Es conocido que el independentismo se lleva bastante mal con la Ley. Por eso, en el Parlamento de Cataluña de vez en cuando se ignora la Ley con el más absoluto desprecio a los más elementales principios del Estado democrático de Derecho, que es lo que ha sucedido con el caso Iceta. Primero, un breve repaso de los apartados legales más relevantes, que os podéis saltar si no os interesa, y después la explicación jurídica.

1. Legislación.

A estas alturas, sabréis que el asunto del Senador de designación autonómica se regula en el artículo 69.5 de la Constitución: «5. Las Comunidades Autónomas designarán además un Senador y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio. La designación corresponderá a la Asamblea legislativa o, en su defecto, al órgano colegiado superior de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo que establezcan los Estatutos, que asegurarán, en todo caso, la adecuada representación proporcional.«

Que el artículo 61.a del Estatuto de Cataluña establece que corresponde al Parlamento designar a los Senadores que representan a la Generalitat, conforme a una Ley específica, tal y como indica la Disposición adicional primera del Estatuto.

Que la Ley 6/2010, del procedimiento de designación de los senadores que representan a la Generalidad en el Senado, establece en su artículo 2.1: «1. Pueden designarse como senadores en representación de la Generalidad a los candidatos que cumplen los requisitos de elegibilidad establecidos por la legislación electoral general y la específica de la Generalidad, que acreditan una trayectoria profesional o política relevante y que tienen la condición política de catalanes en los términos establecidos por el Estatuto de autonomía.«. No hay discusión de que Miquel Iceta cumple los requisitos de elegibilidad, acredita trayectoria política relevante y la condición de catalán. Es candidato idóneo.

Que el artículo 4.5 de esa misma Ley dice: «5. El presidente o presidenta del Parlamento propone los nombres de los candidatos a ser designados senadores en representación de la Generalidad. La propuesta debe contener tantos candidatos como puestos a cubrir.«

Que el artículo 5.1 establece: «1. El presidente o presidenta del Parlamento convoca el Pleno y somete a votación la propuesta a la que hace referencia el artículo 4.5«.

Por último, el artículo 174 del Reglamento del Parlamento de Cataluña, en sus apartados 3 y 4, dice: «3. El presidente del Parlamento fija el plazo en que los representantes de los grupos deben proponer sus candidatos. Finalizado dicho plazo, el presidente hace públicas las correspondientes resoluciones y convoca el Pleno del Parlamento para su ratificación.
4. Si es preciso sustituir a alguno de los senadores a los que se refieren los apartados 1 y 3, la persona sustituta debe ser propuesta por el mismo grupo parlamentario que había  propuesto a su antecesor«

2. Interpretación.

Después de tanta Ley, lo primero que hay que tener en cuenta es que la designación de un Senador autonómico no es un acto «soberano» del Parlamento. No es un acto legislativo, del que, en general, sí sería predicable la «soberanía» por irrazonable que nos parezca. Sucede que la designación del Senador viene predeterminada, u ordenada, por la misma Constitución y después en los respectivos Estatutos de Autonomía y leyes de desarrollo.

Si no se trata de un acto legislativo, habrá que buscarle alguna categoría o naturaleza, que de forma un tanto simple diré que se trata de la elección de un candidato cuya presentación la Constitución impone. Es una decisión o acto parlamentario (seguro que los especialistas en derecho parlamentario tienen una categoría concreta), pero no un acto legislativo. El Parlamento de Cataluña no tiene opción a decidir si quiere o no quiere tener un Senador: automáticamente tiene uno y otro más por cada millón de habitantes, que designará (los juristas conocéis la importancia de esta forma verbal, utilizada para indicar que el Rey sancionará las leyes), pues así lo establece la Constitución.

No hace falta enredarse mucho (para juristas, puede dar de sí, para los que no, vamos a ahorrarnos bastante camino) discutiendo sobre si la designación del Senador autonómico es un acto debido, un acto reglado (o casi reglado; los que sabéis de Derecho y en especial administrativo veis por dónde voy) o una potestad discrecional que siempre tendrá como límite la interdicción de la arbitrariedad (artículo 9.3 de la Constitución), que es en definitiva lo que han hecho los grupos parlamentarios: incurrir en arbitrariedad. Normal y habitual en el Parlamento de Cataluña, sí; extraño en un Estado democrático de Derecho, también.

Lo explicaré brevemente. Tampoco lo cojáis al pie de la letra porque el desarrollo llevaría más espacio y la terminología que usaré está sacada a medias del Derecho Constitucional y del Derecho Administrativo y puede resultar insuficiente e inexacta, pero con estos apuntes tendremos suficiente. Tomadlo como el sentido general y principios de la Ley; la naturaleza (jurídica) del asunto dejémosla para los expertos.

Si se trata de un acto debido, como he leído que sostenía Pérez Royo, entonces significa que, ante la propuesta del grupo socialista, el Parlamento de Cataluña solo puede hacer que ratificar al candidato. Para mí, lo que es acto debido es designar a un Senador; pero el Parlamento conserva cierto control -muy poco- sobre la designación.

Si se trata de un acto reglado, significa que el pleno del Parlamento de Cataluña, si acaso, puede controlar que se cumplan los requisitos del artículo 2.1 de la Ley 6/2010, es decir, los requisitos de elegibilidad (que deben haber sido controlados previamente por una Comisión), la trayectoria profesional o política relevante y la condición de catalán. En términos de aplicación práctica, el control sería especialmente sobre la realidad de la «trayectoria profesional o política relevante». En cualquier caso, si se dan los requisitos, estamos ante un acto reglado (o parecido a reglado) y la única decisión posible del Parlamento es la ratificación del candidato propuesto. Si no se hace así, se cae en la arbitrariedad.

Si se trata de un acto discrecional (cosa que rechazo) significa que el Parlamento puede hacer lo que le parezca oportuno, incluso no designar Senador, lo cual es un desatino jurídico, como tantos otros ya cometidos. Como es sabido, la potestad discrecional implica una facultad de opción entre dos o más soluciones igualmente válidas, según la ley, pero como la discrecionalidad no equivale nunca a arbitrariedad, el acto en que se concreta el ejercicio de esa facultad debe ser razonado. Y aquí, por supuesto, la denegación de la designación de Iceta falla estrepitosamente.

Precisamente, hace unos días citaba la STC 206/1992, que abordaba el examen de una decisión parlamentaria sobre un suplicatorio y las facultades revisoras que conserva el Tribunal Constitucional. Salvando todas las distancias, me parece perfectamente aplicable a lo que he explicado, el siguiente fragmento: «De ahí que nuestra exigencia de un «juicio de oportunidad» tuviera un sentido predominantemente material: No se trata tanto de que el Acuerdo adopte una «forma motivada», cuanto de que exista en, o quepa deducir del Acto parlamentario una motivación coherente con la finalidad de la prerrogativa parlamentaria.«

Dicho de otro modo: si la decisión del Parlamento de Cataluña es contraria al sentido material previsto en la Constitución, el Estatuto de Autonomía y la propia Ley que regula el procedimiento de designación de Senadores; si su motivación es ajena a los principios que inspiran tales regulaciones; en tal caso, la decisión del Parlamento de Cataluña ES NULA. Por sí misma y porque, además, vulnera los derechos del candidato y del grupo parlamentario que lo ha propuesto. ¡Ah!, también vulnera los derechos de todos los catalanes, hasta de los independentistas; pero ya no les viene de aquí.

3.CONCLUSIÓN.

Cuando en unos años en los manuales se pongan ejemplos sobre «la tiranía de la mayoría» y conceptos similares de regímenes iliberales y antidemocráticos, serán obligadas las referencias bibliográficas al Parlamento de Cataluña y la mayoría destructiva que ahora mismo desgobierna, superando toda la arbitrariedad imaginable.