En su artículo de hoy en La Vanguardia, Antón Costas escribe: «…las decisiones del Parlament de Catalunya del 6 y 7 de septiembre pasado, de las que esta semana se cumple un año, no fueron una expresión de desobediencia civil sino un golpe parlamentario revolucionario, en la medida que pretendían no la mejora del sistema sino su subversión total.«

Este tipo de afirmaciones suelen irritar al secesionismo, pero solo hay que ponerse a revisar documentos actuales y documentos de esa fecha.

El documento actual y la cuestión sustantiva. Quién lo iba a decir, que la demanda de Puigdemont & cía. confirma la subversión total y hasta puede llegar a ser aportada como prueba en el juicio contra los procesados a disposición del Tribunal. Toda una ironía -aunque esta semana, según El Periódico, se haya desvelado eso de «id a trabajar, que ya vengo»- que el exPresident apuntale a la acusación. Este fragmento de la demanda contra el Magistrado Pablo Llarena, en que se admite que la Ley subvertía totalmente el sistema. No es que no lo supiéramos, pero este reconocimiento abierto creo que no ayudará mucho en un proceso penal en que tus «compañeros» se enfrentarán a un juicio en que probablemente se pidan condenas por rebelión y/o sedición, si después resulta que alguna de las acusaciones puede incorporar este explícito documento a favor de sus tesis.[Dejo de lado otras cuestiones sobre las que ya hemos comentado amplísimamente y que no se sostienen: desde cuándo el «derecho consuetudinario» -espero que se refieran al internacional-, el derecho a la autodeterminación o los tratados internacionales reconocen a una mayoría de 72 diputados la competencia para derogar la Constitución. No la tienen para modificar el Estatuto, pero sí para derogar la Constitución. Es tan elemental que hasta duele].

En cualquier caso, podríamos decir que el documento «actual» nos ilustra la cuestión sustantiva, de fondo. Setenta y dos diputados que se inventaron unas competencias que no tenían para derogar la Constitución, a fin de usar esas competencias inventadas contra todos los ciudadanos catalanes que no estuvieran de acuerdo. Contra más de la mitad de catalanes.

Recordado el fondo, vamos a la forma.

El documento del seis de septiembre y la cuestión procedimental. Por supuesto, protagonizado por Marta Rovira, tal y como consta en el Diario de Sesiones del 6 de septiembre: «(…) Concretament, demanem que s’eximeixin el debat a la totalitat de la llei i el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, tal com està previst en el mateix Reglament del Parlament«.

No es solamente el recuerdo de la vulneración procedimental. Es que si te quieres eximir del dictamen del CGE, quizás que antes derogues la Ley 2/2009. Como no se derogó, la decisión fue saltársela directamente, a fin de poder aprobar una ley, de nuevo, en contra de más de la mitad de catalanes.

CONCLUSIÓN. Los argumentos explicados en esta entrada son un poco lo de menos, porque tenemos tantas entradas y comentarios sobre el tema que un «cortar-pegar» daba para una extensión diez, veinte treinta veces superior. Lo importante es recordar una fecha histórica, en la que el secesionismo legisló (por llamarlo de alguna manera) saltándose todas las normas sustantivas y procedimentales, deliberadamente, contra más de la mitad de sus conciudadanos.

Derogar la Constitución; arrogarse competencias de las que uno carece hasta el punto de que no es capaz no ya de modificar el Estatut, sino ni siquiera de aprobar una ley electoral; inventarse un procedimiento parlamentario; derogar -sin hacerlo formalmente y contraviniendo cualquier lógica elemental- la Ley 2/2009 del Consejo de Garantías Estatutarias, y tantas otras vulneraciones producidas en menos de un día por el secesionismo… Todo eso ya está demostrado. Es histórico.