Hoy, día uno de agosto de dos mil dieciséis, ha sido un día negro para el separatismo. Cuando tu compromiso con el Estado de Derecho es dudoso y flirteas con el autoritarismo, es lógico que esperes una resolución predeterminada y decidida de antemano, sin respeto alguno por las garantías ni los más elementales principios de contradicción o audiencia. Vaya, que esperaban una sanción económica dura para Forcadell o, mejor todavía, su inhabilitación directa e incluso que se iniciase un proceso penal contra ella (lo cual era imposible, pero al separatismo la sutileza no le va; por una vez, Soraya Sáenz de Santamaría explicó acertadamente lo que se solicitaba: «El término jurídico «deducir testimonio de particulares» quiere decir, según la versión que ofreció Santamaría tras el Consejo de Ministros, que el tribunal se ocupe ahora de documentar de manera precisa todos los incumplimientos en los que haya podido incurrir ya Forcadell y los envíe a la Fiscalía para que valore cómo debe actuar penalmente contra la presidenta del Parlament catalán«).

Prueba del deseo de que a Forcadell se le aplicaran las medidas más duras posibles tenemos este editorial, quién si no, de Vicent Partal (Avui és un dia decisiu), que ha visto estropeado el día histórico (ahora mismo, en portada, un revelador antetítulo en Vilaweb «De moment, no castiga«). Y por escoger una opinión así al azar, un artículo en EL PUNT en que se deslizan lindezas como «…el que ara volen executar Rajoy i el TC és l’equivalent a la purga que Erdogan està fent a Turquia. D’entrada, Forcadell i Puigdemont a la presó.» [Recordemos que fue Puigdemont quien dijo que esperaba que el golpe de Estado sirviera para reforzar el compromiso de Turquía con los derechos humanos. Ahí lo dejo]

Sigamos. Esta mañana teníamos a Munté diciendo que el papel del TC no se entendía en ningún lugar del mundo (ruego otro minuto de silencio en memoria de Hans Kelsen, ya he perdido la cuenta), Turull acusando al TC de decorar jurídicamente consignas políticas (otro minuto más) o Anna Gabriel advirtiendo de que inhabilitar a Forcadell sería un punto de «no retorno«.

Huelga decir que ya debían tener preparada otra campaña más de agitación y quizás hasta encadenarse a algún punto emblemático en «solidaridad» con Forcadell -o plantarse en un tiesto, quién sabe- para el caso de que el TC la inhabilitase o tomara algún tipo de medida contundente más allá de la que simplemente ha adoptado: acordar la suspensión de la Resolución 263/XI de 27 de julio, conforme a lo que dispone la Constitución. O sea, que el TC ni siquiera enjuicia o prejuzga nada de nada; a lo que se añade un requerimiento. Aquí tenéis el enlace a la Providencia (un tipo de resolución de mero trámite) en que se tiene por formulado el incidente de ejecución de Sentencia.

¿Y qué ha pasado para que el separatismo se haya quedado con las ganas? ¿Le tiembla el pulso al TC? Pues ha pasado algo tan sencillo como que, prudencia aparte, el artículo 92.4 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional dice:

«4. En caso de advertirse que una resolución dictada en el ejercicio de su jurisdicción pudiera estar siendo incumplida, el Tribunal, de oficio o a instancia de alguna de las partes del proceso en que hubiera recaído, requerirá a las instituciones, autoridades, empleados públicos o particulares a quienes corresponda llevar a cabo su cumplimiento para que en el plazo que se les fije informen al respecto.

Recibido el informe o transcurrido el plazo fijado, si el Tribunal apreciase el incumplimiento total o parcial de su resolución, podrá adoptar cualesquiera de las medidas siguientes:

a) Imponer multa coercitiva de tres mil a treinta mil euros a las autoridades, empleados públicos o particulares que incumplieren las resoluciones del Tribunal, pudiendo reiterar la multa hasta el cumplimiento íntegro de lo mandado.

b) Acordar la suspensión en sus funciones de las autoridades o empleados públicos de la Administración responsable del incumplimiento, durante el tiempo preciso para asegurar la observancia de los pronunciamientos del Tribunal.

c) La ejecución sustitutoria de las resoluciones recaídas en los procesos constitucionales. En este caso, el Tribunal podrá requerir la colaboración del Gobierno de la Nación a fin de que, en los términos fijados por el Tribunal, adopte las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las resoluciones.

d) Deducir el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder.«

El lector medio del blog, abrace o no la causa secesionista, sabe leer y comprende qué ha pasado: antes de tomar cualquier decisión, el TC debe reunir la información necesaria y, por lo tanto, requerir a instituciones y autoridades para que informen sobre lo sucedido. O sea, debe cumplir con las más mínimas y elementales reglas de un Estado de Derecho, como cumplir sus propias normas, que es lo que determina el punto 5 de la Providencia:

«5. Requerir a la Presidenta del Parlamento de Cataluña, a los demás miembros de la Mesa del Parlamento y al Secretario General del Parlamento de Cataluña para que en el plazo de veinte días hábiles emitan los correspondientes informes, a los efectos del artículo 92.4 LOTC, acerca de si las actuaciones parlamentarias que dieron lugar a la aprobación de la Resolución 263/XI del Parlamento de Cataluña, de 27 de julio de 2016, han contravenido la STC 259/2015, de 2 de diciembre y el ATC de 19 de julio de 2016.«

O sea, que el sueño separatista de la sanción, la inhabilitación o el proceso penal no era más que otro acto de agitación, propaganda y victimismo.

A la vista de lo explicado, el titular que ahora mismo leo en Ara.cat: «El TC posposa al setembre les mesures contra el Parlament i Forcadell» no se ajusta a la realidad. Nadie ha pospuesto nada. Hoy, mal que le pese al separatismo, el TC no iba a dictar resolución de fondo, puesto que para imponer una multa, suspender de funciones o deducir testimonio de particulares hay que cumplir, en primer lugar, con el requisito de pedir informe. Y después ya se verá. ¿Podía haber acordado el TC deducir el testimonio de particulares contra Carme Forcadell directamente, de manera independiente del informe? Según qué interpretación inquisitiva se tome, teóricamente sería posible. Y altísimamente improbable. En mi interpretación -la más favorable y garantista para Forcadell- no es posible sin pedir previamente el informe. En la interpretación del separatismo victimista, alineada con la petición de la Abogacía del Estado (págs.23 y 26) en su escrito ante el TC, sí que es posible. Curioso que el separatismo desee la solución menos garantista y más perjudicial para la Presidenta del Parlament… Cualquiera diría que lo deseaban…

Conclusión. Un día negro. Victimismo por los suelos. Como no ha pasado nada de lo que decían esperar (esencialmente, una sanción a Forcadell), ahora se centran en la suspensión -automática, conforme a la Constitución- de la Resolución (ahora mismo, el titular en Nació Digital: «El TC suspèn cautelarment la resolució sobre les lleis de desconnexió«). Migajas comparadas con el falso acto de victimismo preparado. Que disimulen todo lo que puedan, que en EL PUNT titulaban: «El TC avalua si es pot actuar penalment contra Forcadell«. Decepcionados porque el TC no actúa. Entrañable. No, nada de entrañable y ninguna gracia tiene.