Estos días pasados ha tenido una relativa difusión en el lado victimista de la vida el informe-encuesta titulado «Polarización y convivencia en España 2021. El papel de lo territorial» (aquí, enlace a la página Esade) . Si no te has enterado, tampoco es problema porque no merece la relativa atención y plañidos con que algunos han recibido sus resultados, por ejemplo Antoni Bassas, quien en uno de sus artículos en el ARA se ha quejado amargamente de ello.

La razón de sus lamentos se contiene en este cuadro, que mediría el grado de afectividad cruzado entre habitantes de cada Comunidad Autónoma que aparece en la encuesta (si lo he hecho bien, clicando la imagen se abre otra ventana y se puede ampliar).

Como veis, la afectividad por Cataluña ocupa el último lugar en todas las Comunidades, por debajo del 50 excepto en País Vasco y hasta por debajo de 40 en Extremadura. Todo ello ha dado lugar al clásico y automático discurso de la «catalanofobia«, «no nos quieren, como ya sabíamos«, etcétera.

Dejaremos para otro día el análisis de esta clase de preguntas, para centrarnos en el artículo de Antoni Bassas de 12 de abril de 2022, donde le dedicó un párrafo al resultado de la encuesta:

«(…) D’aquesta manera, no els estranyin resultats d’enquestes com aquest: els catalans són els ciutadans menys estimats d’Espanya. És la columna que està més en vermell. No aprovem enlloc, només al País Basc. Ja pot ser Catalunya el país on van trobar el seu futur centenars de milers d’andalusos o extremenys: en qüestions d’afectes, suspenem a tot arreu. Tenim notes d’afecte molt pitjors que els bascos, malgrat el terrorisme d’ETA. El discurs polític i mediàtic majoritari espanyol reprodueix i alimenta aquesta cultura, la qual cosa ens colpeja, perquè els mitjans espanyols tenen audiència a Catalunya, i tot això acaba impactant sobre la llengua, sobre el català.«.

Según Antoni, pues, los resultados presentados tienen que ver con el discurso político y mediático mayoritario «español». Nada tiene que ver el discurso político y mediático mayoritario «independentista» o aquello que existe, no se dice explícitamente, y conoce cualquiera medianamente familiarizado con la línea de pensamiento del independentismo. Línea que, por otra parte, viene de lejos. Tan de lejos como de toda la vida, más o menos.

Unos brevísimos ejemplos:

2010. Carles Puigdemont, en aquella época diputado por Convergència y concejal municipal.

El tuit es de poco antes de la final del Mundial de Fútbol y la referencia al pulpo tiene que ver, para quien no lo recuerde, con la popularidad del pulpo Paul. Una gracia inofensiva como cualquier otra que a Puigdemont le servía para dejar su gracieta con deje despectivo. No hay que ahondar demasiado en la gracieta.

Quim Torra. 2011-2012.

Se trata de una captura de tuits de Torra que empezaron a circular cuando se le nombró presidente de Òmnium Cultural (allá por 2015) y que más tarde borró.

Pere Aragonès. La imagen se explica sola. No sé la fecha, pero da igual.

Antoni Bassas. Imagino que no os habrá pasado desapercibida esta frase de de Bassas: «Ja pot ser Catalunya el país on van trobar el seu futur centenars de milers d’andalusos o extremenys: en qüestions d’afectes, suspenem a tot arreu.». Por supuesto, no podía faltar la frase del tipo «encima ni le dan las gracias al patrón, los muy desagradecidos«, especialmente dirigida a andaluces y extremeños. Una gran forma de ganarse el afecto de quien se ganó la vida, o sobrevivió como pudo, a cambio de su esfuerzo y no de la desinteresada y gratuita generosidad de los Antonis que exigen, cómo no, el afecto del proletariado.

Conclusión. En fin, que como siempre todo es complejo, empezando por la misma formulación de un nivel de ‘afectos’ entre Comunidades y las respuestas de los encuestados, pero que nos venga Antoni Bassas a decirnos que no le quieren y que la culpa es de «los otros«, sus prejuicios y su machaque a la opinión pública, mueve a pensar en cuántos prejuicios y escaso planteamiento crítico acumula el pobre Antoni.

Los rescoldos de aquello que en su día se conoció como ‘procés’ no dan ya para nada, salvo para conocer prerrogativas económicas, gestiones dudosas y otras muchas noticias que han llegado -¡oh, sorpresa!- hasta el universo mediático independentista. No han llegado por ansias investigadoras, me temo, sino porque apenas tienen una noticia buena que ofrecer y, por aburrimiento, algunos hasta se han dedicado un poco a lo que se supone debe hacer un periodista: preguntar y enseñar las respuestas de lo que ha encontrado. Todo un método ‘novedoso’ descubierto en el año 2022. Enhorabuena.

La cuestión del título. Desde hace semanas que tenía el asunto en mente. Con documentos, estudio, análisis y esas cosas tan aburridas con las que se suelen demostrar los hechos; anticipo que el artículo no va de eso y que acaba como muchas otras veces, es decir, de forma irónica.

En un comentario anterior, y a raíz del asunto de Canet, escribía que me había llamado mucho la atención que el Auto del Tribunal Superior de Justicia era del mes de octubre y que solo trascendió a principios del mes de diciembre, cuando un conjunto de padres (supongo que por lo menos dos) publicó un tweet quejándose del contenido del Auto y un explícito «¡Canya!«. Indiqué que ese «¡canya!» de por sí no es agresivo o intimidante, pero sí que indica un tono enfático sobre la cuestión a que se refiere. O sea, que el incendio lo inició quien luego se presentó como víctima (Famílies de l’escola de Canet denuncien la tergiversació de la premsa espanyola, en Vilaweb). Igual da, es una anécdota y comentario en voz alta.

Al tema. Cuando los ‘opinadores’ se enzarzan sobre la cuestión del castellano y el catalán, una de las frases recurrentes de los defensores del «castellano cero o casi cero» (en esta noticia de Vilaweb se indicaba, respecto a Canet: «Ara per ara, l’escola no introdueix el castellà fins a la primària«; de donde se concluye que, en la etapa infantil, el castellano tiene una presencia cero) es que el castellano se aprende solo, como quien dice en la calle, y además que el modelo de inmersión lingüística es un modelo de éxito, etcétera y algunas frase manidas más.

Como siempre, he ido a documentarme sobre tales frases. Nada mejor que acudir a expertos como Plataforma per la Llengua. Hay a quien le puede parecer que los postulados de esta autodenominada ‘ONG del catalán’ le puedan parecer trasnochados y reaccionarios, pero eso queda al juicio de la sana crítica de cada uno. En fin, que acabé enfrascado en la lectura de un breve documento sobre la inmersión lingüística en Cataluña.  Y no tardé en preguntarme si, como sostiene el documento se trata de un modelo exitoso. Exitoso. Con pruebas empíricas, dicen. Empíricas. Os las presento, a ver qué os parecen. Si usáis lentillas, tened cuidado. Riesgo de laceraciones. En general, riesgo de que sangren los ojos.

Por supuesto, no he marcado de color amarillo («a-ma-ri-llo») la prueba empírica «de el» éxito porque no seáis capaces de observar el error (p.14 del documento; repetido en la página 4, en el índice), sino porque los sufridos millones de lectores de un documento que lleva más de tres años en la página web de Plataforma per la Llengua han guardado un discreto silencio sobre algo así como «los defensores del éxito empírico no saben cómo se escribe del en castellano«. O silencio, o quizás es que esos millones de lectores no han sabido detectar el error, pese a la prueba ‘empírica’ que nos aporta Plataforma per la Llengua. Lo cual sería una prueba empírica de… ¿la falta de éxito? No sé, la duda me corroe y todavía no tengo una respuesta clara.

Conclusión. Dice Àlex Gutiérrez en el ARA -con relación a ese atestado de Mossos en que figuran múltiples faltas de ortografía- que: «Elevar un cas concret a categoria és una manipulació informativa de primer ordre«. Puedo estar incluso hasta de acuerdo. Claro que ahora ya no es un caso concreto. Son DOS (¡oh, qué escándalo, dos!). Y, además, de la ONG del catalán (¡oh, por favor, la ONG del catalán!). Sí, esa misma que dice que tiene pruebas empíricas de el, digo, de+el, por favor, d’el, qué lío, de’l, en fin. Pruebas empíricas. Éxito. Así no fallo la contracción, si es que la hubiere.

Te lees un documento cualquiera de propaganda, sea el tema que sea, y siempre te hacen agradable la vida. Qué simpáticos.

Qué sucederá con Puigdemont es un misterio. De nuevo, un embrollo jurídico en que cada uno afirma lo que más le interesa. Pero hay detalles que no pueden pasar por alto y que demuestran un cierto descuido por Puigdemont y su defensa o, en todo caso, un exceso de confianza y ligereza. Ahora todo el mundo recuerda el contenido del Auto por el que se denegaban las medidas cautelares y toma lo que quiere. No seré una excepción.

Escudriñando la resolución de 30 de julio de 2021 (está en francés e inglés), leemos: «Les requérants n’apportent aucun élément permettant de remettre en cause les affirmations du Royaume d’Espagne et de considérer que la suspension de la procédure pénale en cause n’impliquerait pas la suspension de l’exécution des mandats d’arrêt européens. En particulier, la circonstance avancée par les requérants que le Royaume d’Espagne n’a pas supprimé les signalements en vue d’une arrestation aux fins de remise du système d’information Schengen II est sans influence sur le constat de la suspension de la procédure pénale en cause. Quant au fait que le juge d’instruction aurait rendu plusieurs autres ordonnances et procédé à différentes audiences postérieurement à la demande de décision préjudicielle, il n’a pas été démontré que celles-ci concernaient les mandats d’arrêt européens en cause ou leur exécution.«.

Como se lee, los mismos demandantes (Puigdemont, Comín y Ponsatí) sabían y conocían que las órdenes de detención continuaban vigentes en el sistema de información Schengen II. Es cierto que el Tribunal parecía dar por suspendido el proceso penal y que en algunos pasajes se indicaba que las «autoridades españolas» aseguraban que la ejecución de la euroorden no se produciría; sin embargo, no sabemos qué «autoridades españolas» dijeron tal cosa (solo podría hacerlo quien instruye la causa, es decir, el Magistrado Pablo Llarena) y  lo que parece evidente es que no consta una resolución expresa del Tribunal Supremo dejando sin efecto la euroorden.

En resumen, y al margen de otras cuestiones legales: era sabido y conocido que la euroorden constaba en el Sistema de Información Schengen II (SIS II) y, por lo tanto, que existía una alerta para buscar y detener a una persona (Puigdemont) contra la que se había dictado una orden de detención europea. Si debe darse o no por suspendida solamente para Bélgica o para todo el espacio Schengen es otra cuestión que ni sé, ni me interesa. Lo resolverán otros.

La cuestión primordial para saber la razón de la detención de Puigdemont es: 1) La alerta para detener a Puigdemont estaba vigente en SIS II; 2) Puigdemont y su equipo lo sabían, hasta el punto de que así lo manifestaron ante el TGUE; 3) EL TGUE -que tengo mis dudas se refiera al Tribunal Supremo cuando se refiere a las «autoridades españolas»- les dice a Puigdemont y compañía que «tranquilos, que no pasa nada» (habría que ver si el TGUE fue riguroso o fue algo ligero con lo de las «autoridades españolas»); 4) En cualquier caso, nadie se preocupa de comprobar, verificar o asegurarse de que la euroorden efectivamente haya quedado suspendida en el Sistema de Información Schengen II, que entiendo será el tema central de la discusión del equipo de Puigdemont; 5) Como nadie se ocupa de tratar esa alerta, sigue activa en el Sistema de Información Schengen II; 6) Detienen a Puigdemont porque salta la alerta al montarse en el avión.

Lo demás… pues ya se verá.

En España, el asunto sería más o menos así: se recibe petición de extradición contra una persona por delito o delitos que conllevan unas penas bastante graves. El Fiscal pide la detención y prisión provisional, y si no es prisión que sea en libertad bajo fianza y con determinadas restricciones de movimiento, como por ejemplo no poder salir de España. El Juez lo examina, escucha a la defensa, y piensa que como las penas son graves, pero los hechos son un tanto especiales, es la primera vez que se encuentra ante ese tipo de hechos y, a la vez, la persona acusada tiene residencia y trabajo en España, se la puede dejar en libertad provisional con determinadas prevenciones y limitaciones, como por ejemplo no poder salir de España y que se presente cada siete días a firmar una comparecencia ante el Juzgado. Hasta ahí, más o menos. Seguramente, el Juez de la Audiencia Nacional no sería tan magnánimo, como sí lo fue el Juez escocés en el caso de Clara Ponsatí, como para entregarle el pasaporte y dejarle viajar por todo el mundo (alimentando así el riesgo de fuga inherente a toda petición de extradición; vaya, que en términos de aquí roza la prevaricación imprudente, pero en cada país se saben lo suyo.).

En cualquier caso, pongamos que la Audiencia Nacional dicta un Auto de libertad provisional bajo fianza y, en un alarde de candidez, se acuerda hacer entrega del pasaporte al reclamado de extradición y le autorizan a viajar por el mundo, eso sí, con un par de condiciones principales: a) Que si cambia de domicilio, lo comunique; b) Que tiene la obligación de comparecer cuantas veces sea requerido por el Tribunal, normalmente con la advertencia explícita de que en caso de no hacerlo se ordenará su detención.

Bien, nos vamos situando en el caso de Clara Ponsatí y la petición de extradición tramitada ante un Tribunal escocés. Más o menos eso fue lo que se acordó, a salvo de algunos detalles irrelevantes y las especialidades propias anglosajonas.

Seguir leyendo Clara Ponsatí y su huida de la Justicia escocesa →

Estaréis al caso: en ElConfidencial se dieron una vuelta por la web del Institut de Nova Història, a ver qué encontraban de bueno, y descubrieron un artículo en el que se sostiene que Beethoven tenía sangre catalana, nada menos que una abuela llamada Maria Josep Polls, natural de Vilassar de Dalt. A partir de este hecho, el artículo construye una  fijación de Beethoven por España que, por supuesto, tenía que ver con esa abuela sin duda de mentalidad separatista.

Claro que, por mucho que se sostenga lo contrario en el artículo del INT (Institut Nova Trola, uy, perdón, Nova Història), quizás las fuentes que manejó el articulista no eran del todo solventes o, quizás, escribió «de oídas«, lo cual constituye una gracieta muy poco elaborada y menos cuando el talento no es comparable al de Beethoven. En el artículo del INT leemos: «Les nostres fonts són de fiar. L’historiador David Jacobs i el professor de música de la Universitat de Harvard Elliot Forbes, sostenen que Maria Josepa va emigrar al nord d’Europa després de la Guerra de Successió el 1714, per acabar casant-se amb el cantant Ludwig van Beethoven, l’avi homònim del compositor.» [Nuestras fuentes son de fiar. El historiador David Jacobs y el profesor de música de la Universidad de Harvard Elliot Forbes sostienen que Maria Josepa emigró al norte de Europa después de la Guerra de Sucesión en 1714, para acabar casándose con el cantante Ludwig van Beethoven, el abuelo homónimo del compositor].

Yo, la verdad, no tenía apenas fuentes fiables y desconocía todo sobre el tema hasta que leo en EL PAÍS: «La abuela de Beethoven no era española. El boletín genealógico ‘Die Laterne’ demuestra que la antepasada del compositor nació en Châtelet (Bélgica) y desmonta el bulo difundido en los últimos años […] el registro del bautismo de la abuela de Beethoven seguía sin aparecer y ello alimentó especulaciones disparatadas acerca de una supuesta ascendencia española, que estos días han resurgido gracias a un estudio de Jordi Cos, que fija en el Maresme a los ancestros del compositor«.
Quien esté interesado, que se lea el artículo. Quien no, que se quede con lo siguiente de las FUENTES DE FIAR: «La fuente donde se apoya esta teoría es la biografía de Beethoven, de 1970, escrita por el guionista y divulgador David Jacobs y asesorada por el musicólogo y profesor de Harvard, Elliot Forbes. Ruiz Tarazona asegura que en ese libro se afirma que Maria Josepha era española. Pero no es cierto. Y en la página 12 se indica todo lo contrario: “De hecho, [Beethoven] no era español, sino de ascendencia alemana y flamenca. Originalmente, la familia de su padre procedía de Flandes. La abuela paterna [Maria Josepha] del español [se refiere al sobrenombre de Beethoven], sin embargo, era alemana, al igual que su madre. (…) La recepción de este bulo ha tenido nefastas consecuencias. Una de las más disparatadas fue un estudio publicado, en septiembre de 2019, por Cos, tanto en la web de l’Orquestra Simfònica del Vallès como en la fundación cultural Institut Nova Història. En él no sólo asegura que Maria Josepha era catalana, sino que ubica la errónea transcripción de su apellido en el municipio barcelonés de Vilassar de Dalt. Un artículo de El Confidencial ponía este fin de semana el trabajo de Cos como ejemplo de los estudios revisionistas del independentismo catalán para apropiarse de figuras históricas relevantes.».

Las fuentes. Siempre las fuentes. Mirad si era fácil contrastar la fuente y no escribir de oídas para satisfacer el ego nacionalista, que hasta se puede contrastar gratis en Amazon, solo consultando la muestra gratuita accesible de LA FUENTE de Jordi Cos. Aquí os pongo la captura:

Si el articulista hubiera consultado el libro escrito por las «fuentes de fiar«, quizás casualmente habría leído que ahí se afirma que la abuela era «alemana«, dato que según parece -y bastante poco importa a quien no sea aficionado a la vida y obra de Beethoven- tampoco era correcto. Claro que lo importante no es eso, sino saber qué «FUENTES DE FIAR» consultó Cos, aparte de leer un día la teoría de Andrés Ruiz Tarazona y hacérsela suya sin verificar nada, que de eso se trata cuando quieres crear NUEVAS HISTORIAS.

CONCLUSIÓN, QUE NO HACE FALTA ALARGAR EL TEMA. Si el Institut Nova Història (¿o era Trola?) publica artículos basados en «fuentes de fiar», imaginad cuando las fuentes son discutibles o dudosas. No es que sea algo que no supiéramos, pero de vez en cuando conviene recordar que cuando algo nos suene a trola, será que en el Institut de Nova Història han escrito otro artículo «de oídas» y no con un método mínimamente fiable.

Quedamos a la espera de una nueva entrega, en que se descubra que el origen del apellido de Jeff Bezos (su apellido no proviene por parentesco sanguíneo directo, por decirlo de alguna manera) es una clara deformación de Besòs y, por lo tanto, que el hombre más rico del mundo probablemente nació en Montmeló y es catalán, sin duda separatista como demuestra su vuelo intentando huir de la Tierra durante unos minutos. Con este nivel intelectual vivimos y eso es lo que podemos esperar.

Dicen los secesionistas que no renuncian, o no pueden renunciar nunca, a la «vía unilateral», o sea, a declarar en el futuro unilateralmente la independencia o convocar una consulta que sostenga una declaración unilateral. Ahora bien, la unilateralidad comporta acciones y conceptos previos a esas políticas de hechos consumados que conviene recordar. Tenemos precedentes y será fácil mencionar algunas de las ideas más destacadas de la unilateralidad, sin ánimo alguno de exhaustividad:

La unilateralidad consiste en destruir la democracia en el Parlamento. Todos recordamos la bochornosa «alteración del orden del día» que siguió a la frase: «Senyora Rovira, per què em demana la paraula? » en los plenos de los días 6 y 7 de septiembre de 2017, en que la mayoría parlamentaria independentista aplastó la democracia y los derechos de los demás grupos parlamentarios. La unilateralidad consiste en inventar sobre la marcha algo parecido a unas reglas que todo lo permiten a favor de la mayoría, con atribución de facultades de las que se carecen y derogación de toda norma que se oponga al deseo de esa mayoría. Atropellar a los demás, en eso consiste la unilateralidad.

La unilateralidad consiste en crear instrumentos a exclusivo beneficio del secesionismo. Lo que se vendió como una supuesta «ampliación de derechos» (eso de «poner las urnas»), no era más que la creación de un artefacto al servicio exclusivo de la mayoría independentista, con resultado predeterminado. ¿Acaso nadie con sentido común se ha preguntado la razón de que la mayoría de catalanes no participáramos en la consulta ilegal del uno de octubre? Dado que el relato mayoritario del secesionismo ha sido el de actuar como si esa consulta fuera legal y, además, todos los catalanes nos hubiéramos sentido aludidos y concernidos, las conclusiones son claramente dos: la primera, la constatación de una importante ausencia de sentido común; la segunda, por supuesto, que todos sabíamos que se trata de un instrumento para los separatistas y nadie más.

La unilateralidad consiste en ignorar a tus conciudadanos, crear fracturas, a sabiendas, y negarlas. Este es un apartado muy divertido, que consiste en que el secesionismo niega constantemente que haya una fractura en la sociedad. Claro que existe. Enorme. Si por fractura hay que entender una situación de preguerra civil con asesinatos y secuestros a diario, es obvio que eso no existe. Si por fractura hay que entender que quienes no comulgamos con la secesión hemos optado -en abrumadora mayoría- por ignorar lo que dice y piensa el secesionismo, eso sí es una fractura. Hartos de ser ignorados, la mejor opción es tomar la misma vía. Yo, hace tiempo que me he cansado. Para expresarlo se me ha adelantado Xavier Rius: » Pero hay una mitad de catalanes que están hartos del proceso. No es que los hayan tratado como ciudadanos de segunda, es que los han tratado como imbéciles.«.

La carta de Oriol Junqueras en el ARA reconoce algo de esto («…debemos ser conscientes de que nuestra respuesta tampoco fue entendida como plenamente legítima por una parte de la sociedad, también de la catalana. En este sentido, quiero volver a extender la mano a todos aquellos que se hayan podido sentir excluidos, porque nuestro objetivo debe ser justamente el de construir un futuro que incluya a todos….«), pero otra vez se me ha adelantado Rius: «Oriol se queja. Ahora ya es tarde. El mal ya está hecho. Esta es la verdadera fractura social. No es que los hayan tratado como ciudadanos de segunda, es que los han tratado lisa y llanamente como imbéciles«. No es que yo no entendiera la acción del secesionismo «…como plenamente legítima…«, es que fue un atropello sideral y, aun así, siguen insistiendo con que tienen un mandato y no sé cuántas cosas más. Por ejemplo, hoy mismo el artículo de Bernat Dedéu: «…l’actual generació dels nostres capatassos va afirmar la sobirania política del Parlament de Catalunya, va aprovar les lleis del referèndum i de la transitorietat jurídica i es va comprometre a aplicar el resultat de l’1-O sota mandat parlamentari. Això no era una opinió, ni una simple promesa: d’això a casa en diem vinculació legal amb els electors i mandat democràtic.«. Las negritas son mías.

Por último (ya he avisado que no es exhaustivo), la unilateralidad consiste en colonizar toda clase de institución. Los colegios profesionales han sido uno de los objetivos y, por ejemplo, esta semana mismo el colegio de abogados de Gerona nos ha deleitado con un comunicado de apoyo «al compañero Sr.Gonzalo Boye«. No hay que ser un lince para saber que se trata de un «apoyo» derivado de su compromiso con la causa secesionista. Punto. No hay más.

En conclusión, la unilateralidad por parte del secesionismo, en el contexto que nos ocupa, consiste en sacar lo peor de uno mismo contra sus conciudadanos y, además, hacerse la víctima cuando se les recuerda que sus acciones en nada se parecen al ideal democrático y el respeto a la pluralidad.  Como para seguir escuchándolos, ¿verdad? Sin embargo, que nadie se equivoque: estaré cansado y harto, pero del viernes no pasa que presente un pequeño escrito al Colegio para decirles, precisamente, que estoy cansado y harto.

Hoy leía la noticia en El Confidencial titulada: «Desaparecen las facturas de la ‘embajada’ catalana en Londres de 2016 y parte de 2017«. Se explica en la noticia que «El Gobierno catalán perdió toda la documentación de los gastos relacionados con la acción internacional desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de mayo del 2017 de la ‘embajada’ del Reino Unido, uno de los ‘puntos calientes’ de la diplomacia de la Generalitat.«. Y que todo viene a raíz del requerimiento de justificantes por parte del Tribunal de Cuentas, a lo que se le contestó que «…la persona contratada para la limpieza tiró por error toda la documentación correspondiente a la gestión económica donde estaban los originales de las facturas de 2016 y hasta el 31 de mayo de 2017…«.

Lo cierto es que si os leéis la noticia de El Confidencial en la parte a la que se puede acceder por los no suscriptores es suficiente para entender y comprender lo sucedido, así que vamos a la fuente, el informe del Tribunal de Cuentas, y nos haremos unas cuantas preguntas, esas que esos malos gestores y la prensa subvencionada nunca se hacen.

El informe del Tribunal de Cuentas es accesible en este enlace.

Concretamente, en la página 188 (que es la 190 del pdf), se lee:

«− Faltan todos los justificantes de los gastos contabilizados en el año 2016 y hasta el 31 de mayo de 2017 en la delegación del Reino Unido, cuyo importe asciende a 174.743,42 euros. Solicitada por este Tribunal toda la documentación correspondiente tanto a esta como a las demás delegaciones que fueron suprimidas por el Real Decreto 945/2017, de 27 octubre, por parte de la Generalitat se entregó una declaración por escrito de fecha 18 de marzo de 2018 del que fuera delegado durante dicho periodo y encargado de la custodia de la documentación en la que señala que “en el mes de junio de 2017, después de realizar unas actuaciones de adecuación de la delegación, la persona contratada para la limpieza tiró por error toda la documentación correspondiente a la gestión económica donde estaban los originales de las facturas de 2016 y hasta el 31 de mayo de 2017. Esta documentación no ha sido posible recuperarla. Por tanto, de la documentación de la Delegación entregada al Departamento no hay ninguna factura correspondiente a este periodo”.«

Lo primero, JAJAJAJAJA.

Lo segundo, las preguntas:

1. ¿La documentación de la delegación, en este caso las facturas, estaba a disposición de la persona ocupada de la limpieza? Respuesta: dice que sí.
2. ¿En la era en que todos los que manejamos documentación vivimos acongojados por la protección de datos y la confidencialidad, es normal dejar la documentación de las facturas por ahí tirada sin control? Respuesta: claro que no.
3. ¿Es creíble la explicación? Respuesta: claro que no.
4. ¿Y por qué no? Respuesta: ¿me están diciendo que en la delegación del Reino Unido, en los años 2016 y 2017, recibieron todas las facturas en papel y ni una sola en formato digital? ¿En serio? Repito: ¿en serio? ¿La persona encargada de la limpieza también tiró por error los ordenadores de la delegación?
5. Más aún: ¿y cómo tenían -supuestamente- clasificadas esas facturas? ¿Mezcladas entre cachivaches? ¿Amontonadas con periódicos viejos? ¿Ni siquiera en una vetusta carpeta de anillas? ¿Más de 174.000 euros en facturas, cómo dice usted que las tenía?
6. Y más todavía: ¿alguien se cree que la persona encargada de la limpieza se atreve a tirar un solo papel sin preguntar antes? Quizás en Reino Unido tengan costumbres distintas y no les preocupe demasiado destruir la información de quien les contrata, pero doy fe de que en España difícilmente se atreven a sacarte de la mesa ni siquiera un papelucho con anotaciones y tachaduras. Y hasta puede sucederte que si el papelucho se ha caído debajo de la silla te lo reintegren a la mesa «por si acaso».

Lo tercero, las conclusiones:

1. Qué grandes gestores de la información en la delegación de la Generalitat en el Reino Unido.
2. Hay formas rocambolescas de perder documentación, a veces inverosímiles y todas son posibles, hasta la de echarle la culpa a la persona que hizo la limpieza. Claro que, si esa versión fuera cierta, la «culpa» fue de quien debía custodiar la documentación y no lo hizo. Igual hasta le dieron un premio, quién sabe.
3. Para que luego digan. El Reino Unido es un lugar tan atrasado que en los años 2016 y 2017 no habían descubierto el envío de facturas por conducto electrónico y eso impidió que la delegación en UK pudiera reproducir la información perdida. Qué mala suerte y qué atraso. Eso, claro, siempre que en la delegación en UK tuvieran ordenadores, cosa que empiezo a sospechar que en UK tampoco tienen.
4. A ver si nos creeremos que fue «la persona contratada para la limpieza«. Ya.

Y así todo. Qué grandes gestores de lo público nos perdemos sin la república.

Hace tiempo que la serie llamada ‘Procés’ debió haber finalizado, pero el hecho de que de ella dependa tanto dinero para el separatismo y todos los satélites que viven de él provocan que siga con carácter crónico. Claro que esa cronicidad tiene la virtud de poner al descubierto, por la propia obra del secesionismo, algunos de sus fracasos y mentiras. Y no será porque no se haya advertido desde hace muchos años.

Si recordáis, Carme Forcadell sostenía algo así como que en un Parlamento y, por extensión en todas partes, se tiene que poder hablar y debatir de todo. ¿De todo? De todo, no. Esa afirmación, que suena tan bien cuando se aplica a cualquier ocurrencia propia, no sonó tan óptima cuando a Jaume Alonso-Cuevillas se le apareció la vena de abogado pragmático que valora el mal menor y reserva sus bazas para el momento propicio. Si lamentable ha sido la purga, no menos lo ha sido la aceptación por parte de Alonso-Cuevillas, quien, al ver que sería purgado -y ya con la confirmación-, olvidó la clásica rocosa defensa del abogado, incluso cuando ve el juicio perdido, y optó por rendirse con un «no se me ha entendido bien» o, en la interpretación de otros, «lo siento mucho, no lo volveré a hacer«. La lección -ya sabida- es que no se puede hablar y debatir de todo en el secesionismo, porque si te opones a la corriente corres el riesgo de ser enviado a Siberia. O sea, que la frase de la Forcadell era mentira. Lo sabíamos, sí. Lo gratificante es el ejemplo práctico ofrecido.

Un fracaso que tiene que ver con el castellano y la posición pública cada vez más integrista. La tirria al castellano la representa, por ejemplo, Aurora Madaula y su «vergüenza y rabia» por el uso del castellano. Escribía José Antich en este editorial sobre la sustitución de Alonso-Cuevillas en la Mesa: «… para visualizar que no hay un cambio de estrategia por parte de Junts, la persona escogida para sustituirle se ubica en el sector más radical del partido» (nota: Madaula es quien le sustituirá). Después vino el celebrado artículo de Josep Ramoneda en EL PAÍS también sobre el uso del castellano por Salvador Illa (¿A dónde va Illa?), en que se señalan cosas como «me ha sorprendido que el nuevo líder del PSC (…) haya trufado sus intervenciones con algunas parrafadas en castellano» o «…se suma a los que han hecho de la confrontación el nuevo status quo». Ya sabéis: usar el castellano es confrontación o provocación. Y Ramoneda, dicen, es progresista.

Por último, los Koiné y la «solución final» urdida por el franquismo. Curioso que, con lo listos que son, se hayan dado cuenta más de CUARENTA Y CINCO AÑOS después de la muerte del dictador. Unos hachas o, más probablemente, unos radicales fanáticos que solo se consideran capaces a estas alturas -lo que decía de las series que deberían acabar porque no generan interés- de llamar la atención a base de afirmaciones y un lenguaje impropio de personas que se tienen por intelectuales. Después dirán que se les tergiversa, pero en EL PUNT yo leí literalmente esto: «…trobem innegable que la dictadura franquista aspirava a una “solució final” basada en la residualització demogràfica dels catalans«. Sí, presentan una pseudoexplicación previa que, para el caso que nos ocupa, acerca bastante a esos señores fanáticos a otros también fanáticos de los años 30 del siglo pasado.

El problema de Madaula, Ramoneda y Koiné es algo muy frecuente entre el radicalismo, que es presentar el castellano y el catalán como algo opuesto y excluyente el uno del otro. No me extenderé sobre un asunto en el que cada uno tiene su propia opinión y matiz, además de haber sido objeto de múltiples comentarios.

¿El fracaso del secesionismo? Que si uno quiere postularse por el catalán no necesita mostrarse como un  radical fanático. Sin embargo, sucede que algunos son incapaces de disimular que no se postulan por el catalán, sino contra el castellano. Más claro, Madaula, Ramoneda y los Koiné.

Por último, el Consell per la República. Otro fracaso. Personas supuestamente adultas jugando a crear instituciones de mentira como críos que un sábado por la tarde se enfundan unas espadas imaginarias y otorgan a cada uno un papel acorde con las películas ambientadas en la Edad Media. Exactamente eso. Poco puedo ilustrar sobre el asunto, así que una vez más me acojo al artículo de Xavier Arbós en El Periódico titulado «La legitimidad del Consell per la República«, que lo ventila con claridad:

«(…) Quedaría la legitimidad carismática, que algunos atribuirán a Carles Puigdemont, presidente del Consell, por ser, desde su punto de vista, el presidente legítimo de la Generalitat (…) En la cultura política de las democracias, el gobierno aceptable es el que deriva de la aplicación de las normas constitucionales, estatutarias y electorales. Esa es la legitimidad racional. La legitimidad tradicional pasó a la historia con la Revolución francesa. En cuanto a la legitimidad carismática, tras algunas muestras aberrantes en el siglo XX, no cabe considerarla en nuestro tiempo como superior a la legitimidad racional. Por eso me parecería inadmisible un programa de gobierno condicionado por la influencia externa del Consell per la República (…)«.

Sumémosle el Carnet de la «Identitat Digital Republicana» de mentirijillas, también de críos de sábado por la tarde. Lo más interesante de este último timo es que lo «apoyen» diarios  como Vilaweb, ElPunt, ElNacional o ElMón. Ya me diréis qué prensa libre e independiente puede existir así. Cualquier malpensado diría que deben ser medios absolutamente plegados a los designios de los promotores del Consell.

CONCLUSIÓN. El secesionismo es una colección de actos contrarios a los ideales que invoca. No es que nos extrañe. Lo sorprendente es su contumaz insistencia en ratificar que su ideal verdadero se parece mucho al de un Estado total-autoritario.

Un (des)gobierno en contra de la propia Policía a la que dirige. Una buena parte del conjunto de la sociedad -para más señas, la de tendencia independentista- que «clama» por una reforma del modelo de orden público, cuando, aparte de dirigir ese mismo cuerpo de Policía, han dispuesto y dispondrán de largos años para «revisar» ese modelo.

Pura demagogia, cinismo y descomposición moral de una parte de la sociedad que solo entiende el respeto a las instituciones, incluidas las mismas que gobiernan, si estas instituciones se pliegan a sus deseos. Porque, a ver, si desde el mismo (des)Govern se apuesta por reforzar el modelo de «policía democrática», ¿significa que esa policía sobre la que mandan no lo es? ¿Y lo han tolerado y consentido? ¿A sabiendas o por pura negligencia?

Por supuesto, aquí no hay debate serio ni real sobre el modo de actuar de los antidisturbios. El debate serio y real para los Mossos -aunque esto parece que lo aprendieron a partir de octubre de 2017- es que sus mandos políticos distan mucho del ideal democrático y abogan por el ideal arbitrario.

Descomposición moral que a nadie le pasa por alto. Ni siquiera al ARA: «…el Govern ha d’estar al costat de la seva policia i no posar-la constantment sota sospita. Sobretot si, com és el cas, es fa més per raons electoralistes que per convicció…» .

Poco más hay que decir.

Al principio de la pandemia, cualquiera andaba preocupado sobre si el estado de alarma permitía o no tal o cual cosa. Si se trataba de restricciones o limitaciones a la libertad e, incluso, si se estaba produciendo una suspensión de derechos fundamentales y, de hecho, un estado de excepción encubierto. Con razón o sin razón, con argumentos jurídicos o no, lo cierto es que era legítimo y sano planteárselo, ya que estábamos encerrados en casa.

Ha pasado el tiempo. Inicialmente, la autoridad de turno (en lo que atañe a este blog, la Generalidad de Cataluña) se atrevía a imponer restricciones concretas, con resultado desigual en cuanto a la autorización judicial. Hasta que, al final, a fuerza de la repetición de restricciones, se ha instaurado un sistema en que ya nadie apenas discute ni se plantea la resistencia contra CUALQUIER restricción de derechos. Llamarlo autoritarismo es tremendista y demasiado fuerte; decir que estamos en una situación alejada de un verdadero respeto a los derechos individuales no me parece tan exagerado. Y que de esta segunda situación, el alejamiento, uno se puede acercar al autoritarismo, es absolutamente cierto.

El ejemplo lo tenemos, otra vez, en Cataluña. Resulta que las elecciones del 14 de febrero han quedado «sin efecto» (enlace al Decreto por el que «se deja sin efecto la celebración de las elecciones al Parlamento de Cataluña del 14 de febrero de 2021 debido a la crisis sanitaria derivada de la pandemia causada por la COVID-19«). O sea: se han suspendido las elecciones. El derecho fundamental a la participación política ha quedado suspendido.

Esto, en primer lugar, nos lleva al primer párrafo de la entrada: si decretar el estado de alarma y, después, restringir determinados derechos, rozaba o era un estado de excepción encubierto, suspender unas elecciones cuando, actualmente, no tenemos restringido salir de casa, ¿es estado de excepción encubierto o no? ¿Tiene soporte legal o no? ¿Qué garantía tengo de que el día 30 de mayo se celebren las elecciones, cuando además resulta que la fecha está «más o menos» fijada, pero no existe convocatoria?

Porque el artículo 2 del Decreto dice: «Artículo 2. Las elecciones al Parlamento de Cataluña se convocarán para que tengan lugar el día 30 de mayo de 2021, previo análisis de las circunstancias epidemiológicas y de salud pública y de la evolución de la pandemia en el territorio de Cataluña, y con la deliberación previa del Gobierno, mediante decreto del vicepresidente del Gobierno en sustitución de la presidencia de la Generalitat.«.

O sea, que el Gobierno de la Generalidad se sigue reservando la facultad de convocar elecciones según le parezca.

Es claro y evidente que estamos ante una situación epidemiológica grave. Muy grave. Opinar en contra de las restricciones de derechos no es muy popular. Pero depende del día y del viento que sople, lo cual no es muy respetuoso con los derechos fundamentales. Incluso la prensa subvencionada reconoce interés electoral de los partidos separatistas, lo cual indica que la suspensión de nuestros derechos no tiene tanto que ver con la salud como con el temor a las urnas y las ganas de seguir en la poltrona. Porque el que se ha denominado «efecto Illa» a mí me parece que tendrá, en el mejor de los casos, un alcance limitado. Eso, en el mejor, así que casi ni lo contemplo.

CONCLUSIÓN. Las urnas y votar han sido un valor supremo… hasta que les ha apetecido SUSPENDER las elecciones con la excusa de unas circunstancias conocidas y previsibles. Graves, sin duda. Conocidas, también. Previsibles, qué menos. Pero, oigan, que cada día millones de personas se mueven para ir a trabajar, hacer la compra en supermercados y en los comercios que no han tenido que cerrar… Hasta los niños van al colegio. En fin, que se trata de una suspensión en toda regla (en esto coincido con la entrada del blog de Ernesto López Vallet, «Las elecciones no se han aplazado«), con una débil justificación jurídica y de hecho (la suspensión de las elecciones es una medida más grave y limitadora que cualquier otra de las que están hoy vigentes). Una democracia sin efecto. Y, como escribe José Antonio Zarzalejos en El Confidencial, una cacicada.