Esta mañana, después de bastantes días, me he decidido a escuchar RAC1 y, en concreto, el programa de Jordi Basté. Pensaba que, con el tema un poco apaciguado, escucharía algo más moderado que de costumbre o, incluso, una entrada de programa distinta al ‘procés’. Grave error por mi parte.

Basté, cuyo programa de radio es escuchado por centenares de miles de catalanes, ha emitido el siguiente discurso en  «El davantal«, que es el nombre que recibe su filípica diaria:

«Llegeixo literalment del digital ElMon.cat: “El Tribunal Constitucional ha refermat aquest dimecres la decisió de deixar en suspens la condemna de presó als assaltants de la Blanquerna l’11 de setembre de 2013. En la interlocutòria, els magistrats consideren que no suspendre la condemna ‘podria tenir perjudicis irreparables que farien perdre l’empara de la seva finalitat per afectar al valor fonamental de la llibertat’.

Oriol Junqueras: un fill i una filla menors d’edat.

Joaquim Forn: dues filles.

Carles Mundó: tres fills menors d’edat.

Meritxell Borràs: dos fills (un, menor d’edat).

Dolors Bassa: un fill.

Jordi Turull: dues filles (una, menor d’edat).

Josep Rull: dos fills menors d’edat.

Raül Romeva: dos fills menors d’edat.

Jordi Sànchez: dos fills menors d’edat, una filla menor d’edat.

Jordi Cuixart: un nadó de mesos.

8 polítics a la presó, 2 activistes sense judici fet. 20 fills. Aquí dins no hi ha “perjudicis irreparables”? Però què és aquesta indecència que no aguanta cap comparació?

En fi. Una desesperant vergonya.«

Para el discurso, que lleva por nombre «Comparaciones indignantes«, Basté se basaba en esta noticia de Elmon.cat, firmada por Quico Sallés.

Ahora, vamos a por las comparaciones odiosas. Tan odiosas que, lamentablemente, Basté ha demostrado que es capaz de arengar a centenares de miles de personas de oídas -su fuente es Quico Sallés, o sea, que de oídas-, de no contrastar fuentes -con lo fácil que es leerse los autos del TC- y, sobre todo, de realizar comparaciones que, es cierto, no se aguantan. Pero no se aguantan por lo que sugiere Basté, sino que se debe a la simple dejadez (fiarse de Sallés), por pura ignorancia (no tomarse la molestia de leer los autos) o, quizás, solo quizás, por la deliberada intención de indignar a la audiencia con desinformación.

El primer error, por supuesto, es comparar la prisión provisional, que responde a unos determinados parámetros jurídicos, con la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad derivada de una sentencia firme. No son lo mismo, esto es evidente. Tampoco vamos a entrar aquí en los miles de sutilezas diarias con que se encuentran los profesionales del Derecho, cualquiera que sea la posición que ocupen (jueces, fiscales y abogados), y que, por arte de magia, parece conocer cualquiera que, por primera vez en su vida, se ha interesado por los presupuestos de la prisión provisional o de la ejecución una pena de prisión. Así que vamos al meollo de la cuestión.

PRIMERO. Dice Basté -basándose en Sallés- que «el Tribunal Constitucional tiene presente, para suspender la condena, que los sentenciados por el Tribunal Supremo tienen un hijo pequeño«. ¿De verdad? ¿Qué?

Tras leerme por encima los seis autos, con relación a «hijos», lo único que se lee en uno de ellos es esto, en el segundo párrafo del Antecedente I del Auto dictado en el recurso 3218-2017. Para que os hagáis a la idea, en los «Antecedentes» de un Auto se resumen los trámites procesales hasta el momento (fulanito fue condenado, interpuso recurso, ahora vuelve a hacerlo, etc) y, a veces, se explica sucintamente el contenido de los escritos. Eso exactamente es lo que se hace en el Auto, al explicar el contenido de la demanda de amparo (lo que conocemos como recurso de amparo) de uno de los condenados por el asunto Blanquerna:

«En la demanda de amparo se solicita por otrosí la suspensión de la resolución judicial impugnada en lo relativo a las penas privativas de libertad impuestas al recurrente, argumentando que de la ejecución se derivan perjuicios irreparables si se estima el recurso de amparo, siendo inexistentes los perjuicios para terceros o el interés general, ya que concurren las circunstancias de que el recurrente está en libertad, tiene 30 años de edad, un hijo de dos años y medio, trabajo estable desde 2015, carece de antecedentes penales, los hechos enjuiciados datan de septiembre de 2013, sin existir dilaciones indebidas imputables al penado, el excesivo rigor de las penas impuestas atendidos los hechos, que se trata de penas cortas privativas de libertad inferiores a cinco años, la satisfacción de las responsabilidades civiles, la satisfacción y reparación de los daños inmediatamente a la instrucción de la causa en el año 2013, su arraigo familiar y la condición de que es padre de un hijo de corta edad cuya madre también está condenada en esta causa y que siempre ha estado a disposición del tribunal sentenciador. Por escrito registrado en este Tribunal el 3 de octubre de 2017, se reiteró la solicitud de suspensión.«

Sí, amiguitos, como podéis leer en el párrafo reproducido, o, directamente, en el Auto, lo que hace aquí el TC es explicar el contenido del escrito presentado por la defensa del recurrente. O sea, que Basté hace pasar a su audiencia que el contenido del escrito elaborado por el abogado de uno de los recurrentes se imbrica en la resolución de tal modo que «el Tribunal Constitucional tiene presente, para suspender la condena, que los sentenciados por el Tribunal Supremo tienen un hijo pequeño«.

Por supuesto, como podéis imaginar, si buscamos en los Fundamentos Jurídicos (página 4, hasta el final) alguna valoración sobre el hecho de tener un hijo de corta edad, no la encontraremos.

SEGUNDO. El Auto sí explica lo siguiente sobre su doctrina -por cierto, bastante más antigua que el ‘procés’ (p.ej: Auto 31/2007, de 12 de febrero, F.J. 2º, al final)- acerca de la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad:

«…este Tribunal ha establecido que en el marco de los recursos de amparo la decisión que debe adoptar de suspensión de las resoluciones judiciales que imponen penas privativas de libertad constituye un juicio complejo en que hay que tomar en consideración diversos factores como son (i) la gravedad y naturaleza de los hechos enjuiciados en atención al bien jurídico protegido y su trascendencia social; (ii) la duración de la pena impuesta; (iii) el tiempo que reste de cumplimiento de la misma; y (iv) la concurrencia de riesgos sobre la efectividad de la acción de la Justicia y la posible desprotección de las víctimas. Entre estos factores, este Tribunal ha destacado que tiene especial relevancia el referido a la duración de la pena impuesta, pues es un criterio que expresa de forma sintética la reprobación que el ordenamiento asigna al hecho delictivo —la importancia del bien jurídico tutelado, la gravedad y trascendencia social del delito— y, en consecuencia, la magnitud del interés general en su ejecución. Así, este Tribunal ha adoptado como una directriz general que la pena se sitúe por encima o por debajo de la frontera de los cinco años de prisión, por ser el límite que ha establecido el propio legislador penal para diferenciar entre las penas graves y las menos graves (art. 33 CP) (así, por ejemplo, AATC 52/2017, de 18 de abril, FJ 1, o 35/2017, de 27 de febrero, FJ 2).«

Resumido: que si la pena (o la suma de las penas) es inferior a cinco años de prisión existen bastantes posibilidades -a valorar junto con los demás factores- para que se suspenda la ejecución del ingreso en prisión. Por supuesto, habrá casos en que sí y algún otro en que no, pero aquí no se dice nada de los hijos como factor de valoración. En cualquier caso, la suspensión derivada de un recurso de amparo no es una novedad ni se ha inventado ahora.

La cuestión siguiente es la aplicación de la doctrina del TC al caso concreto (y la aplicación es la misma para todos los casos, con hijo o sin hijos; porque, como podréis leer en todos los Autos del TC, el tema del hijo solo es mencionado en un caso):

«En el presente caso, de acuerdo con lo también defendido por el Ministerio Fiscal, concurren los requisitos que exige la jurisprudencia constitucional para otorgar la  suspensión de la ejecución en cuanto a las penas privativas de libertad y las penas accesorias a las establecidas legalmente para la imposición de las penas privativas de libertad. Su ejecución puede ocasionar al recurrente perjuicios irreparables que harían perder al amparo su finalidad tanto por afectar al valor fundamental de la libertad como porque el resto de circunstancias concurrentes en el caso permiten apreciar que la suspensión no ocasiona una perturbación grave a un interés constitucionalmente protegido ni a los derechos fundamentales o libertades públicas de otra persona. Al margen de la perturbación de la función jurisdiccional que en sí mismo entraña la suspensión de la ejecución de una resolución judicial, no se acreditan riesgos ciertos sobre la efectividad de la acción de la Justicia, ya que el recurrente ha estado a plena disposición de los órganos judiciales, que no adoptaron ninguna medida cautelar de naturaleza personal durante la tramitación de la causa que permita ahora concluir que el eventual aplazamiento en el cumplimiento de la pena que implica una suspensión mientras se tramita el recurso de amparo pueda hacer ineficaz el pronunciamiento condenatorio en caso de ser rechazado el recurso de amparo. También consta que se ha hecho frente al pago de las responsabilidades civiles fijadas y hubo lugar a la aplicación de la atenuación de reparación del daño«.

Como aprecia cualquiera que se tome la molestia de leer el Auto del TC en lugar de la noticia publicada por Quico Sallés, aquí el asunto del hijo no aparece. Del mismo modo que no aparece en los demás Autos de los otros recurrentes, cuya motivación jurídica es idéntica.

Y lo que sí aparece es aplicación jurídica de una doctrina constitucional consolidada -que puede tener excepciones, matices o diferencias, que es algo que pasa cada día en los Juzgados y Tribunales- que Basté nos quiere hacer pasar por «indecencia que no aguanta comparación alguna«.

CONCLUSIÓN. Como decía, el asunto de la prisión provisional o la suspensión de la ejecución de penas de prisión de Sentencias firmes ha sufrido una multiplicación enorme de «expertos» capaces de valorar todos y cada uno de los múltiples matices en que se basan. Normalmente, ignorando doctrinas consolidadas -como la del TC, que seguro puede tener excepciones; los penalistas más experimentados podrán explicar de todo- para hacerlas pasar como la mayor de las «indecencias», trato discriminatorio y no sé cuántos lloros más.

Quizás, lo principal, para evitar comparaciones odiosas destinadas a desinformar sería leer las fuentes con las que uno construye sus discursos, que serán creídos sin rechistar por centenares de miles de oyentes.

Quico Sallés como fuente. Destacar frases que los profesionales del Derecho recitan de manera maquinal «…perjuicios irreparables que harían perder su finalidad al Zzzz… Zzzz…» como si fueran el descubrimiento de una civilización. Exponer argumentos que no constituyen la base de la resolución no leída. Todo para seguir con el discurso victimista y desinformado.

Por favor, si tienen que quejarse de trato discriminatorio e indecente, al menos léanse los Autos del TC. Ya no digo que los lean bien y no los distorsionen. Al menos, que los lean. No es pedir demasiado. Así, evitarán que se diga que el secesionismo es un gran y enorme manual de autoayuda basado en la manipulación y la desinformación. Que equivocarnos, nos equivocamos todos. Pero que sea después de leer y no de oídas. Se evitarán comparaciones odiosas. Desinformantes. Incorrectas. Y cuyo efecto es inocular un inventado -al Auto me remito, junto con la lectura de Basté- sentimiento de agravio.

EDITO: Los seis Autos están disponibles en la web del TC, más una nota de prensa.