Del resultado se parte, al resultado no se llega

El título de esta entrada lo he sacado de una crítica, algo antigua, de José Vicente Rodríguez Mora al libro de Josep M. Colomer «Grandes imperios, pequeñas naciones«, cuyo contenido ahora mismo es secundario, y que me sirve como ejemplo de las bases pseudoteóricas que con frecuencia se nos presenta el secesionismo: primero pienso el resultado a presentar (secesión, desconexión, declaración de intenciones, proclamación, iniciar y no culminar, etc), y después construyo la teoría que, ¡oh casualidad!, me da la razón.

Esto es lo que pasa con el referéndum de secesión (advertí de que volvería a hablarse del tema) y el modo de justificar su celebración. Lo que sucede es que si te basas en argumentos mágicos y no en fundamentos sólidos, te pillan. Con ello me refiero a que me parece extraño que algo tan supuestamente claro como el derecho a celebrar el referéndum (desde la perspectiva secesionista) se presente con argumentos tan distintos, incluso contradictorios. O sea, que no es tan claro, como revela alguno de los últimos artículos que he tenido la oportunidad de leer. Veamos.

El profesor de Derecho Internacional Público Ferran Armengol (el mismo que firmó un artículo donde decía que el Código Civil no prevé la renuncia a la nacionalidad y daba a entender que sólo la podían perder los «nacionalizados») encuentra el fundamento («Com convocar un referèndum«) en el derecho de autodeterminación de los pueblos, reconocido como uno de los elementos estructurales del sistema de las Naciones Unidas, debiendo entenderse superada la concepción que liga ese derecho a los procesos de descolonización. Como Armengol sabe que esta argumentación no le alcanza, lo conecta con los derechos humanos, como un derecho exigible por la ciudadanía. Sin embargo, no resuelve la dicotomía y conjunción entre derecho humano individual y, a la vez, colectivo. Se trata de una fórmula argumental típicamente enfocada para contentar al público: «tienes derecho«. Por supuesto, todos queremos derechos, pero ¿a qué se tiene derecho? ¿cómo se ejercita?, ¿cómo lo reclamo?, ¿frente a quién?, ¿qué pasará cuando me reconozcan el derecho?, ¿a mí individualmente o al colectivo?, etcétera. Todo eso queda sin resolver -no es excusa el limitado espacio de la columna-, pese a la grandilocuencia del autor: «Però, per sobre de tot, cal tenir en compte que es tracta d’un dret exigible per la ciutadania, que no pot ser en cap cas objecte de delicte. Més aviat serien aquells que ho obstaculitzin els que podrien incórrer en responsabilitat.«. Una pena que no determine cómo se exige, ni que determine las responsabilidades de los obstaculizadores.

En cambio, el politólogo Jaume López insiste con el derecho a decidir  («Un derecho del siglo XXI») y señala: «…no hay que confundirlo con el derecho a la autodeterminación, este sí con una expresión explícita en la legislación internacional y que se vincula desde la segunda guerra mundial con los procesos de descolonización respecto de antiguos imperios coloniales«. Es decir, que como el derecho de autodeterminación no sirve, se remite al famoso derecho a decidir que se justifica como «…un derecho individual de ejercicio colectivo de los miembros de una comunidad territorialmente localizada y democráticamente organizada que permite expresar y realizar mediante un procedimiento democrático la voluntad de redefinir el estatus político y el marco institucional fundamentales de dicha comunidad, incluida la posibilidad de constituir un Estado independiente«. Me ahorro la crítica a esta definición (¿los habitantes de un municipio tienen derecho a decidir? ¿no son una comunidad territorialmente localizada y democráticamente organizada?) y me fijo en la divergencia: uno se basa en la autodeterminación, otro en el derecho a decidir. Por cierto, hace unos años López no limitaba el derecho a decidir al estatus político y el marco institucional, y decía que no había límites sobre los asuntos a decidir (p.8), que eran todos, un ejercicio de radicalismo democrático.

Frente a lo anterior, Pau Bossacoma, en su libro «Justícia i legalitat de la secessió«, que ha sido calificado de «canónico» (Hèctor López Bofill) o «magnífico» (Quim Torra), afirma que el derecho a decidir es excesivamente «dúctil» y, refiríéndose al Plan Ibarretxe y la consulta proyectada, que giraba sobre el derecho a decidir, lo califica de redundante etimológicamente, falsario, oportunista y sobrante (p.334 y 388). Finalmente, parece preferir el principio de autodeterminación de los pueblos, si bien busca un elemento justificativo: «el derecho a la autodeterminación nacional externa basado en la vulneración o frustración previa de la autodeterminación interna».

La tesis de Bossacoma, aplicada al caso catalán, abre un interrogante que he tratado en numerosas ocasiones: ¿de verdad el secesionismo -y repito lo «de verdad»- ha seguido los pasos necesarios? ¿O sólo ha seguido aquellos pasos en que sabe que la respuesta únicamente puede ser negativa (algo que también afirmaba Joaquín Tornos en su capítulo del libro «¿Existe el derecho a decidir?«) a sus pretensiones? [por cierto, y ya que cito a Bossacoma, aunque sea saliendo un poco del tema, en la página 443 escribe: «…si la secessió unilateral no és entesa com un objectiu greu, els perills que s’utilitzi indegudament com una amenaça política incrementen exponencialment…»; algo tendremos que comentar sobre esta absoluta verdad].

Conclusión. Creo que el título lo ha ejemplificado: el secesionismo parte del resultado deseado, no llega hasta él. Quizás si no se inventaran conceptos no quedarían al descubierto tan fácilmente. Y no, no se trata de que el concepto sea «novedoso» o que los tiempos actuales deban de adaptarse a la realidad. Se trata de algo tan complejo como justificar y razonar en abstracto y no para el caso concreto, que se nota mucho. Uno de los principales problemas del secesionismo es el de llevar a la práctica sus postulados y los motivos son sencillos de comprender: si te inventas la teoría, la práctica funciona de casualidad. Ahora bien, si la teoría tiene argumentos sólidos, si la práctica no funciona puede llegar a hacerlo. Aquí, todavía estamos en la fase de la invención, como demuestra que los esperados tres Proyectos de Ley que creíamos que el Govern enviaría al Parlamento se hayan convertido en ponencias. No vaya a ser que el invento se hunda a la primera.

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emperorponders
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Quizás ya no te acuerdes, pero Jaume López fue quien escribió ese cuaderno de la Unescocat sobre El Dret a Decidir: http://www.unescocat.org/fitxer/3373/qr4%20okxweb.pdf

No es un texto legal, más bien creo que se tendría que leer como un programa de relaciones públicas. No sé si los procesólogos lo leyeron, pero en cualquier caso, muchos parece que siguieron sus recomendaciones.

Raúl
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Raúl

Aún teniendo razón, el problema no radica en que lo que hacen no tiene «fundamento» ni «base jurídica» que lo soporte detrás. El problema es que detrás hay un par de millones de personas que lo creen a pies juntillas. Es decir, tenemos un par de millones de personas que se retroalimentan entre ellas para que ninguno de ese par de millones cambie de opinión. Es muy probable que algunos de ellos, tal vez cientos de miles, sepan de sobra y estén de acuerdo en que lo que proponen no es legal. Es más, muchos de ellos crean incluso, que lo que proponen, no es ni ético ni moral (discriminar por lugar de nacimiento reclamando para ellos unos derechos que ahora son compartidos). Sin embargo, son tantos y el ser humano es tan reáceo a reconocer sus errores y a cambiar de opinión que muchos de ellos jamás van a reconocer que viven engañados, aún sabiéndolo: viven más cómodamente continuando defendiendo la independencia.

Ese es el problema: la gente no va a cambiar de opinión y reconocer en masa que se han dejado tomar el pelo. Eso lo veo cada día en los foros de internet. Argumento, y como respuesta recibes insultos. Solicitas amablemente que te indiquen dónde falla tu argumento, y nadie responde. O quien lo hace, tras varios intercambios de opiniones, finaliza con que a él no le hacen falta argumentos.

Ese es el problema real. La gente se ha dejado engañar, pq siempre, más adelante si hace falta, podrá culpar a los políticos. Pero no se va a dejar desengañar, pq sería reconocer que no fue lo suficientemente inteligente para ver la trampa.

Saludos y gracias por tu articulos.

Juanmari
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Juanmari

El dictamen de Kosovo es muy malo (aunque hace tiempo no me lo parecía) pero se hacen algunas lecturas francamente abusivas como la de Jaume López (no conocía el texto). El dictamen nunca habla de «independencia» sino literalmente de «declaración de independencia». Obviamente, puesto que una declaración de independencia no tiene efectos jurídicos en Derecho internacional porque no crea un Estado nuevo por sí misma pues no viola el derecho internacional. Cierto (más o menos) y una estupidez pensar que era eso lo que los serbios querían preguntar. ¿Qué habría dictaminado el TIJ si en lugar de preguntar por la «declaración de independencia» la pregunta hubiera sido sobre la «independencia» ( que es lo que todos entendemos que los serbios querían preguntar) ? Dudo que ningún Estado vuelva a pedir su opinión sobre esta materia y le dé la oportunidad de entrar al fondo del asunto después de la cama que les hicieron a los serbios.
Lo importante es que la noria gire, a ver si la mentira que me pillaron hace tres años cuela ahora. Y así estamos. Ahora toca «la UE se adapta» y elaboraciones más intelectuales del derecho a decidir, más intelectuales que «volem votar» quiero decir.
Leer a Ruiz Soroa y avergonzarse de lo poco y mal que uno entendía los asuntos que trata es todo uno.
Menudo spoiler del libro de Bossacoma. Aunque mejor, porque para llegar a esa conclusión no le hacían falta tantas alforjas y la segunda parte se me estaba haciendo muy cuesta arriba. Además, el post está muy bien.

Juanmari
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Juanmari

He estado siguiendo por streaming un ratito esta mesa redonda de una sola opinión El derecho a decidir: legalidad y legitimidad democrática – Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación. Universidad del País Vasco UPV-EHU // Bilbao, País Vasco organizada por Diplocat y en directo se nota aún más que la conclusión está dada y la teoría es una elaboración ad hoc. Un punto para ti. Lo segundo que se nota es que, por mucho que se esconda detrás de diversos disfraces como minoría estructural, grupo aglutinador, comunidad cultural, población con instituciones comunes… la raíz de todo es la nación y el nacionalismo. Lo tercero es que hay un argumentario al que no renuncian cuando nadie les lleva la contraria: el pragmatismo de la Unión Europea, la consulta tiene cabida en la constitución, la mediación internacional… Lo cuarto que se nota es que si vas donde Ramón Cotarelo y le dices que eres catalán te da un masaje gratis. Bien entendido que «catalán» no es una vecindad administrativa o un gentilicio sino un estado de conciencia superior. Acriticismo absoluto. El quinto lugar va sobre el prestigio profesional, dejo el hashtag #KataluniaEHU pero destaco a Josep Maria Vilajosana diciendo que el Tribunal Constitucional tiene que copiar a la Corte Suprema de Canadá cambiando España por Canadá y Cataluña por Quebec. Y olé (esto es mío). No esperaba mucho más, la verdad, pero siempre hay esperanza.
Una apreciación personal. Tengo la sensación de que los juristas que apoyan todo este asunto llevan años, si es que alguna vez lo han hecho, sin pisar una sala. Lo digo porque, delante de un juez, uno se da un baño de realismo. Si acudes a principios y moralidades con la liberalidad que lo hacen estos no te va a escuchar y se va a dormir, eso si te deja seguir hablando.

Gabriel
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Gabriel

Acabo de encontrar su blog ¡y qué alegría! Era justo lo que andaba buscando. Una persona que separa la emoción de la razón con razonamientos jurídicos. Los teóricos del independentismo desligan (cuando a ellos les interesa, claro) el principio más elemental de un estado democrático que es el respeto a la ley con eslóganes adornados de superioridad demócratica como «derecho a decidir» (que bien suena) para saltarse (y «hacer ver» que está dotado de toda la legitimidad posible) a la torera la legalidad vigente. Enhorabuena y gracias.