Normalmente empiezo las entradas con una introducción lo más breve posible: es un fraude.

A partir de esta importante circunstancia, algunas consideraciones personales -ninguna de ellas definitivas, son meras opiniones, porque vete tú a saber qué pasará- para el caso de que la justicia belga entre a conocer del fondo del asunto. Las haré en formato breve, así que puede ser que alguno se pierda porque no explico a fondo los conceptos. No hay problema: preguntad y responderé (cuando pueda).

Sobre la jurisdicción y competencia. Si la demanda es un fraude, nada hay a enjuiciar. Aun así, y aunque de vez en cuando en la demanda se hace alguna referencia al honor o a la responsabilidad extracontractual, en realidad se insiste en repetidas ocasiones sobre la «presunción de inocencia» de los demandantes, lo cual, en todo caso, corresponde a la jurisdicción española, y en su día la europea. Y sobre la competencia territorial, o sea, que conozca un tribunal del lugar «donde se materializa el daño», hay que estirar mucho -como se verá- para entender materializado el daño en Bélgica. Más que nada porque no se acredita ni acción u omisión culpable ni daño alguno. Tampoco es algo como para quitar el sueño porque con la actual jurisprudencia del TJUE es posible admitir -como mero ejercicio teórico para el caso de una demanda que no sea un fraude- la competencia territorial belga.

Sobre la responsabilidad exigida al Magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena. La demanda dice escoger el derecho español y la basa en el artículo 1902 del Código Civil, que efectivamente es el artículo donde se dirimen las demandas de responsabilidad civil por daño extracontractual.

No obstante, sucede que si la demanda, supuestamente, aduce que se ha producido una vulneración en el honor de los demandantes, lo normal es basarse en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Que no es que no se pueda basar en el 1902 CC, pero es que se trata de una Ley especial para cuestiones relacionadas con el honor, la intimidad y la propia imagen. Pero bueno, cada uno argumenta sus demandas como quiere, aunque sea a riesgo de que te desestimen la demanda.

Razón de más para alegar la LO 1/1982, cuando, para la elección del derecho aplicable, en la demanda se dice:

O sea, que la misma demanda dice que la acción que ejercita lo es por difamación o contra los derechos de la personalidad, es decir, los indicados por la LO 1/1982. Insisto: se puede reclamar vía 1902 CC. Otra cosa es que el Juez pueda decir que, como existe una Ley especial, se tenía que haber efectuado conforme a esa Ley; o puede decir que se ha renunciado al ejercicio de la acción al amparo de la LO 1/1982 y sus beneficios (p.ej.la existencia de perjuicio se presume si se declara la intromisión ilegítima), mientras que por la vía del 1902 CC hay que probar el perjuicio (o sea, el daño).

Todo esto son tecnicismos, pero si hay que presentar una demanda -que no sea fraude- al abogado novel que te trae esta demanda redactada así le dices que, por favor, se lea la LO 1/1982 y funde la demanda en esos artículos y la enorme -y a menudo controvertida- jurisprudencia que existe al respecto. Vaya, que en veintidós años de abogado no recuerdo una demanda de protección del honor basada en el 1902 del Código Civil. Los que fueran abogados antes de 1982 sí que la recordarán.

Sobre la traducción. Aclaremos una cosa. La demanda está redactada y presentada en francés. O sea, que el documento auténtico para el Juez es la demanda en francés. La demanda la han redactado los abogados (cuatro) de los demandantes, en francés. No la ha redactado una traductora de Murcia, que lo que hace es traducir la demanda del francés al castellano (que lo haya hecho bien o mal, es otra cuestión). Quiero decir que la RESPONSABILIDAD del texto en francés con las declaraciones del Magistrado Llarena es de LOS ABOGADOS, independientemente de quién perpetrara la alteración.

Me ha hecho gracia leer que el abogado Gonzalo Boye, según publica ElNacional, haya dicho: «puede ser un error del traductor» y «Se lo vamos a preguntar al traductor e informaremos al juzgado, pero eso no altera en absoluto la demanda«.

Los que tenéis responsabilidad en vuestro trabajo y normalmente dais la cara frente al cliente, respondedme a una pregunta: ¿asumís frente al cliente el error que se haya cometido o le decís «uy, no, no me eches la bronca y vete a buscar al administrativo de la planta baja, primera puerta a la izquierda, que ha sido él«? Doy por supuesto que la respuesta es la primera opción, mientras que Boye opta por la segunda y se queda tan ancho.

Pero hay más, claro. Como antes comentaba Abraham, en el original de la demanda en francés se lee: «L’extrait peut être traduit comme suit«, o sea, «El extracto puede ser traducido como sigue (o de la siguiente manera)«. Por mi experiencia como abogado, os digo que lo de «…puede ser traducido como …» es obra de un abogado, quien, a continuación, traduce por su propia mano el texto. Así que ya pueden echarle la culpa a la traductora todo lo que quieran.

[EDITO A LAS 00:46 DEL 29/08/2018. Para remitiros al hilo en Twitter de Troqueliano sobre el asunto y una explicación más exhaustiva y rigurosa que la mía, con mismo resultado, eso sí. https://twitter.com/troqueliano/status/1034374944526884864]

Sobre la importancia de la traducción alterada. Dicen Alonso-Cuevillas o el mismo Boye que la alteración en la traducción no altera la demanda. En la demanda se atribuye al Magistrado una «falta». Y esa falta se reproduce en el apartado 39 así:

¡Ah! O sea, que traducir al Magistrado afirmando que SÍ se han producido delitos -y su posterior rectificación casi tres meses después- no altera la demanda, máxime cuando en el anterior apartado 38 se dice: «Estas declaraciones ponen de manifiesto los objetivos del demandado, perjudican el honor de las partes demandantes y violan la presunción de inocencia». Dices con toda la cara que se viola la presunción de inocencia y, en cambio, la alteración «no es relevante«. Bien, bien.

Por otro lado, es una pena que la demanda no determine en qué perjudican al honor de las partes demandantes: ¿hay insultos? ¿les llama delincuentes barriobajeros? (ay, no, que eso lo hace la demanda). ¡Ah! Que los demandantes discuten que el Juez niega que se les persiga por razones políticas y eso… eso… eso ¿qué demonios de intromisión ilegítima en el honor es? Por supuesto que no existe perjuicio alguno al honor de nadie por decir que no se trata de delitos políticos y que están incluidos en el Código Penal.

Vaya, que menuda «falta». Mirad que he pasado en diversas ocasiones el VAR y no la he visto…

Sobre la inexistencia de daño. A ver, que no es que me esté tomando el texto en serio. Es que estoy comentando que no es serio. Si vais al apartado del daño y la causalidad, lo mismo de antes: al abogado novel le diría que se lo trabaje un poco más. Dice la demanda: «Las declaraciones del demandado han causado un daño seguro a las cinco partes demandantes, las cuales han visto atacados su reputación y su honor«. ¿Daño «seguro»? ¿Qué es eso del daño «seguro»? A ver, si ejercitas una demanda basada en el artículo 1902 del Código Civil, el demandante tiene la obligación de demostrar el daño. No es un daño «seguro». Por eso os decía lo de la LO 1/1982. Porque si el Juez considera que se ha producido la intromisión ilegítima en el honor (que es el término utilizado en esa Ley), el perjuicio se presume. En cambio, si vas por el 1902 CC, tienes que demostrar el daño. Pues nada. Con la demanda no se aporta daño alguno. Y menos todavía causado en Bélgica, puesto que por constar no consta ni que se hayan difundido las declaraciones del Magistrado Pablo Llarena en Bélgica, en idioma francés o neerlandés. Así que ya me diréis si, pasando de nuevo el VAR, sois capaces de apreciar algún daño…

Sobre la prevaricación. Las alegaciones y manifestaciones vertidas en la demanda exceden, con mucho, el derecho de defensa y la amplia libertad de que se goza ante un Tribunal de Justicia. Al final del epígrafe 39, por ejemplo, se indica que el Magistrado ha actuado con el propósito de criminalizar a los mandatarios independentistas, para su exclusión politica por la vía del encarcelamiento o la condena penal.

Y se dice: «Manteniendo dichos propósitos, la persona demandada ha infringido la ley deliberadamente«. Esto, ni más ni menos, es una acusación de prevaricación, reiterada en la última frase del epígrafe 41: «…la acción dolosa de PABLO LLARENA ha sido en parte la causa del daño«. Como bien sabéis, doloso, en la jerga jurídica, significa «a propósito«, conociendo y queriendo las consecuencias del acto.

CONCLUSIÓN. La demanda es un fraude. Y, cuando les pillan con alteraciones en las declaraciones, la culpa es de la traductora. Ni para eso son capaces algunos de dar la cara y asumir la responsabilidad. Pues cómo no va a ser todo un fraude.

AÑADO: Al principio de la demanda, apartado 0, se lee: «(…) El daño y el vínculo de causalidad por lo tanto deberán ser analizados conforme al derecho belga.

Como la falta se ha producido en España, esta deberá ser analizada conforme al derecho español de responsabilidad extracontractual«.

Mmmm… Incluso sin tener ni idea de Derecho, ¿no os parece MUY pero que MUY raro, casi un disparate, que si un Juez tiene que dictaminar de forma unitaria sobre:

1. Una acción u omisión culpable;
2. La existencia de un daño y su cuantificación; y
3. El nexo de causalidad entre la acción u omisión y el daño;

tenga que aplicar el Derecho español para el punto 1 y el Derecho belga para los puntos 2 y 3? Pues sí, es MUY RARO. Pero MUCHO. Pues eso, que debe ser que no tengo ni idea de Derecho, porque lo veo MUY RARO, como un disparate…