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Hechos que sí han sucedido (rebelión provisional II)

En los últimos días hemos visto una pequeña epidemia de manifiestos, cartas abiertas o escritos que exigían la ruptura del Estado de Derecho, paradójicamente, en nombre del Estado de Derecho. No merece otro nombre que se exija al Gobierno de la Nación que deje en libertad a quienes se hallan, por orden judicial, en situación de prisión preventiva.

Dado que en Cita Falsa acumulamos bastantes años de experiencia, no nos cuesta en absoluto ver, detrás de la mayoría de esas iniciativas, el movimiento activo del secesionismo y su influencia para promover esta clase de manifiestos y apoyos nada espontáneos, a los que luego se adherirán personas con mayor o menor grado de desconocimiento y, también, mayor o menor mala fe; a veces, incluso, con la participación activa de la mismísima Generalitat . El precedente del APPG Catalonia me avala para decir esto (enlaces para quienes no sepan de qué hablo: uno, dos y tres; los demás, os lo saltáis). Y es que uno, acostumbrado al engaño, detecta detalles y lugares comunes que solo pueden ser obra de una mente secesionista.

Por ejemplo. En la “carta abierta” de la OMCT dirigida al Presidente del Gobierno, la Fiscal General del Estado y al Defensor del Pueblo, leemos en la nota 2 a pie de página: “Jordi Cuixart was held for eight months in Soto del Real prison (Autonomous Community of Madrid), 700 km away from his place of residence, and, since July 2018, he is in Lledoners Prison (Autonomous Community of Catalonia).“.

A ver. ¿Esto es una carta abierta redactada por alguien de mucho nivel o la repetición de una parte del argumentario emocional-sentimental-victimista habitual entre el separatismo? Vaya, que esto no lo ha escrito un señor de Alemania por su propia iniciativa o de cualquier otro sitio que no sea Cataluña ni loco; si lo ha escrito y firmado será porque se lo han recalcado y reiterado hasta no poder más y lo ha incluido en una “carta abierta” que tiene poco de “carta abierta” y un bastante de propaganda. Si no, ¿cómo se explica que esté redactada con innecesarias y largas exposiciones acerca de hechos que sin duda conocen perfectamente el Presidente del Gobierno, la Fiscal General del Estado o el Defensor del Pueblo? Dicho de otro modo: se trata de una redacción dirigida a un lector absolutamente ajeno al tema del ‘procés’ y no al Presidente y demás. La OMCT llevará a cabo una labor valiosa, pero también cede a la influencia de quien ha promovido la carta.

Fijémonos, entre otros, en este párrafo: “The OMCT recalls that Mr. Jordi Cuixart has remained in pre-trial detention[2] since October 16, 2017, on charge of “sedition” (article 544 of the Spanish Criminal Code). On March 21, 2018, Mr. Cuixart was also charged with “rebellion” (article 473 paragraph 1 of the Criminal Code). On November 2, 2018, the Public Prosecution requested 17 years in jail for Mr. Cuixart.“. ¿En la OMCT creen que el Presidente del Gobierno, la Fiscal General del Estado y el Defensor del Pueblo no saben esto? ¿Se lo dicen o se lo cuentan? En fin, sin comentarios. Una “carta abierta” que, si te la lees bien y en serio, como un adulto, te das cuenta sin dificultad de que una parte de su redactado reproduce casi miméticamente la letanía secesionista -existe otra parte que me parece absolutamente propia de una organización como la OMCT y no hay nada que decir, pero la “influencia” secesionista en varios párrafos es evidente- y hacia quién se dirige: a la opinión pública secesionista para que piense “¡oh!, mira, cuánto caso nos hacen, cómo conocen este asunto“.

Ahora, otro manifiesto, el de la banalización de los delitos de rebelión y sedición, con el que entramos -otra vez- en algunas consideraciones sobre la rebelión provisional, una suerte de segunda parte.

Que un experto afirme que considera que no hay delito, me parece perfecto. Puede opinar lo que le parezca. Con juicio, sin juicio o como quiera. Hasta ahí no hay problema. Lo que pasa es que del mismo modo que alguien afirma rotundamente que no existe delito, otro puede afirmar que las conductas por todos conocidas pueden constituir indiciariamente un delito. De ahí, del “indiciariamente” (que es un término técnico-jurídico), uno no puede pasar si no ha habido juicio. Sería un despropósito afirmar la culpabilidad de los procesados sin juicio, la cual solo puede ser sostenida después de una Sentencia firme.

La síntesis de este manifiesto -como la carta abierta y demás escritos aparecidos en los últimos días- es que los procesados no hicieron nada el año pasado, hasta el punto de que de manera explícita se descarta siquiera la existencia de posibles delitos. Interesante cuestión, obviamente a dilucidar en juicio, como ya escribí en un anterior artículo.

Ahora bien, ya que algunos descartan tajantemente el delito, recordemos -otra vez- algunos de los hechos sucedidos el año pasado. Aquí empieza la segunda parte de las consideraciones sobre la rebelión o sedición que comenté en este otro artículo. De nuevo, sin voluntad de exhaustividad ni de concretar nada de nada en cuanto a la culpabilidad o no de los procesados, que será dilucidada en juicio. Pero sí como indicios, como hechos objetivos que vivimos y algunos niegan ahora que sucedieran.

Por ejemplo. Esta entrevista en EL PUNT al entonces Presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, en fecha 10 de septiembre de 2017, pocos días después de la aprobación de las leyes del referéndum y de la transitoriedad jurídica, en la que dijo lo siguiente (en el vídeo, a partir del 13:05):

Per tant, tampoc li estranyaria que apliquessin l’article 155?

No m’estranyaria res, el que passa que no oblidem una cosa, el Parlament de Catalunya ha aprovat una llei que supera tot això, és una llei que ja no pot ser impugnada per aquest sistema polític espanyol, ja no pot. És una llei vigent, és una llei que emana de la sobirania del Parlament de Catalunya.
I quan el TC, la suspèn, vostè no la considera suspesa, evidentment?
És que no la pot suspendre. Hi ha una nova legalitat catalana emparada en la legitimitat de les eleccions del 2015, emparada en els drets humans, emparada en el dret a l’autodeterminació dels pobles al qual el Parlament de Catalunya mai no ha renunciat. I, per tant, aquesta legislació preval, aquesta legislació legítima és la que ens empara a organitzar el referèndum de l’1-O.

Puigdemont –Presidente de la Generalitat, no un cualquiera, el Presidente- afirmaba que el Tribunal Constitucional no podía suspender estas leyes porque había surgido una nueva legalidad catalana y que esa legislación, “legítima”, era inimpugnable para el ordenamiento jurídico español. Tanto es así que Puigdemont negaba validez y eficacia a la suspensión dictada por el Tribunal Constitucional. No es poca cosa para dos preguntas y dos concisas respuestas.

Hasta el más negado admitirá que Puigdemont, el Presidente de la Generalitat, estaba afirmando, como mínimo, dos cosas: 1) La derogación de la Constitución y, con ello, de todo el ordenamiento jurídico hasta la fecha conocido; 2) La creación de una nueva legalidad, una legalidad catalana exclusiva y excluyente, que había desplazado a la Constitución y, con ello, al soberano.

Esto es -y podríamos extraer más conclusiones- lo que decía Puigdemont, Presidente de la Generalitat, persona que contaba con el dominio de los recursos necesarios para que esta afirmación se hiciera realidad. Porque -y en eso se estará de acuerdo- no es lo mismo que lo diga un hiperventilado en un bar que un Presidente de la Generalitat tras la aprobación de dos leyes y su suspensión por el TC.

Ahora, una pequeña discusión jurídica sobre la creación de la “legalidad catalana”, que se parece bastante a lo que expuse en mi primer artículo.

Opción 1: Las afirmaciones de Puigdemont carecían de la más mínima consistencia jurídica y sentido de la realidad. En tal caso, deberíamos reconocer que Puigdemont carecía de consistencia y de realidad; lo que se llama un irresponsable y frívolo, que engañaba a sus seguidores, quienes, por otra parte, estaban encantados de ser engañados. Sería bueno, en tal caso, que el manifiesto al que me refiero incluyese una mención de este tipo: “…habida cuenta de que la afirmación de una nueva legalidad catalana era absurda, invitamos firmemente a sus autores a que: 1) lo reconozcan…

Opción 2: Las afirmaciones de Puigdemont se dirigían a la intención de sostenerlas y hacerlas efectivas. En tal caso, las acusaciones de rebelión o sedición, amiguitos, empiezan a tomar cuerpo porque no cabe duda de que se derogaba o intentaba derogar la Constitución y se creaba un nuevo ordenamiento jurídico (la legalidad catalana a la que tantas veces aludía Vicent Partal) que entraba en pugna y competencia con el orden constitucional. Y esa pugna y competencia entre ordenamientos jurídicos era sostenida, qué casualidad, por los procesados.

El anterior análisis -muy sintetizado, que ahora ya no nos dedicamos a estrujarnos las meninges y agotar razonamientos, puesto que hemos aprendido que no sirve de nada con el separatismo- encaja muy bien con lo vivido el año pasado y lo que ahora niegan hasta algunos expertos en derecho penal: que aquí sucedieron hechos cuyo objetivo final, como suma de multitud de pequeños hechos, era derogar la Constitución como fuese y declarar la independencia de una parte del territorio nacional (y sustraer a los Mossos a la obediencia del Gobierno, pero es otro tema).

Reitero: el Presidente de la Generalitat afirmaba que existía una nueva legalidad, es decir, que se había derogado la Constitución. ¿Y cuál era su finalidad, además de la propia derogación? Sin duda, la independencia, como resulta -entre otros muchos indicios, etcétera- del hecho de que las leyes del 6 y 7 de septiembre no tuvieron más apoyo que el secesionista.

Que la afirmación de Puigdemont fuese un disparate jurídico no quita, en absoluto, gravedad al hecho de que se dijera que la Constitución (como de costumbre, que nadie insulte a su inteligencia diciendo: “…de manera expresa no lo dijo, te lo inventas…”) no regía en Cataluña porque no cabe duda de que ese era el objetivo, con el referéndum como mera excusa para declarar la independencia. Algo que, por otra parte, se hizo; fake o no, se hizo.

Partimos, pues, de la base incontestable de que, conforme a la “interpretación” presidencial, se había producido una suerte de independencia jurídica de facto y la sostenía en público.

Si el análisis se detiene aquí -que no es poco, porque a posteriori vemos muy claro que aquí ya se tenía que haber aplicado el artículo 155- es posible que nos quedemos cortos en el análisis acerca de una hipotética rebelión o sedición, cosa que, insisto, deberá ventilarse en juicio.

En esto tampoco nos vamos a romper demasiado la cabeza porque está más que trillado y se ha comentado hasta la extenuación: se parapetaron detrás de la gente y, como en el momento decisivo no se atrevieron a movilizarla, ahora simulan no haber hecho nada.

Si tenemos en cuenta la entrevista a Puigdemont y todo lo que claramente dijo, me parece más que discutible esta afirmación (y muchas otras, pero vayamos al grano) del manifiesto: “…en ningún momento se ha aportado indicio alguno de que los imputados hayan inducido, provocado o protagonizado ningún alzamiento tumultuario con la finalidad de evitar el cumplimiento de la ley, salvo que se interprete que basta con incitar al derecho de manifestación, esto es, al ejercicio de un derecho fundamental. Sin que puedan atribuirse a los imputados aquéllos comportamientos individuales ocurridos con anterioridad, con posterioridad o realizados por otras personas distintas, ya que en Derecho Penal no rige el principio de responsabilidad objetiva sino el subjetivo por los propios hechos

(…)

Para la Fiscalía, por tanto, el peligro reside en incitar a las movilizaciones, esto es, convierte en delito el ejercicio de derechos fundamentales.“.

¿Han escuchado a Puigdemont, Presidente de la Generalitat y sus públicas manifestaciones? ¿Realmente el Presidente de la Generalitat incitaba a movilizarse para reclamar un referéndum o, en cambio, sostenía que el referéndum como tal ya era una cuestión irreversible -en tanto que inimpugnable-, de modo que la movilización lo que tenía como fin era lograr la quiebra total del orden constitucional en Cataluña?

¿Cómo se reclama un referéndum “a través de medios pacíficos y democráticos” después de derogar la Constitución, tal y como sostenía “la más alta representación de la Generalitat”, director de la acción del Gobierno, quien ostentaba la representación ordinaria del Estado en Cataluña? ¿Cómo se combina la derogación de la Constitución con lo que el manifiesto llama “el ejercicio de derechos fundamentales”?

Quizás el separatismo puede engañar a algunos expertos en Derecho Penal, a observadores que han seguido el tema desde la lejanía y sin acceso a canal alguno de Whatsapp o Telegram, pero a quienes vivimos el día a día disparates como el comentado -al margen de la calificación penal que merezca- no nos engañan. Aprobar unas leyes para aparentar la legalidad de una convocatoria abiertamente ilegal y que el Presidente de la Generalitat asegure que se ha creado una nueva legalidad constituye un obvio intento de quiebra del ordenamiento jurídico, para cuya consecución se utilizó, entre otros medios, a sus partidarios para quebrar el sistema.

En cualquier caso, queda fuera de toda duda que el Presidente de la Generalitat sostenía públicamente que la Constitución había quedado derogada y que el ordenamiento jurídico constitucional conocido hasta la fecha había sido desplazado. Si ello tenía o no en ese momento efectos jurídicos carece de importancia, puesto que la finalidad de “derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución” (472.1 del Código Penal) se hallaba explícitamente exteriorizada por Puigdemont, en la medida en que sostenía -por autoridad de grado máximo- la inimpugnabilidad de las leyes de referéndum y transitoriedad jurídica; inimpugnabilidad solo predicable si la promulgación de dichas leyes tenía la intención de que la Constitución quedase derogada o suspendida y, con ello, declarar la independencia.

He de decir que aquí nos hallamos ante otro de los muchos indicios y elementos acreditativos de que el supuesto delito de rebelión o sedición puede -únicamente la posibilidad- haberse cometido en los términos en que indiciariamente se ha venido sosteniendo por el Magistrado Instructor de la causa y es objeto de acusación: un delito plurisubjetivo, con multitud de actores y hechos que se suman y concatenan hasta cubrir -o no- la acción típica (nota: la “acción típica”, en términos técnico-juridicos es la acción u omisión -el hecho- previsto en el artículo del Código Penal que corresponda).

Explicado para niños de tres años (los lectores habituales os lo podéis saltar): la aprobación de las leyes de secesión, individualmente consideradas, pudiera no ser delito, y menos todavía si, por decir algo, el TC las suspende junto con los decretos dictados a su amparo y las autoridades concernidas acatan la suspensión.

Pero si la aprobación de estas leyes se utiliza, contra toda lógica jurídica y contra toda suspensión del Tribunal Constitucional, como medio para derogar o suspender la Constitución (Puigdemont dixit) y, con ello, celebrar una votación que sirva para “declarar la independencia de una parte del territorio nacional” (472.5 del Código Penal) uno se empieza a adentrar en terreno más complicado.

Porque -sin perjuicio de lo que resulte en juicio, y esta es la segunda parte de lo que según algunos expertos “no sucedió”- resulta que la autoridad competente, el gobierno de la Generalitat, actuando en plenitud de sus poderes como autoridad, ignoró la suspensión del TC, organizó la votación y alentó a sus partidarios a la participación, para utilizar esa votación (fuera de las vías legales) como otro de los múltiples elementos que formaban el engranaje para situar a Cataluña al borde de la secesión. Evitada, según han declarado reiteradamente los líderes secesionistas, por la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

O sea, de nuevo para niños de tres años (podéis saltar, etc): se aprueban leyes que sirvan como excusa para movilizar a cientos de miles de personas y subvertir el orden constitucional (sea como tumulto, como violencia, etcétera, eso queda para el juicio; además, no es el único elemento a considerar, de forma aislada, como sí se hace en el manifiesto). Uno de los objetivos de los líderes secesionistas -junto con otros objetivos simultáneos- consistía en utilizar la movilización de sus partidarios, que se oponían a las resoluciones judiciales que suspendían la votación prevista y logran sortear en parte -sin garantía alguna sobre la votación en sí misma; no digamos ya su legalidad, con una ‘proclamación’ de resultados que vulneraba hasta la ley secesionista-, para con ello derogar la Constitución en Cataluña y declarar la independencia.

CONCLUSIÓN. Por supuesto, todo esto necesita, para adquirir la consistencia necesaria, una extensa prueba en juicio y un profundo análisis técnico-jurídico del que me excuso -esto no es una Sentencia, ni mucho menos pretende serlo, como sí hacen esos manifiestos que, y me refiero a los firmados por juristas, sonrojan un poco por la superficialidad en el análisis de los hechos- para llegar hasta el delito de rebelión o el de sedición, que puede existir o no.

Pero que no me digan que todo lo anterior -sin perjuicio de matices, precisiones, discrepancias, blablabla- no existió, porque cada vez que dicen que fue una alucinación de nuestros sentidos, me meto en Google, leo más hechos objetivos -lo de Puigdemont es de premio- y me confirmo que no me lo invento, por mucho que la maquinaria propagandística separatista sostenga lo contrario.

Dos entrevistas y un artículo

Hoy es domingo (cuando publico se acerca el lunes), así que un poco de repaso a la prensa, de la que destaco esto:

1. Una entrevista. En realidad son dos, pero a la misma persona: Joaquim Nadal, quien fue alcalde de Girona por el PSC durante más de veinte años. Lo entrevistan en Diari de Girona y en el ARA. Dice cosas razonables, otras con las que uno no estará de acuerdo, etcétera. Destaco este fragmento -en DdG- sobre el revisionismo respecto a la Constitución y el franquismo que practican muchos que solo hablan de oídas o desde la ignorancia:

…el que faig també en el llibre és intentar desmuntar la perversió del llenguatge.

Per exemple?

«No va d´independència, va de democràcia». A veure: de què estem parlant? De quina democràcia? Perquè ara em diuen que la democràcia del 78 era franquisme. De quin franquisme parlem? Del franquisme sociològic que va impregnar part de la societat catalana? Dels candidats a les alcaldies de 1979, la majoria dels quals eren franquistes? De què estem parlant? Ara diuen que la Transició va ser una merda. Doncs no, la Transició va permetre una imatge tan gloriosa com la Pasionaria tornant a predicar al Congrés. Tot això va costar molt d´esforç, molta presó i molta tortura. Tu no pots dir ara que el franquisme perviu en totes les estructures de l´estat, perquè jo et puc preguntar: i en cap de les estructures de Catalu­nya? Home…“.

2.La segunda entrevista. A Sergi Sol, en el ARA, quien pasa por ser el “col·laborador més estret d’Oriol Junqueras“. Destaco este fragmento, en el que Sol explica algunas de las instrucciones o directrices de Junqueras desde prisión y una pregunta de esas que no dejan de sorprenderme:

I que res de llistes úniques.

Sí, ens diu: no ho feu, que fareu gran Cs. Veu que hem de rebaixar la tensió perquè ha notat una hostilitat, al seu poble fins i tot, que no havia vist mai. I diu: què hem fet malament perquè hi hagi una gent que se senti tan agredida? Tohom s’hauria de fer aquesta pregunta.

Lo más destacable, como de costumbre, en rojo. A ver: si una de las personas con mayores responsabilidades en todo lo que ha sucedido no es capaz de responderse “qué ha hecho mal” ni de averiguar las razones por las que tanta gente se sintió “tan agredida“, ratificamos, una vez más, el solipsismo del secesionismo, incapaz de captar lo que sucede a su alrededor más allá de sí mismo. Como casi siempre, lo que se ha escrito en el blog, sea en entradas o comentarios, se ve ratificado por las propias palabras y acciones del secesionismo.

3. El artículo. Bernat Dedeu, ahora en labores de Pepito Grillo tras su caída del caballo. Escribe un artículo sobre la entrevista del otro día a Marta Rovira  y su deslumbrante “No podemos explicar todo lo que hicimos porque tenemos compañeros en la cárcel” con el que, entiendo yo, Rovira expresa ser consciente de poder empeorar la situación procesal de quienes se enfrentarán a juicio, ampliando la descripción de las acciones indiciariamente delictivas. Dedeu escribe: ““Ja ho explicarem”, deia Rovira a Catalunya Ràdio, fent espetegar la llengua contra el paladar i amb la consciència ben tranquil·la de saber que això d’exigir mobilitzacions a un poble no requereix tractar-lo d’adult ni explicar-li quin és el teu nivell de responsabilitat. En el fons, els líders pretenen que la gent continuï trencant-se la cara per ells sense que aquest esforç requereixi cap exercici d’honestedat i transparència per part seva.

Años diciendo que el secesionismo se comporta de manera infantil y trata a sus seguidores como niños que, además se lo creen todo (“ho tenen tot pensat“, me repetían hace años), y ahora viene Dedeu a ratificarlo, como hará en próximos artículos con cualquier otra tontería que salga desde el secesionismo. Pero, ya sabéis, los que tenemos que “abrir los ojos” (como me dijeron no hace tanto) somos los que nunca nos hemos creído la palabrería del separatismo dominante.

CONCLUSIÓN. Las conclusiones están casi hechas -sin perjuicio de matices- hace tiempo.

Rebelión provisional

Como indiqué en un comentario pasado, me choca la seguridad con que algunos afirman que “aquí no ha pasado nada“, contra toda evidencia. Cuál deba ser, finalmente, la subsunción jurídica de los hechos a enjuiciar es tarea que le corresponderá al Tribunal Supremo, pero que aquí hay conductas a analizar porque presentan rasgos delictivos es poco discutible.

Recordemos algunos de los hechos, sin que la lista sea exhaustiva:

  1. Resolución 1/XI de 9 de noviembre de 2015: contigo empezó todo. Hace mucho tiempo, en alguna parte que no recuerdo, escribí que la aprobación de la resolución “sobre el inicio del proceso político en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales del 27 de septiembre de 2015” había sido uno de los mayores errores jurídicos del separatismo. Gracias a esta resolución y su posterior declaración de nulidad, se facilitó enormemente que existiera una base para sucesivos incidentes de ejecución de sentencia y requerimientos -abiertamente ignorados y desobedecidos- del Tribunal Constitucional. Como brillantemente expone el escrito de acusación de Fiscalía, la resolución 1/XI es el “…punto de partida del permanente ataque a la legalidad democrática y constitucional que los acusados habían planificado y organizado“.
  2. La aprobación de dos leyes (19 y 20/2017, del Parlamento de Cataluña) abiertamente contrarias a la Constitución, derogatorias de todo el sistema constitucional. Por unas horas, las que mediaron entre la aprobación de la Ley 19/2017 y su suspensión por el TC, la Constitución fue invalidada -lo cual no quiere decir que se consiguiera, pese a resultar el objetivo declarado- en Cataluña como elemento cúspide del ordenamiento jurídico. Este es el desaguisado del artículo 3.2 de la Ley 19/2017: “2. Esta Ley establece un régimen jurídico excepcional dirigido a regular y garantizar el referéndum de autodeterminación de Cataluña. Prevalece jerárquicamente sobre todas las normas que puedan entrar en conflicto con la misma, en tanto que regula el ejercicio de un derecho fundamental e inalienable del pueblo de Cataluña.
  3. La convocatoria ilegal de un referéndum de secesión. El TC suspendió dicha convocatoria y, pese a ser público y notorio y requerir personalmente a los procesados, se continuó con la convocatoria.
  4. La celebración de una votación, en contravención de los requerimientos del TC, a fin de legitimar una secesión ilegal.
  5. La “proclamación” ficticia de unos resultados ficticios, lo cual dio lugar en fecha 10 de octubre a una declaración de independencia ficticia, pero con amenaza de tornarse real.
  6. La declaración ficticia de independencia del 27 de octubre de 2017. Formalismos como la falta de publicación en el DOGC no atemperan la realidad de una pseudodeclaración que se formuló con un evidente doble juego: si se hacía efectiva, sus promotores afirmarían que resultaba indiferente su publicación; si no se hacía efectiva, sus promotores afirmarían que la declaración era falsa. Sucede, sin embargo, que se trató de una declaración en ejecución de un plan conjunto para derogar por completo el orden constitucional. A tal efecto, no hay más que atender a las habituales declaraciones de los dirigentes secesionistas apelando al 27 de octubre, es decir, a la aspiración de hacer efectiva dicha declaración.

Ahora, vamos a revisar algunos de los elementos -en absoluto exhaustivos, pero sí significativos- que conforman la razón de la acusación y que deberán ser dilucidados en juicio, así como su valoración última:

a. ¿La secesión no se hizo efectiva porque el Gobierno de la Nación puso en marcha el artículo 155, como el mismo separatismo admite? Es decir: ¿el separatismo desistió de hacer efectiva la secesión porque la “coerción federal” del artículo 155 contenía tal potencia que desbarató la secesión unilateral? En tal caso, sin prejuzgar nada, he de decir que le están haciendo el juego a la acusación: si el 155 impide o hace desistir a los acusados de hacer efectiva la secesión, nos están diciendo que por supuesto se tenía la intención de tomar el control efectivo del territorio, pero que la acción del Gobierno abortó dicha toma. O sea, que el plan estaba en plena ejecución a falta de su cristalización final.

b. ¿Y cómo se toma el control del territorio cuando declaras unilateralmente la independencia? No sé, ¿desplazando mediante la fuerza a la autoridad hasta ese momento vigente? Como por las buenas no será -es unilateral- tendrá que ser por las malas; y, además, tendrás que imponer tu poder de coerción -el monopolio de la violencia- al conjunto de la población. Vaya, que si es de otra manera ya me informaréis. Es decir: ¿una secesión unilateral supone, en sí misma, el uso de la fuerza? El ejemplo clásico que manejábamos por aquí el año pasado: se presenta una pareja de Mossos en el aeropuerto y le dice muy educadamente a un Guardia Civil “apártese, que nos ponemos nosotros“; y el Guardia Civil, también con exquisita educación contesta “en absoluto, compañeros, no pienso retirarme“. Entonces, una de dos: o se entabla una absurda repetición infinita a ver quién se cansa antes o bien los Mossos intentan desplazar al agente de su lugar.

c. Contraargumentación a los anteriores puntos 1 y 2: “es que, en realidad, nunca hubo intención de tomar el control del territorio ni hacer efectiva la secesión. A ver, repítamelo: “nunca hubo intención de tomar el control“. No, a mí no me lo repita, se lo repita a los dos millones de personas que dieron apoyo a la causa secesionista. Pero de forma abierta y sincera, sin engaños ni ambigüedades. Dígalo: “les engañamos“. Bueno, si es así, absolución directa de rebelión, conspiración para la rebelión o sedición. Lo que pasa es que la cosa está algo difícil para creérsela, porque no hay más que repasar un poco la hemeroteca y esta entrevista, entre muchísimos otros documentos, a Josep Rull en Vilaweb en octubre de 2016:

Treballeu perquè la Generalitat pugui controlar efectivament ports i aeroports l’endemà de la independència?
—Sí, efectivament. Controlar-ho tot. I aquesta feina és poc coneguda però hi destinem molts esforços i molt temps.“.

A ver: o era verdad que había un plan para hacer efectiva la secesión, plan que fue desbaratado por el 155, o Rull mentía con todo el descaro a unos dos millones de personas. Dejo escoger la versión que más guste al lector. La primera, conduce peligrosamente a alguno de los tipos penales por los que está acusado, precisamente, Rull; la segunda, conduce a eso de que los separatistas han sido vilmente engañados. La elección es libre.

d. Esto aparece en el escrito de acusación de Fiscalía: “…las autoridades de la Generalitat tenían preparado –para su aprobación inmediata- todo un paquete de normas que desarrollaban el nuevo marco jurídico de la República, el despliegue de las estructuras administrativas necesarias para el funcionamiento del nuevo estado, y un plan para garantizar que los Mossos d’Esquadra asumiesen la seguridad de todas las infraestructuras y el control efectivo de todo el territorio de la Comunidad Autónoma“. Evidentemente, carezco de elementos de prueba para afirmar que esto sea así y, en realidad, deberá ser demostrado en juicio.

Ahora bien, ahí va otra pregunta: en caso de que se demuestre lo que se dice en este párrafo, ¿significa que, efectivamente, existía un plan para tomar el control del territorio y, por lo tanto, desplazar a la autoridad hasta el momento vigente y sustituirla por otra, incluso ejerciendo el monopolio de la violencia como nuevo poder frente a la población? Y como reflexionaba antes: ¿era posible tomar el poder unilateralmente sin ejercicio de la fuerza?

Al respecto de este apartado, una noticia de El Confidencial: “El Govern tenía listos 41 decretos para invadir todas las competencias del Estado tras la DUI“.

e. Las declaraciones de independencia de 10 y 27 de octubre. Se ha afirmado que, total, eran declaraciones sin un verdadero poder real. Si esto es así, ¿por qué razón se llevan a cabo? ¿Cuál era el objetivo de expresar una supuesta mera voluntad o aspiración, sostenida -es un decir- por un reguero de actuaciones ilegales y abiertamente contrarias al ordenamiento jurídico? ¿No sería, acaso, la intención de esas declaraciones -junto con todos los hechos antecedentes- la de lograr una secesión por la vía de hecho, contando con la movilización de esa gente tras la que claramente se parapetaron las clases dirigentes? Porque, si no se parapetaron, ¿cómo es que ese movimiento “espontáneo” del 20 de septiembre de 2017 no se repitió el 27 de octubre de 2017? ¿No será, acaso, que los seguidores secesionistas se movían según les dictaban y lo que sucede es que ese día -155 mediante- no se les movilizó, pese a que muchos estaban esperando instrucciones vía Whatsapp o Telegram?

Al respecto, y sobre las movilizaciones, hoy me he topado con un documento interesantísmo sobre su espontaneidad. Me refiero al 20 de septiembre. Es una pieza escrita por Pere Cardús, a quien el consenso del blog le atribuye una fiabilidad… una fiabilidad… digamos la fiabilidad que le atribuimos es unánime. El 20 de septiembre de 2017, Cardús escribió esta espléndida crónica con valiosísimos pasajes: “(…) Les entitats sobiranistes feien una crida a la mobilització. Ja hi havia força gent que s’havia plantat davant la seu del departament, a la Rambla de Catalunya, a Barcelona. (…)  Alguns manifestants tallaven la Via Laietana. Uns altres, seguint la crida de Jordi Sànchez (ANC), tallaven la Gran Via de les Corts Catalanes. (…) Diuen i corre que Jové i dos detinguts més del Departament d’Economia no són a l’edifici, que han estat detinguts en un altre lloc i que els volen dur al seu despatx per a poder escorcollar-lo. Aquesta és l’ordre del jutge que ha autoritzat el cop. Amb aquesta informació, la multitud es conjura: ‘No els deixarem passar i no podran sortir d’aquí.’“. Oh, vaya, qué casualidad, la crónica de Cardús coincide con la famosa noticia -al menos, en el blog- firmada por Oriol March ese mismo día: “Els manifestants bloquejaran la Guàrdia Civil si s’endú papers d’Economia“.

CONCLUSIÓN. Obviamente, el asunto es muchísimo más complejo que unos cuantos párrafos y varias preguntas; por muchas vueltas que se le dé no resolveremos nada. Lo mejor, sin duda, es el punto o letra c, que da bastante juego y sintetiza muy bien lo vivido: tragedia o farsa para lo que, provisionalmente, está calificado como rebelión frente a unos que “no hicieron nada”, pero tenían planes de “hacerlo todo”.

En cualquier caso, lo vivido en los meses de septiembre y octubre de 2017 fue mucho peor de lo que es capaz de transmitir un escrito de calificación provisional, sea un delito, otro o ninguno.