Un asunto recurrente en esto del ‘procés’ ha sido el papel de los intelectuales y demás personajes prominentes de elevada formación afectos a la causa, quienes cuentan, entre otros logros, con una adhesión acrítica a la causa, tergiversar o manipular información y conceptos o, directamente, explicar versiones que no casan muy bien con la verdad.

Hoy leía un artículo de Germà Bel, mitad político-mitad intelectual, titulado «Fractura social?«, en el que aparte de culpar a los demás (en este caso, Ciutadans; da lo mismo, porque otro día será culpa del PP y otro más del PSC y, en cuanto se descuiden, los Comunes), leía esto: «Això permet entendre, per exemple, els fets del 6 i 7 de setembre passat, quan es va menysprear ostentosament el Parlament sota la falsedat manifesta que es va transgredir la llei, menystenint els drets dels representants. N’hi ha prou, per exemple, llegint les pàgines 27 i següents, i 69 i següents del diari de sessions del 6 de setembre per constatar que –contra el que ha esdevingut una falsificació grollera– es van debatre i votar esmenes a la llei de referèndum. Aquella actuació manifestament irrespectuosa de Ciutadans, a la qual es van sumar de bon grat el PP i de manera més difícil de comprendre el PSC, va ser tot un reclam d’atenció i d’invocació a la intervenció exterior investint-se metafòricament de minoria nacional a protegir.«

Lo primero: las opiniones de Germà Bel son sus opiniones. En el blog, pasó el tiempo de divagar frente a planteamientos mentales de cuarzo-mica-feldespato.

Ahora bien, las manipulaciones en que incurre Germà Bel son eso, manipulaciones que, además, promueven que le pierda el respeto intelectual de que pueda gozar. Si el otro día explicaba que el respeto a Roger Torrent quedaba dañado (por cierto, ¿ha presentado querella o no lo piensa hacer?), tres cuartos de lo mismo con Germà Bel.

Sí, soy consciente de que los disparates del 6 y 7 de septiembre, destrucción incluida de la democracia y del respeto a la Ley, se comentaron bastante a fondo. Por eso está bien destacar de nuevo cómo es capaz alguien de elevada capacidad intelectual de autoengañarse y, con su autoridad intelectual, engañar a quienes le leen.

Dice Germà Bel: «Això permet entendre, per exemple, els fets del 6 i 7 de setembre passat, quan es va menysprear ostentosament el Parlament sota la falsedat manifesta que es va transgredir la llei, menystenint els drets dels representants«. No, no se transgredió la Ley, no. En absoluto.

Como explicarlo desde cero es aburrido, vamos a leer otra vez algunos claros y sencillos (en conjunto, un poco largo, espero que no demasiado) fragmentos de la Sentencia del Tribunal Constitucional 114/2017, sobre la Ley del Referéndum (Fundamento Jurídico 6, letras c y d):

«La proposición que dio lugar a la Ley impugnada se tramitó y aprobó, en efecto, al margen de cualquiera de los procedimientos legislativos previstos y regulados en el RPC y a través de una vía del todo inapropiada (art. 81.3 RPC). De ella la mayoría se sirvió para improvisar y articular ad hoc un insólito cauce en cuyo curso quedaban por entero a su arbitrio las posibilidades de intervención y los derechos del resto de los grupos y diputados.(…)

Lo que la mayoría impuso, propiciado por la Mesa y por la Presidencia de la asamblea, fue la creación de un atípico “procedimiento” para la ocasión, aparentemente a imagen del de lectura única previsto en el Reglamento del Parlamento de Cataluña (cuyo artículo 135.2, relativo a esa vía, estaba y sigue suspendido por providencia de este Tribunal de 31 de julio de 2017, en recurso de inconstitucionalidad 4062-2017). Mediante ello se planteó y consumó una arbitraria derogación singular de normas reglamentarias para la ordenación de la legislación y una patente infracción de las específicas previsiones del Reglamento del Parlamento de Cataluña para su propia reforma (disposición final primera y por su remisión artículos 126 y 127); previsiones, estas últimas, que garantizan en cualquier ordenamiento parlamentario una reserva de reglamento que es garantía, muy en primer lugar, de los derechos de las minorías (al respecto, SSTC 44/1995, de 13 de febrero, FJ 3, y 226/2004 y 227/2004, ambas de 29 de noviembre, FJ 2 de una y otra).

La mayoría de la Cámara pretendió ampararse para ello en el artículo 81.3 RPC, pero es de todo punto manifiesto que esta previsión reglamentaria no consiente tal operación. Dispone esta norma que el orden del día del Pleno puede ser alterado si este así lo acuerda a propuesta de dos grupos parlamentarios y añade que “si debe incluirse un asunto, este debe haber cumplido los trámites reglamentarios que lo permiten, salvo un acuerdo explícito en sentido opuesto, por mayoría absoluta”. Esta genérica previsión (parangonable, pero con diferencias a veces significativas, a otras contenidas en distintos reglamentos de asambleas autonómicas y en el propio Reglamento del Congreso de los Diputados: artículo 67.4) está recogida en el título IV del Reglamento del Parlamento de Cataluña (“Del funcionamiento del Parlamento”), al margen, pues, de la ordenación de los procedimientos legislativos.

Aun en el discutible caso de que pudiera acudirse a esa norma para incorporar al orden del día del Pleno, con pretensiones decisorias, un asunto que no hubiera culminado aún su tramitación legislativa previa, resulta innegable que para ello el procedimiento legislativo debiera estar al menos ya iniciado y en curso, a través de cualquiera de las vías previstas como numerus clausus en el Reglamento del Parlamento de Cataluña. Solo entonces, incoado ya y en marcha el procedimiento (el “común” o cualquiera de los especiales), serían también identificables los trámites realizados y los aún pendientes y la posibilidad o no de omitir o excluir fundadamente alguno de estos últimos para la incorporación del asunto a un orden del día del Pleno (…)

Lo que no está en manera alguna en el artículo 81.3 RPC es una habilitación en favor de la mayoría para la creación a su arbitrio de “procedimientos” legislativos extra ordinem; ello llevaría a la conclusión absurda, e intolerable en derecho, de que todos y cada uno de los procedimientos efectivamente previstos y ordenados en el Reglamento del Parlamento de Cataluña serían ya meramente dispositivos y sustituibles, mediante libre decisión de aquella mayoría. Así se entendió aquí, sin embargo, por el Pleno del Parlamento de Cataluña, que recurrió a este expediente de alteración del orden del día cuando la iniciativa legislativa, recién admitida a trámite por la Mesa, no había iniciado siquiera su andadura procedimental por uno u otro de los cauces que el Reglamento dispone y sin que fueran conocidos los concretos trámites a seguir y, a partir de ello, los que pudieran acaso ser obviados.

Con el pretendido amparo, por lo tanto, de una regla para la excepcional innovación del orden del día, la mayoría, en definitiva, innovó el Reglamento del Parlamento de Cataluña mismo y arbitró para el caso no la mera supresión, como sus portavoces dijeron, de uno u otro trámite procedimental, sino un “procedimiento” inédito que concibió e impuso a su conveniencia. Bien se comprenderá que, así las cosas, no es lo más grave, desde el punto de vista de la constitucionalidad, la restricción, mayor o menor —aquí desde luego máxima— de concretos derechos de los representantes, sino la supeditación y consiguiente degradación de todo derecho al imperio, fuera de norma alguna, de la mayoría. Estos derechos hubieran seguido siendo objeto de violación radical, así como el debido procedimiento para legislar, aun en la hipótesis de que la mayoría hubiera dejado un mayor margen de participación para las minorías. Las facultades de los parlamentarios —especialmente las asociadas al derecho fundamental que enuncia el artículo 23.2 CE— se ejercen y respetan según derecho, no por deferente condescendencia (STC 109/2016, de 7 de junio, FJ 5).» 

Dice Germà Bel que es falso que se transgrediera la ley o que se actuara con desprecio a los derechos de los representantes que no estaban de acuerdo.

A tenor de los fragmentos reproducidos de la Sentencia del TC, lo falso es lo que dice Germà Bel. La mayoría separatista SE INVENTÓ un procedimiento, incluyó en el orden del día una iniciativa que NI SIQUIERA había iniciado la tramitación legislativa (disparate que en otros ámbitos se llamaría prevaricación) y, en definitiva, HIZO lo que le dio la gana, como quedó a la vista de todos. Y Bel, con su autoridad intelectual, nos dice que es falso. Falso.

Sí, sabemos que el manual del buen separatista afirma que le da igual lo que diga el TC, que no va con él. De acuerdo, si con eso se da por satisfecho, porque no cambia nada. Se INVENTARON un procedimiento y TRANSGREDIERON la Ley, hasta su propia Ley, por todos lados. Y Bel dice que es falso. Por favor.

¡Ah, oh, sí! Que dice Bel que «es van votar i debatre esmenes» y que eso, objetivamente, es cierto. Hombre, claro, dentro de un procedimiento inventado puedes votar y debatir lo que quieras, como quieras y cuando quieras, siempre que la mayoría sea CONDESCENDIENTE contigo. De verdad, que tanta falta de respeto a la inteligencia es increíble viniendo de todo un Catedrático cuya relación con la verdad material, al menos en este caso, es algo tangencial.

2. Pararía aquí, pero no cuesta nada reproducir lo que dijo el TC sobre el hecho de que la mayoría separatista decidiera saltarse al Consejo de Garantías Estatutarias:

«La Cámara decidió asimismo, en el sumarísimo curso de este anómalo “procedimiento”, la cancelación de lo que su Presidenta llamó “trámite” de solicitud de dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias sobre la conformidad de la proposición de ley a la Constitución y al Estatuto de Autonomía de Cataluña, garantía creada por el propio Estatuto [art. 76.2 b)], en pro de la mejor acomodación de las iniciativas legislativas al bloque de la constitucionalidad, para cuya concreta ordenación el mismo Estatuto remite a “los términos que establezca la ley” (inciso inicial del mismo art. 76.2 EAC), que no es otra que la 2/2009, reguladora del propio Consejo. Es preciso señalar que en esta Ley se legitima para pedir dictamen sobre la “adecuación al Estatuto y a la Constitución de los proyectos y proposiciones de ley sometidos a la aprobación del Parlamento, incluidos aquellos tramitados en lectura única” [art. 16.1 b)] a dos grupos parlamentarios o a una décima parte de los diputados [art. 23 b)]. Esta solicitud se tramita a través de la Mesa de la Cámara, que ha de acordar su admisión o inadmisión, y da lugar, si se admitiera y cursara al Consejo, a la suspensión del correspondiente procedimiento legislativo en tanto el dictamen se emitiera o hasta que transcurriera determinado plazo sin haberse emitido (arts. 26.1 y 4 y 27.bis.1 y 5). El Reglamento del Parlamento de Cataluña contempla, adicionalmente, un trámite de enmiendas subsiguiente a estos dictámenes (art. 120).

Se desprende inequívocamente de toda esta ordenación que la solicitud de dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias es, para los grupos y diputados legitimados por la Ley al efecto, una garantía que trae causa del propio Estatuto de Autonomía de Cataluña y que se incardina como tal facultad, por previsión de la Ley 2/2009 y del Reglamento del Parlamento de Cataluña, en el curso del procedimiento legislativo. En tanto que garantía en favor de la regularidad constitucional de las iniciativas legislativas y facultad también de los diputados y grupos legitimados al efecto, la posibilidad de pedir dicho dictamen no puede ser suprimida por la Cámara sin merma de la integridad del propio procedimiento legislativo y a la vez de los derechos de los representantes a ejercer esta concreta facultad que la ley les confiere y que se incorpora a su estatus jurídico-constitucional (art. 23.2 CE). El Pleno, sin embargo, canceló sin más esta facultad, y la consiguiente garantía, en la singular tramitación que dispuso para la proposición de ley “del referéndum de autodeterminación”. Lo hizo por su exclusivo imperio, entre las constantes protestas de diputados miembros de las minorías y pese a la advertencia expresa del propio Consejo de Garantías, órgano que por acuerdo del mismo 6 de septiembre de 2017 recordó al Parlamento, ante solicitudes presentadas por dos grupos parlamentarios, “el carácter preceptivo, en el seno del procedimiento legislativo, de la apertura subsiguiente a la publicación de cualquier proposición de ley del plazo de solicitud de dictamen a este Consell”.«

Esto también lo comentamos en los días de la destrucción: el Parlamento no podía saltarse la petición de dictamen al CGE si se solicitaba por quienes estuvieran legitimados para ello, y aun así se lo saltó. Y dice Bel que no hubo transgresión de la Ley.

CONCLUSIÓN. Leyendo a Germà Bel me asalta la duda: ¿lo hace deliberadamente? ¿a sabiendas o de oídas? ¿por ignorancia o por pereza?  ¿vio unas sesiones distintas a las del resto del mundo? Quizás sea que, en su papel medio político-medio intelectual, cumpla el papel del creador intelectual del ‘procés’, ese que con su (supuesto) prestigio social, académico o de la índole que sea, es capaz de hacer creer a su público cualquier postulado contrario a la verdad.

A la Sentencia del TC (con esta es suficiente, luego vendrían las de los grupos parlamentarios que también acudieron al TC), al sentido común y a lo que vimos me remito.