En los últimos días hemos visto una pequeña epidemia de manifiestos, cartas abiertas o escritos que exigían la ruptura del Estado de Derecho, paradójicamente, en nombre del Estado de Derecho. No merece otro nombre que se exija al Gobierno de la Nación que deje en libertad a quienes se hallan, por orden judicial, en situación de prisión preventiva.

Dado que en Cita Falsa acumulamos bastantes años de experiencia, no nos cuesta en absoluto ver, detrás de la mayoría de esas iniciativas, el movimiento activo del secesionismo y su influencia para promover esta clase de manifiestos y apoyos nada espontáneos, a los que luego se adherirán personas con mayor o menor grado de desconocimiento y, también, mayor o menor mala fe; a veces, incluso, con la participación activa de la mismísima Generalitat . El precedente del APPG Catalonia me avala para decir esto (enlaces para quienes no sepan de qué hablo: uno, dos y tres; los demás, os lo saltáis). Y es que uno, acostumbrado al engaño, detecta detalles y lugares comunes que solo pueden ser obra de una mente secesionista.

Por ejemplo. En la «carta abierta» de la OMCT dirigida al Presidente del Gobierno, la Fiscal General del Estado y al Defensor del Pueblo, leemos en la nota 2 a pie de página: «Jordi Cuixart was held for eight months in Soto del Real prison (Autonomous Community of Madrid), 700 km away from his place of residence, and, since July 2018, he is in Lledoners Prison (Autonomous Community of Catalonia).«.

A ver. ¿Esto es una carta abierta redactada por alguien de mucho nivel o la repetición de una parte del argumentario emocional-sentimental-victimista habitual entre el separatismo? Vaya, que esto no lo ha escrito un señor de Alemania por su propia iniciativa o de cualquier otro sitio que no sea Cataluña ni loco; si lo ha escrito y firmado será porque se lo han recalcado y reiterado hasta no poder más y lo ha incluido en una «carta abierta» que tiene poco de «carta abierta» y un bastante de propaganda. Si no, ¿cómo se explica que esté redactada con innecesarias y largas exposiciones acerca de hechos que sin duda conocen perfectamente el Presidente del Gobierno, la Fiscal General del Estado o el Defensor del Pueblo? Dicho de otro modo: se trata de una redacción dirigida a un lector absolutamente ajeno al tema del ‘procés’ y no al Presidente y demás. La OMCT llevará a cabo una labor valiosa, pero también cede a la influencia de quien ha promovido la carta.

Fijémonos, entre otros, en este párrafo: «The OMCT recalls that Mr. Jordi Cuixart has remained in pre-trial detention[2] since October 16, 2017, on charge of “sedition” (article 544 of the Spanish Criminal Code). On March 21, 2018, Mr. Cuixart was also charged with “rebellion” (article 473 paragraph 1 of the Criminal Code). On November 2, 2018, the Public Prosecution requested 17 years in jail for Mr. Cuixart.«. ¿En la OMCT creen que el Presidente del Gobierno, la Fiscal General del Estado y el Defensor del Pueblo no saben esto? ¿Se lo dicen o se lo cuentan? En fin, sin comentarios. Una «carta abierta» que, si te la lees bien y en serio, como un adulto, te das cuenta sin dificultad de que una parte de su redactado reproduce casi miméticamente la letanía secesionista -existe otra parte que me parece absolutamente propia de una organización como la OMCT y no hay nada que decir, pero la «influencia» secesionista en varios párrafos es evidente- y hacia quién se dirige: a la opinión pública secesionista para que piense «¡oh!, mira, cuánto caso nos hacen, cómo conocen este asunto«.

Ahora, otro manifiesto, el de la banalización de los delitos de rebelión y sedición, con el que entramos -otra vez- en algunas consideraciones sobre la rebelión provisional, una suerte de segunda parte.

Que un experto afirme que considera que no hay delito, me parece perfecto. Puede opinar lo que le parezca. Con juicio, sin juicio o como quiera. Hasta ahí no hay problema. Lo que pasa es que del mismo modo que alguien afirma rotundamente que no existe delito, otro puede afirmar que las conductas por todos conocidas pueden constituir indiciariamente un delito. De ahí, del «indiciariamente» (que es un término técnico-jurídico), uno no puede pasar si no ha habido juicio. Sería un despropósito afirmar la culpabilidad de los procesados sin juicio, la cual solo puede ser sostenida después de una Sentencia firme.

La síntesis de este manifiesto -como la carta abierta y demás escritos aparecidos en los últimos días- es que los procesados no hicieron nada el año pasado, hasta el punto de que de manera explícita se descarta siquiera la existencia de posibles delitos. Interesante cuestión, obviamente a dilucidar en juicio, como ya escribí en un anterior artículo.

Ahora bien, ya que algunos descartan tajantemente el delito, recordemos -otra vez- algunos de los hechos sucedidos el año pasado. Aquí empieza la segunda parte de las consideraciones sobre la rebelión o sedición que comenté en este otro artículo. De nuevo, sin voluntad de exhaustividad ni de concretar nada de nada en cuanto a la culpabilidad o no de los procesados, que será dilucidada en juicio. Pero sí como indicios, como hechos objetivos que vivimos y algunos niegan ahora que sucedieran.

Por ejemplo. Esta entrevista en EL PUNT al entonces Presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, en fecha 10 de septiembre de 2017, pocos días después de la aprobación de las leyes del referéndum y de la transitoriedad jurídica, en la que dijo lo siguiente (en el vídeo, a partir del 13:05):

“Per tant, tampoc li estranyaria que apliquessin l’article 155?

Puigdemont –Presidente de la Generalitat, no un cualquiera, el Presidente- afirmaba que el Tribunal Constitucional no podía suspender estas leyes porque había surgido una nueva legalidad catalana y que esa legislación, «legítima», era inimpugnable para el ordenamiento jurídico español. Tanto es así que Puigdemont negaba validez y eficacia a la suspensión dictada por el Tribunal Constitucional. No es poca cosa para dos preguntas y dos concisas respuestas.

Hasta el más negado admitirá que Puigdemont, el Presidente de la Generalitat, estaba afirmando, como mínimo, dos cosas: 1) La derogación de la Constitución y, con ello, de todo el ordenamiento jurídico hasta la fecha conocido; 2) La creación de una nueva legalidad, una legalidad catalana exclusiva y excluyente, que había desplazado a la Constitución y, con ello, al soberano.

Esto es -y podríamos extraer más conclusiones- lo que decía Puigdemont, Presidente de la Generalitat, persona que contaba con el dominio de los recursos necesarios para que esta afirmación se hiciera realidad. Porque -y en eso se estará de acuerdo- no es lo mismo que lo diga un hiperventilado en un bar que un Presidente de la Generalitat tras la aprobación de dos leyes y su suspensión por el TC.

Ahora, una pequeña discusión jurídica sobre la creación de la «legalidad catalana», que se parece bastante a lo que expuse en mi primer artículo.

Opción 1: Las afirmaciones de Puigdemont carecían de la más mínima consistencia jurídica y sentido de la realidad. En tal caso, deberíamos reconocer que Puigdemont carecía de consistencia y de realidad; lo que se llama un irresponsable y frívolo, que engañaba a sus seguidores, quienes, por otra parte, estaban encantados de ser engañados. Sería bueno, en tal caso, que el manifiesto al que me refiero incluyese una mención de este tipo: “…habida cuenta de que la afirmación de una nueva legalidad catalana era absurda, invitamos firmemente a sus autores a que: 1) lo reconozcan…”

Opción 2: Las afirmaciones de Puigdemont se dirigían a la intención de sostenerlas y hacerlas efectivas. En tal caso, las acusaciones de rebelión o sedición, amiguitos, empiezan a tomar cuerpo porque no cabe duda de que se derogaba o intentaba derogar la Constitución y se creaba un nuevo ordenamiento jurídico (la legalidad catalana a la que tantas veces aludía Vicent Partal) que entraba en pugna y competencia con el orden constitucional. Y esa pugna y competencia entre ordenamientos jurídicos era sostenida, qué casualidad, por los procesados.

El anterior análisis -muy sintetizado, que ahora ya no nos dedicamos a estrujarnos las meninges y agotar razonamientos, puesto que hemos aprendido que no sirve de nada con el separatismo- encaja muy bien con lo vivido el año pasado y lo que ahora niegan hasta algunos expertos en derecho penal: que aquí sucedieron hechos cuyo objetivo final, como suma de multitud de pequeños hechos, era derogar la Constitución como fuese y declarar la independencia de una parte del territorio nacional (y sustraer a los Mossos a la obediencia del Gobierno, pero es otro tema).

Reitero: el Presidente de la Generalitat afirmaba que existía una nueva legalidad, es decir, que se había derogado la Constitución. ¿Y cuál era su finalidad, además de la propia derogación? Sin duda, la independencia, como resulta -entre otros muchos indicios, etcétera- del hecho de que las leyes del 6 y 7 de septiembre no tuvieron más apoyo que el secesionista.

Que la afirmación de Puigdemont fuese un disparate jurídico no quita, en absoluto, gravedad al hecho de que se dijera que la Constitución (como de costumbre, que nadie insulte a su inteligencia diciendo: “…de manera expresa no lo dijo, te lo inventas…”) no regía en Cataluña porque no cabe duda de que ese era el objetivo, con el referéndum como mera excusa para declarar la independencia. Algo que, por otra parte, se hizo; fake o no, se hizo.

Partimos, pues, de la base incontestable de que, conforme a la “interpretación” presidencial, se había producido una suerte de independencia jurídica de facto y la sostenía en público.

Si el análisis se detiene aquí -que no es poco, porque a posteriori vemos muy claro que aquí ya se tenía que haber aplicado el artículo 155- es posible que nos quedemos cortos en el análisis acerca de una hipotética rebelión o sedición, cosa que, insisto, deberá ventilarse en juicio.

En esto tampoco nos vamos a romper demasiado la cabeza porque está más que trillado y se ha comentado hasta la extenuación: se parapetaron detrás de la gente y, como en el momento decisivo no se atrevieron a movilizarla, ahora simulan no haber hecho nada.

Si tenemos en cuenta la entrevista a Puigdemont y todo lo que claramente dijo, me parece más que discutible esta afirmación (y muchas otras, pero vayamos al grano) del manifiesto: «…en ningún momento se ha aportado indicio alguno de que los imputados hayan inducido, provocado o protagonizado ningún alzamiento tumultuario con la finalidad de evitar el cumplimiento de la ley, salvo que se interprete que basta con incitar al derecho de manifestación, esto es, al ejercicio de un derecho fundamental. Sin que puedan atribuirse a los imputados aquéllos comportamientos individuales ocurridos con anterioridad, con posterioridad o realizados por otras personas distintas, ya que en Derecho Penal no rige el principio de responsabilidad objetiva sino el subjetivo por los propios hechos

(…)

Para la Fiscalía, por tanto, el peligro reside en incitar a las movilizaciones, esto es, convierte en delito el ejercicio de derechos fundamentales.«.

¿Han escuchado a Puigdemont, Presidente de la Generalitat y sus públicas manifestaciones? ¿Realmente el Presidente de la Generalitat incitaba a movilizarse para reclamar un referéndum o, en cambio, sostenía que el referéndum como tal ya era una cuestión irreversible -en tanto que inimpugnable-, de modo que la movilización lo que tenía como fin era lograr la quiebra total del orden constitucional en Cataluña?

¿Cómo se reclama un referéndum «a través de medios pacíficos y democráticos» después de derogar la Constitución, tal y como sostenía «la más alta representación de la Generalitat», director de la acción del Gobierno, quien ostentaba la representación ordinaria del Estado en Cataluña? ¿Cómo se combina la derogación de la Constitución con lo que el manifiesto llama «el ejercicio de derechos fundamentales»?

Quizás el separatismo puede engañar a algunos expertos en Derecho Penal, a observadores que han seguido el tema desde la lejanía y sin acceso a canal alguno de Whatsapp o Telegram, pero a quienes vivimos el día a día disparates como el comentado -al margen de la calificación penal que merezca- no nos engañan. Aprobar unas leyes para aparentar la legalidad de una convocatoria abiertamente ilegal y que el Presidente de la Generalitat asegure que se ha creado una nueva legalidad constituye un obvio intento de quiebra del ordenamiento jurídico, para cuya consecución se utilizó, entre otros medios, a sus partidarios para quebrar el sistema.

En cualquier caso, queda fuera de toda duda que el Presidente de la Generalitat sostenía públicamente que la Constitución había quedado derogada y que el ordenamiento jurídico constitucional conocido hasta la fecha había sido desplazado. Si ello tenía o no en ese momento efectos jurídicos carece de importancia, puesto que la finalidad de “derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución” (472.1 del Código Penal) se hallaba explícitamente exteriorizada por Puigdemont, en la medida en que sostenía -por autoridad de grado máximo- la inimpugnabilidad de las leyes de referéndum y transitoriedad jurídica; inimpugnabilidad solo predicable si la promulgación de dichas leyes tenía la intención de que la Constitución quedase derogada o suspendida y, con ello, declarar la independencia.

He de decir que aquí nos hallamos ante otro de los muchos indicios y elementos acreditativos de que el supuesto delito de rebelión o sedición puede -únicamente la posibilidad- haberse cometido en los términos en que indiciariamente se ha venido sosteniendo por el Magistrado Instructor de la causa y es objeto de acusación: un delito plurisubjetivo, con multitud de actores y hechos que se suman y concatenan hasta cubrir -o no- la acción típica (nota: la “acción típica”, en términos técnico-juridicos es la acción u omisión -el hecho- previsto en el artículo del Código Penal que corresponda).

Explicado para niños de tres años (los lectores habituales os lo podéis saltar): la aprobación de las leyes de secesión, individualmente consideradas, pudiera no ser delito, y menos todavía si, por decir algo, el TC las suspende junto con los decretos dictados a su amparo y las autoridades concernidas acatan la suspensión.

Pero si la aprobación de estas leyes se utiliza, contra toda lógica jurídica y contra toda suspensión del Tribunal Constitucional, como medio para derogar o suspender la Constitución (Puigdemont dixit) y, con ello, celebrar una votación que sirva para “declarar la independencia de una parte del territorio nacional” (472.5 del Código Penal) uno se empieza a adentrar en terreno más complicado.

Porque -sin perjuicio de lo que resulte en juicio, y esta es la segunda parte de lo que según algunos expertos “no sucedió”- resulta que la autoridad competente, el gobierno de la Generalitat, actuando en plenitud de sus poderes como autoridad, ignoró la suspensión del TC, organizó la votación y alentó a sus partidarios a la participación, para utilizar esa votación (fuera de las vías legales) como otro de los múltiples elementos que formaban el engranaje para situar a Cataluña al borde de la secesión. Evitada, según han declarado reiteradamente los líderes secesionistas, por la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

O sea, de nuevo para niños de tres años (podéis saltar, etc): se aprueban leyes que sirvan como excusa para movilizar a cientos de miles de personas y subvertir el orden constitucional (sea como tumulto, como violencia, etcétera, eso queda para el juicio; además, no es el único elemento a considerar, de forma aislada, como sí se hace en el manifiesto). Uno de los objetivos de los líderes secesionistas -junto con otros objetivos simultáneos- consistía en utilizar la movilización de sus partidarios, que se oponían a las resoluciones judiciales que suspendían la votación prevista y logran sortear en parte -sin garantía alguna sobre la votación en sí misma; no digamos ya su legalidad, con una ‘proclamación’ de resultados que vulneraba hasta la ley secesionista-, para con ello derogar la Constitución en Cataluña y declarar la independencia.

CONCLUSIÓN. Por supuesto, todo esto necesita, para adquirir la consistencia necesaria, una extensa prueba en juicio y un profundo análisis técnico-jurídico del que me excuso -esto no es una Sentencia, ni mucho menos pretende serlo, como sí hacen esos manifiestos que, y me refiero a los firmados por juristas, sonrojan un poco por la superficialidad en el análisis de los hechos- para llegar hasta el delito de rebelión o el de sedición, que puede existir o no.

Pero que no me digan que todo lo anterior -sin perjuicio de matices, precisiones, discrepancias, blablabla- no existió, porque cada vez que dicen que fue una alucinación de nuestros sentidos, me meto en Google, leo más hechos objetivos -lo de Puigdemont es de premio- y me confirmo que no me lo invento, por mucho que la maquinaria propagandística separatista sostenga lo contrario.