesidad de que el Partido Popular ni nadie lo solicitara, ese período operaba ex lege, es decir, automáticamente. Por eso, cuando se alude al «filibusterismo», palabra que ahora ha adoptado la caverna apesebrada, se incurre en el típico uso perverso de las expresiones: no se trata de que el Partido Popular haya solicitado que se le conceda una prerrogativa  que le permita dilatar la toma de decisiones, sino que se ampara en una facultad que ya venía otorgada, automáticamente, por el mismo Reglamento del Parlament, sin petición previa de parte. La cuestión es técnica y sutil, dos aspectos que el secesionismo de brocha gorda, que desprecia la Ley, es incapaz de aceptar.

Anoche seguí un rato una tertulia del Canal 324 y los razonamientos vertidos por quienes se decantan a favor de los grupos secesionistas eran del tipo «Como dos grupos parlamentarios han presentado la propuesta de Resolución, el resto de partidos -particularmente el Partido Popular- TIENEN la obligación de constituirse en grupos parlamentarios YA y designar Portavoz para que se pueda tramitar«. Este es el tipo de democracia que propone el secesionismo: o haces lo que yo digo o no eres demócrata.

Intervino una abogada, Anna Boza, y expresó que, desde un punto de vista procedimental, no veía dónde estaba el problema en que el Partido Popular agotara el término legal. Como suele suceder cuando criticas los argumentos de la hegemonía separatista, tuvo que aclarar que «yo no soy del PP«, lo cual ejemplifica qué sucede por aquí cuando discrepas y cómo el secesionismo te sitúa en el «bando contrario».

Desde otro punto de vista, se alega la existencia de dos precedentes en 2006 y 2010. Según Millo, las fechas se han falseado y no se trataba propiamente de Juntas de Portavoces. Da igual. Que en 2006 y 2010 se hubieran llevado a cabo Juntas de Portavoces irregularmente no convierte en válida la reunión de una Junta de Portavoces que no está constituida. Si quienes participan en un acto irregular o inválido optan por no impugnarlo, es cierto que el paso del tiempo, o la propia aceptación, lo pueden convalidar, purificar o confirmar. Pero no es el caso. Si alguien pone de manifiesto la ilicitud de la convocatoria, porque no la acepta, el «precedente» carece absolutamente de validez. Esto lo entiende cualquiera, salvo quien tiene aspiraciones de pensamiento único y se considere que el Reglamento del Parlament ha quedado derogado en los artículos a los que afecta la convocatoria de la Junta. ¿Me están diciendo eso? ¿Que una parte del Reglamento, entre otros el artículo 35, ha quedado derogada sin que el mismísimo Parlamento se haya enterado?

Valiente democracia, la que preparan.