Archivos Mensuales: febrero 2018

La confesión de Mireia Boya

Para mí, el asunto del ‘procés‘ más relevante de la semana ha sido la confesión de Mireia Boya  ante el Tribunal Supremo. Una declaración que puede tener el efecto -creo que lo tiene- de anular cualquier estrategia de defensa de los demás investigados por el Tribunal Supremo.

Los subvencionados digitales acogieron con gran alborozo y alegría que Boya dijese ante el Magistrado instructor de la causa que la declaración de independencia tenía intención de ser efectiva. Sirva como ejemplo, y por todos, este épico artículo de Bernat Dedéu.

La cuestión es que esa firmeza de Mireia Boya choca, por ejemplo, con el recurso de amparo presentado ante el Tribunal Constitucional por Oriol Junqueras (pdf del ARA), en el que se defiende (página 25), que la meritada declaración de independencia “…no fue seguida de actos jurídicos que la materializasen…” (según Boya, a causa de la aplicación del artículo 155 de la Constitución; es decir, que sin dicha aplicación sí que se habría materializado) y no tenía “…otra aspiración de juridicidad que la de ejercer la democracia y la libertad de expresión“.

La cosa es clara: Junqueras quiere salir de prisión y afirma que la declaración de independencia no tenía carácter efectivo alguno, ni era su intención (o sea, que el público secesionista fue engañado, una vez más), mientras que Boya contradice, de forma total y rotunda, a Junqueras.

Si la causa contra Junqueras y demás se sigue porque el Magistrado y el Fiscal creen que sí que había intención de hacerla real, al margen de todo procedimiento, para llegar a controlar todo el territorio catalán, imaginad a quién le van a hacer más caso (además de todo el material incriminatorio que pueda existir en los autos): a Junqueras o a Boya. De libro, claro.

El tema va un poco más allá. Si soy Oriol Junqueras, o su abogado, no estaría muy contento con Boya, a quien sin duda los palmeros subvencionados le han otorgado un papel que nunca tuvo en la película separatista. Esto lo pensaba yo anoche desde mi perspectiva más o menos jurídica: qué papel le correspondía en la “organización”. No podía ser más que muy secundario (si es que tenía alguno de manera efectiva), puesto que, como es lógico, los primeros contra quienes se dirigió la acción penal por rebelión fueron las personas que ostentaban puestos ejecutivos y no una mera diputada que, en la actualidad, ya ni siquiera lo es. Con mucha más gracia, y el mismo ojo clínico, lo ha visto -una vez más- Albert Soler, el periodista de Diari de Girona, en su pieza “La pel·lícula de la Boya“.

Las tres primeras frases son especialmente lapidarias: “La Boya és tan poca cosa que ni sap que és poca cosa, i per tant ignora que la seva citació al jutjat no era contra ella, sinó contra els peixos grossos del procés. Així que, ufanosa, li diu al jutge que tot anava de debò, que res de simbolisme, que totes les maniobres que es van fer durant els deu dies que feren riure el món es dirigien a trencar Espanya. Creia, pobreta, que així mostrava valentia, quan en realitat mostrava idiotesa: la seva declaració servirà per acusar els que de debò importen, i per mantenir a presó els que ja hi són“.

La mezcla entre concepción infantil de la secesión e irresponsabilidad manifiesta del conjunto de personas que se han puesto al frente del ‘procés’ le impidieron darse cuenta de que se ha convertido en la mejor testigo del Fiscal. Porque ya veremos si, el día que toque acusar para ir a juicio (me atrevo a afirmar que lo habrá), a Mireia Boya nadie la acusa de delito alguno y la citan a declarar en calidad de testigo. Os explico la negrita de testigo: un investigado, o acusado, puede decir lo que quiera, sea verdad o mentira; un testigo tiene obligación de decir verdad.

Claro que siempre podría declarar en juicio como testigo y decir que, cuando declaró como investigada, mintió… (obsérvese la ironía ínsita en los puntos suspensivos).

CONCLUSIÓN. La confesión de Mireia Boya ha hundido casi cualquier estrategia de defensa de los principales implicados, como mínimo a la hora de establecer los hechos. La calificación jurídica y si luego son inocentes o culpables, constituyen una cuestión distinta que en su día se dilucidará. Pero los hechos, ay, los hechos han quedado perfectamente fijados con la confesión de Mireia Boya.

Me encanta que los comentarios salgan bien

El asunto ‘procés’ está tan agotado que han de llegar Sentencias de hechos que ahora nos quedan remotos, como los infaustos 6 y 7 de septiembre de 2017, para dotarnos de alguna entrada nueva.

En esta entrada del 6 de septiembre, titulada “Una nulidad de Parlament“, señalaba, de forma algo críptica para quien no siguiera ese día al minuto lo que iba sucediendo en el Parlament, que la tramitación de la Ley del Referéndum era nula porque se saltaban el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries. Como uno de los participantes en el blog, Simón, pidió algo más de concreción, escribí esto en el apartado de comentarios (el 7 de septiembre a las 19:52):

Aclarando un poco la entrada y el laconismo empleado (simplifico, pero lo suficiente):

1. Conforme a la Ley del COnsell de Garanties Estatutàries, determinadas materias que vayan a ser reguladas por Ley siempre pueden ser objeto de dictamen previo. Dos grupos parlamentarios (o un determinado número de diputados) tienen la potestad de pedir su dictamen.

2. Es decir, esta opción de pedir el dictamen, o la obligación de pedirlo, depende de una Ley, la Ley 2/2009, que el Parlament de Catalunya NO se puede saltar, ni que lo acuerden por unanimidad. Es un requisito de formación o elaboración de las Leyes.

3. El Parlament de Catalunya, por decisión de la mayoría de 72 diputados, decidió -y lo mismo con la Ley de Transitoriedad- que se podía saltar el dictamen del Consell y que no hace falta esperar a que transcurra ni siquiera el plazo que tienen los grupos (o el número de diputados necesario) para pedir el dictamen si lo estiman oportuno.

4. Por lo tanto, si te has saltado el dictamen establecido por la Ley 2/2009 y no en el Reglamento del Parlament de Catalunya, o no has respetado el plazo que tienen los grupos para pedir el dictamen, a esa Ley le falta el cumplimiento de un requisito indispensable para su validez.

5. En consecuencia, la Ley aprobada es NULA, incluso con la “legalidad catalana” que afirma Partal que ahora rige en Cataluña.

Ayer, varios medios de comunicación publicaban la noticia, vía Europa Press, de que el Tribunal Constitucional ha otorgado el amparo presentado por el PSC. En resumen, el recurso del PSC versaba sobre la vulneración de derechos del grupo parlamentario socialista al haber sido denegada su petición de dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias. O sea: el asunto dirime si era obligado el dictamen si así lo solicitaba quien estaba legitimado (como el grupo socialista) y si la denegación vulneraba los derechos de la parte recurrente. El TC resuelve en sentido afirmativo y eso es lo que recogen las noticias publicadas. Lo que me interesa ver, por supuesto, es la argumentación utilizada por el TC que, no obstante, ya era conocida en su mayor parte a raíz de la Sentencia que anulaba la Ley del Referéndum.

Así, por ejemplo, el ARA: “El TC anul·la l’acord de la mesa del Parlament que va permetre tramitar la llei del referèndum”. La noticia del ARA es recomendable porque incluye la Sentencia del Constitucional para su descarga (no la enlazo desde aquí). ¿Y qué dice de interesante la Sentencia?

Esto:

  1. la eliminación del trámite parlamentario consistente en la solicitud de dictamen al COnsejo de Garantías Estatutarias sobre la conformidad de la Proposición de Ley del referéndum de autodeterminación a la Constitución y al Estatuto de Autonomía de Cataluña, se realizó fuera de toda previsión del Reglamento del Parlamento de Cataluña y del resto del ordenamiento aplicable“.
  2. Se trata de una garantía creada por el propio Estatuto (…) para cuya concreta ordenación el mismo Estatuto remite a “los términos que establezca la ley” (…) que no es otra que la Ley 2/2009
  3. ..esta Ley legitima para pedir dictamen sobre “la adecuación al Estatuto y a la Constitución de los proyectos y proposiciones de ley sometidos a la aprobación del parlamento, incluidos aquellos tramitados en lectura única
  4. La solicitud de dictamen ha de ser tramitada a través de la Mesa de la Cámara y da lugar, si se admitiera y cursara al Consejo, a la suspensión del correspondiente procedimiento legislativo (…). El Reglamento del Parlamento de Cataluña contempla, adicionalmente, un trámite de enmiendas subsiguiente a estos dictámenes
  5. NINGUNO DE ESTOS TRÁMITES SE OBSERVÓ DURANTE EL PROCESO DE DISCUSIÓN Y APROBACIÓN PARLAMENTARIA DE LA LEY 19/2017 DECLARADA INCONSTITUCIONAL Y NULA“.
  6. …los Acuerdos impugnados han vulnerado el derecho de los recurrentes a solicitar dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias“.

CONCLUSIÓN. Todos vimos lo que sucedió los días 6 y 7 de septiembre de 2017.  Surgieron las tesis más peregrinas posibles para justificar saltárselo todo. Entre ellas, que el Parlamento podía acordar saltarse el Estatuto de Autonomía y la Ley 2/2009.

No es necesario conocer de leyes para llegar a la conclusión de que eso no era posible. Se llama sentido común.

Si, además, somos capaces de clavar los argumentos técnicos -no era especialmente complicado, todo hay que decirlo-, entonces hablamos de doble sentido común.

Me encanta que los comentarios salgan bien.

¿Qué Ley de Enjuiciamiento Criminal habrá consultado?

En este juego ya amortizado llamado ‘Procés’ (no, no está acabado, pero sí amortizado) resulta repetitivo observar que la ignorancia, o la mala fe, siguen poblando las columnas digitales de algunos de nuestros medios favoritos. Así, en plan aleatorio, me he metido en la columna de Pere Martí (fue jefe de prensa de Carles Puigdemont) en Vilaweb, “Culpables abans de ser jutjats“, que es especialmente buena. Como de costumbre, desinformación y explicar una verdad (??????) que no tiene nada que ver con la realidad.

Escribe Martí:

Inhabilitació ‘exprés’. Mentre l’independentisme continua empantanegat per les lluites partidistes, l’estat espanyol accelera la repressió contra els seus dirigents. El ministre de Justícia, Rafel Català, ha confirmat que els dirigents independentistes seran inhabilitats abans de ser jutjats, perquè el Tribunal Suprem els aplicarà llei d’enjudiciament criminal. L’article 384 bis d’aquesta llei estipula que quan el jutge dicta l’ordre de processament per delictes greus com ara ‘terrorisme o rebel·lia’, els processats poden perdre la capacitat d’exercir un càrrec públic. El ministre preveu que el jutge Pablo Llarena tancarà la instrucció al març i aleshores promourà una inhabilitació ‘exprés’. És com si els declarés culpables abans de fer-se el judici.

La confirmació de la mesura, que ja corria per mitjans judicials i periodístics fa dies, evidencia una vegada més que a Espanya no hi ha separació de poders perquè un membre del govern ja sap què farà el Suprem d’aquí a unes quantes setmanes. A hores d’ara potser això ja no sorprèn ningú, però aquesta promiscuïtat entre el poder polític i judicial continua essent escandalosa.

Hemos repetido mil veces que nadie nace sabido y que cualquiera se equivoca. La equivocación es disculpable. La ignorancia y desinformación deliberada, no.

En un comentario de la anterior entrada había apuntado alguna cosa sobre el tema, pero ya que Martí nos desinforma con su entrada, unos breves comentarios sobre los apartados que he destacado en rojo de alarma:

1.Seran inhabilitats abans de ser jutjats, perquè el Tribunal Suprem els aplicarà llei d’enjudiciament criminalQuizás no tenéis ni idea de derecho, pero estoy convencido de que todos habréis llegado a una conclusión: una ley de enjuiciamiento criminal, efectivamente, se aplica a casos criminales, o sea, del ámbito penal. Para Martí, probablemente sea un descubrimiento exótico. Os haré otra revelación: si un Juez no aplica la Ley de Enjuiciamiento Criminal, puede conseguir, como mínimo, dos efectos. El primero, que un Abogado monte en cólera, lo cual es soportable; el segundo, una querella por prevaricación, que es algo mucho más serio.

2.L’article 384 bis d’aquesta llei estipula que quan el jutge dicta l’ordre de processament per delictes greus com ara ‘terrorisme o rebel·lia’, els processats PODEN perdre la capacitat d’exercir un càrrec públic. Soy consciente de que a muchos os aburre leer textos jurídicos, pero os voy a reproducir el artículo 384 bis con una pequeña pista: “Firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará AUTOMÁTICAMENTE SUSPENDIDO en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión.

Sí. Lo habéis entendido. AUTOMÁTICAMENTE vs PUEDEN. A ver, cuando es AUTOMÁTICAMENTE, los Jueces no PUEDEN. Es un efecto que se produce INDEPENDIENTEMENTE de lo que quiera el Juez. No puede nada.

Auto de Procesamiento firme + prisión provisional + delitos bandas armadas, terroristas o rebeldes = suspensión automática.

3.el jutge Pablo Llarena tancarà la instrucció al març i aleshores promourà una inhabilitació ‘exprés’. És com si els declarés culpables abans de fer-se el judici. Me remito al punto 2 anterior: el Magistrado no promueve nada ni “los declara” nada de nada. El “automáticamente suspendido” carece de dificultad interpretativa.

4. A Espanya no hi ha separació de poders perquè un membre del govern ja sap què farà el Suprem d’aquí a unes quantes setmanes. A ver: te procesan en firme, estás en prisión provisional por delito de bandas armadas, individuos terroristas o rebeldes. Y conoces los efectos del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Impresionante. Para Martí, conocer la Ley significa que no hay separación de poderes. Cómo están las cabezas.

CONCLUSIÓN. Hace unos meses, esta clase de artículo me divertía. Ahora, pues mira, volver a leer alguna columna de la onda separatista exactamente con los mismos contenidos de siempre no me da ni una pulsación de más.

Es evidente que Martí no se ha informado. O, si se ha informado, debe haber consultado otra Ley de Enjuiciamiento Criminal. La de España, está claro que no.

[Añado: el artículo 384 bis LECrim existe desde 1988. Fue objeto de recurso ante el TC, que resolvió, por Sentencia de 3 de marzo de 1994, desestimando el recurso contra ese artículo. En cambio, sí que se declaró la inconstitucionalidad del artículo 504bis]